Amy Franklin

Cómo se desbarató la banda que movió ilegalmente a al menos 1.000 migrantes

Tras la investigación de “Frontera Norte” de un año y medio por parte de la PDI, se concretó la detención de nueve integrantes de una organización multinacional que facilitó, promovió y lucró con el ingreso y/o salida irregular de migrantes hacia o desde el país. Los detuvieron en sus casas y en flagrancia en Arica y, junto a ellos, había 57 víctimas, de las cuales 19 eran menores de edad. Por el traslado de cada uno, cobraban una cifra que oscilaba entre los 200 y 250 dólares para cruzar por pasos no regulados desde Perú a Chile. Se estima que la banda generó ganancias por al menos unos $115 millones.

Son las 9:11 de la mañana del miércoles 29 de septiembre y dos hombres venezolanos salen a comprar desayuno desde el inmueble que funciona como hostal clandestino, sin saber que desde la madrugada se está organizando su allanamiento. Nueve policías afuera y 18 carros policiales desplegados por Arica esperan romper la puerta para registrar el lugar y detener a quienes estén allí adentro. Se escucha un eco en la residencia unos segundos después. La Policía de Investigaciones (PDI) rompe la reja blanca de un solo impacto, que se abre como por arte de magia. Entran.

Tres agentes corren por el pasillo con pistola en mano gritando: “¡Policía, policía! Allá, allá, quédense todos aquí”.

Llegan al patio central de la residencia. Allí hay dos colchones desgastados y sucios de dos plazas tirados en el piso, con frazadas encima. Dos venezolanos que estaban sentados en una banca conversando ni se inmutan al ver a los policías, y siguen su plática como si nada estuviese pasando.

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Mientras un menor asustado llama a su “papi”, otra llora en brazos de su madre. Hay un bulto de frazadas delgadas y floreadas sobre un colchón tirado en el piso, y desde una de éstas se asoma la cabeza de un niño que se destapa solo los ojos. Parece no entender mucho qué pasa y vuelve a taparse el rostro. Pero pasan unos segundos y se destapa por completo, se pone de pie y va a sentarse en la banca que está junto a él, en el patio.

Walterio Díaz, chileno, es dueño y encargado del hostal clandestino donde reciben migrantes que han ingresado de forma irregular al país, como parte del negocio que desde hace un tiempo opera una banda multinacional dedicada al tráfico de personas en la zona. Ahora tiene sus manos unidas por la espalda por unas esposas. Sin decir una sola palabra, desde una esquina observa cómo se desploma la operación ilícita de la cual forma parte y que, según la cifra mínima calculada por el encargado del operativo de la PDI, 30.000 personas ingresaron a Chile por pasos no habilitados, provenientes de Cuba, Colombia, Venezuela y Haití. En su comunicado oficial, sin embargo, la INTERPOL se refiere al tráfico de 1.000 personas.

De todas las piezas salen hombres, mujeres, niños, niñas, bebés y un perro de color blanco de estatura media que también llegó de Venezuela. Ellos no entienden qué pasa; sus caras así lo expresan. Algunas personas comienzan a llorar, otras no se conmocionan. Nueve horas deambulando por el desierto anoche. ¿Fue en vano?

Al llegar al lugar, Alex Silva, subcomisario de la Brigada de Trata de Personas de la PDI y agente a cargo del operativo, se presenta frente a las víctimas que se encontraban en la residencia. Les dice: “Acá nosotros estamos por un tema investigativo, no estamos en contra de ustedes”, explicó. Mientras él los intenta calmar, el resto de su equipo busca evidencias como boletas de transacciones bancarias y cuadernos con notas. Incautaron teléfonos celulares, para evitar que alerten a los otros miembros de la banda, ya que ese era sólo uno de tres allanamientos simultáneos.

