Control Preventivo de Identidad: el "pecado original" de la (ex) Nueva Mayoría

Foto: Agencia UNO

Control Preventivo de Identidad: el “pecado original” de la (ex) Nueva Mayoría

Tras la muerte del artista callejero Francisco Martínez el fin de semana pasado en Panguipulli, reflotó el debate respecto a la eficacia de la ley de Control Preventivo de Identidad, procedimiento al que el joven se negó, gatillando los seis balazos con que le respondió un efectivo de Carabineros. Una norma que tuvo su origen en el gobierno de la Nueva Mayoría, presionada por el clima de inseguridad que amplificaban los medios, y que tuvo una compleja tramitación hasta dividir a la extinta coalición de gobierno.

La trágica escena ha sido uno de los últimos hitos de la violencia policial en Chile y aún sigue resonando en la discusión política de la izquierda: el carabinero Juan González Iturra abatía con seis balazos al artista callejero Francisco Martínez en la tarde del viernes pasado en la localidad de Panguipulli, provocando con las horas un profundo malestar social que derivó en la quema de la propia municipalidad y otros servicios públicos del pueblo. 

En la retina del hecho -que dejó al policía imputado con orden de arraigo y firma quincenal por sentencia de la Corte de Apelaciones- quedó uno de los factores que gatilló aquella muerte: la aplicación de la Ley de Control Preventivo de Identidad, procedimiento al que Martínez se negó con sus dramáticas consecuencias. En las horas que siguieron, los actores políticos de la oposición y expertos en materia de seguridad apuntaron a una norma cuestionada por su ineficacia de su declarado objetivo y por presunto sesgo discriminatorio en su aplicación, reflotando así la ofensiva de sectores de la oposición de derogar dicha normativa. 

Una ley que fue impulsada en la segunda administración de Michelle Bachelet y que generó un duro debate en el seno de la propia izquierda, evidenciando de paso una honda fisura al interior de la ex Nueva Mayoría, entonces coalición de gobierno. 

Presión Mediática y los primeros signos de división oficialista

Año 2015. Por entonces, la Nueva Mayoría intentaba llevar a cabo su programa de transformaciones estructurales -impuestos, gratuidad en la educación, nueva Constitución- con las primeras señales de agotamiento: la Democracia Cristiana desconocía el plan de gobierno -“Yo no firmé ni suscribí ningún programa”, reconocería después el entonces timonel de la Falange, Ignacio Walker-, el surgimiento del Caso Caval impactó en la línea de flotación del gobierno al estar involucrado el hijo de la Presidenta en un negocio inmobiliario gestionado con información privilegiada, lo que por cierto fue minando la popularidad de aquella administración. Junto a ello, además, una creciente sensación de inseguridad amplificada por notas televisivas, donde daban cuenta de toda serie de delitos en la vía pública, particularmente el modus operandi llamado “portonazo”, novedad en el mundo delictual.

Algo había que hacer, era necesario un giro. 

Fue entonces cuando el gobierno ingresó a la Cámara un proyecto de ley rotulado como “Agenda Corta Antidelincuencia” en enero del 2015, el que contenía una serie de normas que endurecían procedimientos y penas apuntando a combatir la delincuencia. En los antecedentes del proyecto ya se recogía el clima de inseguridad imperante en la época, algo que resultó determinante para el futuro de la iniciativa, reconocen todas las fuentes consultadas por este medio. “El aumento de la actividad criminal y de la sensación de inseguridad por parte de la ciudadanía, medido a través de encuestas de victimización y tasas de denuncia, hacen necesario combatir los delitos de mayor connotación social”, decía el primer párrafo del proyecto. 

Una de estas normas era el llamado “Control Preventivo de Identidad”, la que inicialmente no estaba en el texto que el Ejecutivo ingresó al Parlamento. Esto, debido a que La Moneda resolvió patrocinar una indicación, impulsada por los diputados Gonzalo Fuenzalida (RN), Gabriel Silber (DC) y Daniel Farcas (PPD), donde se modificaba el artículo 85 del Código Procesal Penal, a objeto de facultar a las policías para solicitar “la identificación de cualquier persona para cotejar la existencia de órdenes de detención pendientes”. 

El gobierno ingresó a la Cámara un proyecto de ley rotulado como “Agenda Corta Antidelincuencia” en enero del 2015, el que contenía una serie de normas que endurecían procedimientos y penas apuntando a combatir la delincuencia. En los antecedentes del proyecto ya se recogía el clima de inseguridad imperante en la época, algo que resultó determinante para el futuro de la iniciativa, reconocen todas las fuentes consultadas por este medio. ‘El aumento de la actividad criminal y de la sensación de inseguridad por parte de la ciudadanía, medido a través de encuestas de victimización y tasas de denuncia, hacen necesario combatir los delitos de mayor connotación social’, decía el primer párrafo del proyecto.

