A casi un año del estallido: Víctimas de trauma ocular acusan amedrentamiento de carabineros incluso en pandemia

Manuel Veliz en una fotografía tomada en su casa en diciembre de 2019. Sostiene una imagen del día en que fue herido. Créditos: Pablo Sanhueza

A casi un año del estallido: Víctimas de trauma ocular acusan amedrentamiento de carabineros incluso en pandemia

Les pidieron declarar sólo a horas de haber sido impactados por perdigones y, en algunos casos, firmar papeles en que aseguraban no tener certeza de haber sido agredidos por carabineros. La fiscalía debió desplegar acciones con hospitales y clínicas para cerciorarse de que la evidencia fuera incautada por orden de ellos, y no por uniformados. Hay víctimas que denuncian hostigamiento en sus casas, otra acusa a policías de introducir un pedazo de vidrio en su banano. En forma reservada, el fiscal nacional Jorge Abbott pidió en pleno estallido a Carabineros que esto terminara. Aquí cuatro historias.

Manuel recuerda que sangraba todavía cuando entraron dos policías. Estaba en el box 30 de la Clínica Alemana. Era 15 de noviembre, lo habían herido en el ojo derecho y tenía susto. Estaba solo en una clínica a la cual jamás había ido. Su mamá no sabía todavía lo que había pasado; él no quiso contarle porque ella es muy severa y seguro lo haría sentir culpable. Alcanzó a ver que en las solapas de los trajes de esos policías, con letras bordadas, decía  “Suboficial Pinto” y “Suboficial López”. Recuerda muy nítido, porque le impactó, que le pidieran declarar sobre lo que le había pasado horas antes en Plaza Baquedano.

Él no había puesto una denuncia todavía y se sintió abrumado, porque no sabía cómo se enteraron. Vagamente evoca cómo la doctora que lo atendió quiso desalojar a los policías, y que le costó lograrlo. Y lo que más le da rabia ahora, es que antes de que se fueran les firmó un papel, una declaración afirmando no tener certeza de que sus agresores fueran policías.  

Quince días antes, el 30 de octubre, en forma reservada, el Fiscal nacional Jorge Abbott había enviado un oficio al Director Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, porque casos como el de Manuel Veliz Huiquilen (22 años) ya habían llegado a varias fiscalías y se habían convertido en una de las preocupaciones principales de la División de Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio Público. 

La misiva enumeraba los casos hasta entonces registrados, ponía al corriente a la institución liderada por el general Mario Rozas de lo sucedido y pedía formalmente que terminara esos interrogatorios y otros hechos catalogados hoy por las víctimas como amedrentamientos. 

En los meses de pandemia, Manuel -que ese 15 de noviembre perdió su ojo derecho debido a la explosión ocular que le causó un perdigón- recibió nuevas noticias de Carabineros. En reiteradas ocasiones le pidieron declarar otra vez en forma presencial ante la Comisaría de Peñalolén, notificaciones que recibió con sucesivas cartas que le llegaron a su casa en Cerro Navia y que, una vez, carabineros fue a dejar en forma presencial. 

Manuel cuenta que tras recibir la primera de estas notificaciones, le costaba dormir porque le daba vueltas una frase que decía lo siguiente: “Si usted dentro del plazo de siete días contados desde la recepción de la presente no realiza alguna gestión en el procedimiento, se procederá a declarar su abandono”.    

“Pensé que mi caso no se tomaría en cuenta y me preocupé caleta”, dice Veliz, “tuve miedo a que la cosa quedara ahí no más sin ningún resultado para mí y además no me sentía bien para ir. Me siguen llegando cartas todos los meses”. 

Su abogado, Luis Correa, con quien Manuel interpuso una querella por torturas, solicitó el 19 de agosto pasado, también a través de un escrito, que Carabineros frenara el acoso. 

Manuel cuenta que tras recibir la primera de estas notificaciones, le costaba dormir porque le daba vueltas una frase que decía lo siguiente: “Si usted dentro del plazo de siete días contados desde la recepción de la presente no realiza alguna gestión en el procedimiento, se procederá a declarar su abandono”

“No se pasa lavándose la cara”

Ricardo Acuña (32 años) estuvo dos días inconsciente en la Clínica Las Condes. En esas 48 horas, le extrajeron ocho perdigones del ojo izquierdo y el plástico de un cartucho que se incrustó del balazo. En su querella dice que caminaba junto a compañeros de trabajo por calle San Francisco a eso de las 18.30 de ese 25 de octubre, y que tras el impacto cayó desplomado perdiendo la noción de todo.  

Según explica ahora, a los cinco días de tratamiento lo dieron de alta de la clínica a la que le debe $1.8 millones y donde había despertado sin saber cómo llegó. Y que no pasó más de un par de semanas de recuperación en su casa en la comuna El Bosque -donde vive con su madre, hermano, cuñada y sobrina de meses-, cuando apareció en su puerta un teniente. Convaleciente, tuvo que bajar desde el piso de arriba donde está su cama, y recibir a este carabinero que venía con un tono amable. Según relata Acuña, quería que él le firmara una declaración para un trámite interno, en el que aseguraba no poseer claridad de que su agresor hubiera sido carabinero, porque no lo había visto. 

