Concluido el plazo de venta, finalmente el Ejército no encontró interesados en el predio que pretendía enajenar a cambio de 25 mil millones de pesos. Sin embargo, la batalla por el terreno está lejos de terminar. Actualmente, hay una denuncia en Contraloría que busca revisar la legalidad del acto y una demanda en la Corte de Apelaciones de Santiago que fue acogida a trámite. Pese a que ocupa un lugar clave en este entramado, el Ministerio de Bienes Nacionales opta por mantenerse al margen del conflicto y desconoce que el sitio eriazo sea de “dominio fiscal”.