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Ser gay en la cárcel: La muerte de Boris Castillo

Boris Castillo Arriagada conoció lo peor del sistema judicial chileno: el Sename, la homofobia, fue violado, trasladado a diferentes cárceles, sus denuncias fueron archivadas hasta que el 28 de enero de este año se quitó la vida al interior del módulo 95 del Centro Penitenciario de La Serena. Acá la reconstrucción de su historia.

Boris no quiere volver a Puerto Montt

“Boris Castillo es un recluso de condición homosexual…”.

Así comienza la resolución N°3788 en la que Gendarmería justificaba, en junio de 2019, el traslado de Boris Castillo, en ese momento de 25 años, desde la cárcel de La Serena hasta la de Puerto Montt. Llevaba ya cuatro años preso.

Así continúa: “… un recluso de condición homosexual, y que en los distintos penales del país donde ha estado recluido ha mantenido problemas de seguridad personal dado su comportamiento refractario al régimen interno y que en la actualidad registra un nivel de conducta que oscila entre mala y pésima”.

Un mes antes del traslado, Boris había denunciado al mayor Walter Navarrete, jefe de la unidad de Gendarmería de La Serena, por agresiones.

En Puerto Montt estuvo siete meses, hasta el 27 de enero de 2020, cuando Gendarmería lo trasladó de vuelta a La Serena para declarar en un juicio simplificado por el delito de amenazas a un gendarme. Luego de esto, debía volver al sur.

Permaneció un mes en La Serena mientras se resolvía la denuncia. El sábado 29 de febrero le notificaron que ya estaba listo para ser trasladado de vuelta a Puerto Montt. Él no quería.

Para evitar su traslado, Boris se enterró una cuchilla en las costillas del lado derecho: si estaba herido no podrían efectuar el viaje. Al momento de lesionarse, funcionarios de Gendarmería lo llevaron hasta el Hospital Regional de La Serena.

La idea de retrasar el traslado acuchillándose funcionó, así que lo volvió a hacer. En marzo Gendarmería decretó dos veces su traslado, pero en ambas ocasiones se autolesionó. Después de eso, no hubo más intentos de traslado.

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Es que en Puerto Montt Boris no lo había pasado bien. Pía Olivares -su esposa y mujer trans a quien conoció en 2016 en la cárcel de La Serena- asegura que “él iba encargado para allá”. Cuenta que los gendarmes lo insultaban y pegaban por ser gay. Siempre que hablaban por teléfono él le decía que quería matarse.

Desde Puerto Montt le escribió una carta a Pía:

“(…) Amor yo no doy mas aqui en esta carcel e pensado asta atentar contra mi vida pero por ti no lo ago porque te amo pero yo nececito salir de aqui e rebotado en todos los modulos mi amor ya no se que acer mi amor solo pienso en salir vivo de aqui para estar a tu lado (…) yo siendo homosexual me mandan a la poblacion donde me pegan ya e sufrido golpes los jendarmes me golpean para que yo entre a los modulos y me tiran gas y despues que me tiran para afuera de los modulos me mandan a los castigos y me pasan por recistensia actiba yo ya no se que aser estoy desesperado (…)”.

El 13 de marzo de 2020, mientras Boris se autolesionaba para no ser trasladado a Puerto Montt, Pía interpuso un recurso de amparo en contra de Gendarmería. En él indicó que la institución había vulnerado la libertad individual y seguridad de Boris, ya que en el CP de Puerto Montt no recibió su tratamiento psicológico y fue discriminado por su orientación sexual. El 16 de marzo el recurso fue rechazado. Gendarmería apeló al mal comportamiento del interno. Ese mismo día Boris tenía control con el psicólogo, pero no asistió a la consulta.

Primero, la idea de autolesionarse era para evitar el traslado. Sin embargo, después la práctica se hizo habitual: una forma de desencerrarse por un rato.

Un mes antes del traslado, Boris había denunciado al mayor Walter Navarrete, jefe de la unidad de Gendarmería de La Serena, por agresiones.

–Nos hacíamos los cortes pa’ puro salir pa’ la calle, pero el Boris se empezó a cortar todos los días–, relata Claudio Vega, más conocido como “Gamuza”, era amigo de Boris y su compañero de celda.

