Columna Diana Aurenque: De clanes y cielos clandestinos

Desde hace meses, nos hemos enterado de la realización de múltiples fiestas en plena pandemia, tanto en Chile como en distintas partes de Europa y Estados Unidos. La última controversia fue una fiesta en el balneario de Cachagua. La ocasión congregó a más de 200 jóvenes que celebraban, sin respetar ni resguardar medidas de protección sanitarias. El video denunciante mostraba algo así como un oasis, o un pedacito de cielo para ser más precisos; libre de bichos y de pandemia, lleno de sonrisas y de música. Un cielo, donde el propio presidente olvidó en su momento el uso de la mascarilla. 

Pero el cielo ese resultó, al final, tan terrenal como cualquier otro. A la fecha se han detectado 20 casos confirmados entre los participantes y se han abierto investigaciones para atribuir responsabilidades. El hecho ha provocado diversas reacciones: algunos políticos, como la diputada Ximena Ossandón, declaró sentir vergüenza, por reconocer que sus hijos eran parte del evento; en una línea cercana, el gobierno apeló a la función reguladora de los padres y al rol fiscalizadora sobre sus hijos; otros han criticado esta situación con mayor dureza por tratarse de celebraciones de jóvenes, evidentemente, pertenecientes a la élite económica del país; pero también hay quienes ven lo acontecido a partir de una mirada que critica a toda una generación, a los jóvenes en particular, más que a una clase en especial.

Desde el inicio de la pandemia se han detectado infractores. Sin embargo, también a lo largo de ésta, ha sido necesario distinguir entre simples “irresponsables y porfiados”, como han sido descritos en algunos canales de TV, de otras personas que por carencias reales y precariedad laboral se ven forzados a salir a las calles e incumplir las restricciones sanitarias. ¿En qué grupo localizamos a estos jóvenes sin caer en moralizaciones ni tampoco en indulgencias? O, mejor dicho, ¿qué aprendizajes nos puede dejar esto?

La tesis de la irresponsabilidad de los jóvenes queda corta. Pues sería injusto catalogar a toda una generación de imprudente considerando que ella misma ha sido movilizadora de una serie de cambios profundos en nuestro país; pensemos en el movimiento feminista, que ha logrado visibilizar y construir demandas en el ámbito de la protección de las mujeres; o recordemos que, en gran parte, le debemos una revuelta popular que nos tiene hoy ante un proceso constitucional inédito y necesario para el país. En ese sentido, estereotipar a la juventud como desobediente e irresponsable demoniza a una generación injustamente.

Concordemos, por otra parte, que organizar y concurrir a reuniones masivas en plena pandemia no es aceptable. Y aquí seamos ecuánimes: esto vale para todos, se trate de eventos organizados por una élite o por sectores menos acomodados o hasta vulnerables.

Con todo, hay algo que molesta en especial del caso Cachagua. Lo que irrita, con justa razón, se debe principalmente al manejo arbitrario por parte de las fuerzas del orden. En concreto, la evidente condescendencia por parte de Carabineros al enterarse del evento, que en este caso no tuvo un solo detenido, mientras que en otras ocasiones hemos visto otro proceder. La inconsistencia en su actuar indigna y exige, no tanto penas ejemplares, pero sí que se investigue lo acontecido y se atribuyan las responsabilidades meritorias a todos los involucrados; tanto a la falta de los y las infractores, como también a la incongruencia en el actuar de Carabineros. Que ningún clan, por poderoso que sea, pueda infringir la ley es lo primero que debe asegurarse.

En segundo lugar, el caso nos deja otra reflexión. Pues, si el resultado del último plebiscito dejó en evidencia que el país sufre una profunda división entre élite económica y pueblo, o, el “resto” de la ciudadanía, es indudable que el “Cachagua-gate” exponer esta problemática con nueva insistencia. 

¿No deberíamos esperar de quienes tienen más –más capital cultural, mejor acceso a educación y servicios de salud, así como también mayor solvencia económica– un poco más de solidaridad y empatía con el resto del país? Desde el plano ético, no cabe duda de que sí, aún cuando a nivel jurídico los infractores no se distingan de otros. El caso plantea, con un foco peculiar, la irresponsabilidad y desapego de una clase privilegiada con las demás: mientras unos comen pastel, otros retiran los ahorros de sus vidas, sus pensiones, para salir adelante.

Y, en tercer lugar, volvamos a los jóvenes. En un contexto de mensajes contradictorios emitidos por las autoridades, ¿podemos pedirle más responsabilidad? Hoy, los casos de contagios suben a más de 4.000 diarios, hay zonas del país con colapso en el uso de camas críticas y, sin embargo, contamos con “permisos de vacaciones” y los centros comerciales siguen abiertos de lunes a viernes. Ahí, sin clandestinidad y con total autorización de los gobernantes, los adultos pueden olvidar la pandemia. Pero los jóvenes, no.

Ellos, que en su mayoría carecen de la independencia económica, han sido de los grupos más afectados -sobre todo en lo relativo a su salud mental- por las restricciones sanitarias: sin cercanía con sus pares, educándose por vías virtuales y viviendo por más de un año en toque de queda permanente. Los jóvenes han sido de los grupos menos atendidos. 

Quizás es cierto que el Estado no está en condiciones de ofrecer directrices seguras para permitir fiestas y encuentros masivos; pero no deja de ser importante que piense en mecanismos que asuman la necesidad de socialización y esparcimiento de este grupo, y se deje de estigmatizar sus conductas. Puras restricciones y prohibiciones pueden propiciar más desobediencia civil. Así, quizás una opción posible, y que ponga al centro sus necesidades, sea terminar de una vez con el toque de queda y permitirles reunirse en grupos pequeños y generar nuevas formas de esparcimiento.

Si todos debemos aprender a vivir en pandemia, ello debe incluir también a los jóvenes. No basta que sólo se considere a quienes tengan incidencia laboral y/o económica; o que los infantes tengan permisos para paseos, o que a los adultos mayores se les haya devuelto la libertad de movilidad. Los jóvenes han quedado sin espacios ni verdadero lugar en este entramado pandémico. Y la respuesta a ello es su propia exclusión e incluso su puesta en riesgo. ¿No podríamos intentar reconocerlos un poco más y proporcionarles más libertad luego de todo lo que nos han enseñado?

 *Diana Aurenque es filósofa, académica de la Universidad de Santiago de Chile (Usach).