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Modus Operandi

No hay claridad ni una cifra certera de cuántas personas han cruzado de forma irregular la frontera hacia Chile en los últimos años, pues el total forma parte de una cifra negra, aunque hay referencias. Según el Servicio Jesuita de Migrantes (SJM) a partir de datos de la PDI, sólo durante el primer semestre de 2021 ingresaron al país 23.673 migrantes por pasos no habilitados. Muchos de ellos traídos por organizaciones criminales dedicadas a lucrar con la crisis migratoria y humanitaria, como la que caía el último miércoles de septiembre.

Para Eduardo Cardoza, secretario ejecutivo de Movimiento de Acción Migrante (MAM) “hay una crisis -concretamente en Chile-, de las políticas migratorias, que hacen que un flujo incrementado de migración no se atienda conforme a lo que seria deseable, a lo que seria evitar rápidamente a lo que seria niveles de irregularidad”, explicó.

Toda la operación que llevó a la banda que operaba en Arica surgió a raíz de una denuncia por parte del Sename Metropolitano en diciembre de 2019, en la que se alertaba de cuatro menores de edad chilenos -hijos de haitianos- que estaban saliendo ilegalmente de Chile, sin ninguna explicación. Más tarde apareció información de que algunas madres de estos menores fallecieron en la selva de Darién, tras haber cruzado la frontera desde Colombia a Panamá en su trayecto para intentar llegar a Estados Unidos.

Con el paso del tiempo, la cifra de menores víctimas de tráfico ilícito de migrantes aumentó a ocho casos distintos, y hasta el pasado 22 de septiembre, ya se contabilizaban 280, según lo indicado por la fiscal Carolina Suazo Schwencke en la formalización. Había denuncias sobre la sustracción de niños, niñas y adolescentes durante la ruta, la pérdida de uno de sus padres en el camino y que desencadenó que hoy, en su mayoría, se encuentren en hogares en Panamá a la espera del retorno a Chile.

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A diferencia de Danny (seudónimo para proteger su identidad), que sí llegó a destino, tiene 15 años e ingresó a Chile junto a Braybel, de 18, y Alejandro de 20, acompañado de su esposa embarazada de seis meses. Los cuatro viajaron desde Venezuela, pagaron 750 dólares para todos los gastos que incluían buses, tres comidas al día y alojamientos por sus pasos desde el pueblo de San Cristóbal, en el barrio de Pinto Salina en Caracas, luego por Colombia, Ecuador y Perú hasta su arribo a Chile. Inicialmente, los “asesores” de los coyotes le aseguraron 10 días, aunque esa jornada, la del allanamiento, cumplían 17 días viajando. Sus madres y familia los esperan en Santiago.

Uno de los desafíos más grandes en que Braybel, Alejandro y Danny coinciden que tuvieron que vivir fue el desierto de “Perú para acá”.

“Nos aseguraron que eran de dos a tres horas de caminata, [no fue así] sino que, fueron ocho horas, y el que supuestamente nos iba a acompañar durante el trayecto no nos acompañó. Nos dejaron ahí solos, tirados, y nosotros tuvimos que buscar la manera de tratar de salir de ahí, memorizar las indicaciones que ellos nos daban, y bueno, gracias a Dios llegamos. No todo fue como lo pintaban los supuestos asesores [de los coyotes]”, dice Danny.

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Cardoza sostiene que “el gran problema acá es que se está generando inmigración ilegal sistémica, y por otro lado, esas barreras que se establecen en frontera, incrementan de manera enorme el tráfico y la trata de personas, porque de esta inmigración ilegal se hace un mercado. Uno de los mercados más lucrativos del mundo”, aseguró el secretario ejecutivo de MAM.

