Tomás Jordán, constitucionalista: “Hay que diferenciar las opiniones individuales o colectivas de los convencionales de la opinión del órgano, de la Convención como entidad”

El investigador del Observatorio Nueva Constitución y académico de la Universidad Alberto Hurtado comenta a The Clinic sobre los principales debates que se han generado los últimos días a propósito de la agenda de la Convención y de las declaraciones de algunos convencionales. Sostiene que la Convención, como órgano, "no ha excedido sus atribuciones en ningún caso".

Fue parte de un grupo de abogados que publicaron una inserción en varios medios de comunicaciones llamando a marcar “AC” (Asamblea Constituyente) en el voto de las presidenciales de 2013. Tres años más tarde acompañó y asesoró a la expresidenta Michelle Bachelet desde el proceso participativo con cabildos a lo largo de todo el país hasta el día en que se presentó la propuesta constitucional.

Hoy, el constitucionalista Tomás Jordán, investigador del Observatorio Nueva Constitución y académico de la Universidad Alberto Hurtado, observa atentamente los hechos al interior de la Convención Constitucional constituida el domingo pasado.

“La Convención no ha excedido sus atribuciones en ningún caso”, afirma en conversación con The Clinic.

-¿Qué señales diría que ha dado la Convención hasta ahora?

-La Convención se instaló el domingo dando dos señales: primero, que es una Convención que tiene ciertos ritos republicanos nuevos, que tiene una forma de funcionar distinta a los poderes que estamos acostumbrados, como el Congreso, que tiene otra formalidad y eso hay que relevarlo. Segundo, que la Convención desde su instalación hasta hoy ha ido cumpliendo plenamente el itinerario y las reglas vigentes. Me parece que eso es muy importante destacar: se instala en el día convocado por el Presidente, se acepta el cargo ante la relatora, se realiza las votaciones de presidenta y vicepresidente con la mayoría absoluta, etc., es decir: ha habido una voluntad muy clara de la Convención de ir cumpliendo con las pocas reglas que la Constitución le dispone.

-Más allá de redactar la propuesta de la Nueva Constitución, ¿a qué debe atenerse la Convención según la normativa vigente?

-A respetar el régimen republicano, respetar la democracia, los tratados internacionales y las sentencias ejecutoriales. Como son normas generales y abiertas, le corresponde a la Convención interpretar o dar el alcance a cada uno de esos elementos: qué tipo de democracia vamos a tener, qué tipo de república, cómo se van a entender los tratados como límites, etc. A mi juicio personal, yo estimo que los tratados más que la literalidad de cada párrafo, tienen que considerar los grandes temas y los derechos que están involucrados. Pero esa es una facultad que se le reconoce a la Convención de poder entender qué significado va a dar a todos esos contornos que le fijan la Constitución vigente.

Ha habido una voluntad muy clara de la Convención de ir cumpliendo con las pocas reglas que la Constitución le dispone.

-Entendiendo eso: parte de la democracia es la clara separación de los poderes del Estado. ¿Cómo entran en eso los convencionales? ¿Están ellos metiéndose en esa materia cuando, por ejemplo, discuten la posibilidad de un indulto a los presos del estallido?

-Eso no atenta a la separación de los poderes del Estado. Cuando los convencionales opinan están ejerciendo no sólo su derecho a la libertad de expresión, sino su derecho a petición y me parece que eso está dentro del marco constitucional vigente.

-¿Incluso cuando esa discusión se hace al interior de la Convención y como primer punto de la agenda?

-Sí. Ahora, si era recomendable o no que la Convención iniciara su trabajo con un tema que un grupo de la Convención identifica como más sensible… Yo hubiese empezado de otra manera. Entonces tiene que ver más con la forma que con el derecho que tienen los convencionales a plantear sus temas, que es distinto. Los convencionales tienen el derecho a plantear esos asuntos y una cuestión distinta es si era recomendable que hubiese empezado con ese tema que no identificaba a la gran mayoría de los convencionales. Pero eso es un asunto de la presidencia o la vicepresidencia de la Convención.