En la izquierda oficialista y el Frente Amplio en estado embrionario –Giorgio Jackson, Gabriel Boric y Vlado Mirosevic– se opusieron desde un principio a la medida. El problema, sin embargo, quedó radicado en la coalición gobernante, cuando dos de sus partidos se negaron a apoyar una ley que, acusaron y acusan, tiene un sesgo de clase: los sectores vulnerables serían los más perjudicados. 

Posturas que fueron quedando evidenciadas en los diálogos informales del Congreso y en las sesiones legislativas de las comisiones involucradas -Seguridad Ciudadana, Constitución-. Fuentes de la época de la Nueva Mayoría sostienen que esta agenda fue impulsada, principalmente, por el Ministerio del Interior que encabezaba el DC Jorge Burgos, quien fuera designado como jefe de gabinete tras la salida de Rodrigo Peñailillo (PPD) Una nominación que trajo quebraderos de cabeza para el ala progresista del gobierno dada la resistencia -recuerdan las fuentes- a impulsar el Proceso Constituyente que Michelle Bachelet había prometido en su segunda administración y que, en ese minuto, lideraba una agenda calificada como “represiva”. 

En su primera etapa de tramitación comenzaron los primeros resquemores ante la iniciativa. Fuentes consultadas por este medio recuerdan una sesión en la Comisión de Seguridad Ciudadana donde el entonces ministro de Justicia, José Antonio Gómez, defendía el proyecto poniendo de ejemplo el caso del robo del teléfono celular en una señora que viaja micro. Acto seguido, una asesora del diputado Giorgio Jackson salió de la instancia al borde de las lágrimas. Meses más tarde, los parlamentarios de gobierno en la Comisión de Constitución negociaron una nueva redacción para el Control Preventivo de Identidad que suavizaba su carácter punitivo, pero que mantenía el procedimiento “a cualquier persona”, pues ya la izquierda miraba con recelo la iniciativa. 

Jorge Burgos, exministro del Interior. Foto: Agencia UNO

Aquel 9 de Septiembre del 2015, el proyecto fue aprobado en su primer trámite por 88 votos a favor, 16 en contra y 7 abstenciones. Esta votación fue la primera muestra del quiebre que generaría en la Nueva Mayoría, pues en los votos que rechazaron se encontraba la bancada PC, el extinto Amplitud -Joaquín Godoy, Pedro Browne y Karla Rubilar-, el Frente Amplio -Jackson, Boric y Mirosevic-, el independiente Sergio Aguiló (ex PS) y las primeras señales del discolaje socialista: Daniel Melo y Clemira Pacheco

Pasaron los meses y fue en Abril del 2016 donde la Agenda Corta Antidelincuencia volvió a la palestra, esta vez profundizando de forma sostenida la división que se avecinaba en el oficialismo de la época. En efecto, el proyecto fue ratificado en el Senado, con una modificación etaria para el Control Preventivo de Identidad: se aplicaría desde los 14 años de edad. La votación, sin embargo, replicó la división oficialista: 20 votos a favor y 14 en contra de los comités PS, PPD, y los independientes Carlos Bianchi y Antonio Horvath. De vuelta en la Cámara, ya en su tercer trámite, las críticas contra el Control Preventivo de Identidad se incrementaron: el haber puesto un umbral etario, alertó sobre otro flanco de críticas: el someter a menores de edad a este procedimiento. 

Fuentes de la entonces Nueva Mayoría recuerdan las intensas gestiones que por esas semanas protagonizó el ministro del Interior, Jorge Burgos, y su par de Justicia, Javiera Blanco y, en menor medida, el entonces vocero de gobierno, Marcelo Díaz -actual diputado y líder de Unir, precandidato presidencial a disposición del Frente  Amplio- y el ex subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey. Tratativas que intentaron salvar los votos una vez que el proyecto llegó a Comisión Mixta, debido a las diferencias expresadas ante el texto por ambas cámaras legislativas. La línea argumental con que se intentaba persuadir a los parlamentarios, era que el gobierno requería entregar una respuesta rápida y contundente al clima de inseguridad que vivía el país. La crítica desde el “fuego amigo” se sintetizaba en un concepto: populismo penal. 

