Foto: Agencia UNO

Pandora Papers

Operación Dominga: Lo que se sabía y lo que no del polémico tercer pago que recibieron los Piñera Morel por la minera

Buena parte de los antecedentes de la transacción por la minera se conocían desde el 2017. Sin embargo, en aquella oportunidad, el Ministerio Público se negó a indagar los detalles que ahora irrumpieron con fuerza con los Pandora Papers. El principal apuntado es Manuel Guerra, ex jefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente.

Operación Dominga

Uno de los puntos más polémicos ratificados por los Pandora Papers es la cláusula del contrato de compraventa de la minera Dominga que pagó Carlos Alberto “Choclo” Délano, condenado por evasión fiscal en el marco del caso Penta, a los Piñera Morel.

Según los datos proporcionados por el reportaje de Ciper y LaBot, parte de la operación se llevó a cabo en las Islas Vírgenes Británicas en diciembre de 2010, cuando Sebastián Piñera ya se encontraba en su primer mandato presidencial.

En dicha transacción se estableció un pago en tres cuotas. El tercero de estos montos estaba sujeto a que no hubieran cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y el puerto, decisión que dependía directamente del gobierno.

Los detalles de la operación Dominga

En los documentos revelados por los Pandora Papers se puede ver que el 4 de octubre de 2010, Minería Activa Uno Spa -cuyo principal accionista era la familia Piñera Morel- acordó vender la estructura societaria detrás de minera Dominga a inmobiliaria Duero, propiedad del Choclo Délano y su familia.

La fecha de cierre del trato quedó establecida para el 10 de diciembre de ese mismo año en una escritura notarial firmada en Chile, donde sólo se estableció el pago de unos 14 millones de dólares (6.675 millones de pesos) por dicha participación.

Sin embargo, el reportaje reveló que el grueso de la transacción se llevó a cabo en Islas Vírgenes Británicas, donde se pagó un monto 10 veces superior: 138 millones de dólares dividido en tres cuotas. Es decir, en total, los Délano pagaron 152 millones de dólares por la minera Dominga.

En el contrato, las partes firmantes son identificadas como Delcorp y Latin Minerals, empresas offshore conformadas por los Délano Méndez y los Piñera Morel en ese paraíso fiscal, respectivamente.

Según el artículo, en el punto 1.2 del contrato se estipulan las tres cuotas: 106.8 millones de dólares la primera, 21 millones la segunda y 9.9 millones la tercera. Esta última quedaba pendiente de pago hasta el 31 de diciembre del 2011. Es decir, se le otorgaba el plazo de un año.

Sin embargo, dicho desembolso estaba sujeto a ciertos requisitos. De acuerdo al reportaje, su pago dependía de que no cambiaran las reglas en la zona donde se ubicaría el proyecto minero. En específico, quedaba condicionado a que el sector no se transformara en una zona de exclusión o se convirtiera en un parque o reserva nacional.

Las revelaciones del 2017

Algunos de estos detalles de la operación Dominga fueron revelados por una serie de reportajes realizados por la unidad de investigación de Radio Bío Bío en 2017.

El primero de ellos titulado “Los desconocidos intereses de la familia Piñera en Minera Dominga”, se publicó en febrero y destapó que el mandatario ordenó bajar la termoeléctrica Barrancones en agosto del 2010, al mismo tiempo que su familia era una de las principales accionistas de minera Dominga, proyecto que pretendía instalarse en el mismo sector.

En ese mismo reportaje, consignaban que en agosto del 2010, aterrizó en Chile una de las sociedades de la familia Délano que se había conformado en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas, y que se adjudicó el 90.5% de la propiedad de Minera Andes Iron con un aporte de 5.500 millones de pesos.

El otro 9.5% siguió en manos de los Piñera Morel hasta diciembre de ese año, cuando se concretó la venta de esa participación al fondo de inversión privado Rucapangui, a cambio de 6.675 millones de pesos. En dicho artículo está publicada la escritura que fue visada por la notaria Gloria Acharán, quien cinco años después fue expulsada de la Corte de Apelaciones por el caso firmas truchas.

En agosto del 2017, Bío Bío publicó un nuevo reportaje: “Minera Dominga: El lobby, los vacíos ambientales y los nexos con Piñera sin investigar”, donde publicaron una serie de correos electrónicos entre Nicolás Noguera, gerente general del Grupo Bancard que representaba los intereses de los Piñera Morel, e Iván Garrido, presidente ejecutivo de Andes Iron.

A partir de esos mensajes, se concluyó que la verdadera cifra involucrada en el negocio era 11 veces más grande que lo que habían publicado en febrero. De hecho, el reportaje detalla que se pagaron cerca de 150 millones de dólares y que el 93.3% de ese monto se debía pagar al contado.