El organigrama de la banda

Maxene Faustín, ciudadano haitiano, es indicado por la PDI como el líder de la organización y junto al peruano Raúl Pérez Gómez, coordinaban y facilitaban la entrada ilegal a Chile desde Tacna hasta Chacalluta, en Arica, por pasos no habilitados. Según constan las interceptaciones telefónicas que se mencionaron durante la formalización de los imputados en el Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago, el día 30 de septiembre, Faustín en algunas ocasiones “proporcionó un mapa con instrucciones para evadir el control [policial]” a los migrantes,  diciéndoles que para evitar que los controlarán debían caminar “por la orilla de la playa o los campos con hierbas”. En otras ocasiones, tenían un coyote que los guiaba durante el camino.

La investigación se basó en un trabajo encubierto, de escuchas telefónicas georreferenciadas por seis meses entre coyotes, “transportistas” e integrantes de la organización. Además, utilizaban las direcciones asociadas a los permisos C19 -los pases sanitarios para trasladarse entre regiones durante la pandemia- para vincular migrantes a los domicilios utilizados para el ocultamiento de las personas, según indicó en la formalización la fiscal Carolina Suazo Schwencke, especialista en la trata de migrantes de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, quien estuvo a cargo de la investigación.

Entre el día 4 de enero y 17 de agosto del presente año, al menos, 903 extranjeros se encuentran vinculados a los domicilios indagados por la organización criminal, tras los análisis de registros de los pasaportes sanitarios C19, declaración jurada. Todos los domicilios asociados eran de Arica.

Jaime Winter, abogado penalista, afirma que la utilización de los C19 para la investigación policial sí cumple con el marco de la legalidad, dice que “el Código Procesal Penal establece una cooperación entre entidades estatales ante la solicitud del Ministerio Público, cualquier entidad estatal tiene que entregar la información que este lo requiere, y este sería el caso también para los C19. En la medida que no haya datos sensibles, no debería requerir autorización judicial”, señaló Winter. Y cabe recordar que los datos sensibles se refieren a información médica.

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Las pesquisas determinaron cuál era el organigrama de la asociación, esta era liderada por Maxene Faustín, apodado el “moreno” o “Marcelo”, es alto -de casi un metro noventa-, delgado y la última vez que se le vio por la PDI usaba dreadlocks, esta vez -en el allanamiento- tiene el pelo corto, él es el blanco principal. Coordinaba y mantenía la activa comunicación con los nueve integrantes de la banda, en todas las etapas desde origen hasta el destino final de los migrantes, dando instrucciones de movilización en el desierto para el ingreso o salida por las inmediaciones del paso fronterizo de Chacalluta a Chile.

Además, solicita los documentos necesarios para el traslado interregional, como el pasaporte sanitario y/o certificado de residencia. Estos eran adulterados para acreditar falsamente un domicilio y así hacer viajes interregionales sin problemas, utilizando direcciones de Estación Central y Renca, entre otras comunas de la capital.  Eran solicitados fraudulentamente a Wilmer Colmenarez, ciudadano venezolano, conocido por “Wilmer”, quien también se encargaba del traslado desde y hacia la frontera hasta los alojamientos.

Estas residencias transitorias eran casas particulares cuyos dueños eran miembros de la organización. Ese era el caso de Walterio Díaz, en el inmueble ubicado en Bernardo O’Higgins N° 851, en Arica. O bien, en las residencias u hostales “Lucerito”, “Ivonne”, “Las Cruces”, “Hostal Inti”, “Hostal 911”, “San Antonio”, todos en la misma ciudad. Díaz es un chileno que, en coordinación con Colmenarez, confeccionaba los documentos de C19, para acreditar las residencias y compra de pasajes en bus hasta Santiago como último destino.

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Faustín operaba a la par junto a su pareja Ruth Núñez, paraguaya, más conocida por “Leticia” -su segundo nombre-, encargada del manejo del dinero. A través del uso de su cuenta rut del Banco Estado distribuía entre quienes estaban a cargo en la entrada o salida de personas, y que se vinculó con transacciones incluso en Estados Unidos.

