Historial de las seis (y ahora siete) acusaciones constitucionales contra presidentes de Chile

En Chile se han presentado seis acusaciones constitucionales en contra de presidentes a lo largo de la historia. Una de ellas fue contra un Mandatario en ejercicio y sólo una prosperó. En The Clinic nos sumergimos en archivos históricos para conocer el resultado de este puñado de juicios políticos de nuestra pasado republicano.

Acusaciones constitucionales

Un grupo de 16 diputados de oposición finalmente presentó la acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera, lo que lo convierte en el cuarto Mandatario que será sometido a un juicio político durante la historia republicana del país.

El documento de 99 páginas acusa al Mandatario de infringir la Constitución -en relación al principio a la probidad- y comprometer gravemente el honor de la nación, a partir de los antecedentes dados a conocer por los Pandora Papers y la venta de la minera Dominga en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas.

El libelo deberá sortear dos obstáculos para tener éxito: lograr una mayoría de 78 votos a favor en la Cámara Baja y el apoyo de dos tercios del Senado (29 votos).

Antes de Piñera, sin embargo, hubo tres presidentes que han sido objeto de, al menos, una acusación constitucional. The Clinic se sumergió en documentos históricos para conocer los antecedentes y los resultados de cada uno de estos procesos.

El caso de Vicuña Larraín

Francisco Vicuña Larraín, abuelo de Benjamín Vicuña Mackenna, era miembro de los Ochocientos, la rama familiar de los Larraín más activa del movimiento independentista chileno. Durante el caótico año 1829, en plena guerra civil, le tocó dos veces ejercer la Presidencia de la República previo al triunfo definitivo de los conservadores en la batalla de Lircay.

En su primer mandato, que apenas duró tres meses, se ajustició al teniente Pedro Rojas, uno de los artífices de la sublevación militar conocida como “El Motín de los Inválidos”, bautizada así por la presencia de una compañía de mutilados en la rebelión. El militar fue acusado por el delito de sedición y condenado a muerte por un Consejo de Guerra.

Dos años después, cuando Vicuña Larraín se había retirado de la vida pública, se presentó la primera de las acusaciones constitucionales de nuestra historia. La autora fue la viuda del teniente acribillado, Margarita Fernández. Ella acusaba al Mandatario de haber ignorado los reclamos de la Corte Suprema, que tildó el procesamiento de Rojas como “asesinato legal”, ya que infringía sus garantías constitucionales.

Según detalla la colección histórica de la U. de Chile, la Cámara de Diputados consideró que había lugar a la formación de una causa contra el ex Presidente y remitió todos los antecedentes al Senado el 10 de agosto de 1832. Sin embargo, la Cámara Alta lo absolvió plenamente y el libelo fue rechazado.

Retrato de Francisco Vicuña Larraín. Autor: Narciso Desmadryl

Las cuatro acusaciones contra Ibáñez del Campo

Carlos Ibáñez del Campo es todo un hombre récord en lo que respecta a acusaciones constitucionales: fue acusado cuatro veces, una de ellas en el ejercicio de su cargo. Además, ostenta la triste marca de ser el único (hasta ahora) a quien se le ha aprobado el libelo en su contra.

La primera acusación fue presentada en agosto de 1931, poco después de que el entonces Mandatario renunciara a su cargo. ¿La razón? Se había organizado una Comisión Investigadora de los Actos de la Dictadura que lo apuntaba como responsable de la detención violenta, relegación y deportación de varios diputados, sin orden judicial y por medio de agentes de Carabineros, entre febrero de 1927 y julio de 1931.

En septiembre de ese año, y tras un encendido debate en la Cámara, el libelo recibió un masivo respaldo de los diputados. En octubre fue revisado en la Cámara Alta e Ibáñez recibió sólo un voto a favor. El Senado lo declaró “culpable del delito de abuso de poder que se le imputa”.

General Carlos Ibáñez del Campo durante su primer mandato. Fuente: Álbum histórico de las Fuerzas Armadas, 1928.

Ese mismo año se formularon otras dos acusaciones constitucionales contra Ibáñez del Campo y varios miembros de su gabinete. Según detalla una investigación del académico de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, Marcello Sasso Fuentes, ambas fueron rechazadas por falta de quórum.

La cuarta acusación constitucional ocurrió durante su segundo mandato, en 1956. Fue presentada por un grupo de 11 diputados, quienes acusaron al mandatario de “comprometer gravemente el honor y la seguridad del Estado, e infringir abiertamente la Constitución y las leyes”.

Entre los argumentos se planteaba una presunta intervención en Chile del mandatario argentino Juan Domingo Perón, de quien resaltaban sus “ambiciones imperialistas” y “carácter totalitario”. De hecho, acusaban a Ibáñez del Campo de permitir la intromisión de fuerzas armadas trasandinas “con ánimo invasor” en la zona fronteriza de Alto Palena.

Pese a la vehemencia de sus palabras, el libelo fue rechazado por 48 votos en contra, 30 a favor y 37 abstenciones.

Alessandri Palma y la matanza del Seguro Obrero

No habían pasado ni tres meses de la salida de su tercer mandato (1932-1938), cuando fue presentada una acusación constitucional en contra de Arturo Alessandri Palma por los hechos ocurridos el 5 de septiembre de su último año en el poder, episodio que la historia denomina como matanza del Seguro Obrero.

De acuerdo a los antecedentes expuestos en el libelo, hubo “más de sesenta y tres jóvenes obreros y estudiantes asesinados por las fuerzas de policía encargadas de sofocar su motín”, justamente en el edificio del Seguro Obrero, donde las víctimas fueron encerradas y acribilladas. Se trataba, en buena parte, de miembros del Partido Nacional Socialista chileno.

Según el texto acusatorio, los tribunales ordinarios se habían negado a dar curso a las querellas presentadas contra los homicidas responsables. El principal argumento que daban los jueces es que el Presidente de la República había declarado públicamente que él iba a asumir toda la “responsabilidad” por estos hechos.

El debate fue amplio e intenso en el Congreso Nacional. Sin embargo, finalmente la acusación fue rechazada en la Cámara de Diputados con 66 votos en contra, 53 a favor y dos abstenciones.


Volver al Home para seguir leyendo más notas de The Clinic

The Clinic Newsletter
Comentarios