Un violador puesto en libertad: La historia de cómo las grietas del sistema facilitan que un hombre repita su delito

No era la primera vez que Eduardo Rodríguez atravesaba por ese ritual que significa salir de prisión. Era 2018 y él, beneficiado con la libertad condicional, cruzó uno a uno los controles de gendarmería en la cárcel Colina I, para continuar como un hombre libre los dos años que aún le quedaban de condena.

Respondió las preguntas rutinarias de los gendarmes que lo custodiaron y que durante años vieron con buenos ojos su comportamiento en el penal, donde Rodríguez colaboró como mozo. Desde que llegó el 2015 proveniente del centro de detención Santiago Sur, mantuvo una buena conducta. 

En la caminata, además de sus datos personales, como dicta el protocolo cuando los presos cruzan las rejas que los separan de la libertad, enumeró cada uno de sus tatuajes. Mostró el más característico de todos: el de su antebrazo izquierdo que dice “Berenice”, el nombre de su madre, quien falleció de un cáncer fulminante en 2001. 

Al salir del complejo, Rodríguez -de 1.75 metros, cutis blanca y ojos café- sintió el viento en su rostro. El Poder Judicial dejaba a un violador en libertad.

Esa decisión se tomó en contraposición de los informes elaborados por los profesionales de la salud mental de Gendarmería. Estos advertían que pese a mantener una buena conducta, Rodríguez carecía “de elementos necesarios para la puesta en libertad” manteniendo una “disminuida consciencia del delito y del daño a la víctima” y también una “disminuida posibilidad de cambio en su actuar”.

Ese 18 de diciembre del 2018, comenzaba la cuenta regresiva para que Rodríguez cometiera un nuevo delito.    

Sumando delitos

Eduardo Rodríguez Romero, alías el “Monín”, nació en Santiago el 28 de julio de 1982. Fue el séptimo de 12 hermanos y creció con sus dos padres, quienes pese a mantener carencias en lo económico, mantuvieron la casa a punta de esfuerzo. Ella como asistente de párvulos; él como zapatero. En su casa convivió desde niño con problemas repetidos de violencia intrafamiliar y abuso de alcohol por parte del padre. 

Desde muy joven, Rodríguez comenzó a delinquir. Tuvo una serie de causas como menor, las que le valieron reclusiones en distintos centros de detención juvenil. Además, según lo que él mismo declaró en uno de sus pasos por prisión, comenzó a abusar de pasta base y cocaína a los 14 años. 

Nunca asistió al colegio y ya en su adolescencia comenzó a ver las actividades delictivas como un oficio, despreciando “el trabajo como medio de subsistencia” y acrecentando su “afán por el lucro fácil” que suponía la comisión de delitos, según lo establece uno de sus informes psicosociales.

En el 2003, con 20 años y varios pasos por centros de reclusión en el cuerpo, la mayoría por robos, Rodríguez recibió una pena ejemplificadora por un robo con intimidación en calidad de frustrado cometido un año antes y por el que se le otorgó una condena diez años y un día.

En esa privación de libertad, la segunda como adulto, se registraría por primera vez su huella genética. Una diligencia que resultaría clave 18 años más tarde.

Según consta su registro de faltas y sanciones en Colina I, entre el 2003 y 2004 Rodríguez estuvo castigado 70 días por diversas faltas como tenencia de chicha artesanal y estoques, riñas y agresiones a otros internos, todas ellas consideradas como graves. Pese a lo conflictivo de sus primeros años en Colina I, recibió beneficios penitenciarios que le permitieron cumplir esa condena antes de lo previsto: el 19 de diciembre del 2010.

 No alcanzaron a pasar cinco meses de esa fecha para que Rodríguez volviera a delinquir. En mayo del 2011 fue condenado a 41 días de prisión por el porte de elementos coincidentemente destinados a cometer delitos y el 16 de noviembre de ese año a 97 días de prisión en su grado mínimo por el delito de amenazas, cuando le intentó robar un celular a un menor de 15 años.

Pero lo peor estaría por venir. 

