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Rasguñando hasta marzo: Cuatro analistas examinan el laberinto sin salida de Piñera, acorralado por la Fiscalía y el Congreso

La decisión del Ministerio Público de iniciar una investigación de oficio sobre el Presidente Sebastián Piñera por la compraventa de su familia en el proyecto minero Dominga, echa más leña al fuego sobre el complejo escenario en el que queda el Presidente a casi dos meses de la elección presidencial, con una acusación constitucional en ciernes que aglutinó a la oposición. Cuatro expertos desmenuzan a The Clinic las implicancias políticas, institucionales y electorales de la hoguera instalada en La Moneda.

Flanqueado por los ministros Juan José Ossa y Jaime Bellolio -Segpres y Segegob, respectivamente-, en la tarde de ayer, viernes 08 de octubre, el Presidente Sebastián Piñera tuvo que salir a dar un punto de prensa en La Moneda para reaccionar a la apertura de una investigación, por parte del Ministerio Público, por la compraventa del proyecto minero Dominga, realizada entre la familia del Mandatario y la de su amigo íntimo, Carlos Alberto Délano, según revelaron Ciper y La Bot, en el marco del caso Pandora Papers.

Lo anterior, por cierto, con un agregado aún más complejo: el antecedente de que esta transacción comercial, realizada en las Islas Vírgenes Británicas en el 2010, contenía una cláusula que condicionaba el pago de la tercera -y última- a cuota a que no se implementaran medidas regulatorias que obstaculizaran la instalación del proyecto en el sector de Las Higueras, Región de Coquimbo. Algo que el gobierno insistió, desde que estallara la denuncia el pasado domingo 03 de octubre, de que este hecho ya había sido conocido por las instancias judiciales, pero que en las últimas horas Fiscalía descartó.

En una hecho inédito, en tanto, el Presidente criticó la decisión de investigar del Ministerio Público, la que se sustenta ante la comisión de eventuales delitos de cohecho, soborno y vulneración a la normativa tributaria.

“No compartimos la decisión anunciada por la Fiscalía de iniciar una investigación sobre una causa que ya fue conocida y juzgada”, dijo Piñera, basándose en una pesquisa previa, realizada en el 2017, en el marco de la causa -relacionada- Exalmar.

El hecho de que el Presidente polemizara con la investigación de oficio del Ministerio Público, anteriormente había sido reforzada con la difusión de un comunicado de prensa, a nombre de la Presidencia de la República, sosteniendo una línea argumentativa similar: “Resulta difícil comprender la decisión tomada hoy por el Ministerio Público“.

“Gobierno en estado terminal”

Así, con una investigación penal, por un lado, y con una acusación constitucional ya anunciada por el conjunto de la oposición por el otro, el gobierno llega a las postrimerías de su mandato con la figura presidencial horadada por un flanco judicial en ciernes, y un desgaste político que incluso condicionan su continuidad hasta el próximo 11 de Marzo del 2022.

Sobre la posición política en la que queda el Ejecutivo tras el anuncio de la Fiscalía, el académico de la Facultad de Derecho de la UDP, Hugo Herrera, considera que “el Gobierno, políticamente, se acabó del 18 de Octubre, perdió la capacidad de impulsión. Entonces, en el sentido del liderazgo político, esto no afecta demasiado porque el propio Gobierno ya había dejado ese proyecto”, reflexionó el también ex asesor del otrora candidato presidencial, Mario Desbordes.

Esta lectura es compartida por el sociólogo Axel Callís, quien hace un diagnóstico del Ejecutivo que no escatima en fatalismo. “Este es un gobierno en estado terminal, un Gobierno que desde el Estallido Social está absolutamente desconectado del respaldo popular y de la gente. Si tuviéramos un régimen parlamentario, este Gobierno hubiera caído hace rato”, afirma el director de la encuestadora Data Influye.

“Es un Gobierno que se afirma en el presidencialismo. Goza de legalidad, pero en la legitimidad democrática que tiene está muy en cuestión”, agrega.

En tanto, el presidente de Chile Transparente, Alberto Precht, matiza la compleja situación del Gobierno basándose en la agitada contingencia de los dos últimos años, en los que ha tenido que sortear el Estallido de Octubre del 2019 y, posteriormente, la pandemia.

De todos modos, afirma: “Parafraseando al (ex) Presidente Lagos, uno espera que las instituciones funcionen, tanto de la Acusación Constitucional, que está ahí y que puede ser desechada o no, aunque yo soy de la idea de que los presidentes terminen su período. Pero, por otra parte, la arista penal tiene que investigarse y continuarse. Y si es necesario, formalizarse y acusarse”, finaliza el abogado.

Como complemento, Callís aborda cómo esta nueva investigación que recae sobre el Presidente, afecta a la desconfianza ciudadana con el Gobierno que, según la última encuesta CEP, sólo supera en legitimidad al Congreso y a los Partidos Políticos.