El 20 de abril Boris cumplió veinticinco años. Ese día, junto a Vega se hicieron heridas con una gilette en ambos brazos. Fueron trasladados al hospital y a las horas devueltos al módulo 95. Tres días más tarde, Boris volvió a ser atendido por una herida torácica, le hicieron curaciones y regresó al módulo. Dos horas después, a las 18:50, nuevamente se apuñaló con un estoque que él había fabricado.

En mayo Boris volvió a consumir pasta base. Según Pía, la última vez que lo había hecho aún ni siquiera se conocían. Ese mismo mes, ella se comunicó con María López, presidenta del Colectivo de Género y Derechos Humanos, para pedirle ayuda. El día 25, López envió un correo a la Fiscalía Nacional y al Ministerio de Justicia para presentar la situación de Boris y solicitar la ayuda de un abogado del INDH y un defensor penal público. Ante esto, el Juez de Garantía Carlos Jorquera le exigió al CP de La Serena que realizara un informe “que diga relación con los hechos denunciados”. Gendarmería emitió el documento y el juez dictaminó comunicarle la información al colectivo para poder utilizarlo para los fines que estime convenientes. La causa no prosperó.

El diagnóstico de Boris al 26 de mayo de 2020, firmado por el médico director de la Unidad de Salud del CP de La Serena, Francisco Kuschel, decía que padecía de trastorno de impulsividad intermitente y trastorno de personalidad antisocial con rasgos psicopáticos. El tratamiento que le correspondía era de 200 mg de ácido valproico y 100 mg de quetiapina. Sin embargo, según Vega, lo único que le daban eran dos clonazepam.

El 3 de junio, Movilh envió una carta a Gendarmería para que se tomara atención al caso. La institución sólo respondió que el interno se negaba a las atenciones psicológicas.

Crédito: Archivo familiar.

En noviembre, Boris intentó quitarse la vida. Usó una cuerda que le había regalado Vega -y que siempre utilizaba para saltar-, pero su amigo lo detuvo. Una semana después lo hizo de nuevo. Vega volvió a intervenir.

La mañana del 28 enero de 2021, Vega recuerda que él y Boris se quedaron dormidos. Ambos salieron de la celda porque tocaba hacer aseo en el patio. En ese momento Vega le preguntó: “Hermano, ¿por qué no hací el aseo hoy tú y yo hago mañana?”. Boris aceptó.

“Ese día él andaba contento”, recuerda su amigo. Al terminar, Boris se recostó en un colchón que estaba tirado en mitad del patio. Permaneció horas así hasta que decidió llevarle el almuerzo a Vega a la pieza.

–Después me dio por bajar pal’ patio y no estaba el Boris. Fui a las piezas de abajo y tampoco estaba. De ahí partí pa’ las piezas del primer piso, corrí una cortina y ahí estaba, en la celda número tres.

Se colgó desde un barrote de la ventana de una celda que estaba vacía, con la cuerda que le había regalado Vega.

Cuando la familia falla

Boris nació el 20 de abril de 1994 en Rancagua. Vivía en La Punta, un sector rural y precordillerano, a diez kilómetros al norte de San Francisco de Mostazal. Su padre, Aclicio Castillo, era albañil y temporero. La madre, Clara Arriagada, también trabajaba en el campo. Fue el segundo hijo de la pareja. La primera fue Nicole Castillo, que nació dos años antes. Según su madre, ambos llegaron al mundo porque una T de cobre falló.

A Boris lo llamaron así en honor a Zalo Reyes, el cantante favorito de Aclicio.

Sus dos padres se confiesan buenos para tomar. Aclicio dice que cuando Clara salía, se desaparecía por días. Mientras eso pasaba, Boris y Nicole se quedaban con su abuela paterna.

Boris asistía a un jardín de la Junji en La Punta y el 2000 entró a primero básico en el Liceo Elvira Sánchez de Garcés, de San Francisco de Mostazal.

Ese mismo año, cuando Boris tenía seis años y Nicole ocho, Clara cuenta que ella estaba hospitalizada. No recuerda la fecha exacta, pero dice que le dejaron un papel en su cama que decía que Aclicio había violado a Nicole. Nadie firmaba la nota. Salió del hospital en búsqueda de justicia. Nicole recuerda que su mamá llegó con su tío a la casa donde vivían. Los encerraron a ambos en una pieza; y en la que estaba al lado, Clara y su hermano amarraron a Aclicio a la cama desde las cuatro extremidades. Le pusieron un paño en la boca para que no gritara y le hicieron cortes con un pedazo de vidrio. Le pegaron hasta dejarlo casi muerto. Nicole recuerda los gritos y el llanto de su hermano.