En marzo del 2012 Rodríguez fue detenido por una cruda violación que causó impacto público y que incluso alertó a La Moneda, durante el inicio del primer gobierno de Sebastián Piñera. 

Una noche de pesadilla

Diario La Cuarta, 16 de marzo del 2012: “Lo acusan de violar a dueña de casa frente a su hijito de 2 años”:

“Un niño de apenas 2 años fue testigo de la violación que sufrió su madre a manos de, según la fiscalía, un pastabasero de la comuna de Maipú conocido con la chapa de «Monín»(…) La víctima fue amenazada con un cuchillo y una pistola y su agresor se encargó de amarrarle las manos con pañales y de ponerle una caja de cartón en la cabeza para atacarla sexualmente”.

Radio ADN, 15 de marzo del 2012: Tribunal decretó la prisión preventiva de hombre que robó y abusó de mujer frente a su hijo:

“La víctima comenzará a ser asesorada por la Unidad de Apoyo a Víctimas del Ministerio del Interior, según adelantó su director, el abogado Gonzalo Fuenzalida, quien además anunció la interposición de una querella en contra del sujeto”.

A pesar del revuelo que significó la violación de Eduardo Rodríguez a María (quien pidió reserva de su apellido), el caso se olvidó muy pronto. Al menos públicamente. Mientras, a la víctima le llegaron algunas ayudas estatales, que incluyeron la colaboración del actual diputado Gonzalo Fuenzalida, quien entonces se desempeñaba en la Unidad de Apoyo a Víctimas del Ministerio del Interior; y quien señaló a The Clinic no recordar el caso. 

María decidió participar de este reportaje únicamente dialogando por mensajes de Whatsapp, debido al pequeño tamaño de su inmueble: no quería que sus hijos pequeños escucharan su historia, la que entrega por primera vez a un medio de comunicación. 

“El departamento es súper chico y no sé dónde esconderme para conversar”, cuenta la mujer antes de recordar su calvario:

“Ese día el tipo se metió a mi casa a robar por una ventana cuando yo dormía junto a mi bebé de un año y medio de edad. Me puso una pistola en la cabeza por un rato y a mi bebé le puso un cuchillo en la guatita y me amenazó con matarme a mí y a mi bebé si no hacía lo que él quería. Me amarró de manos y pies, me golpeó y luego comenzó a abusar sexualmente de mi. Empezó a decirme que no saldríamos vivos de la casa ni yo, ni mi hijo”. 

Según detalla María, el abuso fue tortuoso. Eduardo Rodríguez le dijo que en caso de oponer resistencia, abusaría sexualmente del niño. Además la golpeó con una cajonera en la cabeza. Junto con los abusos, que se extendieron por horas, Rodríguez se dio el tiempo de registrar la casa y meter los objetos de valor de la mujer en un bolso. Hasta un televisor se llevó.

“Abusó de mí toda la noche, hasta que en la amanecida los vecinos empezaron a salir de sus casas para irse a trabajar. Entonces él se asustó y salió con el bolso lleno de cosas de mi casa. Saltó la reja y se fue arrancando. Cuando salió, como pude me desaté las amarras, y así, sin zapatos, abracé a mi bebé y salí arrancando. Crucé la calle a la casa de mi madre, que vivía cerca. Eran como las seis de la mañana, golpeé la puerta y luego me desmayé. Cuando desperté, vi que a mi bebé lo tenían durmiendo y estaban los carabineros en la casa de mi madre, tomándome declaraciones sobre lo que había pasado”, recuerda la mujer.

En la plaza de Maipú, Isabel, feriante de toda la vida y madre de María recuerda aquel día: “Ese día me levanté muy temprano, cerca de las seis de la mañana, y una de mis hijas me dijo que estaban golpeando la puerta. Cómo golpeaban muy fuerte me asusté y vi quien era por una ventana: ahí vi a la María desesperada. Le abrimos la puerta. Ella no hablaba nada, estaba blanca, blanca entera, como un papel. Estaba helada, venía con sus pies pelados y con el niño en brazos envuelto en una manta. Yo lo fui a dejar a la pieza y cuando volví a verla, ella se estaba desvaneciendo y luego de insistirle para que nos contara nos dice: ‘me violaron, me violaron’. Yo no lo podía creer, a partir de ese momento la vida nos cambió para siempre”.