El exvocero de Gobierno, Marcelo Díaz, y la exministra de Justicia, Javiera Blanco, en La Moneda. Foto: Agencia UNO

El PS en la encrucijada: lealtad y convicciones

Fueron en esas semanas que desde la bancada de diputados PS comenzaron las conversaciones para objetar el proyecto en el Tribunal Constitucional debido a la presunta vulneración de garantías constitucionales que contenía la iniciativa, a saber: juicios simplificados en ausencia del imputado, aumentos de penas para los juicios abreviados por delitos de robo y hurto, facultad de los policías para ingresar al hogar sin orden previa y, por cierto, el mismo Control Preventivo de Identidad. 

La ofensiva la lideró el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade. Reconocido escudero de la ex Presidenta por esos años, excompañeros de militancia en el PS-Almeyda durante la dictadura y uno de los fundadores de la Nueva Mayoría, Andrade y el PS enfrentaba por ese entonces la compleja contradicción de oponerse a una política promovida por el gobierno de la Compañera Presidenta. Andrade, además, tenía la presión directa de un electorado de raigambre popular al ser representante del entonces Distrito 29 conformado, entre otros, por las comunas de Puente Alto y La Pintana, allí donde -temía-, se aplicaría con mayor fuerza el Control Preventivo de Identidad.

Así, Andrade comenzó a buscar los respaldos para ingresar el requerimiento al Tribunal Constitucional. Se requerían 30 firmas y, en principio, sus pares de bancada y otros colegas de la coalición, comprometieron su apoyo. Respaldos que, sin embargo, fueron cayéndose con el paso de los días. Fuentes de la época sostienen que las presiones desde el Ministerio del Interior que lideraba Jorge Burgos fueron determinantes para dejar sin piso el requerimiento al TC. Las fuentes agregan que también se recurrió al apoyo de los parlamentarios del FA, quienes tampoco suscribieron el documento para no avalar al Tribunal Constitucional, organismo que en la época había sido utilizado por la derecha para bloquear distintas iniciativas que se tramitaban en la época, como la Reforma Educacional -Ley de Inclusión y aspectos de la gratuidad, punto sensible para RD, que por entonces ejercía la inefable fase de “colaboración crítica” con el gobierno de Bachelet-, además de no querer aparecer en la foto ante una iniciativa de un partido que, pese a todo, en algunas votaciones sí entregó votos favorables al Control Preventivo de Identidad durante el proceso legislativo y que, en definitiva, fue impulsado por un gobierno socialista, rememoran fuentes de la época. 

Osvaldo Andrade. Foto: Agencia UNO

En paralelo, algunos diputados socialistas, como Juan Luis Castro, Jenny Álvarez, Raúl Saldívar y Leonardo Soto, fueron a La Moneda a entregar un manifiesto contra la Agenda Corta Antidelincuencia, donde solicitaron retirar el Control Preventivo y un aspecto que penalizaba la filtración de información judicial a medios de comunicación, dada la vulneración del principio de libertad de expresión. El documento fue respaldado también por diputados DC -Ricardo Rincón y Patricio Vallespín-, la Asociación de Defensores Públicos de Chile, entre otros. Por esos días, además, académicos y juristas ya criticaban el proyecto, llenando las páginas de “Cartas al Director” de los diarios de la plaza. Destacaban por esos días la postura crítica expresada públicamente por dos juristas de sensibilidad de derecha: Gabriel Zaliasnik y el ex ministro del Interior, el abogado Rodrigo Hinzpeter

Mientras, las autoridades del gobierno de la época defendían el Control Preventivo, según la prensa de esos días. “Creemos que es una medida eficaz, además en Chile existen pocas normas preventivas”, declaraba el entonces Subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey. “Esto es similar al control vehicular, es una fiscalización preventiva”, complementaba con pedagogía Javiera Blanco. 

Con todo, el 18 de Mayo del 2016 fue un día crucial. En la Cámara se votó el informe de la Comisión Mixta de la Agenda Corta Antidelincuencia, el que fue aprobado por 69 votos a favor y 34 en contra, donde se contaron la oposición de las bancadas PS, PC y FA. El mismo día, el informe de la Mixta fue aprobado en el Senado por 29 votos a favor y uno en contra (Alejandro Navarro)

A la victoria del gobierno, se contraponía la derrota de su partido ancla: pese a todas las señales críticas al proyecto, la ley se despachó para ser promulgada, con algunas modificaciones al texto original, como que el Control Preventivo se aplicaría sólo a mayores de edad, punto rebatido por los expertos en la actualidad. Con todo, en el socialismo aún se digería la idea de acudir al Tribunal Constitucional, algo criticado por el entonces titular de Interior, Jorge Burgos: “No suena muy bien que una bancada oficialista o un grupo de la bancada oficialista lleve al Tribunal Constitucional un proyecto de su gobierno, para que le voy a engañar, no suena bien”, dijo, con honesta sensibilidad auditiva, el jefe de gabinete del gobierno de Michelle Bachelet, en entrevista con radio Duna. 