Se colgó desde un barrote de la ventana de una celda que estaba vacía, con la cuerda que le había regalado Vega.

Aclicio recuerda que denunció los hechos y que el tribunal le dio la tuición de los niños y una orden de alejamiento a Clara. La violación, según Nicole y Aclicio, nunca ocurrió. Tampoco hubo una denuncia formal.

Clara se fue y volvió diez años después.

En 2004, Amanda Andrades, profesora jefa de Boris, recuerda que para el Día de la Madre él le hizo un regalo a ella y le dijo “tú eres mi mamá”. La profesora aún conserva esa carta y dice que asumió un rol maternal, porque era un niño sólo que necesitaba afecto.

En 2008, Boris tuvo su primer problema con la justicia: peleó con una compañera. Según el acta de audiencia del Tribunal de Garantía de Graneros, la insultó y le lanzó un libro a la cabeza. La niña y su familia no comparecieron a la formalización. A juicio del fiscal Javier Von Bischoffshausen, el hecho constituía el delito de amenazas de atentados contra personas y propiedades, y se resolvió que Boris tenía prohibido acercarse a su compañera y que debía someterse a una evaluación psicológica en el Sename. A pesar de insistir en el tratamiento, Boris nunca se presentó al programa.

Boris repitió quinto básico tres veces. Séptimo fue su último curso en ese colegio.

Su tiempo libre lo ocupaba en varias cosas: cantaba canciones de Cristián Castro y jugaba a la pelota. También le gustaba fumar marihuana, y para sacarlo del vicio, a fines de 2009, su papá lo mandó a vivir con su tío a El Rincón, otro sector de San Francisco de Mostazal. En la escuela del lugar conoció a Priscilla Malbrán. Ella tenía trece años y él quince. Cuando llevaban dos meses de pololeo quedó embarazada. Cuatro meses después terminaron.

Susana Farías, la mamá de Priscilla, recuerda que Boris decía que la guagua no era de él, por eso se fue. Tampoco sabía que era gay. En ese punto, aún no salía del clóset.

Boris junto a Nicole, Aclicio y Clara. Crédito: Archivo familiar.

El 10 de julio nació Natzelané, la hija de Boris. Él no le puso su apellido. La conoció porque Susana, la abuela materna de Natzelané, se la llevó días después de que saliera del hospital. “No la pescó mucho”, recuerda ella. Poco más de un año después, él se acercó a ella.

El 26 de julio de 2010 Boris quería fumar marihuana. Junto con un amigo contactaron a un traficante que, según recuerdan Aclicio y Nicole, les pasó orégano en vez de droga. Boris y su amigo decidieron ir a pedirle explicaciones. Según información de la causa, Boris nunca entregó su versión, pero el traficante sí. Dijo que los jóvenes lo intimidaron con un cuchillo. Según el acta de audiencia del 19 de agosto de 2010, Boris renunció a su derecho de juicio oral y en base al testimonio de la víctima lo condenaron a cuatro años de libertad asistida especial en el Sename de O’Higgins. Su padre recuerda que una vez le contó que en el centro lo castigaron y aislaron en una pieza por una semana, y que le tiraban la comida por debajo de la puerta. También dice que Boris estuvo solo un año en el centro cerrado, porque después solo debía ir a firmar, pero jamás lo hizo.

El 4 de enero de 2013 Boris fue detenido por vender películas piratas. Tenía 18 años, pero no registraba un historial delictivo de adulto, así que le ofrecieron una salida alternativa. Por 365 días no debía involucrarse en problemas, pero pasaron nueve meses y ya estaba notificado para declarar como autor de un nuevo delito: compró 40 kilos de carne de cerdo en un domicilio que no estaba autorizado. Fue condenado a pagar $573.771 pesos que no tenía.

Cuando la hija de Boris cumplió cuatro años, el 1 de julio de 2014, él estaba recluido en el Centro de Rehabilitación Conductual de Graneros. Como no podía salir a ver a su hija, le hizo una sorpresa. Llenó de globos y regalos la sala de visitas y le cantó “Felicidad” de Gondwana.