En medio de su desesperación, las mujeres decidieron actuar. Tomaron contacto con una ex cuñada de María, quien era conocida en el sector . En pocos minutos la población O’Higgins de Maipú se repletó de policías y carabineros. Durante las primeras horas de la mañana, entre los propios vecinos que se enteraron de la violación, comenzó a  surgir el nombre del “Monín” como el eventual responsable y quien vivía en la misma población desde que salió de prisión.

El hombre, que entonces tenía 29 años y era padre de mellizos de la misma edad del niño de María, fue detenido a las horas del crimen. 

Por el delito, pese a lo mediático del caso y del apoyo del Ministerio del Interior en la causa, el “Monín” sólo fue condenado a una pena de ocho años y un día de prisión. El tribunal consideró que la pena justa eran dos años menos que la otorgada por el robo frustrado del 2002. 

María y su madre dicen que no tuvieron energías para apelar la sentencia. Las dos optaron por tratar de olvidar. Hoy, con el paso de los años, reflexionan que eso es una tarea imposible después de una violación. 

“Después de eso tuve que ir a varios sicólogos, me fui a vivir con mi mamá y nos cambiamos de casa muchas veces porque la mujer y los hijos de él vivían cerca de mi casa y eso me dió mucho miedo -explica María-. Me costó más de un año poder salir de mi pieza, cuando lo hice fue porque tenía que trabajar, pero siempre salía acompañada, siempre alguien tenía que andar cuidándome. Hasta hoy tengo pesadillas con lo que pasó, que él vuelve a hacerle daño a mis hijos porque lo metí preso.  Él me decía que quería violar a mi bebé delante mío y eso me da mucho miedo. Vivo con la sensación de que volverá  a hacerle algo a él”. 

Durante la conversación por mensajes, que se extendió por más de tres horas, María reconoce que luego de la violación, una depresión la aquejó durante varios años y que ideas suicidas rondaron su cabeza constantemente, pero que no las materializó por sus hijos. 

También dice que hay un sentimiento, más allá de la pena, la rabia o el miedo y que predominó en su caso después del abuso. “Lo primero que uno siente es vergüenza. Yo creo que eso es lo que más siente cualquier víctima de abuso, ya sea mujer o niña. En mi caso, todos mis vecinos se enteraron. Una siente vergüenza por todo lo que le hicieron. Yo sólo quería desaparecer”.

La “buena conducta”

En su regreso a prisión, en 2012, Eduardo Rodríguez -a esa altura conocedor del sistema carcelario- hizo lo único que, sabía, podía hacer para acortar su tiempo en la cárcel: mantener una buena conducta. 

Durante el cumplimiento de aquella condena, cambió la chicha artesanal y los estoques por un trabajo como mozo, participando en actividades recreativas, culturales y elaborando artesanías con cuero y madera.

“El interno (es) respetuoso y obediente hacia el personal uniformado y civil que trabaja en el sector, se preocupa de su higiene personal y por su dependencia. Adaptándose en muy buena forma a la normativa de régimen interno existente en el recinto”, consta en un informe elaborado y firmado por el coronel jefe de unidad del recinto penitenciario. 

Con estos antecedentes, el interno solicitó el beneficio de libertad condicional en 2018. La solicitud daba cuenta de su buena conducta, además del apoyo de su entorno social. Rodríguez, estando preso, se emparejó con una nueva mujer, quien dio a luz a su tercer hijo mientras él aún estaba tras la rejas. Además de ese vínculo, contaba con el apoyo de una de sus hermanas, una pastelera domiciliada en La Granja, quien lo recibiría en su casa en caso de otorgarse el beneficio. 

