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Un error del Gobierno y dos portazos a Fiscalía: Así fracasó la orden de “entrada y registro” en funeral de Pablo Marchant

Llamó la atención que, pese a la presencia de una guardia armada con fusiles, el rito fúnebre de Pablo Marchant se desarrollara sin intervención policial ni enfrentamientos. Sin embargo, The Clinic descubrió que esa no era la intención del Gobierno, ya que solicitaron una diligencia de "entrada y registro" en el lugar, pero fracasaron. Primero por un error propio, y después por dos portazos que les dio el Juzgado de Garantía de Traiguén.

Revuelo han generado las imágenes del funeral de Pablo Marchant, integrante de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) que murió baleado en el rostro durante una acción de sabotaje a una faena de Forestal Mininco, en la localidad de Carahue.

El velorio se desarrolló el lunes 12 de julio en el exfundo Pidenco, comuna de Lumaco. De acuerdo a fotografías publicadas por el sitio Werkén, el joven asesinado fue despedido como weichafe por la comunidad, mientras su ataúd era custodiado por un grupo de personas que portaban armas de guerra, algunas identificadas como fusiles M-16.

El día martes 13 de julio, el funeral -o eluwun, como se dice en mapudungún- se extendió por 11 horas y asistieron unas 800 personas, entre ellos, nuevamente estaba la guardia de encapuchados armados. Pese a la extensión del rito y a las imágenes que constataban los hechos, finalmente no hubo ningún tipo de intervención policial y tampoco se registraron enfrentamientos.

Ante los cuestionamientos por la inacción de Carabineros frente a estos hechos, el general Esteban Díaz Urbina, director nacional de Orden y Seguridad de la institución, explicó que están trabajando en el caso, en colaboración con la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público. Sin embargo, advirtió que “no podemos seguir arriesgando más vidas de policías en determinadas diligencias”.

“Basta ya de cuestionar el trabajo de Carabineros, nos hemos sacado la mugre. Los carabineros que están allá todos los días salen a trabajar, van a esos lugares, pero no saben si van a volver. Por lo tanto, lo único que pedimos es que esperemos el resultado de las investigaciones”, añadió.

Un error formal

El mismo día que se difundieron las primeras imágenes del velorio, los abogados de la Intendencia de La Araucanía -hoy delegación presidencial- presentaron una querella en el Juzgado de Letras y Garantía de Traiguén por porte y tenencia de armas prohibidas.

El documento iba dirigido contra quienes resulten responsables y, en la parte petitoria, solicitan una orden de entrada y registro al predio donde se estaba velando al joven mapuche. En esa parte del texto, sin embargo, sale el nombre de una persona que no había sido nombrada en toda la querella: Juan Pirce Valenzuela.

Juan Pirce Valenzuela es justamente el oficial de sala del Juzgado de Garantía de Traiguén que fue sorprendido a principios de abril con un arsenal de armas en su casa durante un operativo anti-drogas del OS-7 de Carabineros. Actualmente, está en prisión preventiva, medida cautelar que fue extendida por 60 días más el pasado 10 de julio. Es decir, no tenía nada que ver con el hecho.

Fragmento de la querella presentada por la Intendencia. Fuente: Poder Judicial

El juez Jaime Manríquez, magistrado de dicho tribunal, respondió al día siguiente y constató que en el documento “se aprecia incongruencia”, por lo que le ofreció a los abogados de la Intendencia tres días de plazo para aclarar en contra de quién estaba dirigida la querella. De lo contrario, sería rechazada o declarada como “no presentada”.

El miércoles 14 de julio, todas las Intendencias del país pasaron a ser Delegaciones Presidenciales, tras asumir por primera vez los Gobiernos Regionales democráticamente electos. Ese mismo día, en tanto, se presentó la rectificación de la querella, donde desaparecía el nombre de Juan Pirce y era reemplazado por “quienes resulten responsables”.

Durante la tarde, el tribunal declaró admisible la querella. Sin embargo, el funeral de Pablo Marchant ya había terminado hace varias horas. A esas alturas, una diligencia de entrada y registro ya no tenía ningún sentido.

El Plan B del Gobierno

Paralelamente, el mismo lunes 12 de julio, la Fiscalía de Alta Complejidad inició una investigación de oficio por porte de armas prohibidas, una vez que tomó conocimiento de las imágenes que se estaban viralizando en redes sociales. Es así que ordena las primeras pesquisas a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de Temuco.

Desde el Ministerio Público detallaron a The Clinic que se le encargaron siete diligencias a la PDI: Individualizar a los sujetos de las fotografías; identificar los lugares en que las imágenes pudieron ser captadas; comprobar el tipo de armas y si son modelos que forman o formaron parte del arsenal de las Fuerzas Armadas; indagar otras imágenes, videos, publicaciones, medios o redes sociales; entre otras.

Posteriormente, a manos de la Fiscalía llegó la querella del Gobierno y se activan los contactos con la Unidad de Coordinación de la Macrozona Sur, encabezada por el abogado Pablo Urquízar. En ese momento, el órgano persecutor decidió dar curso a la orden de entrada y registro que solicitaba la Intendencia, lo que fue rechazado por el Juzgado de Garantía de Traiguén.

The Clinic tuvo acceso a la respuesta firmada por la jueza Karina Muñoz, donde aseguraba que rechazó la petición “por no existir antecedentes suficientes en cuanto a la individualización del predio y el lugar en que este se encuentra emplazado”. Es decir, las fotos podrían haberse tomado en cualquier parte, por lo que no se podía establecer si era competencia de su tribunal o no.

Al día siguiente, la Fiscalía volvió a la carga, esta vez con nuevos antecedentes rastreados por la PDI sobre la ubicación del recinto donde se realizaba el velorio. Además, incorporó información de la querella que había ingresado la Defensoría de la Niñez, por la presencia de menores de edad en el funeral de Pablo Marchant.

Sin embargo, la solicitud otra vez fue rechazada, aunque esta vez por otro juez: Jaime Manríquez. El magistrado argumentó que no existían antecedentes suficientes que permitan establecer “la flagrancia del hecho, toda vez que no existe mayor información respecto al momento en que habrían ocurrido los hechos denunciados”. El plan B del Gobierno había zozobrado otra vez.

Funeral de Pablo Marchant

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