Esta vez, sin embargo, fue el diputado Osvaldo Andrade, entonces presidente de la Cámara de Diputados, quien optó por acudir al organismo a título personal a través de un “téngase presente” para la revisión de presuntas trasgresiones a principios constitucionales. Estuvo a un tris que el TC le diera la razón: votación casi empatada con 5 votos a favor y 5 en contra, dirimida finalmente por el voto en contra de quien presidía el tribunal, el jurista Carlos Carmona

“Lo hice porque tenía un imperativo político ético, pero además, porque expresa una clara discriminación. El Control de Identidad se le hace al mundo popular, a los cabros de pelo largo, a los morenos, y yo en ese tiempo representaba un distrito donde claramente se expresa esa estigmatización. Reconozco que nadie me acompañó”, recuerda a The Clinic el ex diputado PS Osvaldo Andrade sobre su arremetida en el TC, quien añade una crítica al gobierno que tanto defendió, pero del que se opuso ante esta ley. “Fue una decisión equivocada del gobierno, porque aquí operó mucho una cierta presión mediática, como que con esto se iba a mejorar la seguridad pública, la seguridad en las calles, y la experiencia ha demostrado que fue completamente inútil. En ese entonces se usaba la frase ‘El que nada hace, nada teme’, como que poco menos esto era una cosa inocua y la verdad que pensar que a una persona la detengan en la calle, es de suyo una afectación a derechos básicos de las personas. Fue una respuesta equivocada a una presión mediática”. 

Una crítica al Control Preventivo de Identidad que aún es compartida por el diputado PS Leonardo Soto. “El balance es completamente negativo. Es una atribución policial universal, absolutamente excesiva, que se ejerce en las calles sin ningún control real ni entrenamiento, con criterios de discriminación sobre personas pobres, jóvenes o distintos que no tienen compromiso delictual. El malabarista de Panguipulli es un símbolo del fracaso de esta herramienta policial. Este joven nunca debió haber muerto, fue víctima de una facultad policial mal diseñada por la ley y peor ejercida por la policía”, dice el legislador. 

“Todo gobierno tiene aciertos y errores. El de la Nueva Mayoría cometió un gran error al comprar esta idea de la derecha de que si se entregaban más facultades a las policías para limitar y restringir las libertades de las personas, se iba a tener mejores resultados contra la delincuencia o la inseguridad ciudadana (…) también tuvieron algún tipo de responsabilidad los parlamentarios que aprobaron la ley que entregó estas facultades policiales excesivas, sin control, sin entrenamiento y sin protocolos claros para los policías, a sabiendas que en el debate legislativo le dijimos que esto podía ocurrir. Todos ellos también contribuyeron a la muerte del joven de Panguipulli y hoy guardan silencio”, añade. 

“Fue una decisión equivocada del gobierno, porque aquí operó mucho una cierta presión mediática, como que con esto se iba a mejorar la seguridad pública, la seguridad en las calles, y la experiencia ha demostrado que fue completamente inútil. En ese entonces se usaba la frase ‘El que nada hace, nada teme’, como que poco menos esto era una cosa inocua (…) Fue una respuesta equivocada a una presión mediática”
– Osvaldo Andrade, exdiputado y expresidente del PS

La mano estirada: epílogo de una fase compleja

A los días de haberse despachado a ley la Agenda Corta Antidelincuencia con el Control Preventivo de Identidad, llegó ese rito republicano de la cuenta pública del 21 de Mayo en Valparaíso. Parlamentarios y asesores aún recuerdan cuando el entonces titular de Interior, Jorge Burgos, dejó con la mano estirada al diputado Soto, quien integraba la “Comisión Pórtico” que recibía a las autoridades de gobierno en la mullida alfombra roja que conducía al Congreso Pleno.

Un par de semanas después, Burgos -quien declinó hablar con The Clinic para esta crónica- protagonizaría una bullada renuncia al gobierno de la Nueva Mayoría, donde al parecer nunca hubo complicidad ni cercanía ideológica. 

Pero esa es otra historia. 

Comentarios
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