Pese a su buena conducta y al apoyo de su entorno, la comisión de libertad condicional rechazó la solicitud de libertad condicional en razón al informe psicosocial de Rodríguez que, entre otras cosas, señaló: “El sujeto tiene dificultades para asumir plenamente su responsabilidad (en el crimen), en ese sentido falta mayor desarrollo del juicio crítico para que pueda procesar de manera más consciente su proceder”. 

Empeñado en obtener su libertad, el abogado penitenciario de Rodríguez presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema por la determinación. En aquella instancia, los jueces supremos resolvieron dejar sin efecto la resolución de la comisión de libertad condicional y decretando su libertad inmediata.

Así, a sólo seis años de violar a una mujer frente a su hijo, en diciembre del 2018 el “Monín” sorteó cada uno de los controles de Colina I, mostró su tatuaje, sintió el viento en su cara y recuperó su libertad.

María y su familia no se enteraron de la libertad de Rodríguez hasta ahora, que The Clinic la contactó para este reportaje.

Ataque en el Templo Votivo de Maipú 

La Voz de Maipú, 18 de febrero del 2020: “Secuestro y violación de menores en dependencias del Templo Votivo de Maipú: Una madre exige justicia”:

“Lo que se suponía sería una salida para hacer deportes, terminó con ambas menores secuestradas, violadas y martirizadas en una construcción al interior del Templo Votivo de Maipú. Mientras las menores esperaban el inicio del baile, se acercó un sujeto que se presentó como Juan Pablo. La excusa del extraño fue que andaba en busca de un amigo. Sin embargo, las menores ignoraron al hombre quien, pistola en mano, las amenazó”.

Ese día de noviembre del 2019, Paulina tuvo un presentimiento. Su hija, como era costumbre, tenía planeado salir con sus amigos a practicar las coreografías K-pop de sus bandas favoritas en el parque Tres Poniente de Maipú. Pero ese día ella le insistió varias veces a su hija “V” que se quedara en casa y que por favor no saliera.

Su fanatismo por las bandas coreanas era total en aquella época: “V” replicó el estilo de vestimenta, se tiñó el cabello y pese a que su madre, una ejecutiva de ventas de una empresa de telecomunicaciones, no podía financiar las entradas a sus conciertos, cuenta que hizo lo posible para acompañar a su hija en su pasión. 

“Le instalé internet en la casa para que pudiera ver sus videos y le compré una tele grande para que también los pudiera ver ahí -recuerda Paulina-. Cuando tenían ensayos y no tenían dónde hacerlos, venían para la casa los ocho cabros del grupo”.

La niña, en ese entonces de 15 años, cumplía un rol fundamental en el grupo. Era la encargada de llevar el parlante cuando ensayaban al aire libre y sin su presencia la actividad de ese día de noviembre debía suspenderse. Pese a las aprensiones de su madre, “V” salió pasada las dos de la tarde de su casa con su mochila, una empanada para almorzar, el equipo de sonido y su entusiasmo adolescente. Acordaron que regresaría a las siete.

Paulina pasó la tarde planeando qué hacer, pensó en ir al cine junto a su pareja, pero desistió de la idea. Pasada las seis, salió a comprar cigarrillos con él. Cuando regresó, se encontró con su hija y su amiga “C” en el living. Las niñas le dijeron que las habían asaltado y robado sus celulares, mochilas y el parlante. La mujer, con la escalofriante cotidianidad que tiene un asalto en un barrio de clase media de la capital, trató de levantarles el ánimo; les dijo que se acercaba Navidad y que les podía llegar un teléfono mejor. 

También le prestó su télefono a su hija, para que hablara con su polola. Mientras, los padres de “C” llegaron a buscarla. Luego de colgar, “V” se fue llorando a su pieza. Paulina pensó que se trataba de una discusión de pareja y se acercó a consolarla. Allí la niña le advirtió que no era una pelea, le dijo que sentía mucha vergüenza de decir el motivo de su llanto; y entonces le pasó un papel con una nota escrita: “Mamá el tipo también nos violó, pero no quiero decirlo por miedo y no me salen las palabras sobre ese tema”. 

