Radiografía a la violencia intrafamiliar en pandemia: la deuda del Estado

“Yo sufro violencia desde que tengo memoria. Mi papá y mi hermano me agreden física y psicológicamente”, afirma una joven de 17 años, encerrada en su pieza una mañana de mayo en cuarentena. A fines de abril, comunicó su situación al Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG) por mensaje interno de Instagram. Tras un par de horas, le consultaron si contaba en esos momentos con el apoyo de algún familiar, a lo que dijo que no. Enseguida, le solicitaron sus datos personales para mandarlos a Fiscalía, ya que al ser menor de edad, no puede presentar la denuncia por su cuenta. Al día de hoy, la única respuesta que ha recibido del organismo es que se contacte con Carabineros.  

Esa fue la única vez que la joven se comunicó con SernamEG, pero no descarta la posibilidad de utilizar el fono de orientación 1455, teléfono de emergencia que ofrece la institución para entregar ayuda a mujeres víctimas de violencia. Durante los meses de cuarentena los llamados al fono del servicio han aumentado en un 229%. 

Durante el periodo de confinamiento, la menor de edad ha llamado a Carabineros tres veces, pero nunca le han dado respuesta ni se han dirigido a su domicilio. En el último de esos llamados, denunció que estaba sufriendo violencia in situ, pero los agentes policiales le contestaron que no podían ir a su casa, porque estaban encargándose de otro procedimiento.

La respuesta de los uniformados se contradice con el protocolo 2015 de Violencia Intrafamiliar y Femicidios del organismo, el cual establece que, en los casos de violencia doméstica flagrante, “el personal policial procederá a practicar el procedimiento de detención del agresor”, mientras que si se trata de violencia intrafamiliar no flagrante ni constitutiva de delito, Carabineros debe “efectuar las comunicaciones inmediatas al Juzgado de Familia, a fin de que dicha judicatura adopte las medidas cautelares que estime procedentes”. Ninguna de esas diligencias fueron realizadas por los efectivos policiales.

LA LLAMADA A SERNAMEG 

En abril, el Servicio Nacional de la Mujer reforzó el fono de orientación 1455 para brindar mayor atención a las mujeres. “Hemos estado alerta durante todo el proceso, lo que significa que hemos creado un plan de contingencia para canalizar y guiar posibles consultas o necesidades de mujeres que en cuarentena estén con su agresor”, asegura la directora del SernamEG, Carolina Plaza. Hasta la fecha, ha implementado tres nuevos servicios de orientación alternativos.

El 21 de abril se anunció el Chat Web 1455 como una medida complementaria de atención a través del sitio web sernameg.cl. Una semana después, se implementó el “WhatsApp Mujer (+56 9 9700 7000)”, que ofrece la posibilidad de comunicarse con profesionales que les entregan orientación, con atención 24/7. Estas herramientas digitales de ayuda son confidenciales. El último servicio implementado fue la Mascarilla 19, un nuevo código de emergencia con el que las mujeres pueden solicitar ayuda. Si piden su “Mascarilla 19” en el mesón de la farmacia al que acudan, los funcionarios que las atiendan deben tomar los datos personales de la víctima y derivar la comunicación con el fono 1455 o  el 149 de Carabineros, en caso de ser necesario. Hasta junio, este servicio ha sido utilizado 47 veces. 

Desde marzo a la fecha, el aumento de llamadas al 1455 ha sido progresivo, al igual que las consultas en los otros servicios, acumulando cientos de registros. Los llamados al sistema son recibidos por la empresa de Call Center Holdtech S.A., proveedora del servicio desde el 10 de marzo, cuando el SernamEG realizó la orden de compra bajo el monto de $366.715.040. Sus empleados no son funcionarios públicos.

Las campañas que invitan a usar los servicios de orientación son transmitidas por televisión abierta y, preponderantemente, por redes sociales. Sin embargo, en lugares con más índices de violencia hay una menor recepción de las campañas de prevención del SernamEG. Según la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), en Chile, al menos hasta marzo de este año, el alcance de internet fijo llega al 18% cada 100 mil habitantes. En la Región Metropolita, entre las comunas con menos conexión fija a internet se encuentran La Pintana, Cerro Navia, Lo Prado, La Granja, Renca y San Ramón, las cuales además están entre las 20 comunas con más registros de denuncias por VIF, de acuerdo a las estadísticas de la Subsecretaría de Prevención del Delito. 

