Por adulterar facturas y malversar fondos públicos: Empresa TMI presenta querella que apunta al Servicio de Salud Metropolitano Central

El pasado 27 de noviembre, la empresa Seguridad Integral TMI S.A presentó una querella por falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil y malversación de caudales públicos en modalidad “negativa de pago” contra “todos quienes resulten responsables con el devenir de la investigación”, donde se solicitan diligencias investigativas respecto de funcionarios del Servicio de Salud Metropolitano Central (SSMC).

“La querella se presenta por dos delitos. Uno es el delito de falsificación de instrumento, consistente en la adulteración de diversas facturas con el objeto de no pagar las mismas por los servicios efectivamente prestados por TMI. Y dos, un delito de malversación de caudales públicos en modalidad de no pago sin causa justificada”, explica el abogado querellante, Omar Abuid. 

“Este último es un delito de tipo funcionario, eso significa que sólo los funcionarios públicos que tienen a su cargo los caudales públicos pueden cometerlo, sin perjuicio de que la intervención de personas que no poseen dicha calidad puede igualmente sancionarse penalmente tal como lo ha sostenido en diversos fallos nuestra jurisprudencia nacional. Dentro de este segundo delito, lo que ocurrió fue que existían fondos destinados a pagar por la prestación de servicios que la empresa TMI prestó durante cierto tiempo y que no se han pagado hasta la fecha sin justificación alguna para ello”, puntualiza.

La empresa acusa no haber recibido los pagos correspondientes de parte del SSMC, luego de haber realizado trabajos de mantención de aseo. Según la empresa, a la fecha el SSMC les adeuda más de $172 millones, pese a que hubo una ampliación del contrato, el cual fue visado por Contraloría. 

De acuerdo con lo indicado en la querella, el 8 de marzo de 2018, se aprobaron las bases de licitación para la contratación de servicios de aseo para Cesfam y dependencias de la Dirección de Atención Primaria (DAP) y SSMC, la cual tenía un presupuesto disponible de $2.475 millones.

“Existían fondos destinados a pagar por la prestación de servicios que la empresa TMI prestó durante cierto tiempo y que no se han pagado hasta la fecha sin justificación alguna para ello”, explica el abogado querellante, Omar Abuid.

El 12 de junio de 2018, la DAP-SSMC adjudicó la licitación a TMI por un monto total de $1.863.540.000 por un período de 29 meses, desde el 1 de julio de 2018 hasta el 30 de noviembre de 2020. Un mes después, se aprobó el contrato con TMI por el plazo indicado anteriormente. 

El 17 de diciembre de 2018, la DAP-SMMC dictó una resolución que aprobó la ampliación de contrato por un total de $211.201.200; es decir, alrededor del 11% del monto total del contrato adjudicado. Según se indica en la querella, dicha ampliación fue iniciativa del propio SSMC y la Contraloría tomó razón de ellos el 10 de enero de 2019.

“En cuanto a los motivos por los que se produjo la ampliación de contrato, podemos señalar que esto se debió a que la DAP-SSMC requirió a TMI la realización de servicios adicionales no contemplados originalmente en el pliego de condiciones”, se señala en la querella. Estos servicios, según la empresa, se prestaron íntegramente hasta la fecha de término del contrato.

TMI emitió una serie de facturas en el marco de los servicios adicionales de aseo que se prestaron a la DAP-SSMC. Según la empresa, en medio del proceso de reclamo de la deuda, se percató de que funcionarios públicos del SSMC usaron timbres adulterados en las facturas de pago para modificarlas con el fin de que éstas no tuvieran cobertura en el marco del contrato y usarlo como argumento para no pagar. Declaran que en dichos documentos se aprecia que el timbre original fue borrado con corrector. Frente a estos hechos, decidieron presentar una querella criminal.

La empresa acusa no haber recibido los pagos correspondientes de parte del SSMC, luego de haber realizado trabajos de mantención de aseo. Según la empresa, a la fecha el SSMC les adeuda más de $172 millones, pese a que hubo una ampliación del contrato, el cual fue visado por Contraloría. 