Tres meses después, Boris fue trasladado a la cárcel de Rengo para seguir con su condena. En ese lugar cursó el primer nivel de enseñanza media en la Escuela Cárcel F-187.

A mediados de diciembre le cambiaron la medida cautelar al cumplimiento de reclusión nocturna, pero en el centro semicerrado del Sename en Rancagua. Pudo pasar la Navidad con su familia.

–Esa fue la última vez que Boris estuvo con nosotros– dice su papá.

Diez años y un día

Dos días después de Navidad, Boris no volvió al centro semicerrado. Aquella noche, junto a Maikol Díaz -joven de 17 años- e Isaías Herrera asaltaron a tres personas distintas: dos teléfonos, un reloj análogo y cuatro mil pesos fue el botín. Carabineros los detuvo a la 1:40 am. Boris quedó en prisión preventiva en el CP de Rancagua.

Durante la investigación de la causa, los tres dieron declaraciones distintas. Boris dijo que sólo participó en el tercer delito, pero los otros lo contradijeron. Y a pesar de declarar versiones totalmente diferentes, las víctimas los reconocieron.

El juicio fue el 29 de mayo de 2015. Boris fue defendido por Silvana Flores, quien en ese entonces era defensora penal pública. Durante la audiencia, luego de los alegatos de cada defensor, la juez Paola González les consultó a los tres acusados si querían agregar algo más:

El primero en pedir la palabra fue Boris. En el registro de audio se oye:

–Yo quería pedir disculpa’ por todos los daño’ mal causaos’ que le hice a la gente que asalté y así como a lo’ oficiale’ de Carabinero’ también.

Los jueces lo condenaron a diez años y un día de presidio mayor en su grado medio en el CP de Rancagua.

En su ingreso a la cárcel, Boris declaró tener segundo medio, 21 años, ser heterosexual, soltero y profesar la religión católica. Según su descripción, medía 1,75 y sus ojos eran de color café. Tenía tres tatuajes, dos en el brazo izquierdo y otro en el derecho, y una cicatriz en el antebrazo derecho de ocho centímetros. Dijo que su apodo era “Cacique” y, en cuanto a su evaluación de salud, estaba sano física y mentalmente.

Cuando la hija de Boris cumplió cuatro años, el 1 de julio de 2014, él estaba recluido en el Centro de Rehabilitación Conductual de Graneros. Como no podía salir a ver a su hija, le hizo una sorpresa. Llenó de globos y regalos la sala de visitas y le cantó “Felicidad” de Gondwana.

Durante su estadía en Rancagua, entre diciembre de 2014 hasta marzo de 2016, el nivel de conducta de Boris concluyó en “pésimo”. Fue denunciado por el delito de amenazas contra el gendarme Felipe Silva y le suspendieron las visitas en varias ocasiones. A veces, por “desórdenes en su celda, además de insultar al personal” -según constata Gendarmería-, y otras por portar armas blancas y celulares. En esa cárcel, también denunció una violación.

Recuerdos de un amor en el módulo 93

Boris fue trasladado desde Rancagua a La Serena el 3 de junio de 2016. En su ficha única de condenado ya no se declaraba heterosexual, sino que homosexual. Su consumo de sustancias variaba entre marihuana y alcohol. Tenía 22 años y declaró tener pareja: Patricio Maturana. Él, quien en realidad era ella, se llamaba Belén.

Venían desde Rancagua y llegaron juntos a la celda 6 del módulo 93, el cual era especialmente para personas con VIH. Terminaron a los pocos días. Ahí fue la primera vez que Pía lo vio.

Ella recuerda que los primeros encuentros sólo fueron conversaciones sobre sus vidas, hasta que se dieron el primer beso. En menos de una semana Boris le pidió pololeo. Decidieron vivir juntos e hicieron de la pieza N°6 del módulo 93 su lugar.

Cuando llevaban poco más de un año de relación, a fines de 2017, él le relató uno de los episodios más difíciles de su historia.

“Me contó que lo habían violado en la cárcel en Rancagua. No había dicho nada porque le daba vergüenza y miedo”, dice Pía.

