Eduardo Vergara ante ola de balaceras en Santiago: “Deberíamos avanzar en la prohibición total de la posesión de armas en manos de civiles”

A pocos días de la Navidad, la capital se ha teñido de sangre. Tres muertos y varios heridos dejó la seguidilla de tiroteos que tuvieron lugar en Maipú, Cerrillos, Lo Espejo y Lampa. Las causas son aún materia de investigación, pero se estiman ajustes de cuentas y otro tipo de actos ligados a la delincuencia.

Este escenario es preocupante para Eduardo Vergara, ex jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y actual director ejecutivo de la Fundación Chile 21, quien asegura que “estamos frente a un fenómeno que lamentablemente está creciendo y que tiene que ver con el aumento de los grados de violencia al momento no sólo de delinquir, sino que de resolver disputas de poder”.

¿Cuál es el fondo de este tipo de hechos?

El factor central aquí tiene que ver con el uso de armas y la disponibilidad de estas en manos de grupos de crimen organizado, bandas o individuos. Por un lado, hoy en Chile es tremendamente fácil adquirir un arma legal, lo que facilita la adquisición o importación por medio de partes. Por otro, con fronteras altamente porosas y puntos de ingreso bajo mala regulación, el ingreso de armas ilegales sigue creciendo. Como tercer factor, además vemos que ya hay demasiados casos de tráfico de armas desde las FF.AA. y policías a bandas criminales.

Más allá de los actos criminales mismos que hemos visto en las últimas horas, lo que nos debe preocupar es el indiscriminado uso de armas. La deuda en este tema es extremadamente grande. El Gobierno se ha negado a empujar modificaciones a la Ley de Armas y, sobre todo, a tomar acciones para frenar el fácil acceso a estas. El Ejecutivo debe hoy tomar medidas como el empadronamiento y fiscalización de todas las armas en el país, ya sea las que están en manos de civiles, uniformados y exuniformados. Hoy no sabemos exactamente en manos de quién están las armas, municiones y partes legales en el territorio nacional. Si ni siquiera sabemos esto, menos sabremos donde están las ilegales. Con todo, deberíamos además avanzar en la prohibición total de la posesión de armas en manos de civiles y, desde ese punto, poder focalizar toda la acción sobre las armas ilegales. Nada justifica que un civil tenga un arma en Chile.

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Pero estos hechos ¿son aislados o responden a un fenómeno mayor?

– El fenómeno es superior y tiene que ver con aristas sociales, económicas y políticas. Este fenómeno responde a la forma en que hemos enfrentado la seguridad y la inseguridad durante, al menos, las últimas cuatro décadas, donde ha primado una lógica de persecución y mano dura contra un segmento particular de la población bajo una obsesión por perseguir delitos contra la propiedad, mientras se hace vista gorda en otros sectores.

En consecuencia, la cárcel se ha transformado en una extensión de la pobreza, donde se generan espirales casi incontenibles, casi infinitos, de capital humano para delinquir, que son vistos como mano de obra desechable por las bandas criminales y de narcotráfico. Es así como a temprana edad, los jóvenes son reclutados o atraídos hacia la actividad criminal. En el camino, entran y salen del Sename, son perseguidos y castigados sistemáticamente, hasta que cumplen la mayoría de edad y pasan al mismo ciclo, pero entrando y saliendo de la cárcel.

Es una dinámica triste. En el camino, unos se mantienen dependientes de estas redes criminales mientras otros buscan y logran la independencia. De esta manera aparecen los enfrentamientos y las disputas por poder y territorios. Es un ciclo que avanza sin parar.

“Hoy no sabemos exactamente en manos de quién están las armas, municiones y partes legales en el territorio nacional. Si ni siquiera sabemos esto, menos sabremos donde están las ilegales”

Las autoridades policiales han elaborado un perfil del “neo-narco”, fraguado en pandemia, más agresivo y organizado, y que estaría a punto de infiltrar el Estado. ¿Te parece que existe una consolidación del poder del narcotráfico en Chile o sigue ocupando ese lugar secundarios que siempre se le ha atribuido?

