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20 de Abril de 2021

Molestia causa designación de subcomisario de la PDI como fiscal de sumario interno por operativo en Temucuicui

La selección de Daniel Araneda Suazo como fiscal administrativo de dos sumarios por el operativo de Temucuicui -que terminó con la muerte del funcionario Manuel Morales Balcazar- ha causado ruido. Al tener el rango de subcomisario, por reglamento debiera inhabilitarse en el caso de encontrar responsabilidades administrativas en un rango superior al de él. Aquí, un subcomisario en retiro y el hermano de Morales Balcazar analizan la designación. En tanto, la PDI justifica el nombramiento.

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Han pasado más de tres meses del despliegue de más de 800 efectivos de la Policía de Investigaciones en Temucucui, uno de los más contundentes realizados en su historia, pero que, a pesar de la envergadura de los allanamientos -que se dieron en paralelo a la lectura del veredicto por el homicidio de Camilo Catrillanca-, sólo tuvo como resultado el decomiso de 1.277 plantas de marihuana, una subametralladora UZI, otras 9 armas de fuego, 12 millones de pesos y dos detenidos. 

La planificación y alcance del operativo, que conllevó la muerte del oficial Luis Morales Balcazar y heridas a otros diez funcionarios, ha sido blanco de duras críticas tanto desde el mundo político y los familiares de Morales, como también personas ligadas a la institución policial. A esas críticas, hoy se suma un nuevo elemento: la designación del subcomisario Daniel Araneda como fiscal de los sumarios administrativos abiertos por el caso. 


La información de la designación, obtenida por The Clinic a través de la Ley de Transparencia, da cuenta de dos sumarios, para los que la secretaría general de la institución comunicó el nombramiento del mismo fiscal. 

Se instruyeron dos sumarios administrativos, números 17 y 18, ambos de fecha 12.ENE.021, el primero por beneficios previsionales y el segundo por el fallecimiento del funcionario, habiéndose designados para ambos actos indagatorios como fiscal, al subcomisario Daniel Araneda Suazo”, informaron desde la Policía Civil.


La designación causó molestia entre los familiares de Balcazar y también entre personas ligadas a la PDI, ya que -según la reglamentación- Araneda, al ser subcomisario, tendría que inhabilitarse en el caso de encontrar responsabilidades administrativas en un rango superior al de él. 

Ramón Morales, hermano del funcionario fallecido en el operativo, considera que este nombramiento “es otra señal de que no hay una voluntad real de llegar a la verdad”.

Morales asegura a The Clinic que desconfía que la investigación determine responsabilidades internas en el operativo. “Solamente podemos esperar resultados por la vía judicial, que es la que hemos tomado. Es la única vía que de alguna manera está en nuestras manos. Lamentamos que sea así”, agrega Morales, quien reconoce “estar desconcertado con el actuar de la PDI” en relación al fallecimiento de su hermano.

8 DE ENERO 2021 / TEMUCO Policía de investigaciones realiza homenaje para despedir a funcionario fallecido en allanamiento en Temucuicui. FOTO: MARCOS MALDONADO / AGENCIAUNO

El subprefecto en retiro Raúl Muñoz dejó la PDI el año pasado, luego de 27 años en los que cimentó una prolífica carrera siendo el jefe de la Policía de Investigaciones en Ovalle, graduado de la Academia Nacional del FBI y del Centro Europeo de Seguridad Internacional. A lo largo de su carrera, fue fiscal en decenas de sumarios administrativos. Para él, la selección de un subprefecto como fiscal en una investigación de esta envergadura “llama la atención”. 

“Es un grado que, sin desmerecerlo, es un subcomisario, que dentro de la línea jerárquica corresponde a los niveles de oficiales subalternos. En el hecho en sí, y que fue de público conocimiento, hubo antecedentes que dejaron a la luz una eventual responsabilidad de una autoridad superior (…) lo lógico es que ese hecho en particular y dada, primero, las consecuencias fatales que tuvo, y segundo, la connotación mediática, debió haber sido instruido por un mando superior”, comenta Muñoz.

El suboficial en retiro agrega: “El sumario debió haber sido por lo menos con un oficial general del alto mando, para tener una visión general de los distintos niveles de mandos que hay hacia abajo y los subalternos, para poder determinar primero las circunstancias de cómo se desarrollaron los hechos y a partir de eso, determinar o no si hay responsabilidades administrativas en los hechos que llevaron a la muerte del detective”.

Desde la PDI responden a los cuestionamientos sobre el nombramiento de Araneda, destacando su carrera en la institución, así como sus estudios de Derecho. “Respecto del fiscal administrativo, es oficial graduado en etapa de ascenso y tiene el título de abogado, fue escogido por su trayectoria con 22 años de servicio; de ellos, 15 en Brigada de Homicidios”, afirman.

Sobre la eventual inhabilidad de Araneda a la hora de investigar mandos superiores al de él, la PDI indicó que: “Sólo el mérito de la investigación determinará si existen o no funcionarios de mayor graduación o antigüedad involucrados; en cuyo caso, en ese momento se elevará la encuesta al dictaminador para que designe un nuevo fiscal administrativo”. 

Para Ramón Morales, en cambio, la designación es una mala señal, que incluso podría leerse como una muestra de “impunidad” a los mandos altos a cargo del operativo, en el que su hermano perdió la vida: “No es el alto mando al que van a enviar a dormir a un estadio y meterse en un campo, enfrentarse con no saben quién, y sin comunicación. Eso lo tuvo que hacer gente que recibió órdenes”.

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