Luego de esa conversación, nunca más se tocó el tema. Boris ni siquiera le había contado a su familia. Sin embargo, en abril de 2018 llegó a cumplir condena al CP de La Serena uno de sus abusadores. “Cuando lo vio quedó helao’, nunca lo había visto así”, recuerda Pía. Boris vivía en el módulo 93 y su agresor en el 94.

Boris y Pía. Crédito: Archivo familiar.

En ese instante y, debido a la gravedad del caso, ella le insistió en que debía denunciar. Boris se tomó unos días para hacerlo. Ya habían pasado más de dos años del suceso.

El 3 de mayo de 2018 se ingresó la denuncia ante la Fiscalía de Rancagua por el delito de “violación de mayor de 14 años y amenazas” que habría ocurrido entre 2015 y 2016: Boris no declaró fecha exacta. La fiscal Paula Rosel -quien, para efectos de este reportaje, no quiso dar declaraciones- estaba a cargo del caso. El 28 de ese mismo mes él declaró ante la Fiscalía local de Coquimbo:

–A fines del 2015 o principios de 2016 yo salí castigado en Rancagua y me llevaron a los cuartos y ahí me encerraron con R.V.V. y con otro sujeto que le dicen Blockbuster (de iniciales P.P.B.B.), y estos dos sujetos sacaron ángulos de las puertas y me la pusieron en el cuello y abusaron de mí. (…) el V.V. me dijo que me quedara piola porque o si no me iban a dar unas puñaladas, por eso me tiraron a la cama, me bajaron los pantalones y los dos me violaron, cada uno me violó tres veces– dice el documento.

Según Boris, al otro día realizó la denuncia: “Gendarmería me mandó al hospital de la calle y ahí incluso corroboraron que había sido violado”.

Durante la investigación se confirmó que los dos acusados estuvieron entre 2015 y 2016 en el CP de Rancagua.

Desde el Ministerio Público afirman no tener desagregados los datos sobre la cantidad de violaciones ocurridas durante los últimos cuatro años, y que entregar esos datos significaría distraer a sus funcionarios. Sin embargo, hasta el 2017, según informó el reportaje “Las cifras de las violaciones en las cárceles” de la revista Sábado, entre los años 2010 y 2017, se registraron 177 casos de abuso sexual, 134 de violación y 27 correspondiente a otros delitos sexuales. En total, 338 casos de violencia sexual al interior de los centros penitenciarios.

“Me contó que lo habían violado en la cárcel en Rancagua. No había dicho nada porque le daba vergüenza y miedo”, dice Pía.

Actualmente, la causa sobre la violación que denunció Boris está archivada. En febrero de 2020 se ingresó la solicitud para que se aprobara el “archivo provisional”, y el 10 de marzo el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, le comunicó a la fiscal Rosel que “la decisión de archivar la investigación cumple con los requisitos del artículo 167 del Código Procesal Penal y por lo tanto se aprueba”.

En las observaciones del documento se lee lo siguiente:

“Es una denuncia tardía (…) no hay corroboraciones del relato de la víctima y si bien señala que los hechos no habrían sido denunciados por parte del capitán a cargo, tampoco es posible acreditar dicha omisión de denuncia. La decisión de archivo es esencialmente revocable en caso de existir mayores y mejores antecedentes”.

En paralelo, Pía y Boris intentaron seguir con sus vidas. Para el Día de los Enamorados de 2018, él quiso sorprenderla y le pidió matrimonio: “Me dijo ‘hemos pasado caleta e’ cosas juntos, y quiero que hagamos una familia. Yo te quiero esperar hasta salir de acá’”.

Pía aceptó. Boris le había comprado una argolla bañada en oro a través de una tienda de Facebook. En ese momento, a Boris aún le quedaban siete años de condena y a Pía dieciocho meses. Cada vez que hablaban sobre la fecha en que ella saldría en libertad llegaban a la misma conclusión: Ella viajaría todas las semanas a verlo desde Copiapó a La Serena. Los separaban cuatro horas de viaje.

A pocos meses para el día de su unión, decidieron gastar sus ahorros para comprar dos argollas iguales. Además, pidieron un pastel de seis pisos con una figura de novios en lo más alto. Agendaron hora al Registro Civil de La Serena para el 12 de diciembre de 2018 y le anunciaron la noticia a sus más cercanos. Boris nunca le había contado a su familia que era homosexual hasta que llamó a cada uno para decirles que se casaría.

