El categórico informe de DD.HH. sobre salud y crisis social en Chile

Ocho son las recomendaciones que contiene el capítulo sobre salud y crisis social en Chile del Informe de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, que se dará a conocer en su totalidad este jueves 3 de diciembre. El escrito ahonda en los principales avances y retrocesos en este tema, abordando un periodo de análisis entre junio de 2019 y agosto de 2020. 

En el apartado de salud, se analiza el comportamiento de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública durante la crisis social de octubre, concentrándose en los efectos sobre la integridad física, provocados por el uso de armamento menos letal por parte de Carabineros. Además, se hace una revisión de los casos de trauma ocular severo ocasionados durante el control de orden público en distintas movilizaciones ocurridas en el  país; la falta de antecedentes sobre la composición del armamento policial, y las consecuencias en la salud del uso desproporcionado de gases lacrimógenos y escopetas antidisturbios. 

El texto, elaborado por la académica de Derecho, María Gabriela Valenzuela Robles, plantea dos conclusiones generales, una de ellas es que la “gravedad, masividad y permanencia en el tiempo de los actos constitutivos de violaciones a los derechos a la salud e integridad física y síquica de parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública”, y la segunda refiere a “la complejidad de las vulneraciones provocadas en el contexto de las manifestaciones a través del armamento menos letal”, ahondando sobre el “incumplimiento de los estándares relativos al uso de la fuerza, la opacidad en la información proporcionada sobre la composición del armamento utilizado, el empleo de irritantes químicos en concentraciones tóxicas, la utilización impropia e indiscriminada de escopetas antidisturbios y carabinas lanza gases y la falta de asistencia médica a lesionados y detenidos”, entre otros puntos.

El documento pone el foco en la red pública de salud. Da cuenta del acceso restringido a hospitales públicos y las graves deficiencias en el procedimiento de constatación de lesiones de las personas detenidas durante las protestas. Además, hace una revisión a las vulneraciones de derechos humanos sufridas por los miembros de la sociedad civil que han prestado atención de urgencia a través de brigadas sanitarias, identificando aquellos casos en que las policías han dificultado sus actividades.

Dentro de las recomendaciones que propone el capítulo, como primer elemento plantea implementar un mecanismo independiente de evaluación del armamento no letal utilizado por las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, “que deba pronunciarse, periódicamente, sobre los efectos de esta clase de armamento en la salud humana y que entregue información sobre los efectos en grupos especialmente vulnerables”. 

En un segundo punto, el documento propone “eliminar en las tareas de control del orden público las municiones de caucho”, a raíz de los casos de trauma ocular severo y que además, está en línea “con las recomendaciones dictadas por organismos internacionales y con las mejores prácticas observadas en el extranjero”.

El tercer elemento del informe de DD.HH. sugiere reformar los protocolos aplicables a la constatación de lesiones “asegurando que toda persona detenida tenga acceso oportuno y confidencial a los servicios de salud de urgencia”. Pone énfasis en “resguardar la reserva de la información constatada por los funcionarios de la salud, asegurando que no sea accesible a los funcionarios policiales. Dicho proceso de reforma debe incluir al Instituto Nacional de Derechos Humanos y a organizaciones de la sociedad civil”.

Otra de las sugerencias es incorporar un mecanismo “transparente y auditable de manera independiente con el cual Carabineros de Chile informe a las autoridades civiles acerca de la composición del armamento menos letal que utiliza en cada una de las manifestaciones públicas”. Donde sugiere pronunciarse acerca de la “cantidad y composición de las municiones percutadas, la concentración de los irritantes químicos empleados en el agua, y el tipo de armamento desplegado en cada oportunidad”.

No sólo eso, también propone investigar las graves restricciones en el acceso a hospitales públicos producidas durante la crisis social; instruir a los funcionarios que se desempeñan en los servicios de urgencias sobre la detección proactiva de lesiones y que en caso de sospecha de tortura u malos tratos sean catastrados; reformar la institucionalidad en salud de manera de reducir las desigualdades históricas; y por último, asegurar el respeto y protección del derecho a la salud, por medio de la reparación integral de las víctimas de violencia institucional.

Las mencionadas recomendaciones completan las 34 páginas en las que se analiza el último año y donde se pone especial énfasis en el recrudecimiento de la violencia durante la crisis social de octubre.