“Esto excede un mero incumplimiento contractual, que sería una cuestión de carácter civil. Acá hay delitos comprometidos, porque lo que se hizo por parte de la administración fue adulterar fechas de determinadas facturas para evitar pagar en la fecha correspondiente los servicios que se debían pagar”, explica Abuid.

Según se detalla en la querella, la asesoría contable de la empresa logró identificar la adulteración y falsificación de firmas respecto de la fecha de recepción de cuatro facturas emitidas por TMI y recibidas por el SSMC, que correspondían a servicios prestados entre septiembre de 2018 y diciembre de ese mismo año. 

También se menciona que TMI tiene en su poder facturas enviadas al Servicio y entregadas el 7 de enero de 2019 y también tiene facturas del mismo número, con un timbre y fecha de recepción distinto (31 de diciembre de 2018). En esos documentos, indica la querella, se aprecia claramente la adulteración.

“Así, los nuevos y falsos timbres dan cuenta que dichas facturas se habrían recibido en una época anterior a la que realmente se recibieron. Y ello se hizo, con el solo propósito de que dichos documentos quedaran sin cobertura del contrato (toda vez que la extensión de contrato aún no se encontraba formalmente visada por su propia administración)”, se señala en el documento de la acción legal. 

Según la empresa, en medio del proceso de reclamo de la deuda, se percató de que funcionarios públicos del SSMC usaron timbres adulterados en las facturas de pago para modificarlas con el fin de que éstas no tuvieran cobertura en el marco del contrato y usarlo como argumento para no pagar.

A raíz de la situación, TMI ha presentado cinco reclamos a Contraloría. De acuerdo con la querella, en dichos reclamos se informa al ente que funcionarios de la DAP-SSMC habrían falsificado deliberadamente el timbre de recepción de estas facturas y se indica que Contraloría, luego de investigar, ha declarado en todas las instancias que el SSMC debe pagar a TMI.

Desde Contraloría, confirman a The Clinic la recepción de dichos reclamos, pero dijeron no poder referirse con mayor detalle a la situación por tratarse de una situación que aún está en curso. 

Sin embargo, en la querella se expone una de las resoluciones de Contraloría respecto al último de los reclamos.

En esa resolución, se señala lo siguiente: “El oficio Nº 2.748 concluyó que la DAP debía adoptar las medidas respectivas para enterar al reclamante las sumas adeudadas por los servicios adicionales que la empresa TMI S.A, efectivamente había prestado en los centros de salud del mismo (…) sin que el aludido requerimiento haya sido satisfecho, ni con posterioridad a las reiteradas peticiones, se insiste al organismo que debe dar cumplimiento a lo instruido en ese oficio”.

Sobre la querella presentada, el SSMC respondió a The Clinic que “ni el SSMC ni ninguno de sus funcionarios tienen la calidad de querellados, sino que hemos tomado conocimiento de dicha acción a través del Ministerio Público y a quien hemos remitido todos los documentos necesarios para iniciar su investigación. En paralelo, los antecedentes de esa acción legal ya fueron incorporados al procedimiento disciplinario en curso, instruido previamente por este Servicio de Salud, para indagar la eventual existencia de responsabilidades administrativas en esta contratación”.

Y añade: “Teniendo en consideración que la vinculación contractual con la empresa TMI S.A. se ha judicializado, corresponderá al juez dirimir la contienda entre las partes y señalar mediante su sentencia lo que en derecho corresponda, resolución que el SSMC atenderá con el mayor apego y en el más breve plazo posible, dado que como órgano de la administración del Estado debemos cautelar la integridad del patrimonio fiscal”.

Cabe destacar que la querella fue presentada contra “quienes resulten responsables” de los hechos imputados. Lo explica el abogado Abuid: “Esta acción se presentó inicialmente contra quienes resulten responsables, porque cuando nosotros la presentamos no teníamos mayores antecedentes de qué persona en particular adulteró las facturas. Sin embargo, apunta directamente al Servicio y se solicitan diligencias investigativas contra sus funcionarios directivos, quienes tienen la calidad de imputados, pues son las personas respecto de las cuales se sigue una investigación en su contra desde las primeras diligencias investigativas”.

