Opinión
19 de Agosto de 2021Columna de Crescente Molina: ¿Política de identidad?
Agencia Uno
¿Qué hay de nuevo en la versión de la política de identidad que de manera incipiente comienza a asentarse en nuestra política nacional? Esta tiene dos características distintivas que, en su conjunto, representan tanto una potencial oportunidad como un riesgo para nuestro país.
Crescente Molina
En términos generales, en la discusión pública actual la alusión a la política de identidad se refiere a la práctica -habitual en la política estadounidense desde los años 80– de dar un rol preponderante tanto en el discurso político como en la estructuración de las políticas públicas a ciertas identidades de los ciudadanos (e.g., raciales, sexuales y de género, etc.). Descrita en estos términos, la política de identidad no tiene nada de nuevo. Es más, es inherente a varias de las ideologías políticas tradicionalmente presentes en nuestro país. El socialismo, por ejemplo, utiliza la identidad de clase como un elemento central de su discurso político. Y el socialcristianismo le da un rol central a la identidad religiosa de los ciudadanos. ¿Qué hay de nuevo entonces en la versión de la política de identidad que de manera incipiente comienza a asentarse en nuestra política nacional? Esta tiene dos características distintivas que, en su conjunto, representan tanto una potencial oportunidad como un riesgo para nuestro país.
Una de las características centrales de la política de identidad contemporánea es lo que podríamos llamar su pluralismo o inclusividad. Esta no utiliza una forma identitaria como eje de su programa, sino que es (o al menos declara ser) inclusiva de todas las diversas identidades de los ciudadanos y, particularmente, de todas aquellas históricamente excluidas. ¿Es el pluralismo una característica positiva de la nueva política de identidad? Depende.
En nuestro país se han menospreciado o derechamente negado históricamente una serie de identidades tales como las de varios pueblos indígenas o de minorías sexuales. Al adoptar una política de identidad inclusiva, que reconozca todas las identidades por muy minoritarias que sean, evitamos caer en la práctica de exclusión que nos ha caracterizado. Sin embargo, el pluralismo de la política de identidad conlleva riesgos.
Primero, dado que su discurso presupone la parcelación de la sociedad en diferentes grupos identitarios, la política de identidad puede contribuir a derrumbar (aún más) los mínimos cimientos de cohesión social que existen en nuestro país -y sí, estos cimientos pueden ser al menos en parte ficticios, pero, como muchas ficciones, son centrales para una convivencia social armónica-. El desafío de la Convención, y de la nueva generación política de nuestro país, es precisamente lograr avanzar en el reconocimiento de las diversas identidades de los ciudadanos pero simultáneamente lograr nuevos mecanismos institucionales y símbolos culturales que aumenten la cohesión social, pues sin ella cualquier proyecto político estable resulta inviable.
Segundo, al poner a las minorías al centro del discurso y práctica política, la política de identidad tiende a ser seguida de un coletazo de movimientos políticos que precisamente alegan el abandono por parte del establishment político y cultural de los grupos mayoritarios en favor de grupos identitarios minoritarios. Comentaristas de distintas sensibilidades políticas han destacado este riesgo de la política de identidad. El filósofo Richard Rorty ya en los años 90 criticaba el abandono de la política de mayoría por parte de la izquierda en su famosa crítica a la llamada ‘izquierda cultural’, y, más recientemente, el historiador conservador Francis Fukuyama ha argumentado que la decadencia de la política estadunidense está directamente relacionada con el énfasis que la élite política ha dado a la política de identidad por sobre una política universal de reconocimiento -no es sorpresa que frecuentemente se mencione a la política de identidad como una de las causas del triunfo de Donald Trump y del surgimiento de nuevos movimientos anti-minoría que reivindican el nacionalismo y la identidad de la raza blanca de la mayoría de la población-.
En nuestro país se han menospreciado o derechamente negado históricamente una serie de identidades tales como las de varios pueblos indígenas o de minorías sexuales. Al adoptar una política de identidad inclusiva, que reconozca todas las identidades por muy minoritarias que sean, evitamos caer en la práctica de exclusión que nos ha caracterizado. Sin embargo, el pluralismo de la política de identidad conlleva riesgos.
Una segunda característica distintiva de la nueva política de identidad consiste en lo que podríamos llamar su carácter institucional. La nueva política de identidad no se contenta con formas exclusivamente culturales de reconocimiento de las diversas identidades, sino que demanda que este reconocimiento se materialice a través de cuotas de participación institucional en la toma de decisiones en los órganos públicos (algunos van más allá y defienden la idea de que ciertos grupos deben incluso tener prioridad discursiva por sobre otros al momento de participar en la deliberación pública, e.g., asegurar que siempre se les dé la palabra, etc.) ¿Es este un aspecto positivo de la nueva política de identidad? De nuevo, depende.
Bajo la dimensión institucional de la política de identidad subyace la idea de que sólo mediante la representación institucional de todos los grupos excluidos en los órganos de toma de decisión política es que lograremos un reconocimiento efectivo de éstos. Esta idea es al menos en parte correcta, y nos da razones para, dependiendo las circunstancias del caso, favorecer ciertos planes de acción afirmativa en los órganos de decisión pública. Sin embargo, el riesgo que representa la dimensión institucional de la política de identidad es que necesariamente (aunque algunos no lo crean) entra en tensión con algunos de los ideales políticos ilustrados básicos como la igualdad política. ¿Si somos políticamente iguales, por qué es que ciertos grupos identitarios deben tener cupos reservados en las instituciones de deliberación pública? Y ¿por qué es que algunas identidades deben tener prioridad discursiva por sobre otras? ¿No es acaso la regla más igualitaria aquella en que todos los ciudadanos individualmente considerados, y no como pertenecientes a ciertos grupos identitarios, tienen derecho a participar, en iguales condiciones, en el proceso político?
Una segunda característica distintiva de la nueva política de identidad consiste en lo que podríamos llamar su carácter institucional. La nueva política de identidad no se contenta con formas exclusivamente culturales de reconocimiento de las diversas identidades, sino que demanda que este reconocimiento se materialice a través de cuotas de participación institucional en la toma de decisiones en los órganos públicos.
Toca a quienes asumirán el liderazgo de nuestra nueva institucionalidad intentar lograr un balance armónico entre el reconocimiento identitario y los valores básicos de la cohesión social e igualdad política. Y para lograr tal balance, un primer paso consiste en que quienes pregonan la política de identidad estén conscientes tanto de sus luces como de sus sombras.
*Crescente Molina es abogado, doctor en Derecho e investigador asociado en Filosofía del Derecho, University College, Oxford.
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