Mauricio Daza, constituyente electo por el distrito 28. Foto cedida.

Mauricio Daza: “Si caemos en la presidencialización de esta Convención, vamos a estar afectando gravemente su funcionamiento”

El constituyente hace un llamado a "salirnos de la lógica de lo que es el Chile de los próximos cuatro años y empezar a pensar en el Chile de los próximos 40 años". Además, realiza una advertencia sobre dos riesgos por los que la Convención debe esforzarse en evitar: no cumplir con el plazo de un año para la redacción de la nueva Constitución y un eventual rechazo en el plebiscito de salida.

Mauricio Daza (49) tiene dos particularidades en su rol como uno de los 155 miembros de la Convención Constituyente: representa al distrito más austral del país y además fue electo como independiente. Para él, los viajes entre Santiago y Magallanes son un hábito, ya que ha ejercido como abogado en ambas regiones durante más de una década.

Desde su perspectiva, el gobierno cometió una serie de negligencias durante los primeros días de la instalación de la Convención. “Elisa Loncon y Jaime Bassa en 24 horas hicieron lo que el gobierno, durante más de seis meses, no realizó, aún cuando ellos estaban obligados legalmente a efectuarlo, y a pesar que contaban con todos los recursos necesarios para hacerlo”, sostiene Daza.

Algunos constituyentes sugirieron una acusación constitucional por parte de la Cámara de Diputados contra el ministro Ossa. ¿Compartes que se debería producir la salida de algún personero del gobierno de un rango más alto?

-En lo personal, creo que obviamente la renuncia de Francisco Encina resulta claramente insuficiente. Pero también tengo la convicción de que, como convencionales, no debemos quedarnos entrampados en estas cosas puntuales y tenemos que enfrentar las dificultades buscando soluciones. Ya habrá tiempo para poder establecer lo que realmente ocurrió durante esta semana, hasta qué grado ha habido una desidia negligente por parte del gobierno. O si, más bien, ha sido una voluntad de que el trabajo de la Convención no opere de manera adecuada. 

Desde el mundo jurídico se plantea que la negligencia grave se asemeja al dolo. ¿Al gobierno se le podría acusar de una conducta dolosa?

-Hay una norma del Código Civil que establece que la negligencia grave es equivalente al dolo, pero yo creo que también esto es aplicable al ámbito político. Lo concreto es que no teníamos las condiciones mínimas para funcionar al momento en que se instaló la Convención. Luego hubo una votación bastante caótica que se vio en el pleno del ex Congreso, donde se tuvo que tomar la votación a mano alzada, en pleno Siglo XXI, lo que es realmente inaceptable. Un grupo de 155 personas reunidos en un mismo espacio, genera una situación de desorden y proyecta una imagen que es utilizada por quienes quieren sabotear el proceso constituyente para efectos de argumentar que esto sería una bolsa de gatos. Más allá de lo anterior, con el paso de los días hemos logrado ordenar el debate.

Hay una norma del Código Civil que establece que la negligencia grave es equivalente al dolo, pero yo creo que también esto es aplicable al ámbito político. Lo concreto es que no teníamos las condiciones mínimas para funcionar al momento en que se instaló la Convención.

En relación a lo mismo que señalabas, algunos sectores de Vamos por Chile solicitaron repetir esa votación por lo caótico que resultó. ¿Estás de acuerdo con este planteamiento?

-Aquí nadie ha sostenido que el resultado de la votación habría sido distinto si es que se hubiese tomado de una forma diversa. Por lo tanto, es una solicitud que busca más bien entrampar el trabajo de la Convención que ayudar. Más allá de lo anterior, yo creo que en algunos sectores de Chile Vamos existe una estrategia de tratar de desacreditar el trabajo de la convención frente a la opinión pública para mejorar la situación que ellos, probablemente, van a sostener en el plebiscito de salida: rechazar el texto que nosotros le propongamos al país. Ahora, efectivamente el proceso constituyente tiene dos riesgos en cuanto a su labor. 

Explíquese.

El primero, el que no lleguemos al día 4 de julio de 2022 con una propuesta consistente de nueva Constitución para Chile. Y esto, toda vez que, por las normas del proceso constituyente, la Convención se disuelve de forma automática un año después de su instalación. Y el otro riesgo que existe, precisamente es el que se dé un rechazo en el plebiscito de salida. Yo creo que hay varios sectores de la derecha que están jugando a que algunos de estos riesgos se concrete en un fracaso del proceso constituyente. Y, en ese sentido, nosotros no tenemos que hacer el juego a esas estrategias. Eso involucra hacer un esfuerzo para entender que este espacio tiene por objetivo principal el debatir esta nueva Constitución para Chile no desviándonos de aquello. Espero que contemos con un reglamento en las próximas seis semanas y, a partir de eso, empezar ya a trabajar los temas de fondo.

Gran parte de los constituyentes, independiente de sus militancias, están funcionando como bancadas. En ese sentido: ¿Qué dificultades tiene usted como representante del mundo independiente en la convención?

-En términos objetivos, la situación en la que me encuentro puede ser difícil, ya que yo fui electo a partir de una candidatura independiente que no se coordinó con ninguna lista de partidos políticos o con algún tipo de articulación a nivel nacional como, por ejemplo, la Lista del Pueblo. El trabajo se hace más demandante, ya que para efectos de impulsar iniciativas, uno tiene que, de alguna manera, tratar de hacerlo sobre la base de propuestas que sean consistentes y que puedan concitar un apoyo transversal. En estos primeros días de trabajo, he logrado tener contacto con personas de distintos grupos que también están en la posición de actuar fuera de lo que ha sido la lógica partidaria que se ha observado en el Congreso durante los últimos 30 años. 