Asimismo se consigna en la querella. “Si bien no existe claridad en este estadio procesal del sujeto activo específico que cometió el delito al interior del SSMC, lo cierto es que sin lugar a dudas el pago se ha negado por uno o más funcionarios del SSMC que revisten la calidad de funcionarios públicos (…), toda vez que ejercen cargos y funcionarios públicas”, se indica.

“Los antecedentes de esa acción legal ya fueron incorporados al procedimiento disciplinario en curso, instruido previamente por este Servicio de Salud, para indagar la eventual existencia de responsabilidades administrativas en esta contratación”, indican desde el SSMC.

Respecto a lo que la empresa querellante espera de esta acción legal, Abuid aclara lo siguiente: “Con esta querella pretendemos que, en primer lugar, se atribuyan las responsabilidades que correspondan por los delitos por los cuales nosotros nos querellamos y se impongan las penas que correspondan. Además, que se investigue si existen otros delitos vinculados. Porque cuando no hay una buena administración de los fondos, pueden haber otros delitos vinculados con las personas que tienen a su cargo estos caudales públicos”.

“Acá estamos hablando de dineros públicos y eso tiene una mayor relevancia porque todos los chilenos pagamos con nuestros impuestos estas platas y pensamos que se administran bien”, concluye.

Según la defensa de la empresa querellante, se han realizado una serie de reuniones para intentar llegar a un acuerdo con el Servicio de Salud Metropolitano Central, pero que hasta el momento no se habría llegado a una solución definitiva. La última fue la semana pasada. “En la última reunión, nos quedó absolutamente claro que no hay ningún fundamento de por qué no se paga. Simplemente, dicen que hay órdenes desde arriba de no pagar. Dicen estar dispuestos a pagar 84 millones de pesos y que lo restante se iría litigando en los juicios respectivos, pero eso lo señalan sin obligarse a plazo ni levantando un acta de lo conversado en las reuniones”, dice Abuid.

Desde TMI no descartan iniciar acciones legales contra funcionarios específicos vinculados a la dirección del SSMC. “Ahora, con mayores antecedentes que hemos recabado ya podríamos estar en una posición de imputar derechamente a personas determinadas ciertos delitos y estamos viendo la posibilidad de presentar una querella criminal directamente contra personas determinadas”, agrega el abogado.

Sobre el estado actual de la querella, la defensa de TMI indica que el Ministerio Público aún no ha despachado la orden de investigar para la acreditación del delito. Desde la Fiscalía Centro Norte, confirman esta información e indican que la fiscal Alicia Ascencio ha estado revisando las diligencias previas, como los requerimientos de información. Además, agregan que les han llegado legajos del SSMC, los que están analizando de forma previa a dar una orden de investigar.

*Nota de la redacción: Después de publicado este artículo, el Servicio de Salud Metropolitano Central envió lo siguiente: “No obstante lo señalado por la empresa, el SSMC reafirma que ningún funcionario de la DAP, ni menos un funcionario directivo del SSMC, tiene la calidad de imputado en el citado proceso penal, porque a ninguno de ellos se les atribuye participación en los hechos punibles, sino que es contra quienes resulten responsables. Tampoco se han decretado diligencias investigativas en contra de funcionarios directivos de esta entidad, sino que únicamente se pidieron antecedentes de la licitación pública y contratación con la empresa TMI, los cuales fueron enviados a Fiscalía en su oportunidad. Lamentamos las expresiones vertidas por la empresa, dado que la mención de que habría funcionarios directivos imputados en la causa penal afecta notoriamente la dignidad y la presunción de inocencia de todos quienes integran este SSMC. Finalmente, reiteramos que los tribunales de justicia serán los encargados de resolver todas controversia judiciales que existe entre las partes, y a las cuales daremos estricto cumplimiento a lo resuelto por esas magistraturas”.