“Ahí se nos derrumbó el mundo. Vino mi pareja, nos fuimos en un auto al Hospital del Carmen. Llegamos tipo siete y media. Empezamos a vivir los primeros calvarios en una situación de violación”, cuenta Paulina.

Las horas siguientes, entre declaraciones policiales y peritajes, Paulina logró reconstruir la violación que sufrió “V”, de 15 años; y su amiga “C”, de 13.  Según su relato y expedientes del caso a los que The Clinic accedió, los hechos empezaron así: “V”, luego de salir de su casa, se encontró con su amiga “C” en el parque Tres poniente de Maipú, que quedaba a pocas cuadras de su casa; al lugar no llegaron más integrantes del grupo de baile, por lo que las niñas planearon ensayar solas; y fue allí cuando un hombre las abordó. 

“La intención del tipo al principio fue robarles. Después ya cambió el escenario, cambió toda la película”, recuerda Paulina.

Después de quitarles sus pertenencias, el hombre amenazó a las niñas con una pistola y las hizo caminar por pequeños pasajes maipucinos. En uno de ellos, a plena luz del día y entre medio de unos espinos cometió los primeros abusos. 

Minutos más tarde, según consta la documentación del caso, el abusador trasladó a las menores al sitio del Templo Votivo de Maipú, donde había una casa abandonada. Las obligó a ingresar al inmueble, donde continuó con los abusos. 

“Después el huevón las sacó por la ventana. Mientras las llevaba caminando, les hizo pedir agua. Luego de la violación las hizo lavarse ¿Sabes por qué? Para no tener sus muestras. Y después las hizo ir a dejarlo a la micro. Y les dijo que a la media hora después ellas se fueran para la casa y que obviamente no les dijeran nada a nadie, que él tenía todos sus datos y que si lo hacían corrían peligro sus familias”, cuenta Paulina.

Esa noche en el hospital, Paulina tuvo que llamar a los padres de la amiga de “V” para contarle lo sucedido. Ambas familias se encontraron en el Hospital El Carmen. Por tener 15 años, “V” se atendió en ginecología; su amiga en pediatría. Paulina tuvo fuertes reparos respecto al procedimiento al que fueron sometidas las menores y a problemas con la entrega de medicamentos antivirales, los que fueron expuestos en un reportaje de La Voz de Maipú y respondidos por el recinto de salud .

Luego de la atención médica, comenzó el largo proceso de declaraciones y peritajes al que son sometidas las víctimas de delitos sexuales. “V” y su amiga fueron trasladadas por carabineros el Servicio Médico Legal, donde se intentó recuperar el material genético en los residuos del agresor para, posiblemente, poder cruzarlo con la huella genética disponible de los otros agresores sexuales del país. 

Durante un año y cinco meses Paulina, la Fiscalía y sus abogados del Proyecto Niñez, que opera dentro de la Clínica Jurídica de la Universidad Católica, esperaron la llegada de esos resultados.

Las madres de las víctimas comenzaron a perder la paciencia, primero por situaciones que escapaban de sus manos. Una de ellas fue un incendio que afectó  el inmueble abandonado donde se desarrollaron los abusos y también la inexistencia de registros de video debido a que las cámaras dispuestas en Maipú estaban inoperativas producto de las movilizaciones que sucedieron al estallido social. Pero la principal preocupación de los padres de “V” y “C” era la lentitud de la investigación en la que hubo un cambio de las policías a cargo (de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI pasó al OS-9 de Carabineros), y también un reemplazo del fiscal de la causa.

El actual fiscal, Ricardo Sobarzo, da las razones del cambio: “Se juntaron dos cosas, un cambio de fiscal en la especialidad. También, las madres de las víctimas a lo mejor perdieron un poco la confianza en la relación (con el fiscal anterior). Y eso se determinó a nivel de fiscal jefe”. 

En paralelo a las críticas al proceso investigativo, Paulina también reconoce que hubo problemas en cuanto a la reparación y resguardo de las víctimas. Denuncia que tanto “V” como su amiga “C” no han recibido atención psicológica continua, integral y eficiente por instituciones del Estado.  

