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Actualidad

10 de Junio de 2020

Abren proceso de destitución contra gobernador de Río por fraude en gestión de pandemia

Agencia EFE

En la denuncia se acusa a Wilson Witzel de haber comprado respiradores con sobreprecios, de haber desviado recursos destinados a la construcción de hospitales de campaña y de recibir sobornos de un empresario del área de salud.

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La Asamblea Legislativa de Río de Janeiro abrió este miércoles un juicio político destituyente contra el gobernador de este estado brasileño, Wilson Witzel, por las diferentes irregularidades que se le atribuyen en la gestión de la pandemia de la COVID-19, como fraudes en la compra de respiradores.

El órgano Legislativo dio así el primer paso en un engorroso y largo juicio político que puede concluir con la destitución de Witzel, líder del minúsculo Partido Social Cristiano (PSC) -que por ahora continúa ejerciendo normalmente su cargo-, en caso de que una amplia mayoría de los diputados regionales lo considere culpable.

La apertura del juicio fue anunciada por el presidente de la Asamblea, André Ceciliano, quien tenía la responsabilidad de decidir individualmente si daba marcha a alguna de las 14 peticiones de juicio que han sido presentadas en las últimas semanas contra Witzel y prefirió compartir esa decisión con los demás legisladores.

Ceciliano afirmó que, en una votación simbólica en una sesión virtual del pleno de la Asamblea, los 69 legisladores presentes se pronunciaron de forma unánime por el inicio del proceso político.

“Quise tomar una decisión conjunta y esa decisión no significa un prejuicio, pero necesitábamos dar una posición a la sociedad”, aseguró Ceciliano al admitir que la apertura del juicio no significa que se de por contado la culpabilidad del gobernador.

La apertura del juicio fue aprobada incluso por los correligionarios de Witzel en el PSC y por varios de sus aliados, que podrán votar a favor del gobernador en la decisión final y que, en caso de que constituyan una mayoría, podrán hacer abortar todo el proceso.

De las 14 peticiones de juicio político contra el gobernador que estaban sobre su mesa, Ceciliano puso en votación una presentada por dos diputados del Partido Socialista Democrático Brasileño (PSDB) mientras que optó por archivar las otras 13.

En la denuncia aceptada, los legisladores opositores acusan al gobernador de haber comprado respiradores para atender a pacientes con COVID-19 con sobreprecios, de haber desviado recursos destinados a la construcción de hospitales de campaña y de recibir sobornos de un empresario del área de salud que se adjudicó varios de los contratos de emergencia para hacer frente a la pandemia.

Wilsel ya es investigado por la Policía Federal por supuestas irregularidades en esos contratos y tanto el Palacio de Laranjeiras -residencia oficial del gobernador- como sus oficinas y la de su esposa fueron blanco de registros policiales el mes pasado.

Las denuncias obligaron al gobernador a destituir a algunos de sus principales colaboradores en la secretaría regional de Salud.

El gobernador igualmente fue denunciado ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) por las irregularidades que se le atribuyen y por una cuestionada gestión que ha convertido a Río en uno de los estados más afectados por la pandemia en Brasil, segundo país con más casos de COVID-19 en el mundo (739.503) y el tercero con más muertes (38.406).

En un comunicado Witzel dijo que aprovechará el amplio derecho a la defensa que tendrá durante el proceso, durante el que mantendrá sus funciones como gobernador, para probar su inocencia no sólo en el juicio político sino también en la investigación policial.

“Estoy absolutamente tranquilo sobre mi inocencia. Fui elegido usando el combate a la corrupción como bandera y no abandoné en ningún momento esa bandera. Es por eso que, de forma humilde, demostraré mi inocencia ante los diputados”, afirmó.

Tras la apertura del juicio, los diferentes partidos tendrán un plazo para escoger a sus representantes en la comisión que analizará la denuncia; Witzel tendrá plazo de hasta 10 sesiones para defenderse y la comisión tendrá nuevos plazos para escoger a un instructor, analizar las acusaciones y votar el informe del diputado-instructor.

En caso de que la comisión apruebe la destitución, lo que puede demorar varias semanas, el informe será llevado al pleno de la Asamblea, que tendrá que decidir por mayoría absoluta (36 de los 70 diputados) si aprueba o no la destitución.

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