La exministra del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual, cuestiona los servicios de orientación y  los canales de denuncia disponibles. “Hay mujeres que reportan tener miedo de denunciar en Carabineros porque no les da seguridad, entonces de eso el gobierno no se hace cargo, no implementa nuevas líneas de denuncia. SernamEG no puede sólo decir que se denuncie en Carabineros, la PDI y el Ministerio Público porque son las únicas herramientas legislativas que tenemos válidas hoy, sino que debió haber coordinado otra vía”, sostiene Pascual. 

Además de los servicios de atención y orientación, el SernamEG cuenta con dos programas de protección a víctimas de VIF: los 109 Centros de la Mujer disponibles a nivel nacional, que entregan asesoramiento legal y apoyo psicológico a las mujeres en situación de violencia; y las 43 Casas de Acogida en el país, que reciben a mujeres mayores de edad en situaciones de riesgo y violencia extrema.  

La exministra Pascual afirma que estas residencias, al igual que los Centros de la Mujer, fueron implementados en el primer y segundo mandato de la ex presidenta Bachelet. Y a pesar de existir presupuesto para habilitar cuatro casas más al inicio del segundo mandato del presidente Sebastián Piñera, éstas no se sumaron a las casas existentes. 

Las Casas de Acogida, hasta el mes de junio, atendieron a 394 mujeres, lo que corresponde al 56% de su capacidad, según informó SernamEG a través de Transparencia. Por su parte, este primer semestre, los Centros de la Mujer han estado atendiendo en modalidad remota.

Pero ni antes de la pandemia, ni hoy, los centros cuentan con las condiciones adecuadas para recibir a las mujeres; según cuentan quienes trabajan o han trabajo en ellos. La abogada Rocío Yubano trabajó hasta febrero pasado en un Centro de la Mujer del sector sur poniente de la capital, donde prefiere no especificar la comuna, y comenta que en 2018 estuvo alrededor de seis meses trabajando sin apoyo: durante ese periodo, dice, el centro no tenía ni psicóloga ni trabajadora social. Por su parte, H.C, psicóloga activa del centro que prefiere no revelar su identidad, también pone en evidencia la falta de personal. Durante la pandemia, sólo ella y dos funcionarias más se han encargado de atender los llamados de las mujeres, además de las derivaciones del fono 1455. “Soy la única psicóloga atendiendo a una comuna completa, y por ende las mujeres no pueden tener la periodicidad de respuestas y ayuda que esperan recibir, entonces, para poder acelerar los procesos, tengo que aumentar mi carga laboral”, menciona.  

Durante junio, la psicóloga recibió el llamado de una mujer migrante que solicitaba ayuda, pues sufría violencia y necesitaba salir de su casa, pero tenía una dependencia económica con su agresor. A pesar de que la funcionaria intentó derivar a la joven a una casa de acogida, le contestaron que en la Región Metropolitana no había cupos en ninguna residencia, lo cual se contradice con el 44% de capacidad restante que hoy tienen las casas para recibir a las mujeres, según la información entregada por SernamEG. “Desde la coordinación territorial me dijeron que no había espacio y que hoy día se estaba derivando a mujeres con riesgo de vida y que, en el fondo, este caso no calificaba para eso, pero esta mujer, para mí, estaba en riesgo grave. Esto finalmente demuestra la pobre respuesta estatal hacia la violencia de las mujeres en contexto de pareja”, concluye la funcionaria. 

LA RESPUESTA POLICIAL

A pesar de que este año se cuantifican 36.734 denuncias por VIF hasta el 30 de junio, Carabineros, desde marzo hasta mayo, realizó sólo 55 procedimientos por causas de violencia intrafamiliar, según las cifras entregadas por Transparencia. Desde la institución señalan que dichos procedimientos corresponden a la respuesta del personal ante la llamada de una víctima, en donde el dispositivo policial acude al lugar de los hechos y consigna la denuncia. 

Por otra parte, las estadísticas muestran que las mujeres llaman más, pero denuncian menos. Desde que comenzaron los periodos de confinamiento en el país, los llamados al Fono Familia 149 por Violencia Intrafamiliar se incrementaron en un 64%. Sin embargo, las denuncias por violencia física y psicológica ingresadas por Carabineros, en los periodos de marzo y abril, bajaron en promedio un 17,5% respecto a los meses de enero y febrero de este año. 

La subteniente Florella Gattavara explica que el procedimiento a seguir se decide  luego de realizada la denuncia. La víctima debiera concurrir con el personal a la unidad policial para determinar la gravedad de la agresión, a través de La pauta unificada de evaluación inicial de riesgo. Esta pauta se aplica a las víctimas de VIF física o psicológica, siempre que sea en contexto de pareja. Después de detectar el nivel de riesgo de la víctima en cuanto a su agresor, esta puede ser derivada a Fiscalía o a los Tribunales de Familia. 

