Cuarentena en familias vulnerables: Cuando la pura voluntad no basta

“Son semanas las que no he podido trabajar. El supervisor me dijo: ‘No se puede hacer nada. Estás en cuarentena y no has podido ir’. Desconozco cuánto (dinero) recibiré, si alcancé a trabajar una pura semana en el mes”, dice Raúl Rosas, vecino de Puente Alto en cuarentena. 

Hace cinco años que Raúl se desempeña como maestro de terminaciones y pintor en una constructora pequeña. Tiene contrato indefinido y recibe el pago de sus cotizaciones, además de un bono de almuerzo y de transporte. Lleva en total cinco semanas sin ir a trabajar: a las tres semanas de cuarentena por vivir en Puente Alto se suman otras dos de marzo en las que la empresa decidió parar las actividades por miedo a la propagación del contagio. Esos días de marzo sí fueron pagados íntegramente, pero la empresa obligó a los trabajadores a tomarse o adelantar diez días de vacaciones. Raúl firmó, sin ver, el talonario. 

Raúl vive con su esposa Sandra Lagos y su hijo de 15 años en una casa en el sector de Bajos de Mena. Desde abril del año pasado, Sandra no tiene trabajo estable tras haber sido despedida como asesora de hogar en una casa del barrio alto. “Desde que quedó mi señora sin trabajo, me fui a las pailas por correr con todos los gastos. Tengo dos créditos de consumo que pagar, uno del auto y otro del pie del auto. El primero es de 180 mil pesos y el segundo es de 127 mil pesos. La primera semana de abril me tocaba pagar los créditos y ya estoy atrasado. Me llaman y me llaman y les digo que no puedo pagar, que estoy sin trabajo por cuarentena”, dice.

En abril, Sandra logró conseguirse un reemplazo como asesora del hogar en una casa en Chicureo. Rompiendo la cuarentena y pidiendo un permiso para ir al supermercado, Raúl fue a dejar a su esposa a una estación de metro, desde donde un familiar la recogió para llevarla a Chicureo. Por una semana le pagaron 120 mil pesos, con lo que le alcanzó para comprar algo de mercadería.  

Raúl y su familia, por ahora, logran pagar las cuentas básicas del hogar y no dejar de comer, pero si la cuarentena en Puente Alto se prolonga, no tendrán más opción que salir a la calle.  “Si siguiéramos en cuarentena, se acabaría la plata. No sabríamos qué hacer. La empresa donde trabajo no está pagando, se desligaron de uno. Y a ellas el gobierno les dio el favor como pymes. Uno está jodido, no puede hacer nada, no puede reclamar”, dice Raúl, quien no recibió ningún anexo formal a su contrato ni fue acogido por la actual Ley de Protección al Empleo.

MIRADA CRÍTICA DE LOS EXPERTOS

No son pocos los hogares que, como el de este vecino de Puente Alto, tienen dificultades para cumplir la cuarentena legal. En la Región Metropolitana, las comunas que hoy se encuentran en cuarentena son El Bosque, la zona poniente de Puente Alto, Quinta Normal, Pedro Aguirre Cerda, la zona nororiente de San Bernardo, Independencia, la zona norte de La Pintana, la zona sur de San Ramón, Estación Central, la zona norte de Ñuñoa, y la zona norte de Santiago centro. 

El 19 de marzo, el Presidente Sebastián Piñera anunció una ley para entregar por una sola vez el bono Covid-19 de 50 mil pesos por carga a las familias que pertenezcan al 60% de mayor vulnerabilidad y que reciban actualmente el Subsidio Único Familiar (SUF). Los hogares, que mayormente viven del empleo informal, ya empezaron a recibir el monto. Raúl Rosas no es beneficiario de este bono porque recibe un ingreso formal por trabajo.

Un mes después, el 20 de abril, tardíamente el gobierno anunció un proyecto de ley de “Ingreso Familiar de Emergencia”, el cual también beneficiará a familias pertenecientes al 60% más vulnerable del país y cuya fuente de ingresos sea mayoritariamente informal. Finalmente, otra ley despachada por el Congreso permite acceder a los fondos del Seguro de Cesantía a los trabajadores formales que no han sido despedidos, pero que no pueden ir a trabajar.

De acuerdo a los expertos de economía y políticas públicas entrevistados por The Clinic, el Estado ha respondido de manera “lenta” y “desordenada” a las necesidades de los hogares más vulnerables y ha ofrecido montos “insuficientes” o “inmediatos/de corto plazo”.