Al respecto, el fiscal Sobarzo agrega: “Yo creo que éste es un delito (delitos sexuales) que no estamos abordando en su integridad. Precisamente, yo creo que se necesitan mucho más instituciones de apoyo, de reparación de las víctimas y, en definitiva, no creo que estén los recursos suficientes para abordarlo oportunamente. Hay listas de espera grandes, tanto para víctimas adultas como menores de edad que requieren de una intervención rápida y oportuna. Entonces yo creo que estamos fallando también institucionalmente, no como Fiscalía, sino que como Estado”.

Con respecto a su salud mental, las dos niñas ha presentado irritabilidad, intentos de suicidio y largas internaciones en centros psiquiátricos. Paulina desarrolló una fibromialgia, por la que ha presentado continuas licencias médicas en su trabajo, las que, denuncia, el Compin se las ha rechazado arbitrariamente. Sus ingresos, dice hoy, bordean los $200 mil. 

En todo caso, Paulina reconoce que lo económico no es prioritario. Que todas sus energías están en salvar la vida de su hija. Que además de los intentos de suicidio, mantiene pesadillas y brotes psicóticos que la hacen revivir el momento del abuso.

“Con esto muchas veces me dijeron que Dios les da las pruebas más pesadas a la gente que puede superarlas, ¿cachai? Pero aún así. Mi hija estuvo un mes en la incubadora cuando nació, un mes luchando por su vida. Y ahora pienso que con todo el daño que le hicieron, mi hija está muerta en vida, nosotros estamos muertos en vida. Si hubiera habido un Dios, no la hubiera expuesto a esto. A ninguna. Ninguna familia está preparada para esto”, dice Paulina. 

Hastiada por la lentitud en la entrega del match genético por parte del SML, Paulina comenzó a informarse sobre el funcionamiento de la Ley de Transparencia. Una vez que entendió el sistema, presentó en abril pasado un escrito al SML solicitando una vez más el resultado de la prueba de ADN, algo que ya habían hecho sus abogados del Proyecto Niñez y el fiscal Sobarzo.

El SML respondió la solicitud de Paulina el 17 de mayo. En ella se informó que el caso había sido asignado con prioridad recién el 10 de mayo del 2021, casi un año y medio después de las violaciones de las dos niñas. 

The Clinic consultó al SML con respecto a la tardanza, pero no hubo respuesta por parte de la institución hasta el cierre de este reportaje. 

Al respecto, el fiscal Sobarzo señala: “Es bastante generalizado el retraso en este tipo de investigaciones. Hemos hecho reuniones de coordinación, se ha trabajado a nivel incluso de Fiscalía Regional para coordinaciones, ya no solamente a nivel de las unidades, sino que a nivel más superior. Pero, una, la falta de personal en estas instituciones; y por otro lado la pandemia, pero no quiero excusar en que ha sido sólo tema de pandemia, porque esto de antes que venía así. A lo mejor no tan intenso como ahora, pero de antes venía así. Pero es generalizado el retraso en estas investigaciones”.

El resultado del análisis de ADN fue entregado a días de la respuesta a la solicitud de Transparencia a Paulina. El resultado fue elocuente: el material genético periciado en el cuerpo de las niñas coincidía con el del “Monín”. Con una muestra que estaba a disposición de las instituciones ligadas al Poder Judicial desde el 2002. 

Tras la revelación no se levantó un operativo para dar con su paradero e ir tras su captura. A esa altura ya no era necesario. Eduardo Rodríguez se encontraba en prisión preventiva por otra violación de similares características ocurrida en La Granja en noviembre del 2020.

“Yo soy de la Yungay”

Meganoticias, 6 de noviembre del 2020: El “violador tatuado” vuelve a atacar:

Sujeto condenado por robo con intimidación y violación obtuvo el beneficio de libertad condicional. Ahora fue nuevamente detenido por el mismo delito luego de abordar a una joven en un paradero de micro en La Granja.