“La desconfianza entre el gobierno con la ciudadanía se centra esencialmente en Sebastián Piñera. Él es el principal eje de desconfianza, porque en general el gobierno es bastante liviano, intrascendente. Entonces no hay ministros que uno pueda decir que tienen un poder”, afirma el sociólogo.

“El Gobierno, políticamente, se acabó del 18 de Octubre, perdió la capacidad de impulsión. Entonces, en el sentido del liderazgo político, esta investigación no afecta demasiado porque el propio Gobierno ya había dejado ese proyecto”, afirma Hugo Herrera.

En tanto, para el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, este nuevo golpe que cae sobre La Moneda, aparte de poner al Gobierno en el ojo del huracán, podría también impactar en la recta final de la campaña presidencial.

“El Gobierno, que parecía encaminado hacia un fin de mandato ya sin mayor protagonismo, luego de estos hechos se vuelve al centro del debate ya que estamos inmersos un ciclo electoral que va a polarizarse a raíz de estos hechos, y muy especialmente, la figura presidencial que ha tenido bajos índices de aprobación ciudadana. Es decir, complica la gestión del Gobierno y se transforma en factor en la campaña presidencial”, finaliza el analista, militante de RN.

En la misma línea, con la Fiscalía y la Cámara respirando en la espalda del Gobierno, Herrera se la juega por una interpretación en la que el más trasquilado del asunto sería un observador -aparentemente- pasivo de todo este asunto: Sebastián Sichel.

“El problema es que esto puede salpicar a la candidatura de Sichel, que se ve muy cercano al gobierno, sobre todo porque el tipo de planteamiento de Piñera y de Sichel son muy similares”, dice Herrera, quien complementa afirmando que esto podría, incluso, confundir al electorado.

“En la subliminal, ocurre que se te junta que Piñera no sólo pone la economía sobre la política, sino que los intereses económicos propios sobre la política. Y en el caso de Sichel, que no emerge de un partido político, sino que son empresarios los que lo levantan, el electorado dice ‘pucha, acá hay un contubernio’. Más allá de que en el proceso Piñera salga como inocente”, finaliza el filósofo.

Fiscalía: ¿Lavado de imagen por reacción tardía?

En tanto, la apertura de la investigación también ha traído cuestionamientos a la Fiscalía por su accionar en el marco del caso Exalmar el 2017 que, entre sus aristas incluía la documentación referente a Dominga, y que terminó con el sobreseimiento de Piñera. Hecho que ha sostenido la defensa del Presidente en los últimos días.

De hecho, estos cuestionamiento vinieron incluso desde las filass oficialistas. “Esto demuestra que la investigación que se hizo en la Fiscalía Oriente fue desprolija o mal hecha”, dijo el Senador Manuel José Ossandón (RN) en un video que difundió a través de sus redes sociales.

En esta misma línea, para Axel Callís la decisión de la Fiscalía podría obedecer incluso a una mejora de su imagen ante la ciudadanía. “Lo que aparece ahora es un intento de lavado de imagen de parte de la Fiscalía, de último minuto, pegándole a un Presidente que ya está en el suelo”.

“Esta desconfianza de la ciudadanía en la Fiscalía es desde los últimos cinco o seis años, desde que asumió el Fiscal Abott (como Fiscal Nacional) y su doctrina de la protección de las personas que tienen algún tipo de importancia en la opinión pública o dentro del Parlamento o Gobierno”, agrega Callís, quien finaliza: “La Fiscalía se enterró cuando desistió de investigar en el caso de Soquimich y las facturas fraudulentas”, remata el experto electoral.

Esta postura, sin embargo, no es compartida por Precht, quien considera que la decisión de la Fiscalía “sin duda es acertada”.

“Es una buena decisión de confianza e independencia de las instituciones. Lo que tiene que hacer el Ministerio Público es investigar eventuales delitos, más allá del principio de inocencia. Eso es positivo”, agrega el jurista especializado en asuntos de probidad y transparencia.

“También es bueno que se eliminen niveles de incertidumbre que pudiesen haber, por lo que es bueno que haya sido pronto. Y también que se haya conceptualizado cuáles son las nuevas aristas que se están investigando”, complementa el Presidente de Chile Transparente, quien considera que el cuestionamiento del Ejecutivo al Ministerio Público no implica un choque entre ambos poderes del Estado.

No hay una colisión de poderes. Entiendo que es evidente que si el Presidente se le llama a declarar, va a tener que hacer su declaración con el fuero que tiene el Presidente, que es declarar en el Palacio de gobierno. Efectivamente, esto fue investigado y si se presta toda la colaboración, no debería haber problema”, afirma Precht.

“Si el Ministerio Público ve que no hay nuevos antecedentes, o que efectivamente no se debe formalizar una investigación, lo que va a hacer es no perseverar y esto se va a terminar archivando. Pero es importante que el Ministerio Público tome algún tipo de acción, más si se entiende que hay antecedentes que son nuevos y que son relevantes de investigar”, finaliza el jurista.

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