Su pastel de matrimonio. Crédito: Archivo familiar.

El 12 de diciembre la celebración se realizó en una sala del CP de La Serena. Boris tenía 24 años y Pía 35. Él vestía un traje negro con una camisa blanca y una corbata roja. Ella, en cambio, había escogido un vestido negro con detalles en tonos blancos y cafés, y, sobre eso, un blazer rosado.

“Es el día más hermoso de mi vida. Amo a la persona con la que me casé. Yo quería vivir toda mi vida con él, era lo único que pedía”, dice Pía.

Pero la fecha de término de condena de Pía empezó a crear tensiones entre ambos, “Boris temía que cuando yo me fuera, él se quedara solo y los gendarmes se desquitaran, entonces ahí empezábamos a discutir. Yo trataba de hacerle entender que siempre lo apoyaría, aunque estuviésemos lejos, pero el miedo le ganaba”, comenta.

Pía recuerda que el 26 de diciembre de 2017, alrededor de las 11:30 am, cinco gendarmes a cargo del mayor Navarrete y mayor Bandera ingresaron al módulo 93 por un allanamiento. En ese mismo momento, Navarrete ordenó que algunos internos se dirigieran al taller del módulo en donde no existían cámaras y, a continuación, obligó a Pía y a Boris a desnudarse por completo y a realizar sentadillas. Ambos enfrentaron al gendarme, pero sólo recibieron insultos y amenazas de vuelta.

“Imagínate qué se siente que te obliguen a sacarte tu ropa interior frente a otros. A mí me daba mucha vergüenza y a Boris también, porque era gay. Además, mientras te hacen eso te gritan y avergüenzan más. ‘¡Ya caballo culiao’, bájate el calzón!’, decían. Luego te obligan a hacer sentadillas. Todos esos recuerdos me hacen un daño psicológico muy grande y recordarlo me duele”, dice Pía.

El 3 de agosto de 2019 Pía terminó de cumplir su condena y quedó en libertad. Boris ya estaba en Puerto Montt y ella volvió a Copiapó, su ciudad natal.

–Él no sabía si saldría vivo de ahí y yo me desesperaba porque no sabía cómo ayudarlo. Aparte que los gendarmes siempre jugaban con su mente. Nunca aceptaron que Boris fuera gay, pero a él jamás le avergonzó decirlo–, afirma Pía.

Según el segundo capítulo del manual de Derechos Humanos de Gendarmería, “todo funcionario penitenciario debe siempre recordar que la persona privada de libertad, en virtud de una sentencia condenatoria, sigue siendo un ser humano, es decir, es uno más entre nosotros. La resolución judicial lo ha privado de su libertad, pero no de su calidad humana”.

El manual lleva nueve años en funcionamiento, desde 2012, pero para quienes son parte de la comunidad LGTBIQ+ y están -o han estado- recluidos, no sirve.

—Que los funcionarios te traten de caballo culiao’, maricón o que siempre te digan ‘si igual eri’ hombre’ es normal. (…) algunos son homofóbicos—dice Pía Olivares.

Según el último Informe Anual de Derechos Humanos publicado por el Movilh en 2020, Gendarmería se ubica en el cuarto lugar del ranking de instituciones homofóbicas y transfóbicas de Chile, detrás del Ministerio de Justicia, el partido Unión Demócrata Independiente y la Corte Suprema. Específicamente, los centros en los que se registra mayor discriminación son los Complejos Penitenciarios de Rancagua, La Serena, Valparaíso y Alto Bonito de Puerto Montt. Boris estuvo en tres de ellos.

Boris y Pía el día que se casaron. Crédito: Archivo familiar.

En Chile, algunos centros penitenciarios cuentan con módulos exclusivos para la población recluida de la comunidad LGTBIQ+. Según datos obtenidos por Transparencia, son quince en total y se distribuyen en once recintos a lo largo del país. Hasta el 23 de junio de este año, eran 210 personas las que los habitaban. Estas dependencias están en los Complejos Penitenciarios de Arica (26 habitantes), Alto Hospicio (20 habitantes), Antofagasta (12 habitantes), La Serena (11 habitantes), Quillota (18 habitantes), Rancagua (77 habitantes), Curicó (5 habitantes), Concepción (12 habitantes), Puerto Montt (4 habitantes) y en el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur (25 habitantes).  Estos se implementaron para de fortalecer las medidas de seguridad para evitar posibles agresiones y discriminaciones. Las primeras dependencias comenzaron a funcionar hace más de 25 años en el CDP Santiago Sur y el antiguo CDP de San Miguel. El último que se constituyó fue en el CP de Antofagasta en 2013. Solo existen en recintos para hombres.

