Columna Lucía Dammert: Utensilios o la irresponsabilidad de la política

Las palabras tienen un poder fundamental. Se pueden crear realidades a partir de frases o palabras que utilizadas de forma específica consolidan imágenes o emociones de temor, ansiedad, sorpresa o entusiasmo.  Hoy, cuando hablamos de las vacunas contra la covid-19 es muy probable que incluir palabras como “preocupante” o “parcial” o “avance” generen, frente al mismo hecho, reacciones sociales completamente distintas. 

No hay que ser genio o experto en comunicación para entender que los énfasis son clave para generar respuestas e interpretaciones. Esto es mucho más complejo cuando los temas de análisis son la (in)seguridad, dado que es una de las áreas que más ansiedad genera entre la población y ante la cual se despiertan las emociones más básicas. La política tiene una enorme responsabilidad a la hora de comunicar, informar y responder frente a hechos de violencia que pueden generar desde normalizaciones hasta pedidos de pena de muerte. 

Tal vez es mucho pedir responsabilidad en el lenguaje sobre la seguridad que, por décadas, ha sido utilizado como un recurso político electoral que desde ambos lados del espectro político ha traído resultados.  Las “olas de violencia” que generan los migrantes, el “aumento de la criminalidad que generó la reforma procesal penal” o “el positivo impacto de los controles de identidad” son sólo tres ejemplos. 

Por eso, lo ocurrido cuando se descubrió que un grupo de ultraderecha se había organizado para amenazar de muerte a la fiscal Ximena Chong, a cargo de múltiples denuncias por violaciones de derechos humanos y reconocida en las últimas semanas por su participación en el caso del joven “lanzado” al río Mapocho por parte de un funcionario de carabineros de Chile, es de extrema gravedad.  

Luego de una rápida investigación de la PDI se encontró a ocho personas, que se organizaron para amenazar directamente a la fiscal Chong, y en su poder se descubrieron una subametralladora Uzi, ropa de camuflaje, armas de fogueo, escudos, casos y otra indumentaria para generar amenazas y, por ende, violencia. Es decir un grupo radicalizado de extrema derecha que decidió que la justicia está en sus manos, y que, seguramente, han sido privilegiados porque su identidad nunca ha sido consultada, no han sido investigados por “portación de rostro”, ni puestos en listas de peligro por sus inusuales fotos y videos que alaban la violencia en algunas redes sociales. 

“Tal vez es mucho pedir responsabilidad en el lenguaje sobre la seguridad que, por décadas, ha sido utilizado como un recurso político electoral que desde ambos lados del espectro político ha traído resultados”.

Nada peor que el sentido de tener el “derecho” a hacer lo que uno quiere, a saber que uno es casi intocable, que los abogados personales saldrán con explicaciones oblicuas, que nadie duda  que sus intenciones no eran criminales, sino que se pasaron de “idiotas” por usar sus propios autos o de frustrados por el resultado del plebiscito. Bueno sí, algo peor es que todas esas cosas pasaron y reafirmaron que en Chile la cuna no sólo trae todo tipo de beneficios sino también de impunidades. 

En este marco, la declaración del subsecretario del Interior ,cuando en una entrevista en la radio Cooperativa, dice “los utensilios que tenían no eran de gran importancia, salvo esta subametralladora Uzi” permiten definir dos hipótesis explicativas. Primero, se negó a decir armas justamente para bajar el perfil a un hecho claramente grave. Dudo que la primera palabra que se le pueda ocurrir a un actor clave de las políticas de seguridadno sea armamento o armas o daño o terrorismo; sobre todo por que las ha usado en otras muchas ocasiones, cuando no hubo amenazas directas y mucho menos una subametralladora presente. Segundo, realmente no cree que estamos frente a un fenómeno complejo de radicalización de la ultraderecha que motivada por la frustración por la victoria del apruebo, considera que sus propiedades, sus privilegios, su modelo están puestos en peligro. 

En cualquier caso, una enorme equivocación por parte del subsecretario y los utensilios; el gobierno y la querella que no invoca la Ley de Seguridad del Estado y una parte de la derecha política que no deslinda tajantemente con estas prácticas. 

No olvidemos que el ex ministro Perez dijo sobre la fiscal “se lo hemos dicho, yo personalmente se lo he dicho, que carece de objetividad muchas veces. Pero ella es una persona, una fiscal, que hay que respetarla y nadie puede amenazar a otro en Chile”. 

Más directo fue el senador de la UDI, Ivan Moreira, que afirmó: “cuando uno hace política como fiscal, es sin llorar. Se expone a este tipo de cosas. Nadie va a aplaudir que haya una amenaza, pero no nos vengamos a hacer las víctimas”.

La radicalización de grupos de extrema derecha no es un tema que debamos naturalizar, banalizar o minimizar. En el mundo entero está cada día más claro que son estos colectivos los principales promotores de ataques de odio, violencia armada y amenazas permanentes contra todo lo que pueda significar diferencia en la forma de pensar. Acostumbrados a privilegios de cuna o a una autopercepción que los coloca como víctimas de las minorías, se constituyen en grupos anónimos, o incluso abiertos, que hacen de la apología de la violencia un mantra. 

Nuestras desiguales sociedades están demasiado acostumbradas a la desigualdad a todo nivel. Nuestro lenguaje termina jugando un rol de justificación, cuando a las viviendas sociales las llamamos soluciones habitacionales, cuando a la violencia policial la catalogamos como excesos individuales, cuando a la dictadura la llamamos gobierno militar y mil otros ejemplos que nos muestran de cuerpo entero. 

Esta vez se cruzó un límite de desigualdad preocupante e inaceptable, porque cuando alguien aparezca muerto por un “utensilio” no serán pocos los que considerarán que fue un accidente menor, resultado de una confusión o de un estado psicológico de trauma. 

La irresponsabilidad del lenguaje, esta vez, es espejo de la irresponsabilidad política, que en temas de seguridad, nos acompaña hace mucho tiempo. 

*Lucía Dammert es profesora titular de la Universidad de Santiago de Chile, directora de Espacio Público, y experta en seguridad pública y análisis internacional.