Más abajo secundaba Ximena Juárez Velásquez, chilena, autodenominada “Sofía”. Ella debía coordinar el traslado de los migrantes en el territorio chileno, y asegurarse de los cupos disponibles en cada residencia clandestina para así pernoctar y ocultar a los migrantes. Atribuciones que realizaba en conjunto de su cónyuge Alex Avilés, también chileno, quien era el encargado del ingreso ilegal a Perú colaborando con el punto de contacto mediante whatsapp con Raúl Fernández, ciudadano peruano.

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Continúan la línea de operación, de acuerdo con el organigrama identificado por la fiscalía y la PDI, Claudio Carmona y Antonio Anardo; ambos chilenos y se encargan del traslado de salida o ingreso ilegal a Perú, coordinando por medios de chat y llamadas por internet. Anardo conocido por “don Antonio” es taxista oficial, por tanto, saca y entra migrantes en su propio vehículo.

Allanamientos

Deben esperar a que el líder sea aprehendido y luego operar con el resto de las detenciones y registros. Durante la última reunión previa a los allanamientos, 20 minutos un policía mueve su pie de arriba a abajo dando pequeños golpecitos contra el piso, sólo hasta diez minutos antes del término comienza a mover sus pies más despacio, se detiene. Amaneció en Arica.

Antes de partir, los funcionarios de la PDI locales dicen que hay tener cuidado con la residencial ubicada en cerro Chuño, un terreno habitado principalmente por extranjeros que ocuparon el sitio luego de que este fuese desalojado por insalubridad tras la contaminación de plomo y arsénico. Los habitantes de la zona hicieron socavones en el piso para evitar el paso de vehículos y así cortar el paso. Un lugar hostil.

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Todos están haciendo los preparativos, buscan los chalecos antibalas – aunque en las intercepciones telefónicas nunca hubo indicios de tenencias de armas por parte de la organización-, cascos que pesan dos a tres kilos aproximadamente, handies, arietes para golpear las puertas y abrirlas, y algo no menos importante, cada uno lleva un lápiz y papeles administrativos para dejar registro de lo que ocurrirá. Todos salen del cuartel de la PDI.

Dos PDI de antinarcóticos -que prestaron apoyo al operativo-,  recibieron el llamado del “señor” el subcomisario Silva, quien al otro lado del celular, dijo “vente pa’ acá nomás”. Se encendió el motor del auto y rápidamente llegaron a la calle Bernardo O´Higgins -paralela donde estaban estacionados-, ahí existe un hostal clandestino donde reciben migrantes transitoriamente.

La mayoría del personal de la PDI viste ropa común y corriente, esperan pasar desapercibidos, solo un par de ellos tienen la vestimenta “5.11” como le llaman, polera institucional y pantalón de táctica, aunque todos con chalecos antibalas. Ya detuvieron al líder, Silva había ido a comprar una Coca Cola cuando ve pasar a sus espaldas al blanco principal, lo siguen unas cuadras y lo detienen.

Comienza un allanamiento, se abre la puerta con el golpe y entran los policías, en ese lugar estaba “Leticia”, la pareja del mandamás y Walterio Díaz. Todos los migrantes que se encontraban ese día eran venezolanos, y habían llegado durante la madrugada al lugar. Los que más tarde habían ingresado fueron alrededor de las seis de la mañana. No lograron estar 24 horas en Chile antes de la redada.

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Braybel, que llegó alrededor de las cinco de la madrugada, dice que “a veces nos daban dos [comidas], a veces una. Nos dejaban pasando hambre y si no nosotros salíamos a resolver, prácticamente pasábamos hambre”. Explica que debían hacer filas de una o hasta una hora y media en los Western Unión para recibir lo “poco” que le enviaban sus madres para alimentarse mientras los esperaban en Santiago. Danny, otro menor que había sido ingresado por la organización que lideraba Faustín, se encontraría con su suegra que vive hace cuatro años en Chile, con sus papeles al día.

