Coletazos de la franja: aspiraciones políticas de exuniformados salen a la luz

El detalle en la franja electoral del plebiscito no pasó desapercibido el viernes 25 pasado. El logo de las FF.AA. apoyando el Rechazo exhibido en espacio de TV, inmediatamente empezó a correr por redes sociales porque no podía ser que Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros, y PDI expusieran una inclinación política.

La PDI tomó cartas en el asunto e interpuso un recurso de protección para impedir el uso extrainstitucional de estas insignias, mientras que el Ministerio de Defensa debió aclarar que no tenía relación con la propaganda. Sin embargo, la aparición no fue solo una anécdota, sino la evidencia palmaria de lo que ya era un secreto a voces entre quienes conocen el mundo militar: la rearticulación política de oficiales en retiro bajo la multigremial Facir.   

Mientras Mario Desbordes era presidente de RN y decidido promotor de la redacción de una nueva Constitución, Facir -que agrupa a ex Fuerzas Armadas y PDI- logró un lugar en la franja electoral de ese partido, pero para rechazar el cambio constitucional.

Según explica el diputado Luis Pardo -coordinador de la facción del Rechazo en RN- la incorporación de la gremial de exuniformados se llevó a cabo en febrero. En el proceso de reclutamiento, afirma, solamente se hizo hincapié en los requerimientos técnicos y en que ninguna organización emitiera mensajes que incitaran al odio, por ejemplo. 

“Esto fue todo contra el tiempo, y varias organizaciones quedaron fuera por no reunir algún requisito formal”, explica Pardo. 

“Facir es una organización sin fines de lucro que cumplía con los requisitos, pero además, por el contenido de sus áreas de trabajo, era perfectamente compatible con nuestra postura”, agrega el parlamentario.  

La aparición no fue solo una anécdota, sino la evidencia palmaria de lo que ya era un secreto a voces entre quienes conocen el mundo militar: la rearticulación política de oficiales en retiro bajo la multigremial Facir.   

Desde su formación hace cuatro años, la multigremial se ha desplegado para concretar reuniones y encuentros con autoridades políticas. Según el extracto que el Diario Oficial publicó el 5 de mayo de 2016, día de su fundación, el objetivo del colectivo es “promover la racionalización, desarrollo y protección de la actividad común de sus asociados, cual es velar por el cumplimiento y mejoramiento de los temas que los afectan, relacionados con salud, previsión, otras materias gremiales y la defensa de sus derechos”. 

Además, en el acta de su primera asamblea realizada el 16 de agosto de 2017, la entidad se define como un organismo que “no persigue ni se propone fines sindicales o de lucro”, porque la “multigremial no desarrollará actividades políticas partidistas ni religiosas”.  

Quizás no partidistas, pero sí políticos parecen ser los fines de Facir. De hecho, según su propio presidente, Pedro Veas, la organización aspira a conseguir, ni más ni menos, que un lugar en el Congreso. Para lo cual unió fuerzas tras Sinergia Democrática, movimiento que nace tras el pacto constitucional.

“Como multigremial siempre hemos pensado en tener una bancada militar en el Congreso y a través de esta Sinergia Democrática, haciendo camino, será la forma en que militares y policías tengan un brazo político”, admitió Veas, el 7 de septiembre, en un programa transmitido por Youtube que logró más de 15 mil visualizaciones. 

Entre los objetivos, señaló Veas en ese encuentro, se considera contar con concejales y tener incidencia en el debate político. De hecho, en una asamblea de la asociación, realizada en junio 2019, a la que acudieron otras organizaciones de exuniformados, se expusieron planteamientos acerca de cómo “influir en el mundo político”, apuntando especialmente a las próximas elecciones municipales. 

Sin embargo, según información oficial del Servel, ni Sinergia Democrática ni la multigremial se encuentran en formación de algún partido político, por ahora. 

Quizás no partidistas, pero sí políticos parecen ser los fines de Facir. De hecho, según su propio presidente, Pedro Veas, la organización aspira a conseguir, ni más ni menos, que un lugar en el Congreso.

Pero Veas y otros integrantes de la directiva de Facir no pierden el tiempo: desde que adquirieron rango gremial en 2016, se han dedicado a concretar audiencias con diversas autoridades.

Según imágenes y el registro que existe en plataforma lobby, la directiva se ha reunido con el Fiscal Nacional, Jorge Abbott; con el actual ministro de Justicia, Hernán Larraín; con el expresidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito; con el ex Director General de Carabineros, Hermes Soto; con Francisco Galli mientras fue subsecretario de Defensa; con la senadora UDI Jacqueline van Rysselberghe; con el senador de RN, Manuel José Ossandón; con el senador también RN, Francisco Chahuán; con la diputada RN, Camila Flores; y el diputado UDI, Osvaldo Urrutia y con el propio diputado Pardo, entre otros. Este último, además, ha participado de asambleas organizadas por la asociación. Del mismo modo, esta y otras organizaciones gremiales ligadas al mundo militar, sostuvieron hace algún tiempo un almuerzo con el exministro de Defensa, Alberto Espina. 

