Platas negras en los municipios: las barreras para fiscalizar a Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea

Sin control ni fiscalización habrían operado una serie de municipios donde actualmente se investigan delitos que van desde asociación ilícita y fraude al fisco, hasta el pago de millonarias indemnizaciones. Uno de los problemas tiene que ver con las limitaciones de Contraloría para intervenir oportunamente frente a estas irregularidades, que actualmente tienen inquieto al mundo político. De hecho, un grupo de diputados ya presentó un proyecto de ley este mes para ampliar las facultades del organismo en esta materia.

El recambio de alcaldes en distintas comunas del país trajo consigo que se destaparan una serie de irregularidades en el manejo de las finanzas de las Municipalidades. El epicentro mediático de estas “platas negras” se ha concentrado en tres comunas del barrio alto capitalino: Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea.

Todo partió con las denuncias contra el ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba (RN), realizadas por su sucesora en el municipio, Camila Merino (Evópoli). El ex edil, que se mantuvo durante 25 años en el cargo, actualmente es investigado por la Fiscalía por los delitos de lavado de dinero, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones.

Sin embargo, un reportaje publicado por América Transparente destapó que en los últimos tres años, las municipalidades de Las Condes y Lo Barnechea transfirieron más de 14 mil millones de pesos a dos empresas privadas de seguridad que no son fiscalizadas.

La crisis en estos municipios se ha ido profundizando. El actual alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira (UDI), denunció que durante la gestión de su antecesor, Felipe Guevara (RN) se registraron reiteradas donanciados realizadas por la minera de explotación de bronce, Anglo American Sur S.A., por un monto total que supera los 5 mil millones de pesos.

Por su parte, en el caso de Las Condes, recientemente se reveló que bajo la gestión de Joaquín Lavín (UDI), en la Corporación Cultural de dicha comuna se pagaron más de 2 mil millones de pesos en remuneraciones a funcionarios con nexos familiares y políticos con la UDI y RN, según detalla otro reportaje de América Transparente.

A ello se suman las denuncias por indemnizaciones millonarias que se habrían pagado en Ñuñoa al terminar el mandato de Andrés Zarhi (ex RN); la investigación por fraude al fisco y asociación ilícita que pesa sobre la ex alcaldesa Virginia Reginato (UDI) en Viña del Mar; y las auditorías externas actualmente en curso en las municipalidades de Santiago y Maipú.

Los límites de Contraloría

Una de las dudas que han despertado los casos de “platas negras” en los municipios, tiene que ver con el vacío de fiscalización que tienen sus operaciones.

The Clinic se contactó con la Contraloría General de la República, quienes detallaron que la institución sí “está facultada por ley para fiscalizar el uso de los recursos públicos en las municipalidades”. Sin embargo, su trabajo tiene varios límites. El principal de ellos es que sólo pueden intervenir ex post, es decir, cuando ya se ejecutó la irregularidad.

“Los municipios son organismos autónomos y están exentos del control de legalidad previo, es decir, de toma de razón. La fiscalización entonces se realiza sólo mediante auditorías, investigaciones especiales e inspecciones de obra, entre otros, las que pueden derivar en la apertura de sumarios administrativos y realizar el examen de cuentas”, detallan.

En este sentido, desde la entidad señalan que uno de los mecanismos para elevar los estándares de probidad en el sector ha sido promover “la firma de convenios de apoyo al cumplimiento, a través de los cuales se implementa un programa que entrega herramientas metodológicas y de orientación para generar planes de trabajo con el que puedan superar debilidades administrativas”.

Justamente, uno de esos convenios lo firmaron la semana pasada con la Municipalidad de Lo Barnechea para revisar, entre otras cosas, la juridicidad de ocho contratos y licitaciones de servicios. Según la Contraloría, “desde 2017 se han firmado 208 convenios entre municipios y este año se incorporaron Quinta Normal, Pudahuel y Ñuñoa“.

La zona gris de las corporaciones

Pese a todo, Contraloría tiene algunas cortapisas para fiscalizar las “platas negras” en un área de la administración comunal: las corporaciones municipales, entidades privadas, pero que administran fondos públicos.

Existen de dos tipos: las que ofrecen servicios de salud y educación, que sí están sujetas a la fiscalización de Contraloría “para los efectos de cautelar el uso y destino de sus recursos, el cumplimiento de sus fines, la regularidad de sus operaciones, y hacer efectivas las responsabilidades de sus directivos o empleados”.

Sin embargo, también están las corporaciones municipales creadas por la Ley Orgánica de Municipalidades, y que pueden estar destinadas a la promoción del arte, la cultura, el deporte, el desarrollo comunal, etc.

En esos casos, Contraloría solamente se encuentra facultada para fiscalizarlas en lo que se refiere al “uso y destino de recursos, sea que estos provengan de subvenciones y aportes fiscales otorgados por ley a título permanente, o de ingresos propios obtenidos por cualquier vía”.

En esa línea, un grupo de diputados encabezados por Tomás Hirsch (Acción Humanista), anunció la presentación de un proyecto de ley que obligue a organizaciones comunitarias a rendir cuentas sobre el destino, uso y gestión de recursos públicos.

Dicha rendición debe ser entregada a las unidades de control de los municipios, las gobernaciones regionales o gobierno central -según corresponda- en caso de que los aportes superen las 10 Unidades Tributarias Anuales (UTA), es decir, unos 6 millones de pesos. Asimismo, la iniciativa permita la fiscalización por parte de Contraloría de dichos dineros.

El proyecto fue patrocinado por un grupo de diputados de oposición, entre los que se encuentran Gonzalo Winter (CS), Claudia Mix (Comunes), Gael Yeomans (CS), Karol Cariola (PC), Catalina Pérez (RD) y Alejandra Sepúlveda (FRVS).


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