Según el Departamento de Promoción y Protección de los DD.HH de Gendarmería, durante el proceso de clasificación de las y los internos se les consulta sobre su orientación sexual “sin presionar”, y en base a su respuesta se define en qué módulo habitarán. Rolando Jiménez, del Movilh, explica que estos módulos son un factor esencial para la segregación de la comunidad LGTBIQ+: “No solo se ha transformado en una medida de segregación por protección, sino que, en la práctica, en una forma de negarles derechos. Funcionan como un segundo castigo o una doble condena”.

En esa misma línea, plantea que una de las principales denuncias que realizan los internos de la comunidad LGTBIQ+ es que no son integrados a los programas de empleo o talleres.  Vicky Peralta, interno homosexual del CP de La Serena, lo confirma. “Hemos intentado muchas veces anotarnos a los psicólogos o asistentes sociales para que nos den algún tipo de curso, pero siempre nos dan la misma respuesta, que pa’ hacer un curso tenemos que tener máximo a 20 personas. (…) A nosotros nos niegan todos”, dice.

Según el último Informe Anual de Derechos Humanos publicado por el Movilh en 2020, Gendarmería se ubica en el cuarto lugar del ranking de instituciones homofóbicas y transfóbicas de Chile, detrás del Ministerio de Justicia, el partido Unión Demócrata Independiente y la Corte Suprema. Específicamente, los centros en los que se registra mayor discriminación son los Complejos Penitenciarios de Rancagua, La Serena, Valparaíso y Alto Bonito de Puerto Montt. Boris estuvo en tres de ellos.

En el caso de que una persona llegue a un centro penitenciario que no cuente con módulos exclusivos, el Departamento de Promoción y Protección de los DD.HH explica que existen dos opciones. En primera instancia, “la persona es segmentada acorde a sus características socio criminógenas con el resto de la población penal”. Sin embargo, si la misma persona solicita habitar un módulo exclusivo, “se gestiona su traslado a otro establecimiento penitenciario que cuente con dependencia para la población LGTBI, bajo el argumento de salvaguardar su integridad física como psicológica”.

Desde que Boris ingresó al sistema penitenciario fue trasladado dos veces. Según Pía, ambas fueron sin razón. Peralta recuerda que Boris, el 10 de mayo de 2019, cuando alegó que aún no le entregaban sus encomiendas a él ni a su esposa, denunció al mayor Walter Navarrete Iturra por agresiones. Un mes después lo trasladaron a Puerto Montt. “Justo cuando hizo la denuncia”, dice Peralta.

“Yo viví en la cárcel doce años, y gracias a dios y la virgen que salí viva de ahí, (…) pero al Boris lo mataron”, dice Pía.

Después de la muerte

A las 15:55, Claudio Vega encontró a Boris colgado. Lo primero que hizo fue avisarle a su hermana. Ella no le creyó. Vega grabó un video de Boris muerto y se lo envió. También llamó a Pía, y tampoco le creyó.

Según información de Gendarmería, el día que murió Boris lo primero que hicieron los funcionarios fue llamar a personal médico, quienes constataron su fallecimiento. Luego de confirmar esto, se dio aviso al jefe de la unidad, el mayor Walter Navarrete Iturra. Después, lo trasladaron al patio para despejar el sitio del suceso. Una vez ahí, dieron aviso al fiscal de turno de La Serena, quien debía autorizar la entrega del cuerpo. Ese trámite demoró más de siete horas. Todo ese tiempo el cuerpo de Boris estuvo expuesto a vista de todo el penal. “Lo dejaron tirado en el patio como un perro”, dice Pía.

Ese mismo día, Gendarmería emitió un comunicado de prensa aclarando los dichos de algunos medios de comunicación que afirmaban que Boris se había suicidado por la constante discriminación que habría sufrido en razón de su orientación sexual, por parte de algunos funcionarios de la institución.