Ricardo Acuña – Archivo personal

En ese momento, dice, encontró hasta razonable los argumentos que le expuso el oficial para convencerlo, pero ahora piensa que lo firmó muy rápido, en no más de 10 minutos, y que solamente lo hizo con el ánimo de que ese policía se fuera de su casa.  

Experimentar una agresión de parte de Carabineros o del Estado, según especialistas, causa una sensación diferente a la de cualquier otro tipo de ataque. Así lo explicó en enero pasado Erika Maira ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en calidad de gerenta de la división de víctimas de la Fiscalía Nacional.  

En esa oportunidad se habló de que cuando el daño es causado por agentes del Estado, se arrasa con la sensación personal de seguridad de las víctimas, quienes quedan con la idea de una desprotección total. “En los casos más graves o lesiones más severas, muchos continúan sintiéndose en riesgo de ser atacados nuevamente por agentes del Estado, incluso en sus propios domicilios”, escribió Maira en el power point exhibido. La afirmación la extrajo luego de que su unidad conformara un equipo de 32 personas que incluía a profesionales externos al Ministerio Público, para recopilar información y brindar apoyo a víctimas en clínicas y hospitales de Santiago. A partir de esa experiencia y tal como también se expuso ante la CIDH, se llegó a la conclusión de que las víctimas de trauma ocular además se culpan, con posterioridad a los hechos, por haber participado en las manifestaciones. 

Cuando el daño es causado por agentes del Estado, se arrasa con la sensación personal de seguridad de las víctimas, quienes quedan con la idea de una desprotección total. “En los casos más graves o lesiones más severas, muchos continúan sintiéndose en riesgo de ser atacados nuevamente por agentes del Estado, incluso en sus propios domicilios”

Ricardo -quien perdió totalmente su ojo izquierdo- es peoneta de un camión que trabaja en forma externa en la cadena de distribución de Soprole. Sus compañeros de trabajo, incluido su jefe, le hicieron una vaca para ayudarlo tras lo sucedido en octubre pasado. Vive tranquilo en medio del apoyo de su familia, no ha sentido culpa, pero su desesperación ante lo ocurrido se asoma cuando reflexiona sobre lo mucho que ha cambiado su vida. “Yo me miro todos los días al espejo y esto es un cambio en la vida muy grande. Esto no se va a solucionar, porque esto no se pasa lavándose la cara”, dice. 

Merodeos

El caso de Nahuel se viralizó enseguida. Porque causó impacto que un  joven de 18 años, cuyo abuelo había sido torturado y desaparecido en dictadura, no solo fuera cegado con perdigones de su ojo izquierdo el 21 de diciembre pasado, sino que cuatro meses después, en plena pandemia, fuera detenido por carabineros afuera de su casa. 

Nahuel siente que carabineros lo amedrentan, lo persiguen. Que cada vez que hay alguna manifestación cerca de su casa, patrullas merodean la suya. A veces ha ido a comprar, dice, y siente una “cuca” pasar lentamente detrás de sus pasos y que los carabineros desde adentro lo miran fijo. De un tiempo a esta parte, acusa, entran drones a la cuadra donde vive en la Villa Portales de Estación Central, y asegura ver los flashes que destella el dron para fotografiarlo. Relata que una vez un carabinero llamó a la Junta Vecinos de su barrio para preguntar por antecedentes suyos. Su familia, afirma, está agotada. 

El caso de Nahuel Herane motivó que la división de víctimas de la Fiscalía Nacional realizara gestiones con altos mandos de Carabineros para que el asunto terminara. Pero hoy el joven acusa que el “merodeo” no ha cesado. “En abril me llevaron detenido a mí y a mi viejo, afuera de mi casa. No había toque de queda, nosotros íbamos con mascarilla. Mi mamá les gritaba quién era yo -víctima de trauma ocular- y los vecinos reclamaban también”, recuerda. 

Nahuel Herane – Archivo personal

Nahuel siente que carabineros lo amedrentan, lo persiguen. Que cada vez que hay alguna manifestación cerca de su casa, patrullas merodean la suya. A veces ha ido a comprar, dice, y siente una “cuca” pasar lentamente detrás de sus pasos y que los carabineros desde adentro lo miran fijo

En el video que se viralizó por esos días con la detención de Nahuel se ve un auto furgón de Carabineros, rodeado de vecinos diciéndole a los policías que no se moverían de ahí, que ese joven era menor de edad y que no estaba haciendo nada. Se ve que la imagen la graba una persona que viene llegando al lugar, gritando agitada, y se escucha a otra mujer más allá, en estado de pánico, diciendo: “No, no, ése es al que le quitaron el ojo”.

Fuentes de la fiscalía Centro Norte -donde radican varias causas de estallido social- explican que en una ocasión tuvieron que enviar a la PDI a incautar evidencia a Carabineros. Porque sin corresponderles, describen, éstos se habían llevado desde algunos centros asistenciales los perdigones que se extraían a las víctimas. De hecho, entre esa fiscalía y la Oriente se ideó una cadena de custodia precisa para realizar las incautaciones en forma coordinada y así evitar que se perdiera evidencia. 