Cuando los convencionales opinan están ejerciendo no sólo su derecho a la libertad de expresión, sino su derecho a petición y me parece que eso está dentro del marco constitucional vigente.

¿Cómo hubiese empezado usted la agenda?

Hubiese hecho una apertura más en la línea que hizo Elisa Loncon el domingo: un discurso integrador. A partir de eso, para la agenda de la Convención yo hubiese recogido los distintos temas que son importantes para los distintos grupos que la conforman. Lo que tiene que ocurrir es que sea una Constitución que represente a la gran mayoría, pero que no excluya a la minoría. Eso me parece esencial para construir un pacto. Entonces hubiese tratado de recoger las distintas sensibilidades y eso que después se refleje en mesas ampliadas.

-¿Cree que la agenda actual está mermando un poco ese discurso inicial?

-Creo que lo que está mermando el inicio es la imposibilidad que la Convención se instale. Eso es lo más grave. Podemos compartir o no la agenda fijada por la presidenta y el vicepresidente, pero lo que está mermando el discurso y la instalación de buena manera es esa tensión y conflicto que hay con el gobierno y que el gobierno no tenga la voluntad de generar las condiciones básicas para que la Convención pueda desarrollar su labor. Me parece que atenta contra la dignidad de la institución de la Convención y es una cuestión muy grave para efectos republicanos. Me parece que el gobierno ha tenido poca impronta republicana en esto.  

-Aun así, en los últimos días han aparecido distintas declaraciones de los constituyentes. Por ejemplo, en una entrevista publicada en The Clinic, el constituyente Marcos Barraza sostuvo que “diseñar un camino político e interpelar a los poderes del Estado es perfectamente viable” en la Convención. ¿Es eso correcto?

Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Barraza, porque su frase da la sensación de que se volverá a discutir todo. Me parece que la Constitución establece un marco mínimo de contornos para el funcionamiento adecuado para la Convención. Eso es independiente a que, si quieren plantear distintos temas a discutir, están en su legítimo derecho como convencionales, no hay ningún problema. Pero me parece que discutir las reglas con las cuales han sido electos y asumido el cargo me parece que está un poco más allá de lo que es su propio cargo. Hay que establecer claramente lo que le corresponde a la Convención, que es elaborar una propuesta de Nueva Constitución, con el resto de los poderes del Estado. En ese caso, los convencionales tienen derecho a plantearle a las autoridades de otros poderes del Estado su punto de vista, pero su función o atribución por las cuales fueron electos y asumen el cargo es una, que es elaborar el texto de propuesta de Nueva Constitución.

Creo que lo que está mermando el inicio es la imposibilidad que la Convención se instale (…) Me parece que el gobierno ha tenido poca impronta republicana en esto.  

-En ese sentido, ¿cuáles son los límites de los constituyentes? En el debate de Chile Vamos del lunes los cuatro precandidatos expusieron su rechazo a que la Convención opine sobre temas ajenos a la redacción de la Nueva Constitución…

-Hay dos cosas aquí: los convencionales como personas políticas y sus opiniones con relación a todos los poderes del Estado o lo que pasa en la coyuntura, y la Convención como órgano. Entonces hay que diferenciar las opiniones individuales o colectivas de los convencionales de la opinión del órgano, de la Convención como entidad. Me parece que los convencionales han actuado con opiniones personales y eso está permitido, está amparado por el ordenamiento vigente. Las personas pueden estar de acuerdo o no con sus opiniones, pero eso es parte del debate democrático. Elisa Loncon y Jaime Bassa expresan una sensibilidad por la cual fueron electos y manifiestan esa opinión. Ellos no pretenden, al menos así siento yo, que esa opinión de ellos sea la opinión de la Convención. Lo que pasa es que genera más impacto porque son las opiniones de su presidenta y de su vicepresidente, pero ellos también tienen el derecho personal a tratar de plantear sus temas. Eso no habla por la Convención.

-¿Cómo encaja entonces la Convención, como órgano, con los otros poderes del Estado?