El 12 de abril de 2020, Eduardo Rodríguez Romero fue detenido en Los Molles junto a su pareja María Ester Morales. Ambos fueron sorprendidos luego de robar más de 2 millones en dinero entre efectivo, artículos tecnológicos, un calefont, ropa de cama, e incluso mercadería y licores. 

Los dos fueron imputados; e ingresados en prisión preventiva a la cárcel de Quillota. Pero eso no duró mucho. A ella le cambiaron la medida cautelar en junio de ese año por la de arresto domiciliario; y con Rodríguez Romero hicieron lo propio a mediados de julio. La Fiscalía se opusó a la resolución haciendo presente la gravedad del delito y la condena que registraba por violación el 2012. Sin embargo, la revocación de la prisión preventiva se terminó decretando. 

Ambos establecieron un domicilio en Santiago, en la comuna de La Granja, para el cumplimiento de la medida de cautela. La que no fue cumplida por Rodríguez Romero, según consta de una fiscalización efectuada el 16 de septiembre del 2020 por carabineros en el inmueble, donde una de las hermanas del “Monín” informó que él no vivía hace semanas allí y que se desconocía su paradero. Por aquella falta, sólo se dejó constancia en el libro de constatación de medida cautelar del cuadrante número 72. 

Con la medida cautelar quebrantada, Rodríguez Romero circuló libre y tranquilo por las calles. Tres semanas después de que Carabineros no lo ubicara en el lugar donde debía cumplir con su medida cautelar, el “Monín” fue detenido por su presunta participación en una violación en la vía pública a una mujer de 21 años en La Granja.

“El día 12 de octubre del año 2020 alrededor de las 14:30 horas, la víctima, una mujer de iniciales B.E.L.D. de 21 años de edad, se encontraba esperando locomoción colectiva en la intersección  de calle Combarbalá esquina Cardenal Raúl Silva Henríquez en la comuna de La Granja, momento en que fue abordada por el imputado Eduardo Rodríguez Romero, ya individualizado, quien comenzó a hablarle y de manera imprevista y con mucha fuerza la tomó de la mano obligándola de esa forma a sentarse en el lugar, exigiendo violentamente la entrega de especies, oportunidad en que la víctima que se sintió aterrada y con mucho miedo le entregó su teléfono celular y sus audífonos entre otras especies”, se lee en la documentación del caso.

Allí se agrega que: “Posteriormente el imputado también por la fuerza y mediante intimidación obligó a la víctima a trasladarse hasta calle Temuco aproximadamente en la misma comuna, en las cercanías del mencionado paradero, donde había unos camiones estacionados, donde mediante intimidación el imputado procedió a accederla en reiteradas oportunidades, y siempre manteniéndola intimidada señalándole que la iba a matar”.

-No me importa si me meten preso, si yo ya he estado en cana. Por si acaso yo soy de la Yungay – le dijo él en tono amenazante, según consta la carpeta investigativa del caso a la que accedió The Clinic.

La narración de los hechos, elaborada por la Fiscalía Sur, además consignó que el imputado obligó a la víctima a realizar actos físicos que simularan una relación sentimental entre ambos. Además la obligó a subir a un bus y, llevándola luego a un cajero ubicado en una Copec de la Florida, la obligó a girar $ 200.000. Ese giro quedó registrado en las cámaras de seguridad del servicentro. 

Al salir de la tienda de la bencinera, transeúntes alertaron que la mujer necesitaba ayuda, e intentaron detener al hombre. Rodríguez Romer logró huir corriendo.

A pesar de la huída, el trabajo de la Policía de Investigación logró identificar rápidamente al presunto agresor.  Considerando la declaración de la víctima, quien señaló que su agresor le dijo que era de la población Yungay -que queda en la comuna de La Granja-, personal de la Oficina de Análisis Criminal cruzó los datos con todos los imputados o condenados por delitos sexuales residentes en la comuna. 

La data daba cuenta de 8 personas (7 hombres y una mujer), y entre ellos Rodríguez Romero. En las cámaras del servicentro se veía con claridad el nombre de “Berenice”, su madre, tatuado en su brazo izquierdo. 