En él dicen:

“El 3 de junio del 2020, el Departamento de Derechos Humanos de Gendarmería, recibe una denuncia por parte del MOVILH Chile, donde se expone que Castillo Arriagada se ha autoinferido heridas, para manifestar su rechazo ante un eventual traslado, y que habría sido víctima de insultos por su orientación sexual; razón por la cual se solicitan medidas que garanticen la seguridad del interno y la no discriminación.

Cabe precisar que la Unidad de Salud del CP de La Serena otorgaba tratamiento siquiátrico permanente al interno. Sin embargo, éste no asistía con regularidad a los controles de salud mental, como quedó registrado en un informe clínico, emanado por el médico tratante el 4 de junio del año pasado.

Días después (5 de junio) Castillo Arriagada declara, ante funcionarios de la unidad penal, no haber sido víctima de ningún tipo de abuso o acto discriminatorio por parte del personal penitenciario; y que las heridas que se ha autoinferido son para evitar un eventual traslado, ya que el Complejo Penitenciario de la Serena era un lugar de tránsito, pues su condena debía cumplirla en el CP de Puerto Montt.

Sin embargo, en el momento que el Juzgado de Garantía de La Serena ordena su traslado, Castillo Arriagada reacciona auto infiriéndose heridas. Por esta razón, el caso se deriva a la Defensoría Penal Pública, “para brindar asesoría legal al interno”.

La familia y amigos de Boris cuestionan varios de puntos del comunicado. Primero, todos los recursos de amparo y protección que se pusieron a favor de Boris, según consta en los archivos del Poder Judicial y dice María del Pilar López, fueron rechazados. Así también, comenta que la solución de Gendarmería para evitar la discriminación que sufría Boris fue aislarlo aún más. “Eso sí o sí lo llevó a matarse”, dice López.

Pía en una marcha para exigir respuestas a la situación de Boris. Crédito: Archivo familiar.

Segundo, Vega explica que el único tratamiento que recibía Boris era clonazepam, que de vez en cuando lo iban a ver psicólogos y que después del 4 de junio Boris intentó matarse varias veces.

Tercero, según Clara, a Boris lo obligaron a firmar la declaración que decía que nunca había sido discriminado por su orientación sexual. Incluso, tiene una carta que lo comprueba en la que Boris escribió: “Sargento Peñaloza vino a las 11 de la mañana a sacar una firma mía obligando a firmar un acta de derecho”.

Gendarmería emitió un comunicado de prensa aclarando los dichos de algunos medios de comunicación que afirmaban que Boris se había suicidado por la constante discriminación que habría sufrido en razón de su orientación sexual, por parte de algunos funcionarios de la institución.

Boris está enterrado en el Cementerio Municipal de Copiapó. Su tumba no tiene lápida y está cubierta con una cerámica ploma. Hay una foto de él en la parte superior derecha. El espacio lo adorna un florero de cristal con el ramo de flores plásticas que usó Pía cuando se casaron.

A nueve meses de la muerte de Boris, según Gendarmería, aún se siguen investigando las causas del suicidio. “El proceso sumarial se encuentra en etapa indagatoria, reaperturándose y cambiando de fiscal”, explican, y aseguran que eso es lo único que por ley pueden comunicar, ya que la investigación continúa.

Entre 2019 y 2021, según información solicitada por Transparencia, como Boris se suicidaron 49 personas privadas de libertad en distintos centros penales de Chile. Diecisiete tenían entre 19 y 29 años. Tres se suicidaron en el CP de La Serena, uno de ellos tenía la misma edad de Boris: se quitó la vida tres meses antes que él.

La tumba de Boris. Crédito: Archivo familiar.

Boris Castillo Arriagada tenía 26 años. Sus cercanos, ya con toda la información, resumen así su vida: a los seis escuchó cómo torturaron a su padre. A los diez comenzó a fumar marihuana. Tuvo una hija a los quince y ese mismo año entró al Sename. No terminó el colegio. A los veintiuno lo condenaron a diez años y un día por robar dos celulares y cuatro mil pesos. En la cárcel denunció ser violado y discriminado. Lo trasladaron a distintos centros penitenciarios y él mismo se acuchillaba para que no lo hicieran más. Lo logró, ahorcándose.

*Este reportaje corresponde al proyecto de título de los autores -que son alumnos de Periodismo de la Universidad Diego Portales-, dirigido por el profesor Rodrigo Fluxá.

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