Columna de Guillermo Larraín: La crisis del contrato social en Chile y su solución

Mucha gente en Chile vive en al menos una de dos negaciones. Una, de la profunda crisis actual y lo cerca que estuvimos de caer en el caos. Dos, de la frágil estabilidad política que hoy impera. La palabra caos se usa de manera liviana para describir, por ejemplo, el desorden después de un terremoto. En la lógica institucional, la palabra caos refleja una situación en la que los límites de las instituciones formales son masiva y persistentemente sobrepasados por comportamientos individuales y colectivos.

El rol de las instituciones es dar una estructura, es decir márgenes de acción, a las interacciones repetitivas entre individuos. Así, las instituciones juegan un rol crucial en que la sociedad pueda desenvolverse con cierta armonía y de manera compatible con el progreso general. Tal progreso puede ser más o menos acelerado o equitativo en función de cómo ocurran esas interacciones repetitivas: cómo nos encontramos trabajadores y empresarios en la empresa, cómo somos protegidos por el sistema judicial, cómo distribuimos oportunidades en el sistema educativo, cómo enfrentamos una enfermedad catastrófica, etc.  Los individuos y sus organizaciones interactúan con sus contrapartes y de cada interacción uno puede suponer que cada cual trata de sacar el máximo provecho de ella. Las reglas serán respetadas si ese “máximo provecho” que cada cual obtiene de la interacción es satisfactorio.

Un estallido social de la magnitud y gravedad del que ocurrió en Chile en octubre de 2019 naturalmente implica que los límites institucionales fueron sobrepasados masivamente. Las reglas que estructuran nuestras interacciones, dejaron de estructurarlas. Es en este sentido que el proceso constituyente y el cambio de Constitución tiene la potencialidad –cosa que ha logrado hasta el momento– de extender la vigencia de las reglas actuales, por cuestionadas que estén, porque se atisba en el horizonte que habrá nuevas reglas que permitan interacciones más satisfactorias.

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Este problema, sus causas lejanas y próximas y un esbozo de soluciones, las discuto en mi libro “La estabilidad del contrato social en Chile”.  En la primera de tres partes, discuto “la paradójica crisis” chilena. Lo es porque las interacciones estructuradas por la Constitución de 1980 coincidieron con un incremento notorio y amplio en la disponibilidad de bienes y servicios, públicos y privados. Esto refleja una mirada utilitarista. La visión alternativa, la contractualista, es antigua en la filosofía política. Tradicionalmente propone que el contrato social es estable si los resultados son “justos”. El criterio usado para determinar cuán justos son –el velo de ignorancia– es poco práctico.

Un estallido social de la magnitud y gravedad del que ocurrió en Chile en octubre de 2019 naturalmente implica que los límites institucionales fueron sobrepasados masivamente. Las reglas que estructuran nuestras interacciones, dejaron de estructurarlas. Es en este sentido que el proceso constituyente y el cambio de Constitución tiene la potencialidad –cosa que ha logrado hasta el momento– de extender la vigencia de las reglas actuales, por cuestionadas que estén, porque se atisba en el horizonte que habrá nuevas reglas que permitan interacciones más satisfactorias.

La teoría de juegos puede ayudar. Los criterios distributivos y de justicia contractualistas son interpretados como condiciones que deben cumplir las expectativas de los individuos, no necesariamente su realidad. Las expectativas de lograr mejores condiciones de vida no sólo sirven de incentivo y justificación para el esfuerzo diario sino que además proveen un margen de tolerancia a las injusticias de corto plazo. La crisis del contrato social en Chile tiene que ver con la frustración de esas expectativas.

Una mirada autocomplaciente, que el libro no sigue, diría que el problema es la desaceleración de los últimos 15 años. Si descubriéramos la receta para volver a crecer el problema quedaría resuelto, las expectativas podrían volverse a satisfacer.

El libro plantea algo distinto. El problema va más allá del crecimiento y se sitúa más bien en el ámbito de los derechos y de la distribución del poder.

En la segunda parte discutimos los límites entre Estado y mercado respecto de derechos sociales y derecho de propiedad, que por razones de espacio no comentaré aquí. El libro plantea la necesidad de una combinación virtuosa de esfuerzos estatales y privados que permitan distribuir los derechos sociales de una forma satisfactoria. En parte, esto es una demanda por igualdad material, pero más sustantivamente es una demanda por inclusión.

El libro hace tres aportes que destacar. El primero es que un derecho social se caracteriza porque, el que algunas personas no tengan acceso a un determinado servicio en condiciones satisfactorias es políticamente relevante. Esto conlleva la necesidad de alguna forma de regulación que promueva una asignación distinta de la que haría el mercado. Segundo: tal relevancia política no es constante. La educación es hoy un derecho social, pero no era así cuando se fundó el Instituto Nacional o la Universidad de Chile. No es posible fijar ex ante un criterio que defina en forma rígida que es un derecho social. Tercero, la teoría de los derechos sociales siempre ha analizado las condiciones de acceso para los beneficiarios. El libro agrega una dimensión distinta, la situación del proveedor. En economías con alta interdependencia, especialización del trabajo y urbanización, la participación de la sociedad civil en la provisión de derechos sociales agrega una dimensión nueva de complementariedad entre el Estado y la sociedad civil.

La tercera parte está dedicada a la distribución del poder. Aquí defiendo el rol del Estado desde una perspectiva polémica: reclamo el desarrollo de un servicio civil profesional y jerárquico basado en el mérito. En esta sección se discute la necesidad de complementar la democracia representativa con algunos elementos de democracia directa y finalmente el libro propone un cambio de régimen para distribuir mejor el poder político en Chile. 

El problema chileno es antiguo y su solución, a estas alturas, no pudo ser provista por las instituciones existentes. La Convención puede ser la clave para rediseñar las instituciones formales para permitirle a Chile volver a un sendero de progreso económico y social. Esto no ocurrirá por arte de magia, requiere que todos los actores políticos – adentro y afuera de la Convención – estén conscientes de los riesgos existentes y los estrechos márgenes de maniobra disponibles.

Aquí defiendo el rol del Estado desde una perspectiva polémica: reclamo el desarrollo de un servicio civil profesional y jerárquico basado en el mérito. En esta sección se discute la necesidad de complementar la democracia representativa con algunos elementos de democracia directa y finalmente el libro propone un cambio de régimen para distribuir mejor el poder político en Chile. 

*Guillermo Larraín es economista y profesor asociado de la FEN, Universidad de Chile. Autor de “La Estabilidad del Contrato Social en Chile”, Fondo de Cultura Económica.