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Actualidad

15 de Abril de 2021

Rol de Fiscalía en la mira: Tres investigaciones de presuntos delitos sexuales vinculados a poderosos que terminaron en nada

Foto: Agencia UNO

Las carpetas de denuncias contra un heredero del grupo Said, su primo hermano y el obispo de Chillán, Carlos Pellegrín, fueron cerradas. Dos de ellas llegaron a ser formalizadas, y sólo una tuvo sanción: Un tratamiento de "control de impulsos" y la prohibición de acercarse a la víctima.

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LA MANCHA DEL GRUPO SAID

Corría el mes de octubre del año 2018, cuando se celebró una fiesta en la casa ubicada en Vitacura del empresario Salvador Said Somavía, líder de uno de los grupos económicos más poderosos del país (Parque Arauco, Andina, Scotiabank, entre otros).

El carrete había sido organizado por sus hijos, entre ellos Juan Cristóbal Said, quienes aprovecharon la ausencia de sus padres e invitaron a varios ex estudiantes del colegio San Benito a festejar. Una de las asistentes fue la exalumna del colegio Villa María, identificada con las siglas A.Z.V.

Ella fue la que denunció al heredero del grupo Said. De acuerdo a su testimonio, el joven la vejó mientras estaba dormida. Tras el hecho, ella constató lesiones y presentó exámenes sexológicos que quedaron en manos del persecutor Felipe Cembrano, quien trabaja en la Fiscalía Metropolitana Oriente bajo el alero de Manuel Guerra.

Manuel Guerra, fiscal regional metropolitano oriente. Foto: Agencia UNO

Según reveló El Mostrador, la investigación permaneció en carpeta durante dos años, hasta que en febrero del 2021 se formalizó a Said ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago. Sin embargo, el Ministerio Público decidió recalificar el delito de “violación” por “abuso sexual”, de gravedad inferior.

Pero eso no es todo. También renunció a los plazos de investigación y propuso suspender condicionalmente la causa, con la venia de todas las partes, incluido los querellantes. La única sanción para el joven Juan Cristóbal Said fue someterse a “un tratamiento de control de impulsos” y la prohibición de acercarse a la víctima.

OTRA MANCHA QUE QUEDA EN FAMILIA

Esta vez el caso involucró a un primo hermano de Juan Cristóbal Said Amunátegui, también exalumno del colegio San Benito de Vitacura. El joven de 19 años -identificado con las iniciales L.A.P.- fue denunciado por abuso sexual reiterado cometido hace tres años contra su pequeña media hermana de 6 años, identificada con las iniciales F.O.P.

Acusado y víctima comparten el mismo papá. Según El Mostrador, se trata de un abogado que es socio del estudio jurídico Guerrero Olivos. Curiosamente, el caso volvió a quedar a cargo del fiscal Felipe Cembrano. También se repitieron los abogados defensores: Hugo Rivera y Sergio Bunger

Felipe Cembrano, fiscal. Foto: Agencia UNO

La investigación permaneció dormida durante casi tres años, pese a los antecedentes que presentó la madre de la víctima. Sólo se reactivó cuando la Defensoría de la Niñez ejerció presión y ofició al Ministerio Público por la demora.

El joven acusado finalmente fue formalizado en octubre del 2020 por el delito de abusos sexuales reiterados, en grado de consumado, y se determinó la medida cautelar de protección a la víctima, estableciendo prohibición absoluta del querellado de acercarse a la niña. Además, le dio un plazo de 60 días a la Fiscalía para la investigación, los que se prorrogaron por 45 días más.

Sin embargo, tras vencer el plazo, el caso dio un giro inesperado: Cembrano tomó la decisión de no perseverar en la causa señalando que el Ministerio Público no había logrado reunir “antecedentes suficientes para fundar una acusación”. El pasado 22 de marzo, la justicia alzó las medidas cautelares y dejó sin protección a la víctima. L.A.P. salió libre de polvo y paja.

EL CASO DEL OBISPO PELLEGRÍN

Desde que se destaparon los casos de abuso sexual al interior de la Iglesia Católica, el nombre del obispo emérito de Chillán, Carlos Pellegrín, había dado vueltas en las carpetas investigativas del Ministerio Público. Incluso la fiscal Marcela Cartagena reveló que había recibido una denuncia en su contra el año 2018.

Sin embargo, el pasado 12 de febrero, el ente persecutor finalmente solicitó el sobreseimiento definitivo del prelado, lo que fue acogido por el Juzgado de Garantía de Chillán. Según La Tercera, la decisión se tomó porque el organismo nunca pudo ubicar a las presuntas víctimas.

Carlos Pellegrín, obispo de Chillán. Foto: Agencia UNO

En una carta enviada al episcopado, Pellegrín celebró que “la absoluta inexistencia de los hechos denunciados, incluyendo a una supuesta víctima, ha llevado a la fiscalía a declarar la ausencia de delito y el correspondiente sobreseimiento definitivo y total”.

Sin embargo, la incógnita sigue por los casos que presuntamente ocurrieron al interior de la Diócesis de San Bartolomé de Chillán. La dra. Silvana Bórquez, una de las denunciantes por abuso sexual en contra del exsacerdote Jorge Baeza, explicó al mismo medio que su querella en curso apunta a “todos quienes resulten responsables por encubrimiento” y que eventualmente también tendría que responder el obispo.

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