De Airpods hasta estampados para autos: los curiosos gastos de diputados que rechazó el Congreso

Marcelo Díaz adquirió para la implementación de su oficina, un par de audífonos Airpods de Apple y aros de luz considerados como equipo de iluminación. El gasto sería financiado con las asignaciones que el Estado dispone para los parlamentarios bajo el ítem gastos operaciones. Pero el Consejo Resolutivo de Asignaciones dijo otra cosa.

Según información pública, el Comité de Auditoría Parlamentaria, en su revisión sobre asignación de oficinas, consultó al Consejo acerca de la procedencia de estas adquisiciones.

En su respuesta, la entidad rechazó que este gasto fuera pagado por el Congreso, y lo hizo, argumentando dos razones. La primera: porque a juicio de los consejeros liderados por el exsenador Andrés Zaldívar, esos artículos no forman parte del equipamiento propio de una oficina parlamentaria. Y dos, porque resultaría muy difícil verificar que esos artículos fueran utilizados solamente para la función parlamentaria.

Díaz apeló a la decisión el 25 de enero pasado, solicitando una reconsideración, pero el rechazo del Consejo fue todavía más severo: “Se confirma la decisión informada en el oficio precitado, considerando, además, el carácter personal de estos aparatos electrónicos, su naturaleza esencialmente accesoria y el elevado costo de los mismos”.

Estos implementos son parte de los gastos rechazados por la entidad en los últimos meses. Por mandato constitucional, la entidad justamente fija los criterios de uso de las asignaciones de los legisladores, quienes disponen de cerca de $12 millones mensuales para cumplir con su función parlamentaria.

Otro caso es el del diputado Pablo Prieto. El legislador dice que lo suyo fue una consulta nada más, y que el estampado para su oficina móvil que instaló en noviembre pasado, lo terminó pagando él.

El parlamentario RN tenía antes en el vehículo, una van Citroen Jumper, su propia imagen . Pero al igual que varios parlamentarios, después del estallido social, optó por cambiarlo y dejar solamente su nombre. En su caso, en su oficina móvil dice “Pablo Prieto de la gente“, donde además ofrece servicios jurídicos y sociales a la comunidad de su distrito en el Maule.

Pero el Consejo definió lo siguiente : “El consejo decidió su rechazo, toda vez que los servicios no se ajustan a lo regulado en la normativa vigente que, únicamente permite referencias a servicios de orientación a la ciudadanía, excluyendo expresamente la realización de gestiones a favor de terceros”.

El diputado DC, Pablo Lorenzini, también solicitó reembolso por gasto de automóvil. Según información de la Cámara, el diputado quiso cambiar los neumáticos de su auto producto del desgaste que significa recorrer su distrito. Pero la corporación estimó que ese gasto está contenido en el pago que a todos los parlamentarios se les otorga por concepto de amortización de vehículo -aparte de las asignaciones- y que asciende a $203.262 mensuales.

Según la normativa vigente, esta amortización se hace para solo un vehículo propio de cada parlamentario, previa inscripción de su patente en los registros del Congreso.

Pero Lorenzini escribió una carta en noviembre, al Consejo Resolutivo para poder reembolsar ese gasto que rechazó la Cámara, el que tampoco fue autorizado por la instancia.

“El Consejo acordó, en forma unánime, en su sesión telemática del primero de diciembre del presente, confirmar la decisión de la Corporación”, dijo, resolución que Lorenzini volvió a apelar a través de una segunda carta.

El organismo resolvió finalmente : “En forma unánime, señalar que no corresponde la imputación solicitada, por cuanto aquello no puede considerarse un gasto de mantención del vehículo”.

The Clinic intentó sin éxito ubicar al diputado para conocer las razones de sus apelaciones.

Para el caso de la diputada RD, Catalina Pérez, los gastos de la empresa de servicios de reciclaje, Norte Sustentable Limitada, fueron autorizados por esta vez, pero el Consejo solicitó a la parlamentaria utilizar otras vías.

Según explica la diputada, en su sede de Antofagasta poseen un Centro Limpio, uno de los pocos, dice, de la ciudad.

Pero el consejo explica lo siguiente en su resolución del 21 de enero pasado: “El Consejo consideró oportuno instar a que, en el futuro, se considere realizar esta misma gestión a través de alguna fundación, un organización sin fin de lucro, o bien, por medio de una entidad pública”, señaló.

Pero la diputada tiene argumentos para rebatir: “No exista una organización sin fines de lucro o fundación que tenga resolución sanitaria del servicio de salud para el transporte y almacenamiento de residuos”, dice. “No es que hayamos optado por una empresa en desmedro de una ONG o fundación sino que no existen en la comuna”.

La parlamentaria agrega que el punto limpio “lo pagamos nosotros (yo), no lo hicimos con plata del congreso. Es luego, el retiro del material y la certificación de lo que fue reciclado lo que sí contratamos, porque claro, no lo podemos hacer nosotros”, puntualiza.