Andrea Repetto, economista y académica de la Escuela de Gobierno de la UAI, directora del centro de estudios Espacio Público, dice: “Para que las personas se puedan quedar tranquilas en sus casas, es crucial que cuenten con recursos para poder comprar comida, pagar sus cuentas, el arriendo, financiar sus compromisos. En pocas palabras, saber que van a poder llegar a fin de mes”. Y agrega: “Creo que el Estado ha sido lento, que ha ido mirando el problema según el origen de los recursos (si formales o informales, si con contrato o por cuenta propia) sin mirar en realidad cuál es la situación de las familias”. Cree, además, que se está dejando fuera a mucha gente: “Las personas en los deciles justo por arriba del 60% también se han vuelto vulnerables y si tienen ingresos por cuenta propia no van a recibir ayuda”.

Marco Kremerman, economista e investigador de la Fundación Sol, cree que el bono Covid-19 tiene “un valor absolutamente insuficiente y que permite costear lo mínimo para un hogar”. Alega que le llega sólo a un 15% de la población y que no son beneficiarios los trabajadores sin contrato, ya que la mayoría que recibe el Subsidio Único Familiar no está en el trabajo remunerado. 

Kremerman explica que el Ingreso Familiar de Emergencia es un monto focalizado que no va a cubrir ni siquiera la línea de la pobreza, monto mínimo para la supervivencia de un hogar. La línea de la pobreza es de 448.324 pesos para un hogar promedio de cuatro personas. “Por ejemplo, para un hogar de cuatro personas del 40% más pobre, se va a entregar un bono de 260 mil pesos el primer mes. Ya el tercer mes baja a 182 mil pesos. El primer mes, el equivalente es un 57,7% de la línea de la pobreza y el tercer mes es de un 40% de la línea de la pobreza”, señala. Para el tercer quintil, es decir, las familias entre el 40 y 60% más pobre, los montos son aún menores: en el tercer mes, un hogar de este sector apenas recibirá un 27% de la línea de la pobreza. 

LA DISYUNTIVA

Pamela Cortés (30) y Alejandro Contreras (35) son feriantes y vecinos de la comuna El Bosque. Contraviniendo la cuarentena, Pamela sale casi todos los días de su hogar con su hijo de 11 meses para vender ropa usada en puestos desocupados de la feria. Alejandro vende collets, pinches de pelo y aros en el mismo mercado. Antes se ganaba la vida vendiendo helados y chocolates en la micro. Pamela estudió hasta cuarto medio; Alejandro llegó a octavo básico.

“No tenía para cocinar hoy día, entonces tuve que ir a trabajar a la feria. No pudimos sacar el permiso porque yo no tengo internet y no tengo para llamar por teléfono”, dice Pamela. Ella recibe una pensión de invalidez de su abuelo fallecido, de 100 mil pesos. También es beneficiaria del subsidio familiar de alrededor de 12 mil pesos. Se lamenta que no haya recibido el bono Covid-19, porque paga 130 mil pesos de arriendo y con lo poco que están trabajando no pueden solventar sus gastos. La razón por la que no recibió el bono, dice, es porque es beneficiaria de una pensión.

“Estamos pasándola mal con mi marido y con mi hijo. Se nos viene la fecha para pagar el arriendo y no tenemos cómo pagarlo. La municipalidad se ha olvidado de nosotros. De repente tenemos que conseguirnos plata con mi cuñada o mi suegra para cocinarnos o comprarle alguna cosa a mi hijo”, dice Pamela. 

De acuerdo al recientemente publicado “Atlas de Indicadores Espaciales de Vulnerabilidad ante el Covid-19 en Chile”, el 74% de los hogares en El Bosque, donde vive Pamela, son vulnerables. El índice elaborado por el Centro de la Producción del Espacio (CPE) de la Universidad de Las Américas identifica las zonas urbanas de Santiago con mayor riesgo de contagio y los sectores donde la vivienda es más vulnerable para enfrentar el aislamiento social en el contexto de la pandemia. San Ramón y Pedro Aguirre Cerda, comunas que también sobrellevan una cuarentena, tienen un 86% y un 73% de vulnerabilidad, respectivamente. 

La gran paradoja de Pamela es que, si sale de su casa y quiebra la cuarentena para generar ingresos, arriesga su salud y la de su familia. Pero si se queda en la casa, sin poder trabajar, se muere de hambre. Esta discusión se ha llevado a nivel político y económico en todos los países. La economía de los hogares, la salud de las personas, y la economía empresarial son los tres pilares fundamentales que han tratado de sostener los países a través de distintas fórmulas.