– En el mes de mayo del 2019, desde Chile 21 publicamos un extenso informe sobre lo que argumentábamos sería el escenario de seguridad y sus consecuencias durante la pandemia. Entre las principales conclusiones se encontraba que el crimen organizado crecería en Chile, tanto en tamaño, como en influencia y poder. Entre otras razones, porque el Estado en muchos territorios no solo se contraería, sino que desaparecería. Frente a este escenario el crimen finalmente lo lograría reemplazar.

Sin embargo, los pronósticos del Gobierno y de “expertos”, hablaban de lo contrario. De las dificultades que el narco y el crimen organizado tendrían gracias a la baja movilidad y dificultad de mover bienes ilícitos, la mayor presencia policial y de FF.AA. junto con las medidas de excepcionalidad que permitirían mayor control. Incluso la policía llegó a argumentar que, frente al cierre de las fronteras, el tráfico de drogas disminuiría. Pero como es costumbre, subestimaron la capacidad de la criminalidad organizada y resultó que estábamos en lo correcto: La delincuencia, el narco y el crimen organizado salieron fortalecidos tras la pandemia.

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En los últimos días se han publicado noticias inquietantes, como los nexos del Cartel Jalisco Nueva Generación con el país. ¿Cómo hay que tomarse este tipo de señales? ¿Hay que encender las alarmas?

– Con cautela, pero sin subestimarlas. Si efectivamente el CJNG tiene redes y está presente en el país, estamos hablando de un problema serio. Esto no es por la novedad que exista la presencia de carteles internacionales en Chile. Durante décadas hemos convivido con su presencia en el país, pero en general, estos han caído en la lógica de que la paz y el silencio son mejores para el negocio.

Pero el caso de CJNG y de otros carteles similares que existen en países como México y Centroamérica hablan de una realidad diferente. Sus niveles de poder y forma de ejercer la violencia son brutales, y por medio de ello, terminan por penetrarlo todo, hasta el Estado. La paz ya no es un buen negocio. Sería muy preocupante que esto estuviese ya presente en el país.

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Ha habido bastante lentitud en la tramitación de proyectos claves para el control del crimen, como el desarme de la población civil. ¿A qué atribuyes que esto no avance? ¿Falta de voluntad política? ¿Intereses creados?

– El Gobierno sigue pensando que con medidas populistas de mano dura y particularmente haciendo seguridad por medio de pautas de prensa van a solucionar el problema. Si así fuera, mejor aumentamos todas las penas esperando que los delincuentes decidan quedarse en la casa o empezar un emprendimiento formal por miedo al castigo y a la cárcel. Pero no es así. La evidencia nos muestra que el aumento de pena o la creación de delitos termina por generar efectos regresivos. No solo es ineficiente en reducir el crimen, sino que termina por castigar desproporcionadamente a un sector vulnerable de la población, dando inicio al ciclo de castigo y libertad que te mencionaba antes.

El problema entonces no es de compromiso, sino ideológico. Mientras la derecha no supere su obsesión con el castigo como única respuesta y la hoy oposición entienda que no puede seguir siendo cómplice pasivo de esta lógica poco va a cambiar.

“La delincuencia, el narco y el crimen organizado salieron fortalecidos tras la pandemia”

En ese contexto, ¿Cuánto ayuda una eventual reforma a Carabineros?

– Con Carabineros el problema es un poco más complejo. El abandono y uso político de la institución es brutal. Hoy Carabineros es visto desde el poder como un fusible político que debe proteger el orden político del gobierno, mientras que desde la ciudadanía como una institución sin legitimidad y credibilidad que, además, no puede hacer su trabajo sin caer en brutalidad e incluso violaciones a los DD.HH.

Que una institución fundamental para la democracia sea vista de esta forma es un problema gigante. El Gobierno se impuso un plazo de 60 días para que la unidad de la reforma a Carabineros entregara una propuesta de reforma. Ese plazo venció hace semanas y todos se hacen los lesos empujando silenciosamente a Carabineros a un precipicio. El problema de Carabineros es un problema político, con responsabilidad de quienes hemos estado en el poder por décadas, independiente del sector político, pero la responsabilidad de destruir la institución recae principalmente sobre el gobierno actual.