Según imágenes y el registro que existe en plataforma lobby, la directiva se ha reunido con el Fiscal Nacional, Jorge Abbott; con el actual ministro de Justicia, Hernán Larraín; con el expresidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito; con el ex Director General de Carabineros, Hermes Soto, entre otros.

Lucía Dammert, socióloga dedicada a temas de seguridad y exasesora del Ministerio de Interior del gobierno de Michelle Bachelet, cree que el lobby del personal en retiro siempre ha existido, pero de distintas maneras.

“Desde la presencia de altos exgenerales y comandantes en universidades, centros de estudio hasta de asesores en el Congreso”, dice la especialista. “No me extraña que quieran tener una posición política. Sin embargo, la duda que tengo es hasta qué punto lo que representan es a la oficialidad y no a toda la institución (…). No creo que por eso obtengan una votación específica”, reflexiona.   

Su directiva y actividades

En 1976, según archivos históricos alojados en registros de Memoria Viva y Museo de la Memoria, Carmen Whipple, esposa del arquitecto desaparecido en dictadura, Alejandro Rodríguez Urzúa, logró tomar contacto con el entonces capitán de Carabineros de la 6ta. Comisaría de Santiago, Voltaire Opazo Ibáñez. 

Los registros revelan que fue este último quien le aseguró a la mujer que su marido estaba en el cuartel de Cuatro Alamos, centro de detención y tortura hasta 1977. Opazo había trabajado allí, según supo la viuda, quien murió en 1990, sin lograr conocer el paradero de su marido. 

Precisamente, es Opazo Ibáñez quien, varias décadas después, aparece como activo integrante de la multigremial: será su vicepresidente hasta el 11 de abril de 2019 y figura como director en su primera acta. Pero Opazo no es el único vinculado a la multigremial, con pasado ligado a los años más oscuros de la dictadura.

Eduardo Catalán Brunet, según el sitio web de la asociación, es el actual director jurídico de la entidad. Según una investigación realizada por el periodista Jorge Escalante, basada en el expediente del fiscal militar Joaquín Erlbaum Thomas -que indagó el asalto a La Moneda el día del Golpe Militar-, el entonces teniente Catalán fue uno de los integrantes del escuadrón que acompañó al coronel Iván de la Fuente Sáez, en el ingreso, a eso de las 14 horas de ese martes 11 de septiembre, hasta el segundo piso de Palacio. 

En los primeros años de formación de la gremial -de la que Catalán es fundador-, el ahora abogado fue un activo lobbista, que llegó a sostener audiencias incluso con el senador PS, Carlos Montes, alguien a quien las torturas sufridas bajo el régimen de Augusto Pinochet le dejaron una enfermedad crónica que padece hasta hoy. 

Actualmente, la entidad es presidida por el contralmirante (r) Pedro Veas, quien también actúa de vocero de la multigremial. Según la rendición de cuentas anual de junio de 2019, el colectivo se financia con el aporte de 20 asociaciones, que en promedio colaboran con $700 mil mensuales cada una. Y tal como explicó el mismo Veas en la asamblea realizada ese 26 de junio, aparte de gestionar los intereses judiciales y políticos del gremio, su labor se centra en apoyar a los condenados por violaciones a los Derechos Humanos que se encuentran cumpliendo penas de cárcel. 

Según la rendición de cuentas anual de junio de 2019, el colectivo se financia con el aporte de 20 asociaciones, que en promedio colaboran con $700 mil mensuales cada una.

Según se expuso en la ocasión, la gremial ha encabezado operativos médicos en Punta Peuco, Colina 1 y otras cárceles del país, donde se incluyen revisiones oftalmológicas, dermatológicas, urológicas, traumatológicas, podológicas y kinesiológicas. Asimismo, coordinan donaciones de privados para los exuniformados condenados. 

Según se explicó en la asamblea, se han donado incluso sillas de ruedas, televisores, computadores y hasta lavadoras. 

“Destaco a la señora Paula Cabezas por la donación de una lavadora-secadora de alto costo, para Colina 1 y más de 100 pastilleros para Punta Peuco”, detalla el power point, exhibido en esa reunión. 

The Clinic tomó contacto con Facir para conocer los alcances de sus aspiraciones como organización, pero declinaron referirse al tema.