La joven de 21 años, T.G, referida con iniciales por temas de seguridad, en más de una ocasión ha tenido que ponerse en contacto con Carabineros. En diciembre del año pasado puso una denuncia luego de que la pareja de su mamá la golpeara, en estado de ebriedad. De acuerdo a la joven, el hombre también ha agredido física y verbalmente a su mamá en reiteradas ocasiones. La audiencia estaba agendada para febrero, pero T.G no asistió luego de que su madre le pidió que no lo hiciera. 

A inicios de abril de 2020, T.G llamó al 133 denunciando que su padrastro estaba a punto de golpear a su mamá. Los agentes policiales tardaron diez minutos en llegar y su respuesta fue que mientras no hubiera una agresión, no podían tomar acciones legales. “Le llamaron la atención por estar ebrio, fue todo lo que hicieron, pero nada más, y él ya tenía una denuncia, yo les dije”, asegura la joven. Nuevamente, el protocolo de Violencia Intrafamiliar y Femicidios de Carabineros de Chile no fue respetado. De acuerdo al documento, el personal de Carabineros debe registrar los indicadores que pueden estar poniendo en riesgo a la víctima de violencia, entre ellos, la “existencia de denuncias y/o condenas previas por violencia intrafamiliar” y “la presencia problemática de consumo de drogas y/o alcohol”.

Al consultar a Carabineros por situaciones como éstas, y sobre la baja cantidad de procedimientos en relación al número de denuncias, desde la institución no entregaron una respuesta concreta. Sólo aseguraron que tienen la obligación de acoger todos los procedimientos de violencia intrafamiliar, y que no pueden emitir juicios de valor personales sobre ninguna causa. 

Frente al aumento de los hechos de violencia contra las mujeres, Carabineros ha creado Salas de Familia en 60 comisarías a nivel nacional, que son dependencias diferenciadas de los módulos de las guardias corrientes. Estas tienen mobiliario y tecnología especial para la adopción de procedimientos de VIF y un funcionario policial capacitado por la unidad de protección a la familia, que pasa por un periodo de inducción de una semana.

A pesar de estas nuevas herramientas de acción, la subteniente Gattavara afirma que: “Hoy, como institución, no tenemos el recurso logístico ni tampoco el recurso humano para cumplir a cabalidad todas las medidas cautelares que nos solicitan”. 

A LA ESPERA DE UNA AUDIENCIA

Este año, hasta la fecha, se han cometido 29 femicidios, 16 de ellos durante el periodo de confinamiento. Uno de estos corresponde al caso de Yulisa Cerda, joven de 22 años que murió a manos de su pareja, Ignacio Castillo, quien la hirió con un arma de fuego la noche del 27 de abril, en el pasaje de Las Compañías, en La Serena. Un mes antes de su fallecimiento, el 31 de marzo, Yulisa habría tenido la primera audiencia en el Juzgado de Familia local, pues había solicitado una denuncia contra Castillo por lesiones leves, pero ésta fue cancelada por los tribunales debido a la expansión del Covid-19. La  segunda audiencia, agendada para el 20 de abril, se canceló por el mismo motivo. Fueron entonces dos instancias en las que la joven podría haber recibido alguna medida de protección. Siete días después, Yulisa Cerda fue asesinada por su pareja, quien ahora se encuentra privado de libertad. 

Después de este caso de VIF, la Corte Suprema decidió instruir a los tribunales del país con el fin de que realicen la totalidad de las audiencias que no supongan riesgos en la salud de sus jueces y funcionarios, con especial atención en las causas de violencia de género doméstica, lo cual espera acelerar la protección de las mujeres que denuncian en contexto de pandemia. 

Actualmente, los Juzgados de Familia están atendiendo las causas de violencia intrafamiliar a través de plataformas online. A finales de mayo, el Tribunal de Familia de Talcahuano atendió el caso de la madre de T.G, quien había demandado hace más de tres meses a su pareja, por agresiones físicas y psicológicas. En el documento de citación de la audiencia, le solicitaron a la madre contar con pruebas de las agresiones y también con un testigo, pero llegado el día, el juzgado no hizo referencia a esas peticiones. El juez le recomendó al agresor terapia psicológica, y solicitó visitas semanales por parte de Carabineros al domicilio, para evaluar su comportamiento. De acuerdo a T.G, desde el 25 de mayo hasta mediados de junio, Carabineros acudió solamente una vez a la casa. “Él tiene que ir a terapia, pero no creo que lo esté haciendo. Ahora en cuarentena, ha llegado muchas veces curado a la casa”, menciona la joven.