En estos primeros días de trabajo, he logrado tener contacto con personas de distintos grupos que también están en la posición de actuar fuera de lo que ha sido la lógica partidaria que se ha observado en el Congreso durante los últimos 30 años. 

Desde esta misma autonomía que describe, ¿Cree que su voto puede resultar clave dentro de la Convención, considerando los altos quórums para las definiciones constitucionales?

-Sin duda voy a tener la oportunidad de articularme con otros grupos de independientes para efectos de generar una fuerza que pueda desequilibrar ciertos temas que estén en debate. En ese sentido, tengo la plena voluntad de poder hacer aportes que incidan en las normas de esta nueva Constitución bajo los parámetros que yo sostuve durante mi campaña; profundizar nuestra democracia, contar con una mayor autonomía de nuestras regiones y, además, establecer un catálogo robusto pero acotado de derechos sociales, los que sean gestionados de manera principal por el Estado, abandonando la visión de la Constitución del 80. En el escenario actual, los independientes vamos a poder incidir de una manera muy importante en esta nueva Constitución.

En la discusión por la declaración sobre los presos de la Revuelta, en la primera votación usted se abstuvo, pero en la última votó a favor de la declaración del Frente Amplio. ¿A qué se debió eso?

-En la primera votación me abstuve, con la finalidad de forzar una segunda votación y generar un espacio para que se pudieran conciliar estas dos declaraciones principales, que eran impulsadas por el Frente Amplio y la Lista del Pueblo. Lamentablemente, no hubo voluntad para que se pudiese llegar a un texto conjunto. Y frente al temor que no se tuvieran los votos suficientes para sacar una declaración en la segunda votación, tanto la Lista del Pueblo como muchos de nosotros que creíamos necesario un pronunciamiento sobre esta materia, decidimos apoyar dicha declaración. 

¿Existen presos políticos en Chile?

-Respecto a la noción de preso político, hay que señalar que, según el desarrollo del Derecho, en la actualidad no se restringe a los presos de conciencia, que claramente en Chile no existen. Sin embargo, hay personas que enfrentan procesos judiciales donde, en una estrategia absolutamente coordinada por el gobierno, se han presentado querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado contra manifestantes. Esta normativa es de carácter política, porque le permite al Presidente de la República, por su sola voluntad, el presentar denuncias o querellas en determinadas causas y, con eso, aumentar sustantivamente el marco punitivo y bajar de manera radical las garantías judiciales de los imputados. Y con esto se logra, en la práctica, obtener prisiones preventivas con antecedentes de baja calidad durante un largo periodo de tiempo, pero que al final no llegan a juicios que tengan condenas o que, cuando éstas se concretan, se cumplan con privación efectiva de libertad. 

Esta era una estrategia para desmovilizar a la ciudadanía con el objetivo que no se dieran las condiciones para generar un cambio a un sistema de abusos que se ha extendido por más de 40 años. En ese contexto, era importante una declaración que visibilizara esta situación y que instara a los órganos del Estado a que tengan competencias en esos ámbitos a actuar de una forma tal de poner fin a esta situación de injusticia.

¿Qué diagnóstico hace de la Ley de Seguridad Interior del Estado? ¿Debe seguir existiendo?

-La Ley de Seguridad Interior del Estado no debiese subsistir a partir de los parámetros de un Estado democrático de derecho en el Siglo XXI. Yo espero que, a partir de la nueva Constitución, esa ley no pueda seguir manteniendo su vigencia.

La Ley de Seguridad Interior del Estado no debiese subsistir a partir de los parámetros de un Estado democrático de derecho en el Siglo XXI. Yo espero que, a partir de la nueva Constitución, esa ley no pueda seguir manteniendo su vigencia.

A futuro: ¿Cuáles son las principales dificultades de la Convención?

-El tema de la participación. Es muy importante que el ejercicio del Proceso Constituyente no se limite a 155 personas encerradas en el ex Congreso elaborando un texto que, después de un año, se proponga al país. Tenemos que sacar la convención de Santiago y llevarla a regiones. En nuestras regiones existe una brecha digital muy importante, además de la imposibilidad de muchas personas y grupos de poder viajar a Santiago para ser escuchados adecuadamente. 

Si no lo hacemos así, esta Constitución no va a ser vista como algo que le pertenezca a la ciudadanía. Y ese también es un riesgo muy importante. Yo he planteado que podamos funcionar, en pleno, a lo menos una vez en cada región, o, por lo menos, en nuestras regiones extremas. Y también los trabajos de comisión debiesen moverse en el país. Además, tenemos un problema presupuestario, ya que hemos recibido menos del 5% del presupuesto que tiene la Cámara de Diputados. Sin embargo, si logramos reasignar los dineros que se nos han entregado para este fin, y si sumamos además convenios de colaboración con los gobiernos regionales y locales, creo que sí podemos concretar esta aspiración que se siente muy fuerte en nuestras regiones.

¿Ve algún riesgo en este proceso?

-Creo que tiene varios riesgos. Uno de ellos es que la contingencia política y electoral captura la actuación de los convencionales. Tenemos que salirnos de la lógica de lo que es el Chile de los próximos cuatro años y empezar a pensar en el Chile de los próximos 40 años. Y tenemos que empezar a disociarnos todos de lo que es la campaña presidencial, para poder enfocarnos en estos otros temas. Porque si caemos en la presidencialización de esta Convención, yo creo que vamos a estar afectando gravemente su funcionamiento y el cumplimiento de los objetivos que se nos han encomendado.

Comentarios
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