Orpis al cierre: el exsenador volverá a tomar la palabra en el juicio a días de conocer el veredicto

Dos años de juicio y más de cinco desde que comenzó la investigación. El caso Corpesca es el primero que llegará a su fin y el único en el que un político arriesga una pena que podría llegar a los 21 años de cárcel.

En el artículo 388 del Código Procesal Penal se establece el procedimiento final de un juicio, momento en el cual se encuentra el caso en el que el exsenador Jaime Orpis y la exdiputada Marta Isasi están acusados por cohecho y otros delitos. “Por último”, dice el inciso final de ese artículo, “se otorgará al acusado la palabra para que manifestare lo que estimare conveniente. A continuación se declarará cerrado el debate”.

El propio Orpis confirmó a The Clinic que tomará la palabra cuando el tribunal le dé la opción de hablar por última vez. Este tipo de intervenciones finales son breves y quienes ejercen ese derecho, usualmente apuntan a reafirmar su inocencia y describir algún rasgo emocional frente al caso.

En la audiencia, ocurrida en la mañana de este miércoles 25, fue el turno de las réplicas de alegato de clausura de la defensa de Orpis, para continuar al día siguiente y el viernes 27 con las réplicas de la defensa de Isasi, Lobos y la empresa Corpesca, también acusada por su responsabilidad jurídica en el delito de soborno. Si todo sale como se pronostica, Orpis debiera volver a hablar entre viernes o lunes.

El veredicto

Una vez concluído el debate, el tribunal posee un plazo máximo de 24 horas para exponer su veredicto. Es decir, el Tercer Tribunal Oral en lo Penal deberá comunicar ante los intervinientes -este lunes 30 o el martes 1- si Orpis y el resto de los acusado en el caso, son culpables o no de los delitos por los cuales fueron llevados a juicio.

Orpis está acusado por tres delitos: cohecho, tributarios y fraude al Fisco. El primero se le imputa en virtud de los más de $200 millones que la fiscalía constató que Corpesca pagó al exsenador a través de emisores de boletas, en su mayoría, asesores del exsenador. Los traspasos coinciden con la tramitación de la Ley General de Pesca que tanto él como el resto de su sector apoyaron. Los delitos tributarios, en tanto, se atribuyen por las boletas que el entonces senador solicitó justamente para entregar a la pesquera a cambio de esos pagos, lo que constituye servicios no prestados y boletas falsas. El delito de fraude, por su parte, recae sobre el exUDI por haber, además, recibido retornos en dinero de sus asesores en el Congreso, recursos que provenían de los sueldos que el mismo exsenador solicitaba a la corporación para contratar personal que le ayudara a ejercer su labor legislativa.

Las magistradas Doris Ocampo, María Inés González y Claudia Bugueño son las encargadas de definir el destino judicial de Jaime Orpis. Tras su veredicto, las juezas deberán definir un plazo para redactar la sentencia en la que se estipularán las penas definidas.