La desprotección e inseguridad llevaron a T.G a tomar la decisión de irse de su domicilio. A mediados de junio, descartó la opción de pedir ayuda a los servicios del gobierno, y se contactó con la Coordinadora Feminista 8M, quienes la reubicaron en una casa particular que acoge a mujeres durante este periodo excepcional. 

A pesar de que las presiones por parte de la Corte Suprema esperan darle rapidez a las audiencias por VIF, las cifras indican una baja. En 2019, el Poder Judicial registró 87.253 causas iniciadas por violencia intrafamiliar en los Tribunales de Primera Instancia del país, de las cuales 30.095 se ingresaron entre enero y abril de ese año. Sin embargo, durante el mismo periodo en 2020, se registraron 27.236 causas, que es un 9,5% menos que el año pasado.

La Fiscalía de Chile, por su parte, registra una disminución de denuncias por VIF desde el inicio de las cuarentenas, siendo un 22% menos respecto a las de enero y febrero de este año, a pesar de que el 18 de marzo la institución subió a su página web un formulario de denuncias online. 

La Gerenta de la División de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional, Erika Maira, comenta que desde la institución se han encargado de ofrecer distintas líneas de acción para permitir el curso de las denuncias durante la cuarentena; entre ellas, convocar a las instituciones que ofrecen canales de denuncia, tanto en modo presencial como digital, para levantar su información y dirigirla a la ciudadanía. “Además, hemos identificado a las víctimas con más de una causa vigente para reforzar sus medidas de protección y tomar decisiones desde el punto de vista judicial, como solicitar órdenes de detención, pedir prisiones preventivas, dependiendo del caso particular”, afirma Maira sobre este procedimiento, que comenzó a funcionar el 4 de mayo, tras más de un mes de cuarentena. 

Desde la Asociación de Abogadas Feministas de Chile (ABOFEM), la activista Javiera Molina afirma que una de las principales limitaciones con que se encuentran las mujeres al acudir al sistema judicial son los trámites posteriores a la denuncia, donde Fiscalía y los tribunales tienen las facultades de archivar causas o pedirle a una mujer pruebas que demuestren que está sufriendo violencia reiterada; cuando ella puede no tenerlas y sólo contar con su testimonio, su caso puede ser puesto en duda. 

“Desde que se hace la denuncia, hasta que se tome una medida de protección, pueden pasar semanas; y en esas semanas una mujer puede terminar asesinada. La institucionalidad aún no entiende que la violencia no tiene por qué demostrarse con fotos de los golpes que te hicieron, más de una vez, para que recién ahí se tomen medidas de protección. No se les está tomando el valor real a las solicitudes de las víctimas de violencia de género, se les cuestiona, tienen que esperar”, comenta Molina.

GOBIERNO CUESTIONADO 

Durante la pandemia, las organizaciones feministas se han pronunciado contra el Ministerio de la Mujer. La campaña contra la violencia de género que mostraba a un anciano arrepentido de haber agredido a su pareja, lanzada por el ministerio a comienzos de junio, fue blanco de las críticas. “Nuevamente la única voz que existe es la de un hombre que llora arrepentido sobre su propio actuar violento: las lágrimas y la victimización de los agresores no salvan vidas”, pronunció por redes sociales la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres. El video fue retirado por el ministerio el mismo día de su publicación, y la entonces ministra Macarena Santelices renunció a su cargo ocho días después, el 9 de junio. 

En reemplazo de Santelices, asumió de ministra la ex diputada Mónica Zalaquett, decisión que fue criticada por varias organizaciones de la sociedad civil e incluso por la Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género (ANFUMMEG), quienes a través de un comunicado señalaron: “Rechazamos el cuoteo político, más aún cuando implica que un Ministerio tan importante para más del 50% de la población, sea conducido por personas sin conocimientos en género, no discriminación y políticas públicas para la igualdad de género”. 

A pesar de haber consultado al ministerio sobre el tema de este reportaje y de solicitar una entrevista con la ministra Zalaquett en más de una oportunidad, no se obtuvo respuesta. 

El incremento de VIF durante la crisis sanitaria es un fenómeno mundial que, tal como definió ONU Mujeres, se trata de la “otra pandemia” que vivimos actualmente. En el caso de Chile, durante el 2020, los índices de violencia de género han desencadenado 29 femicidios consumados. En el 2019, hubo un total de 48 femicidios consumados y 108 frustrados. Este año, al menos hasta fines de junio, se registran 48 femicidios frustrados, lo cual da cuenta de una variable que ni antes ni durante la pandemia ha cambiado: uno de cada tres intentos de asesinato termina con la vida de una mujer.

*Este reportaje fue realizado por Javiera Fernández y Karina López en el curso Taller de Periodismo Avanzando, de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la sección del profesor Boris Bezama.