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Actualidad

4 de Agosto de 2020

Nueva encrucijada se avecina en el Congreso: Economistas adelantan debate sobre impuesto a los “súper ricos”

Imagen de referencia. Foto: Pixabay

A partir de este miércoles se comenzará a debatir en la Cámara Baja una reforma constitucional que crea un impuesto al patrimonio de las mayores fortunas del país. El proyecto ya cuenta con el respaldo transversal de todas las bancadas de oposición e incluso el empresario Andrónico Luksic no descartó un eventual apoyo. The Clinic le realizó tres preguntas a dos economistas para conocer los pro y los contra de esta iniciativa.

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A principios de junio, nueve diputados de oposición presentaron un proyecto de ley que crea un impuesto de 2.5% a los llamados “súper ricos”, es decir, personas que cuenten con un patrimonio bruto que supera los 22 millones de dólares.

La fórmula supone una política fiscal socialmente agresiva para enfrentar la crisis, la que en primera instancia podría ser financiada con deuda. Dicha deuda provocaría un déficit que, posteriormente, podría ser solventada con este impuesto.

Tras una serie de aplazamientos, el proyecto finalmente se comenzará a discutir el próximo miércoles 5 de agosto en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, inicialmente para acordar el procedimiento de tramitación y audiencias.

Hasta ahora, el proyecto cuenta con el respaldo de todas las bancadas de oposición y, al ser una reforma constitucional, su trámite en el Congreso necesita la aprobación de 3/5 de los parlamentarios. Es decir, para avanzar necesita de un escenario similar a lo que pasó con el proyecto de retiro anticipado del 10% de los fondos de AFP.

LOS MONTOS

En entrevista con The Clinic el pasado 3 de junio, el ex tesorero general de la República, Hernán Frigolett, aseguraba que, en un contexto de crisis sanitaria y económica, un impuesto al patrimonio emerge como un mecanismo apropiado, puesto que “con la baja que ha habido en la recaudación, amerita tener una fuente que no sea basada en flujo”.

“Desde el punto de vista redistributivo, es extremadamente eficiente. En el fondo vas a recaudar alrededor de 5 o 6 mil millones de dólares de un grupo de personas que fluctúa entre 500 y 700 contribuyentes, dependiendo de lo que se considere como definición de patrimonio, y eso es muy fácil de fiscalizar”, argumentaba.

La cifra podría ser incluso superior. Un informe elaborado por Oxfam con sede en Londres, detectó que la fortuna de los millonarios de toda América Latina aumentó pese a la pandemia. En el caso de Chile, el documento asegura que, a partir de marzo, la fortuna de los supermillonarios creció un 27%, es decir, pasó de 21 a 26,7 mil millones de dólares.

LA VISIÓN DE LOS ECONOMISTAS

En The Clinic, le realizamos tres preguntas a dos economistas para contrastar argumentos a favor y en contra de esta medida: Javiera Petersen, directora ejecutiva del Observatorio de Políticas Económicas (Opes), y Cristián Echeverría, director del Centro de Estudios de Economía y Negocios de la U. del Desarrollo.

– ¿Qué tan recomendable es aplicar un impuesto al patrimonio en contextos de crisis social y económica como el actual?

Echeverría asegura que “es totalmente justificado y comprensible” aplicar un impuesto en tiempos de crisis a los sectores menos afectados. Sin embargo, subraya que a cualquier persona “la sola presencia del impuesto le va a generar incentivos a eludirlo o evadirlo. Y la evidencia histórica e internacional muestra que los impuestos a la riqueza, o al patrimonio, son muy poco efectivos en lograr una recaudación relevante, o por lo menos cercana a lo que se anticipó al momento de implementarlos”.

A su parecer, en este contexto es preferible optar por impuestos a los ingresos personales y a las utilidades de las empresas, puesto que “son más fáciles de aplicar, y más difíciles de eludir o evadir”. Además, puntualiza que “si se diseñan en forma inteligente, con una gradualidad progresiva en las tasas, hacen que paguen proporcionalmente más quienes más ganan, y menos, o nada, quienes menos ganan”.

Por otro lado, Petersen subraya que la consecuencia más importante de una crisis económica pasa por sus efectos sociales: aumento del desempleo, pobreza y desigualdades. En ese contexto, “la pregunta hoy relevante no es ¿cuánto podemos gastar?, sino, ¿cuánto necesitamos gastar?. Una posible fuente de financiamiento está en los impuestos, tal como sugiere la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (Icrict, por sus siglas en inglés)”.

En ese sentido, la economista subraya que un impuesto a los súper ricos permitiría entregar un ingreso básico de emergencia que cumpla con “criterios de suficiencia y cobertura” por cuatro razones: “El Gobierno no ha sido capaz de entregar apoyo económico suficiente e insiste en no incrementar déficit; el 0,1% de la población concentra el 34% de la riqueza del país; no existe un verdadero impuesto corporativo; y los impuestos patrimoniales son de los más bajos de la OECD”.

– ¿Cuál es la principal ventaja de aplicar una política como el impuesto a los súper ricos?

Echeverría sostiene que un impuesto a los súper ricos tiene dos ventajas. Primero, que “podría contribuir a reducir la desigualdad de la distribución de la riqueza, que está a niveles históricamente altos”. Segundo, como “es un impuesto al capital, es decir a acumulación y rentabilidades pasadas, los retornos a la innovación e inversión actuales no se ven afectados”. 

Petersen complementa que otra gran ventaja es “la rapidez con la que se generarán los recursos, lo que es esencial dada la gravedad de la crisis económica que hoy se vive, justamente por la tardía e insuficiente respuesta del Gobierno”.

– ¿Y la principal desventaja?

La directora ejecutiva de Opes apunta que una desventaja del proyecto es que finalmente puede “poner frenos a transformaciones más profundas en el sistema tributario de Chile”, para que este sea capaz de generar “más ingresos permanentes de forma progresiva”.

“Las crecientes demandas por cambios en el sistema de salud, de educación, de seguridad social, así como también el objetivo de cerrar brechas de desigualdades, requieren de un Estado con mayor capacidad de gasto”, argumenta.

Por su parte, para Echeverría un impuesto de estas características “penaliza el esfuerzo, el éxito económico, y el ahorro, y afecta a la economía reduciendo la disponibilidad de ahorro y fondos prestables para financiar la inversión”.

Esto último principalmente porque los contribuyentes que son objeto de este proyecto de ley tienen su patrimonio “circulando en el sistema económico, proveyendo crédito y liquidez a otras empresas o personas que lo necesitan” (organizaciones sin fines de lucro, por ejemplo).

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