¿Qué ha pasado en Chile? “Efectivamente si uno colocara en orden de relación, dónde están los acentos de los paquetes económicos, se parte por ayudar a las empresas”, dice Marco Kremerman. El investigador habla de los planes de garantía estatal para que la banca pueda entregar mayores créditos a las empresas, la posibilidad para que éstas puedan suspender las relaciones laborales de los trabajadores, y una serie de líneas para postergar impuestos previsionales mensuales, o impuestos a la renta. En segundo lugar, señala, el estado ha puesto su energía en mantener la salud de la población imponiendo las cuarentenas parciales; y, en tercer lugar, están los hogares. “Allí las ayudas no son universales, son para grupos focalizados y son montos muy acotados. Son montos complementarios, paliativos, pero no sustitutivos”, dice.

Para Vicente Inostroza, cientista político y coordinador del Observatorio de Gobierno e Innovación Pública UDP, elegir entre los tres pilares no debería ser una disyuntiva sino una sinergia complementaria donde se debería buscar como objetivo común la tranquilidad, la seguridad y la dignidad de las personas. “Hablo de seguridad, por ejemplo, en la economía familiar, de tener un sostén básico y poder atravesar los desafíos económicos mes a mes. Hablo de salud para no contagiarse de un virus desconocido que está circulando a través del contacto social. También de una economía empresarial para aquéllos que tienen pequeños emprendimientos, economías locales que quieran salir adelante”, dice.

El cientista político piensa que en Chile esta disyuntiva ya fue zanjada por parte de los movimientos sociales a través de lemas tan emblemáticos como “Hasta que la dignidad se haga costumbre”. Dice: “La pandemia va a develar y va a poner en debate las falencias y las críticas que ya habían hecho diversas personas en los movimientos sociales que surgieron en octubre”.

LA OPCIÓN DE UNA RENTA BÁSICA FAMILIAR

Valentín Salvo (20) vive con sus dos abuelos, sus tíos y dos primas en una casa de Quinta Normal. La vivienda, de aproximadamente 70 metros cuadrados de superficie construida, tiene dos dormitorios, otro anexado, un patio delantero y un patio trasero. En una pieza duerme Valentín, en otra sus dos abuelos y en la tercera duerme su tío Marcelo, su pareja y dos hijas de 8 y 4 años. 

“No hay espacio. Para siete personas la casa es muy chica. Todos buscan su privacidad. De repente, tenemos pequeños conflictos, algunas chispitas. Se nota el estrés por el tema de la convivencia, la incomodidad”, dice Valentín, quien estudia un preuniversitario online para acceder a la educación superior. 

Según el mismo estudio del CPE, en la comuna de Quinta Normal el 8,5% de los hogares tiene hacinamiento, sobre el promedio de la Región Metropolitana (7.2%). La Pintana e Independencia, ambas en cuarentena, tienen los mayores niveles de hacinamiento en la RM: un 13% y un 12,6%, respectivamente.

Valentín había sido contratado por siete meses en una empresa eléctrica que provee servicios a la construcción. Después de seis meses lo desvincularon por la crisis sanitaria. Le pagaron un finiquito y con ese monto pagará el arriendo de este mes. 

Usualmente, entre lo que gana el tío, “los pololos” que hace la abuela, la pensión del abuelo y Valentín pagan el arriendo de la casa -400 mil pesos-, además de las cuentas y la mercadería. Pero hoy, sólo su tío Marcelo y la pensión de 120 mil pesos permiten mantener a flote el hogar. “Mi papá nos manda mercadería, mi otra tía nos ha ayudado un poco también; pero al final somos nosotros los que le estamos dando…. En abril me las ingenié por el tema del finiquito. La cuarentena iba a ser 14 días, entonces cuando salga de acá voy a tener que salir a buscar, buscar y buscar. Urgente no más”, dice Valentín. 

El paquete fiscal desembolsado por Chile hasta el momento es uno de los más grandes de la región para enfrentar al virus: aproximadamente 16.750 millones de pesos, lo que equivale al 6,7% del PIB. Otros países en la región como Argentina y México han destinado 2,9% y 3% de su PIB. En Estados Unidos, el gobierno anunció un paquete fiscal equivalente al 11% de su PIB. En Australia, esta ayuda económica representa 9,7% de su PIB. 