También anticiparon que los 10 millones de dólares restantes se iban a pagar un año después, siempre y cuando no se emplace en el lugar donde se pensaba instalar Dominga “una zona de exclusión, un parque nacional o reserva natural, impidiendo de forma insubsanable el desarrollo de la actividad minera o la instalación de un puerto a 50 kilómetros de las concesiones mineras”.

Uno de los mensajes de Nicolás Noguera, quien firmaba sus correos como “NN”, decía lo siguiente en los días previos a cerrar el trato:

“Estimados,

¿Podríamos tener para el directorio de mañana una estimación de cómo se distribuyen los flujos de la oferta de Duero (en sus dos modalidades) para las diferentes de acciones de Minería Activa Uno (para contar los billetitos…)?

Saludos,

NN”

Tras la operación Dominga, el reportaje calcula que la familia Piñera Morel se adjudicó más de 21.683 millones de pesos. Y que ese mismo día, Iván Garrido los invitó a todos a un almuerzo para festejar.

La investigación de Fiscalía

En noviembre del 2016, el diputado Hugo Gutiérrez (PC) interpuso una querella en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago por negociación incompatible contra Sebastián Piñera por el caso Bancard, a propósito de los negocios de la family office de los Piñera Morel con la pesquera peruana Exalmar durante el litigio marítimo en La Haya.

Cuatro meses después, decidió ampliar la querella por los nuevos antecedentes revelados en torno a la venta de minera Dominga. La investigación del caso quedó en manos de Manuel Guerra, entonces jefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente.

En conversación con The Clinic, el diputado Gutiérrez asegura que efectivamente estaban al tanto de la polémica cláusula del contrato de minera Dominga. Sin embargo, subraya que “pedí todos los antecedentes en la investigación, pero el fiscal Guerra negó las diligencias”.

Lo mismo señaló el abogado querellante del caso, Manuel Monsalve. En su cuenta de Twitter, expuso los documentos en que solicitaban investigar los correos electrónicos de todo el clan Piñera Morel. “Es fundamental y pertinente conocer de manera objetiva si conocían de las inversiones en Exalmar y Minera Dominga, para lo cual se hace necesario y excluyente la realización de las pericias”, apunta el documento.

En esa misma línea, el periodista Sergio Jara Román, quien formó parte de la unidad de investigación de Radio Bío Bío que investigó la operación Dominga, confirmó que la polémica cláusula “sí fue conocida” en 2017, pero que “el problema es que al fiscal Guerra no le pareció importante y la impunidad ganó”.

La investigación que hizo el Ministerio Público del caso duró nueve meses. El 4 de mayo de 2017, Piñera renunció a su derecho a guardar silencio y declaró ante el fiscal Guerra en calidad de imputado por más de dos horas, en su oficina de Apoquindo 3000.

En esa oportunidad, el entonces ex mandatario sostuvo que “desde que dejé la gestión y administración de las empresas el año 2009, nunca más tuve participación alguna en las decisiones de inversión”. Según su testimonio, tomó conocimiento de la operación Dominga recién cuando dejó la presidencia en 2014.

Dos meses después de su interrogatorio, Piñera fue sobreseído. La información fue dada a conocer por el fiscal nacional Jorge Abbott, quien aseguró que “se hicieron múltiples diligencias, tales como oficios, revisiones de correos electrónicos, declaraciones de personas”. Sin embargo, llegaron a la conclusión “de que no existía un hecho constitutivo de delito y menos era posible atribuirle a nadie participación en un hecho punible”.

El diputado Gutiérrez recurrió a la Corte de Apelaciones y a la Corte Suprema para tratar de revertir dicha decisión. En ambos casos, su petición fue rechazada. Además, fue condenado a pagar las costas del juicio.

Durante su exposición en el tribunal de alzada, el propio fiscal Guerra sostuvo que la resolución de la corte “nos deja conformes, ya que ratifica lo que el Ministerio Público expuso respecto a que, tras la indagatoria, se pudo constatar que los hechos denunciados no eran constitutivos de delitos”.

La Cámara de Diputados también había resuelto crear una comisión investigadora del caso. Su trabajo duró cerca de cinco meses y, en agosto del 2017, presentaron su informe final donde concluyeron que “no es posible” para la comisión “pronunciarse, en uno u otro sentido, respecto al nivel de conocimiento del entonces Presidente de la República, Sebastián Piñera, acerca de la existencia, emplazamiento geográfico y otros aspectos legales-tributarios, referidos al proyecto minero-portuario Dominga”.


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