Los seis capítulos de SQM que perseguirán a Longueira en todas sus campañas

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Los seis capítulos de SQM que perseguirán a Longueira en todas sus campañas

El exministro prefiere que no le pregunten acerca del caso judicial que lo alejó de la vida pública por cuatro años, pero lo cierto es que todavía le queda enfrentar su gran capítulo: el juicio oral. Aunque fiscales y defensas están conscientes que ambas partes tienen todo para perder o ganar, nadie niega que el juicio se tomará el próximo año electoral. Aquí, seis episodios del caso que no le darán paz al aspirante a presidente de la UDI.

1. A un mes de la preparación de juicio

Es coincidencia, porque la fecha se corrió varias veces, pero lo cierto es que la preparación del juicio oral del caso SQM comenzará el próximo 5 de octubre, día en que se celebra el aniversario número 32 del plebiscito de 1988.  En esa audiencia, Pablo Longueira y otros siete acusados deberán mostrar sus cartas para defenderse de las imputaciones en su contra que incluye el delito de cohecho. Tanto imputados como Ministerio Público y querellantes deberán presentar las pruebas y testigos que se enfrentarán en el juicio y que hoy encabeza la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich. De no haber más postergaciones producto de la pandemia, ese primer round ante el tribunal atravesará todo el tramo final del plebiscito del 25 de octubre.  

2. Un extenso juicio oral

Una vez resuelta la Preparación de Juicio, el Tribunal Oral en lo Penal a cargo definirá la fecha de inicio de juicio oral que, por la envergadura del caso, podría tomar meses de alegatos. Sólo un ejemplo: el juicio oral contra Jaime Orpis en el caso Corpesca acumulaba casi un año de desarrollo antes de ser suspendido por la pandemia. En ese sentido, según intervinientes del caso SQM, se estima que para el intenso año electoral 2021 el juicio se encuentre en su pleno curso. 

Una vez resuelta la Preparación de Juicio, el Tribunal Oral en lo Penal a cargo definirá la fecha de inicio de juicio oral que, por la envergadura del caso, podría tomar meses de alegatos.

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3. Los 818 días de pena

El desenlace del caso y posibles condenas no son susceptibles de adelantar, pero sí son públicas las solicitudes de penas que el Ministerio Público pide en base a un cálculo -o prognosis de pena- que se establece en la acusación. Para Longueira se había pedido 818 días de pena por el delito de cohecho y otros 818 por los delitos tributarios. Pero luego de que el Servicio de Impuestos Internos determinara que no presentaría querella nominativa contra el exministro, éste fue sobreseído por esos delitos y hoy enfrenta acusación por el delito de cohecho. Esto es en relación a los correos que se intercambió con el entonces gerente de la minera -y amigo personal de Longuiera-, Patricio Contesse. En esos correos, Longueira toma las sugerencias del representante de SQM para hacer ver al gobierno una suerte de discriminación -dice él- con Chile sobre la ley del Royalty Minero. Para la fiscalía, los pagos recibidos a través de distintas boletas de su entorno se asocian a las gestiones ante el gobierno que habría hecho Longuiera -entonces senador- a favor de la minera respecto de esa “discriminación”. Según la trazabilidad realizada por el Ministerio Público, parte de los pagos efectuados a través de esas boletas, cerca de $38 millones, fueron destinados a pagar un préstamo con la financiera Copra.

Pero luego de que el Servicio de Impuestos Internos determinara que no presentaría querella nominativa contra el exministro, éste fue sobreseído por esos delitos y hoy enfrenta acusación por el delito de cohecho.

4. El silencio de su exjefa de gabinete

Entre las personas acusadas en el caso, también figura Carmen Luz Valdivielso, exjefa de gabinete y asesora estrecha de Longueira. Ni ella ni Longueira han declarado en el caso y, pese a ser citados, han optado por mantenerse en silencio. De conservar Valdivielso su derecho a seguir en silencio, en el desarrollo del juicio se revisará a través de la versión de otros testigos su motivación para haber recolectado cerca de 70 boletas por un total de $383 millones. Según señala en su acusación la fiscalía, parte de esos fondos fueron para las campañas de la UDI y otra para pagar un préstamo. “Parte importante de los dineros asociados a las boletas de honorarios ya individualizadas cuyos montos fueron pagados por SQM S.A. -dice la acusación-, fueron transferidos o depositados en distintas cuentas corrientes de Carmen Luz Valdivielso desde donde, más tarde por instrucciones de Juan Pablo Longueira, se realizaron aportes o depósitos a distintos candidatos de la UDI y pago de obligaciones contraídas por Longueira con la empresa Copra SA. Todo ello en el período 2009-2013”.  

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5. La pelea por los boleteros

La mayoría de los emisores de boletas han señalado que Valdivielso les pidió emitirlas. Y en algunos casos, han precisado que se trataba de boletas requeridas para Longueira. En la preparación del juicio se estima que se desarrolle una primera batalla de la defensa de Longueira para evitar que esos emisores declaren en el juicio. Y esto, podría ocurrir en virtud de que el delito tributario -que se basa en la emisión de esas boletas- ya fue sobreseído. En la fiscalía hay conciencia de que, sin esas boletas, será difícil sostener los argumentos para la comisión del delito de cohecho, puesto que no habría contraprestación para afirmarlo. Pero hay un antecedente de esta pugna: luego de ser sobreseído, la defensa de Longueira solicitó el año pasado que las diligencias realizadas por el Ministerio Público respecto a los delitos tributarios fueran eximidas de la investigación. Sin embargo, el tribunal lo rechazó.

Pero hay un antecedente de esta pugna: luego de ser sobreseído, la defensa de Longueira solicitó el año pasado que las diligencias realizadas por el Ministerio Público respecto a los delitos tributarios fueran eximidas de la investigación. Sin embargo, el tribunal lo rechazó.

6. ¿Y si es presidente UDI?

Las elecciones para presidente UDI están programadas para diciembre de este año, en pleno desarrollo del caso SQM. Y de haber una mesa de consenso, eso debiera adelantarse. Longueira ha dicho que aspira esa presidencia y, según los cálculos, su propósito no contraviene lo establecido en el artículo 16 de la Constitución en cuyo inciso segundo señala que el derecho a sufragio se suspende cuando la persona está “acusada por un delito que merezca pena aflictiva”. Al haber sido sobreseído de los delitos tributarios, la acusación contra Longueira no alcanzó a arriesgar pena aflictiva -de cárcel a partir de 3 años y un día-, puesto que por el cohecho, arriesga 2,2 años. Sin embargo, según intervinientes en la causa, lo que suceda ante el tribunal no puede descartar la posibilidad de que en una eventual condena, se le pida a Longueira una pena accesoria que pudiera impedir que aspire a cargos públicos. En ese sentido, dirigir un partido financiado por el Estado, cumpliría con ese rango. Pero la apuesta de Longueira es clara y no otra que ser absuelto del caso más importante de la historia de la política chilena.     

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