Gobierno responde a Amnistía Internacional y cuestiona “limitado alcance” de los antecedentes del informe

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitió un comunicado respondiendo al informe publicado este miércoles por Amnistía Internacional, en el que se pidió investigar a los altos mandos de Carabineros por presuntas responsabilidades en las violaciones a los DD.HH. en las manifestaciones del estallido social.

En el documento del organismos se señala que hubo una cadena de omisiones “a lo largo de las rutas institucionales que podrían haber puesto fin a las violaciones de Derechos Humanos por parte de los mandos estratégicos de Carabineros, evidencia que lejos de ser hechos aislados cometidos por funcionarios actuando por cuenta propia, se habrían cometido en base a una política cuyo fin último era desalentar la protesta social”.

Respecto a esto, desde el Gobierno respondieron que “se analizará como se hizo respecto de los otros informes que recibió nuestro país el año pasado por parte de los órganos autónomos de derechos humanos (INDH y Defensoría de la Niñez), y de tres organismos internacionales (ACNUDH, CIDH y HRW)”.

En tanto, en el comunicado manifiestan que “en relación a algunos contenidos incluidos en el informe de AI, el Gobierno lamenta que éste realice aseveraciones sobre hechos e informaciones que requieren ser actualizadas y se encuentran actualmente siendo investigadas por el Ministerio Público y en sede judicial”.

Asimismo, según consigna 24 Horas, recalcaron que “no ha existido por parte de Carabineros una práctica o política premeditada o generalizada de uso de la fuerza con el fin o la intención de castigar a las personas manifestantes, como supone el Informe en base a antecedentes de limitado alcance. La pretendida intencionalidad dista de la labor y planificación de nuestras policías, más allá de actuaciones específicas que deben esclarecerse por las instituciones competentes”.

En el documento cuestionan además que “en el Informe de AI no se refiere en profundidad a los más de 2.800 eventos graves que ocurrieron en el país y más de 5.000 funcionarios de orden y seguridad que resultaron lesionados durante las protestas, como sí fue refrendado por los demás informes de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos”.