Columna de Agustín Squella: Pongámonos serios

Nos aprestamos a votar en un plebiscito en el que se nos consultará si aprobamos o rechazamos la idea de contar con una nueva Constitución. Esta vez el voto  volverá a ser voluntario, no obligatorio, aunque eso tan solo desde un punto de vista legal, mas no, según creo, desde un punto de vista político y moral. Si alguno de nosotros se abstuviera de votar en el plebiscito del 25 de octubre no infringirá por ello ninguna norma jurídica ni quedará tampoco expuesto a sufrir alguna sanción de ese mismo tipo. 

Pero es difícil imaginar que alguien no sienta la obligación de votar como un deber político y moral: político, porque se nos consultará sobre un asunto eminentemente político –la conveniencia de tener o no una nueva Constitución Política de la República de Chile-, y moral, porque nuestra voz interior como habitantes y ciudadanos de un país tendría que hacernos ver que votando hacemos un bien al país y también a nosotros mismos. 

Y si no prestáramos atención a esa voz interior, o incluso negáramos que ella exista, ¿nos resulta muy difícil imaginar que mañana uno de nuestros hijos que hoy son pequeños, o alguno de nuestros nietos que también lo son, pudiera preguntarnos cómo votamos aquel día de 2020 en que Chile tomó la decisión de aprobar o rechazar el camino hacia una nueva Constitución? ¿Nos sentiríamos bien y en paz en ese momento si tuviéramos que responder que no votamos, que no nos formamos opinión al respecto, o que habiéndola tenido nos venció la pereza o el escepticismo y que por eso no dirigimos nuestros pasos al  correspondiente local de votación, muchas veces ubicado solo a unas cuantas cuadras de nuestro domicilio?

Nuestra voz interior como habitantes y ciudadanos de un país tendría que hacernos ver que votando hacemos un bien al país y también a nosotros mismos. 

Una nueva Constitución regirá para las actuales generaciones, pero lo hará, sobre todo, para las  generaciones futuras, y si esta vez decidiéramos fallarnos a nosotros mismos y no ir a votar, ¿cómo fallarle a esas otras generaciones que posiblemente van a envidiar la oportunidad dada a las nuestras para decidir el futuro constitucional de Chile, sin comprender nuestra indiferencia o apatía?

La Constitución es la ley de más alta jerarquía en el ordenamiento jurídico de un país y a ella, junto con hallarse vinculados todos los ciudadanos, lo están, y sobre todo, los poderes y otros órganos del Estado que tienen competencia para establecer normas y mandatos de validez general y particular. Una Constitución organiza el poder político tanto a nivel central, regional, provincial y comunal, y, a la vez, divide o fracciona ese poder, limitándolo y estableciendo los controles a que habrá de someterse su ejercicio. 

Una Constitución declara también los derechos fundamentales de las personas, es decir, aquellas prerrogativas que adscriben sin excepción a todas y que encuentran su base de justificación en la dignidad humana, ese especialísimo, irrenunciable e intocable valor que nos reconocemos intersubjetivamente. Derechos que, como sabemos, representan límites al poder, como en el caso de los derechos civiles o personales; participación en el poder, como en el de los derechos políticos; e incluso exigencias de determinadas prestaciones a cualquiera que ejerza el poder, como es finalmente el caso de los derechos económicos, sociales y culturales. Entre estos últimos, como sabemos, tienen especial importancia los derechos de carácter social, puesto que se relacionan con bienes sin los cuales nadie podría llevar una existencia digna, responsable y autónoma, bienes como la atención sanitaria oportuna y de calidad, y desde luego la educación y una previsión oportuna y justa, que son los que permiten a las personas dar libremente una orientación a sus vidas y a los proyectos que aspiran realizar en estas. 

Una Constitución, en fin, incluye entre sus enunciados unos principios básicos generales que nos representan a todos, partiendo por aquel que concierne a la ya aludida dignidad. Es probable que la primera disposición de un nuevo texto constitucional pudiera decir que todas las personas nacen y permanecen iguales en dignidad y que en ésta se fundan los derechos de que la misma Constitución las inviste.

Una Constitución, en fin, incluye entre sus enunciados unos principios básicos generales que nos representan a todos, partiendo por aquel que concierne a la ya aludida dignidad.

En materia de derechos, y para que no queden como letra muerta escrita en el papel de las Constituciones, estas deben indicar también las distintas maneras en que ellos se encontrarán tutelados, obligando también al legislador del futuro, a las autoridades administrativas o de gobierno, y también a los jueces, para que en las leyes ordinarias que aprueben, en las políticas públicas que adopten y en los fallos que emitan, apliquen y desarrollen los derechos fundamentales ya declarados en la Constitución.

Así es como tienen que funcionar las cosas en una democracia, la forma de gobierno que, sin ser perfecta, rinde mejor examen en cuanto a declaración, garantía y promoción de los derechos de los individuos. Si los derechos fundamentales importan, no queda más que dar valor a la forma de gobierno que mejor se aviene con ellos, aunque claro, la aspiración de toda sociedad es tener una democracia crecientemente mejor, más representativa, más participativa, más deliberativa, sin que por ello dejen de contemplarse modalidades propias de una democracia directa, tales como iniciativa popular de ley, revocación del mandato dado a las autoridades y plebiscitos para resolver materias de especial urgencia e importancia. Sin perder por ello su carácter representativo, uno podría apostar a que una nueva Constitución contemplará alguna de esas modalidades, o todas ellas.

El 25 de octubre, el próximo abril, y el año completo en que trabajará una Convención Constitucional, constituyen un proceso muy serio en el que la relativa incertidumbre del resultado no resta al proceso un ápice de su importancia histórica

Como siempre hago, y más de una vez, revisé el texto de esta columna antes de enviarla a los editores, dándome cuenta de que quedó tal vez demasiado seria, incluso sentenciosa, y hasta por momentos algo solemne, y lo que ocurre es que The Clinic, que es una revista seria, no tiene nada de solemne ni sentenciosa.

Excusas entonces a los lectores, y mi única explicación al respecto es que el 25 de octubre, el próximo abril, y el año completo en que trabajará una Convención Constitucional, constituyen un proceso muy serio en el que la relativa incertidumbre del resultado no resta al proceso un ápice de su importancia histórica. Chile está hoy en una conversación constitucional (excepción hecha de la franja electoral) y pronto deberíamos encontrarnos en un amplio y prolongado coloquio constitucional en el que todos tendremos voz y voto.

*Agustín Squella es abogado, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2009.