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6 de Enero de 2021Línea de tiempo: Más de 10 años de investigación de la colusión de los pollos y aún no hay compensación para consumidores
Foto: Pixabay
El 2010 comenzó una investigación que destapó el llamado cartel de los pollos, constituido por las tres empresas avícolas que controlaban el 90% de la producción y que venía operando desde 1994. A ellos se les sumaron las tres cadenas de supermercados que fueron responsabilizadas de fijar los precios. El caso dejó allanamientos de oficinas, condenas y multas históricas, sin embargo, los consumidores aún no han recibido ninguna indemnización que, se calcula, debiera girar entre los 30 y 50 mil pesos por cada habitante del país. El panorama no es auspicioso, considerando que una de las compañías está empeñada en seguir dilatando el caso.
Poco más de 10 años han pasado desde que se inició la investigación de la colusión de la carne fresca de pollo, la principal fuente de proteína de los chilenos y el mercado más lucrativo de los productos cárnicos.
En el camino, se decretó sentencia judicial para Agrosuper, Ariztía y Don Pollo, las tres empresas avícolas que se repartieron la torta de la producción. Además, se condenó a las cadenas de supermercados Cencosud, Walmart y SMU por fijar los precios.
Sin embargo, hay una arista que aún no se cierra: La de los consumidores, que tras todo este proceso, aún no reciben ningún tipo de compensación. ¿Cómo se llegó a esto? En The Clinic construimos una línea de tiempo para revisarlo.
LA ENTREVISTA DETONANTE
16 de Abril de 2007
En un reportaje de la Revista del Campo de El Mercurio, casualmente titulada “Don Pollo ahora engordará cerdos”, el empresario Ramón Covarrubias Vives lanzó una frase que le pesaría para toda la investigación casi a modo de confesión:
“Para qué pelear con Súper Pollo, mejor es convivir. Como se dice: si tiene un enemigo muy poderoso, mejor únase a él. En los pollos pretendemos mantener el mercado que hemos conquistado y crecer junto con el país. Con Ariztía y Agrosuper tenemos una asociación gremial muy fuerte, a través de la cual hemos logrado acuerdos con respecto a lo que le corresponde a cada uno en el mercado. No nos vamos a quemar por un 1% más”.
SE INICIA LA INVESTIGACIÓN
24 de Septiembre de 2010
El Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, instruyó el inicio de una investigación reservada para conocer tanto el comportamiento de los supermercados como de comercializadores de la carne de pavo y pollo.
TIEMPO DE ALLANAMIENTOS
13 de Enero de 2011
La primera arista que comenzó a hacer ruido fue la de las empresas productoras de carne de pollo, particularmente de Agrosuper, Ariztía y Don Pollo, firmas vinculadas a las familias Vial, Ariztía y Covarrubias, respectivamente.
Ese verano, personal del OS9 de Carabineros irrumpió sorpresivamente en la oficina del presidente de la Asociación de Productores Avícolas (APA), Juan Miguel Ovalle, quien llevaba 15 años al mando del gremio que agrupaba a las tres compañías.
El operativo culminó con la incautación de un computador y un voluminoso lote de documentos, varios de ellos claves para la investigación. Posteriormente, también se allanaron las oficinas de las tres empresas del cartel.
SE DESTAPA EL CARTEL DE LOS POLLOS
30 de Noviembre de 2011
Tras varios meses de investigación, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento que acusó a Agrosuper, Ariztía y Don Pollo de coludirse para limitar la producción anual de carne de pollo.
De acuerdo al documento, el pacto venía funcionando a través de la Asociación de Productores Avícolas (APA) desde 1994, es decir, tenía más de 15 años de operación.
LA ARISTA DE LOS SUPERMERCADOS
14 de Diciembre de 2011
Mientras el caso de los productores de pollo iba viento en popa, la arista de los supermercados comenzaba a tomar forma. Ese día, la FNE obtuvo la autorización judicial para realizar allanamientos en las oficinas de SMU, Cencosud, Walmart y Tottus.
Tras el operativo, se requisaron computadores y se copió la correspondencia electrónica de varios empleados que, a la larga, terminó demostrando que había otro cartel de colusión funcionando en torno al precio de la carne de pollo.
LA SENTENCIA
25 de Septiembre de 2014
El Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) dictó sentencia por colusión contra las tres empresas avícolas que integraban el cartel. El documento, establece que se asignaron “cuotas en el mercado de producción y comercialización” de carne de pollo.
