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24 de Septiembre de 2020“Papayagate” en Coquimbo: Investigan presunto fraude al fisco por más de 9.800 millones en compra de un terreno
El Ministerio Público tiene bajo la lupa a la Intendencia de Coquimbo -liderada por Lucía Pinto (UDI), todo esto por el posible delito de fraude al fisco por la compra de un terreno por 9.800 millones de pesos, siendo que su tasación es de 4 mil millones de pesos.
Un reportaje de Radio Bío Bío sobre este caso, denominado “Papaya Gate”, da cuenta de que la Contraloría General de la República informó de manera reservada a la fiscalía de que las adquisiciones de las tierras por parte del Gobierno Regional se habían saltado un trámite ineludible, como lo es la toma de razón.
El caso que es indagado por la perseguidora regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, apunta a que cuatro contratos de compra del terreno fueron rechazados por el órgano fiscalizador, indicándole al organismo que no podía gastar platas fiscales bajo el mecanismo de trato directo sin justificación. Contraloría también sostuvo que se añadieron tasaciones nuevas que elevaron el precio real.
Luego de ser rechazados los contratos, hubo un quinto documento que se inscribió en la notaría local a escondidas de la Contraloría.
Uno de los problemas que surgieron fue que el pasado 28 de julio se pagó el momento total de los terrenos a la empresa que los estaba vendiendo, sin que en el GORE explicaran lo que había ocurrido.
Otro dato no menor es que uno de los accionistas de las inmobiliarias que vendieron los terrenos es padre de Nicolás Bakulic Albertini, quien el año pasado se desempeñó como asesor de proyectos de pre-inversión en el GORE.
Pinto confirmó la compra del terreno saltándose la legalidad de la compra, sin embargo declinó contestar las preguntas del medio antes mencionado.
El organismo en cuestión aseguró que la compra se realizó con “absoluta objetividad, transparencia y justificación del trato directo invocado“. Eso sí, no se refirió a la elevada suma de dinero extra que se pagó y que se diferencia de la primera tasación.
Pinto agregó que “se me informó que el proceso estaba en orden y apegado a derecho, sustentado en dictámenes de Contraloría. Si bien la Contraloría tiene el deber de poner en antecedente al Ministerio Público de cualquier situación que a su juicio debe ser investigada, tengo la absoluta certeza que en este proceso de compra se acreditará que no hubo ningún tipo de irregularidades”.
El Ministerio del Interior, superior de Pinto, aseguró mediante un comunicado público que prestará “su más completa disposición a colaborar con la investigación que lleva a cabo la Contraloría General de la República, así como cualquier otra eventual investigación (la del Ministerio Público) que en el futuro sea instruida por los órganos competentes”.
