Millonaria licitación del Ejército por terreno fiscal de La Reina queda desierta: Bienes Nacionales declara "no tener competencias" para recuperarlo

Millonaria licitación del Ejército por terreno fiscal de La Reina queda desierta: Bienes Nacionales declara “no tener competencias” para recuperarlo

Concluido el plazo de venta, finalmente el Ejército no encontró interesados en el predio que pretendía enajenar a cambio de 25 mil millones de pesos. Sin embargo, la batalla por el terreno está lejos de terminar. Actualmente, hay una denuncia en Contraloría que busca revisar la legalidad del acto y una demanda en la Corte de Apelaciones de Santiago que fue acogida a trámite. Pese a que ocupa un lugar clave en este entramado, el Ministerio de Bienes Nacionales opta por mantenerse al margen del conflicto y desconoce que el sitio eriazo sea de "dominio fiscal".

Finalmente la venta del sitio eriazo de 6.87 hectáreas que pretendía ser enajenado por el Comando de Bienestar del Ejército por un valor mínimo de 25 mil millones de pesos, fue declarada desierta.

La licitación tenía plazo fijado para este 15 de septiembre, sin embargo, no se presentó ningún oferente interesado en la compra de uno de los lotes contiguos al Hospital Militar, en la comuna de La Reina.

Cabe recordar que dicho predio fue inscrito como terreno fiscal en 1965 y cedido al Ejército 24 años después como Patrimonio de Afectación Fiscal (PAF), por parte del Ministerio de Bienes Nacionales.

La venta de este predio ha detonado un conflicto en la comuna. La Municipalidad de La Reina se ha opuesto al levantamiento de un proyecto inmobiliario en el lugar y ha propuesto la construcción de viviendas sociales y/o proyectos comunitarios.

A su vez, vecinos han levantado movilizaciones territoriales, las que han sido respaldadas por autoridades de la zona, como el diputado Tomás Hirsch (Acción Humanista) y los concejales Sara Campos y Álvaro Delgado (DC).

Por otro lado, el ministro de Defensa, Mario Desbordes, fue citado por la Cámara de Diputados para dar explicaciones por esta millonaria licitación, donde señaló que su venta permitiría la construcción de un proyecto habitacional en la comuna de Estación Central que beneficiaría a unos 380 suboficiales de la institución.

The Clinic preguntó al Departamento de Comunicaciones del Ejército por los planes futuros para dicho predio, sin embargo hasta el momento de la publicación de esta nota, no hubo respuesta.

BIENES NACIONALES SE DESMARCA

Una de las primeras acciones que tomaron los concejales Campos y Delgado para frenar la licitación del terreno fue una denuncia presentada en la Contraloría General de la República.

Su intención inicial era que el predio fuera cedido a la comuna de La Reina, o bien, devuelto al Ministerio de Bienes Nacionales, tal como establece la Resolución Exenta N° 232, en caso de que el terreno no se utilizara o se considerara prescindible para los fines propios del Ejército.

En diálogo con The Clinic, la concejala Campos explica que efectivamente “hay jurisprudencia” en esta materia. Por ejemplo, en 2016, un edificio fiscal que era ocupado por el Batallón de Transporte N°4 en la comuna de Victoria y que se intentó enajenar, tuvo que ser devuelto a Bienes Nacionales por un dictamen de Contraloría.

Sin embargo, al ser consultados por The Clinic sobre esta posibilidad, desde el Ministerio de Bienes Nacionales -cartera que encabeza el abogado Julio Isamit- señalaron que su administración “no tiene ninguna competencia para recuperar dicho terreno, porque no es de dominio fiscal”, por lo que su futuro, agregan, depende únicamente de la voluntad del Comando de Bienestar del Ejército.

Ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit. Foto: Agencia UNO

EL CAMINO JUDICIAL

Al no tener respuestas de Contraloría y no encontrar voluntades en el Ejecutivo, los concejales Campos y Delgado, junto al diputado Tomás Hirsch, presentaron una demanda en el 9° Juzgado Civil de Santiago, con el objetivo de declarar la nulidad del Patrimonio de Afectación Fiscal (PAF).

El PAF es considerado el principal nudo de este conflicto. En el documento se explica que la facultad de traspasar bienes a Bienestar bajo esta figura está amparada en el DFL N °1, que data de 1971.

Si bien dicho decreto establecía un plazo de 90 días, los traspasos a PAF se estuvieron haciendo “de manera abusiva”, según la demanda, por más de 26 años, hasta que Contraloría modificó su criterio en 1998.

En una primera instancia, el tribunal se declaró incompetente para tramitar la demanda debido al fuero parlamentario del diputado Hirsch. Sin embargo, fue elevada a la Corte de Apelaciones de Santiago, donde se designó al ministro de fuero, Fernando Carreño, quien finalmente la acogió a trámite. Se espera que el juicio se inicie en los próximos días.

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