En total se establecieron multas cercanas a los 60 millones de dólares. Mientras Agrosuper y Ariztía fueron condenadas a pagar unos 25.4 millones de dólares cada una (las multas más altas que se pueden dictar por un caso de colusión), Don Pollo fue sentenciado a pagar 10.1 millones de dólares.
Además de resolvió la disolución de la Asociación de Productores Avícolas (APA).
EL PRIMER GOLPE A LOS CONSUMIDORES
30 de Octubre de 2015
La Corte Suprema confirmó el fallo del TDLC casi un año después, el 29 de octubre del 2015. Al día siguiente, la Corporación de Defensa de Consumidores y Usuarios (Conadecus) presentó una demanda colectiva por 1.200 millones de dólares para indemnizar a los consumidores afectados.
El 12 de noviembre, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) decidió hacer lo mismo. Sin embargo, inexplicablemente la acción judicial se presentó fuera del plazo legal, por lo que el Juzgado Civil de Santiago decidió rechazarla. La justicia también le reprochó al organismo no haberse hecho parte del recurso presentado por la FNE.
La demanda de Conadecus también naufragó en diciembre de 2016, luego de que el tribunal se declarara incompetente. ¿La razón? Los domicilios de las empresas avícolas mencionadas estaban fuera de su territorio jurisdiccional.
Conadecus lo intentó nuevamente en 2019, amparado en la Ley del Consumidor. Sin embargo, tuvo que recurrir a la Corte Suprema puesto que el TDLC la declaró inadmisible nuevamente por problemas de procedimiento.
SE DESTAPA EL CARTEL DE LOS SUPERMERCADOS
6 de Enero de 2016
Tras seis años de investigación, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) finalmente presentó un requerimiento por colusión contra las tres principales cadenas de supermercados del país: Cencosud, Walmart y SMU.
De acuerdo a la acusación, las tres empresas se coordinaron entre 2008 y 2011 para fijar precios mínimos de venta de la carne de pollo, lo que calificó como un atentado a la libre competencia.
HABEMUS SEGUNDA SENTENCIA
28 de Febrero de 2019
Tres años después, y en decisión unánime, el TDLC condenó a las tres cadenas de supermercados por haber ejecutado una práctica concertada en el mercado de la carne de pollo, aplicando una multa que bordeaba los 9.9 millones de dólares.
En su sentencia, el tribunal asegura que las tres compañías fijaron precios mínimos de venta de este alimento y que la coordinación se hizo a través de los mismos proveedores.
SE ENDURECEN LAS MULTAS
8 de Abril de 2020
La Corte Suprema finalmente ratificó el fallo del TDLC casi un año después. Sin embargo, endureció las penas contra Cencosud, SMU y Walmart, aumentando la multa total en un 120%.
“El perjuicio causado por los actos colusorios resulta merecedor de un castigo pecuniario ascendente al doble de las multas que vienen fijadas por el TDLC”, se asegura en la resolución del máximo tribunal.
De este modo, las tres cadenas de supermercados fueron sentenciadas a pagar 21 millones de dólares.
LOS 30 MIL PESOS PARA TODOS
27 de Abil de 2020
Tras el fallo, la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu) presentó un estudio que estima que el daño monetario causado por las tres empresas asciende a los 450 mil millones de pesos.
En esa misma línea, la entidad se tomó la libertad de calcular que a cada uno de los 15 millones de adultos que hay en Chile les debiera llegar una compensación de, al menos, 29.910 pesos.
EL CONTRAATAQUE DE LOS CONSUMIDORES
3 de Julio de 2020
El Sernac inició un Procedimiento Voluntario Colectivo para establecer compensaciones a los consumidores. A dicho mecanismo extrajudicial sólo se plegaron SMU y Walmart, sin embargo, Cencosud se negó a indemnizar.
Por esta razón, cinco meses después el organismo presentó una demanda colectiva contra la firma de Horst Paulmann, la que fue acogida ayer por el TDLC. Pese a la buena noticias, distintas organizaciones de consumidores lamentaron que una eventual compensación se siga dilatando a nivel judicial.
Paralelamente, en octubre del año pasado, la Asociación Gremial de Consumidores y Usuarios (Agrecu) presentó otra demanda contra las tres firmas de supermercados, donde exige que cada chileno reciba 50 mil pesos a modo de indemnización. La demanda fue declarada admisible un mes después y sigue su trámite en el TDLC.
