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28 de Octubre de 2020SII implacable por bono clase media: Congreso indaga 47 casos de asesores y funcionarios que lo recibieron
Agencia UNO
En el Senado, hay cuatro casos, de ellos dos son funcionarios y ya se abrieron sumarios. En la Cámara, en tanto, 43 asesores de parlamentarios están en la mira.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) ha sido implacable a la hora de perseguir a quienes pidieron bono clase media sin cumplir con los requisitos exigidos. Hasta la Cámara de Diputados y el Senado llegaron oficios del servicio con listas de números de cédulas de identidad que correspondían a personas ligadas laboralmente a las corporaciones.
En el documento se pedía verificar si esas personas habían rebajado sus ingresos entre los meses de junio, julio y agosto de este año. La pregunta alude al requisito que proponía la ley para obtener el bono de $500 mil que, en medio de la pandemia, el Estado otorgó a quienes rebajaron sus ingresos.
Es así como el servicio detectó que más de 400 mil personas solicitaron el dinero sin reunir las condiciones, atribuyéndose rentas inferiores a las reales. Para ellos, el organismo recaudador solicitó su devolución.
En el caso del Senado, el oficio del SII señalaba a cuatro personas: dos de ellas antiguos asesores de senadores, que ya no prestaban servicios para la corporación. Los otros dos casos, en tanto, son funcionarios activos de la entidad, quienes hoy enfrentan sumarios administrativos.
Aunque la situación en la Cámara es más amplia, ella sólo afecta a asesores directos de diputados y no a funcionarios. Según información obtenida por The Clinic, 43 personas que están contratadas como personal de apoyo fueron parte de la lista que el SII consultó.
Al ser asesores que prestan servicios bajo el Código del Trabajo -con horarios no establecidos y con opción a labores paralelas-, la corporación está a la espera de que el propio SII constate si estos merecían el bono o no.
Al ser consultadas las autoridades administrativas de la Cámara, éstas explican que, una vez verificada la improcedencia de la solicitud del bono, se realizará una investigación interna con el fin de revisar si hubo faltas a la probidad en esa tramitación y tomar las medidas correspondientes.
Según explican parlamentarios de ambas corporaciones, los asesores y funcionarios indagados poseen ingresos de entre $500 mil y $1 millón mensuales.
