El 2010 comenzó una investigación que destapó el llamado cartel de los pollos, constituido por las tres empresas avícolas que controlaban el 90% de la producción, a los que después se sumaron las tres cadenas de supermercados que fueron responsabilizadas de fijar los precios. El caso dejó allanamientos de oficinas, condenas y multas históricas, sin embargo, los consumidores aún no han recibido ninguna indemnización que, se calcula, debiera girar entre los 30 y 50 mil pesos por cada habitante del país. El panorama no es auspicioso, considerando que una de las compañías está empeñada en salir libre de polvo y paja, y está haciendo todos los esfuerzos por seguir dilatando el caso.