El tema sobre casos como éstos se abordó en el consejo de fiscales realizado a fin de 2019, lo cual puso en alerta a las distintas fiscalías de Chile para que tuvieran especial atención a la aparición de estos hechos. Erika Maira, por su parte, también hizo llegar lineamientos, a través de un correo electrónico, a las distintas unidades de víctimas del país para que reportaran casos parecidos.       

Fuentes de la fiscalía Centro Norte -donde radican varias causas de estallido social- explican que en una ocasión tuvieron que enviar a la PDI a incautar evidencia a Carabineros. Porque sin corresponderles, describen, éstos se habían llevado desde algunos centros asistenciales los perdigones que se extraían a las víctimas

Al interior de esta división de la fiscalía, el tema ha sido tratado como una revictimización de personas con trauma ocular u otras agresiones, producto de posteriores contactos realizados por carabineros. A juicio de algunos fiscales a cargo de estas investigaciones, los efectivos policiales se acercan a las víctimas obviando que es su propia institución la agresora. Incluso estiman que tratándose de diligencias que forman parte de las indagatorias que Carabineros realiza para sus propios sumarios, los testimonios de las víctimas son voluntarios, por lo que podrían abstenerse de solicitarlos en forma insistente. 

Fuentes de Carabineros explican que lo que describen estas víctimas tiene relación con los sumarios administrativos que ellos realizan para determinar los procedimientos realizados por efectivos policiales en las manifestaciones del estallido. Y que para evitar malas interpretaciones respecto a ese trabajo, se solicitó el 6 de enero pasado que la Fiscalía Nacional les diera acceso a las declaraciones de los afectados para incorporarlos a esos sumarios, pero que eso fue rechazado. Asimismo,  desde comunicaciones explicaron a The Clinic que la institución no se referirá al tema por tratarse de casos todavía en curso. En ese sentido, según información recopilada por este medio, un 87% de los sumarios realizados entre el 18 de octubre de 2019 y el 18 de marzo 2020 -periodo catalogado como de estallido social- ya se encuentra disponible para ser sancionado; esto es 1.100 sumarios de un total de 1.270.       

“En relación a los procesos administrativos internos de Carabineros, varios se mantienen abiertos, y algunos de ellos han tenido la dificultad de que no se ha podido acceder a la totalidad de los testimonios de los afectados”, explican desde la institución.

Respecto del oficio que envió Abbott en su momento para advertir sobre posible revictimización de los afectados, afirman que “se impartieron instrucciones a los respectivos mandos para que tuvieran en consideración estas observaciones”. Y sobre las personas a las que se les pidieron antecedentes respecto de las lesiones que sufrieron, desde Carabineros explican que eso es algo “que se hace como parte de las labores habituales de recopilación de información ante alguna situación policial”.

Evidencia

El caso de Felipe Meneses Parra también está siendo investigado. Mientras el joven de 24 años se encontraba en la exPosta Central el 13 de diciembre de 2019, luego de haber recibido una golpiza de Carabineros -que no le significó la pérdida de su ojo, pero sí lesión ocular, hematomas y fractura de cráneo-, acusa que los policías le metieron en su banano un trozo de vidrio para justificar las agresiones. 

Un 87% de los sumarios realizados entre el 18 de octubre de 2019 y el 18 de marzo 2020 -periodo catalogado como de estallido social- ya se encuentra disponible para ser sancionado; esto es 1.100 sumarios de un total de 1.270

“Una vez al interior del centro asistencial -dice la querella que después interpuso su padre-, se acercan voluntarios del piquete jurídico de la Universidad de Chile. Felipe les comenta que no conoce la razón de la detención y que no le leyeron sus derechos. El carabinero saca entonces un vidrio de su banano y dice ‘ésta es la razón de la detención: intento de homicidio a carabineros de grado capitán’”. 

Felipe Meneses – Archivo personal

Según testigos de ese hecho que fueron contactados por The Clinic, un fiscal asistente de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte que se encontraba en el hospital en ese momento revisó imágenes capturadas en el estacionamiento del recinto, descartando que el joven haya portado el vidrio. Entre las evidencias se incluye que el vidrio no cabía en el banano de Meneses. “Se revisan las cámaras y se determina que no existe, previo a la detención, el vidrio que ellos indican. Felipe además no tenía cortes o daños profundos de heridas por manipular el espejo en sus manos, estaban sanas y limpias”, puntualiza el escrito.

Según explica su padre, Juan Meneses, el joven fue trasladado de la Posta a la Clínica Indisa como medida de protección. “Si no fuera por la participación rápida de la Brigada de DD.HH., del fiscal de flagrancia y de todas las ONGs que estaban en el hospital ese día, mi hijo hoy estaría en la cárcel esperando sentencia por homicidio frustrado”, dice. Ambos estuvieron el 27 de enero pasado en un hotel de Santiago para relatar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó Chile.

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