Rodríguez Romero fue detenido y formalizado el 5 de noviembre del 2020. Al respecto, la Fiscal Jefa de la Fiscalia Sur, Yazmin Salech, señaló a The Clinic: “Este imputado se encuentra formalizado por un delito por robo con violación y un delito de robo con intimidación: ambos consumados. El imputado ahora se encuentra en prisión preventiva. La investigación se mantiene casi terminada, sólo queda pendiente una diligencia de la declaración de un testigo”. 

Sobre el reciente avance en la investigación por las violaciones en Maipú, que vincula al imputado con aquellos abusos, la persecutora agregó:  “Efectivamente existe una investigación en la Fiscalía local de Maipú de la que fuimos notificados hace muy poco tiempo y en el desarrollo de las diligencias de investigación vamos a poder saber los pasos a seguir respecto de esa investigación y la nuestra”.

¿Un violador en serie?

Este viernes 17 de junio, Eduardo Rodríguez Romero será formalizado por las violaciones a las dos menores en las inmediaciones del Templo Votivo de Maipú. Tanto el fiscal Sobarzo como la fiscal Salech han tenido conversaciones con el fin de poder coordinar los pasos a seguir en la investigación. 

Ambos persecutores además adelantan que investigan la presunta participación de Rodríguez Romero en otros delitos sexuales de similares características donde aún no se localiza a un responsable. Para ambos, en caso de establecer su participación en otras violaciones, podría calificarse al “Monín” como un violador serial. 

“Ya se puede estar hablando, por lo menos, de un patrón de conducta (…) en el caso de que pudieran haber otros casos que se ajustan a este patrón y de que, en definitiva, pudiera determinarse la participación de este sujeto en otros hechos. Ahí ya claramente estaría clara la situación de ser un delincuente serial”, asegura Sobarzo.

Con respecto a esos antecedentes, el fiscal señaló que las investigaciones al menos en su jurisdicción apuntan a otros dos delitos: “La información que yo tengo hasta ahora, que se está trabajando, es que habría uno en Maipú y otro en la jurisdicción nuestra que es Pudahuel”, agrega.

Sobre los casos de abusos de Maipú y La Granja, los abogados del Proyecto Niñez ,de la Universidad Católica, coincidentemente tomaron la representación de las víctimas en los casos de violaciones en ambos lugares por separado. Por eso, recibieron con sorpresa la noticia de que, según las recientes muestras genéticas, el abusador de sus representadas es el mismo hombre. 

“Sólo supimos esto la semana pasada cuando me llamó uno de los abogados de la clínica y me alertó ‘estoy impactado. Acaba de dar el match positivo por el ADN y resulta que el sujeto es el mismo de la causa que tenemos en La Granja’”, dice María Elena Santibáñez, la abogada del proyecto. 

Según explica Santibáñez, la meta de Proyecto Niñez -que actualmente opera en más de 120 causas y donde trabajan penalistas, abogados de familia y psicólogos- es “atender exclusivamente casos de víctimas que han sido niños, niñas y adolescentes, incluso casos de personas que ahora son adultas y que fueron víctimas cuando niños, dándoles representación jurídica y con contención psicológica, de manera integral”. 

Paulina, la madre de “V”, dice que llegó a ellos precisamente por todos los hoyos que encontró en el sistema, y que sostiene que desencadenaron que su hija fuese violada, delito que a su juicio “pudo haberse evitado”. 

“Imagínate, mi hija era virgen, a lo mejor ella estaba esperando que el día de mañana su polola, su pareja, una cama de rosas, cualquier cosa, y que venga un huevón y le arrebate su niñez -se lamenta Paulina-. Mi hija era del colegio a la casa. Entonces que venga una persona que ya tenía una condena de esta índole y que lo dejaran libre… ¿Dónde está el Estado que tenía que haber protegido a mi hija?, ¿dónde está ese juez que debería haber pensado que él también tiene hijos o hijas?, ¿por qué tuve que golpear tantas puertas, esperar un año y seis meses a que llegara el pinche ADN de un hueón que ya había estado preso por la misma causa?”

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