Para Jesús, de 21 años, que viajó junto a su esposa de 17 y su hija de un año, el trayecto para llegar hasta Arica, también desde Venezuela, duró siete días. No tienen la certeza del costo económico del viaje, porque aseguran que la madre de Jesús lo pagó desde Santiago. A ella tampoco la ven hace cuatro años, aunque hablan semanalmente por videollamada.

Jesús no entiende muy bien qué está pasando y explica: “Estamos asustados. Llegamos a las dos de la mañana, dormí afuera”, apuntando a un colchón que se encontraba en el piso con frazadas encima, en el patio de la residencia. Añade que: “Comí pan con mortadela, comí galletícas”, dice.

Tanto Jesús como su esposa coinciden que fue un viaje duro, para darle de comer a su hija afirman que “Aquí nosotros tenemos preparitas instantánea y le damos a ella, ella pasaba más tiempo durmiendo y se le daba cuando paraba”.

Todos los allanamientos fueron efectivos y se detuvo a las nueve personas que eran blanco de la investigación y tenían órdenes de aprehensión o de entrada y registro de los recintos donde vivían. Los venezolanos que se encontraban dentro de los recintos -víctimas de trata de personas-, están en una residencia sanitaria hasta el lunes 4 de octubre por protocolos de Covid, y luego podrán continuar viaje hacia su destino final: Santiago.

Braybel comenta para este reportaje, desde la residencia sanitaria, que su mamá desde la capital lo fue a buscar a Arica para sacarlo. Sin embargo, no tuvo una respuesta esperada, ya que su hijo debía cumplir con la cuarentena por protocolos sanitarios, por tanto, volvió a Santiago.

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El lunes 4 de octubre, Braybel y Bárbara Monsalve, su madre, se reencontraron después de cuatro años. Bárbara estaba esperaba en el aeropuerto de Santiago desde hace 20 minutos, cuando ve a su hijo salir por la puerta abre los brazos, sacando pecho y corre hacia él. Lo primero que le dice es: “¡Hijo mío! Mi corazón. Gracias a Dios”, y lloran abrazados. Ahora viven en la comuna de Cerro Navia.

Para el caso de los integrantes de la organización criminal, todos fueron formalizados por asociación ilícita para la comisión del tráfico ilícito de migrantes, delitos reiterados de tráfico ilícito de migrantes, agravado por afectar a menores de edad y por la existencia de riesgo en la salud e integridad de las personas afectadas. Se determinó prisión preventiva para ocho de los nueve imputados, a excepción “Leticia”, paraguaya, encargada de las finanzas, quien quedó con arresto domiciliario. Arriesgan una pena inicial mínima de 5 años hasta 20 años de cárcel efectiva, considerándose todas las agravantes. 

Ambas medidas cautelares son por los seis meses que dura la investigación. En el caso de Raúl Fernández, se encuentra detenido por el tráfico ilícito de migrantes en Perú según indicaciones de la INTERPOL.

El pasado jueves 7 de octubre, se reunieron los gobernadores del norte, Antofagasta, Tarapacá y Arica y Parinacota, este último, Jorge Díaz, emplazó al ministro del Interior por no asistir a la reunión para enfrentar las llega de migrantes.

El gobernador Díaz dijo que “obedece a una muestra más de que, desde el Estado Central no conocen los territorios, no conocen los flujos migratorios (…) la frontera se encuentra cerrada para turistas, sin embargo, a metros de nosotros, acá existe una serie de huellas y vestigios de miles de personas que han ingresado de manera irregular al país. No se atiende a la territorialidad y solamente se toman decisiones desde Santiago, entre 4 paredes, sin atender las necesidades reales de los territorios”, expresó.

*Este reportaje se hizo en el marco del ramo de Seminario de Titulación de la Universidad Alberto Hurtado, a cargo del profesor Juan Pablo Figueroa.


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