– La Convención es un órgano del Estado. La teoría moderna constitucional habla que más que división de poderes, hay funciones del Estado que se dividen. Y en ese sentido, tendríamos la función constituyente. Y hay una norma que dice que la Convención no debe inmiscuirse en los asuntos que correspondan a los otros poderes del Estado. Pero también para los otros poderes del Estado existe una norma que les impide atribuirse más derechos y atribuciones que la propia Constitución les confiere, por lo tanto, tampoco se pueden inmiscuir en los asuntos que le corresponden a la Convención. Es una regla de ida y vuelta de respeto y diferencia democrática entre los distintos órganos del Estado.

Elisa Loncon y Jaime Bassa expresan una sensibilidad por la cual fueron electos y manifiestan esa opinión. Ellos no pretenden, al menos así siento yo, que esa opinión de ellos sea la opinión de la Convención.

-En la práctica, ¿cómo diferenciar cuando se inmiscuye o cuando no?  

-Cuando los diputados comentan sobre lo que está pasando en la Convención u opinan, no es como que la Cámara de Diputados esté opinando, porque para eso tiene que sacar un acuerdo e informar que esa es la opinión del órgano. Lo mismo ocurre con la Convención. Cuando hay opiniones personales, por muy políticas que sean, son opiniones legítimas, son parte del ejercicio de sus derechos fundamentales. Distinto es el acuerdo colectivo del órgano colegiado. Lo que pasa es que, como se inicia la Convención con las declaraciones de su presidenta y su vicepresidente, se tiende a asociar al órgano con las personas, pero esa distinción hay que hacerla. Políticamente se hace la confusión, pero jurídicamente la diferencia es muy clara. Puede incluso haber convencionales que no estén de acuerdo, pero eso también es parte de su derecho a disentir. Pero dentro del marco constitucional y democrático, no hay ningún problema en lo que está ocurriendo.

-Hasta el momento, como órgano, ¿se extendió la Convención en las competencias que tiene?

-No, la Convención no ha excedido sus atribuciones en ningún caso.

Como se inicia la Convención con las declaraciones de su presidenta y su vicepresidente, se tiende a asociar al órgano con las personas, pero esa distinción hay que hacerla. Políticamente se hace la confusión, pero jurídicamente la diferencia es muy clara.

-Aun cuando, por ejemplo, ¿la presidenta Elisa Loncon manifestó que el ministro de Segpres, Juan José Ossa, debiera renunciar?

-Sí, porque sigue estando en el marco de su derecho a libertad de expresión y opinión sobre asuntos nacionales. Algún convencional podría decir que no le parece adecuado, ok, pero eso no significa que Loncon no tenga el derecho a hacerlo. Por ejercer el cargo, no se inhibe su derecho a la libertad de expresión.

-Finalmente, usted ha participado desde hace tiempo en investigaciones sobre la Constitución. ¿Qué aspectos considera indispensables en la propuesta de Nueva Carta Magna?

-Uno, el Estado social y democrático. Me parece que hay que abandonar la subsidiariedad, eso ya está superado. Dos, el reconocimiento de los pueblos indígenas y su plurinacionalidad y lo que eso significa, como reconocer su autodeterminación política, sus derechos culturales, su modelo de desarrollo que el Estado debería promover y reconocer. Tres, avanzar hacia un Estado descentralizado, con mayor autonomía financiera y administrativa y mayor autonomía política, con facultades radicadas en la Constitución y en la ley. Cuarto, mayores derechos sociales, reconocer sus núcleos a través de fórmulas que también permitan estabilidad financiera, fiscal y la responsabilidad de su cumplimiento, me parece que ese equilibrio es necesario hacer. También atenuar el régimen político e incluir mecanismos de participación ciudadana. En ese sentido, creo que mecanismos de democracia participativa que complemente la democracia representativa y que la nutra me parece esencial. Además, hay temas transversales como la igualdad de género, la protección de la naturaleza, nuevos modelos de desarrollo y la Constitución como respetuosa de los DD.HH. de las personas.

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