Marco Kremerman advierte que, desglosando la cifra de Chile, en términos de gasto real el país gastará menos de 3 puntos del PIB, porque lo restante va a ser recuperado por el Estado los próximos meses, ya que son, por ejemplo, postergaciones de pagos e impuestos para las empresas. El investigador propone que el Estado entregue una Renta Básica Universal a todos los chilenos, modelo que se está discutiendo en varios países y que en Chile ha resonado entre los integrantes del Frente Amplio. Dice Kremerman: “La renta básica es un aporte que el estado hace a las personas por el hecho de ser ciudadanos o ciudadanas. Es un derecho garantizado, un monto de ingreso básico que le permita cumplir ciertas necesidades sin necesariamente tener que depender de la posibilidad de tener un trabajo estable”. 

Nicolás Grau, economista de la Facultad de Economía y Negocios de la U.Chile, también propone una Renta Básica de Emergencia que ponga al menos a todas las familias por sobre la línea de la pobreza por los meses que dure la crisis. Dice que los paquetes económicos a las familias vulnerables, a la clase media y hacia las pequeñas empresas deberían ser asumidos íntegramente por el Estado, financiado con impuestos progresivos al ingreso -recolectados post crisis- y con un impuesto al patrimonio de las personas ricas.

“La política actual del gobierno implica que parte importante de la crisis la pagan hoy las familias más pobres pasando hambre, la clase media con sus ahorros (vía Seguro de Cesantía) y en una parte el Estado (sin saber aún cómo ello se pagará en el futuro). Es una estrategia que, incluso en el escenario optimista que permita sortear la crisis, hará que las familias pobres y de clase media y las pequeñas empresas salgan muy desprotegidas”, dice.

SOSTENER LA CUARENTENA

Ana María Hernández vive con su hermano y su madre Eva Fuentes en una casa en Pedro Aguirre Cerda. Pese a pertenecer al 40% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares, no recibieron el bono Covid-19. 

Ambos hermanos no tienen empleo estable y hoy dependen económicamente de la pensión de su madre, que llega a 150 mil pesos. “Somos dos personas jóvenes. Yo tengo 43 y mi hermano 36, y mi mamá, de 70, es la única que aporta. Da lata, es una carga emocional más”, dice Ana, quien hace años sufre una depresión endógena que le ha dificultado adaptarse al mercado laboral. 

Ana vende sepulturas de manera independiente; no tiene sueldo base, sólo gana comisión. La cuarentena no ha facilitado la venta. “Mi plan era salir, recorrer comunas casa a casa. Pero decretaron la cuarentena y ahí quedaron mis planes”, dice. En la casa tuvieron que cortar el cable, los planes de celular y disminuir su plan de internet de banda ancha para poder pagar las cuentas. 

Ana es delegada de su pasaje en Pedro Aguirre Cerda y cuenta que la mayoría de sus vecinos está en una situación económica complicada. “Yo ayudé a hacer el tema del Registro de Hogares y sólo una familia obtuvo el bono. Hay una señora cuya hermana es carabinera y le consiguió un permiso para poder ir a trabajar. Su hija está cesante. Aquí vive gente profesional. Está una psicóloga que hacía la selección para un programa de baile de la TV y quedó sin pega. Su marido es chef y no tiene trabajo. También viven de la pensión de la mamá”, cuenta.

¿Cuánto tiempo entonces puede sobrevivir la gente sin salir a buscar ingresos? ¿Dos semanas, tres, cuatro? 

Vicente Inostroza, de la UDP, responde: “Eso depende en cuánta protección territorial y cuánta protección económica se les realice a las familias para que puedan vivir dignamente y de manera más segura la cuarentena en sus casas… Una pandemia como el Covid-19 ha revelado que lo que hace este modelo es vulnerar según las desigualdades territoriales a las personas que están asumidas en condiciones de hacinamiento y de precaria economía. Por ende, necesitamos una discusión de cómo hacemos ciudades más justas, más equitativas, más accesibles y menos vulnerables, para que no se ponga en tela de juicio la salud y la dignidad de las personas, y sobre todo la seguridad de las familias para vivir tranquilas”.

El cientista político dice que no está de acuerdo con la estrategia de cuarentenas parciales en grandes metrópolis como el Gran Santiago, porque cree que reproducen y hacen más patentes las desigualdades: “Aplicar cuarentenas parciales lo único que va a hacer es trasladar el virus no sólo entre este territorio sino a otros territorios con similar vulnerabilidad, similar economía informal, similar hacinamiento, donde puede ser sumamente grave la manera que afecte un virus de contacto físico”. Con datos y estudios, Inostroza ha demostrado la fuerte interdependencia urbana que hay entre distintas comunas o incluso al interior de las comunas divididas en cuarentena. Las personas se mueven regularmente hacia lugares que tienen mejor accesibilidad o abastecimiento y se mueven a zonas laborales que están concentrados en el nororiente. Esto, asegura, indudablemente puede aumentar el contagio.