La Convención
21 de Octubre de 2021Negacionismo, plebiscitos y más: el diccionario que la Convención puso sobre la mesa
Agencia Uno
Con los reglamentos ya aprobados, la Convención cuenta con las bases para dar inicio a la redacción de la nueva Constitución. ¿Qué es un plebiscito dirimente? ¿Y el quórum de dos tercios? En The Clinic preparamos este diccionario para definir algunos de los aspectos del funcionamiento del órgano constituyente.
A tres meses de la jornada inaugural de la Convención Constitucional, el pasado 13 de octubre la Mesa Directiva dio por finalizado el proceso previo a la redacción de la nueva Constitución. Con la aprobación del Reglamento General, el Reglamento de Ética, el Reglamento de Participación y Consulta Indígena y el Reglamento de Participación Popular, los 154 convencionales constituyentes -tras la salida de Rodrigo Rojas Vade- dieron inicio, el 18 de octubre, a la discusión para redactar la Carta Fundamental.
Sobre los reglamentos, el abogado e investigador del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, Gaspar Jenkins, señala que “lo más destacable es el tiempo en que lograron realizarlo. Era uno de los grandes temores que existían de este proceso. Esto permite que los convencionales tengan nueve meses para poder discutir el contenido constitucional. Y si funcionan con el orden que ya demostraron para sesionar al elaborar los reglamentos, es muy factible esperar que puedan tener una propuesta constitucional dentro del tiempo, sin necesidad de extenderse más allá de la prórroga que les entrega la Constitución vigente”.
“Este tipo de reglamentos, adoptados antes de que comience la discusión sustantiva, permiten dos cosas. Primero, dialogan un poco con las reglas que hoy están incorporadas en el texto constitucional todavía vigente, que regula algunos aspectos generales del proceso constituyente, y también ofrecen una suerte de tranquilidad para la discusión futura, en el sentido de que habrá ciertas reglas que van a definir y contornear el debate que vamos a tener más adelante”, destaca Domingo Lovera, abogado y profesor del Departamento de Derecho Público de la Universidad Diego Portales.
“Con respecto a los contenidos, me parece que la Constituyente hizo un muy buen trabajo en advertir cuáles son las comisiones necesarias para que se entienda lo que las constituciones hacen: regular el sistema político, el reconocimiento de derechos, el sistema de justicia, la distribución territorial del poder”, agrega Lovera. Según Jenkins, “es muy importante la definición de las comisiones temáticas, porque era una de las grandes incertezas que había al principio y se generó mucho debate. Creo que se logró adoptar un número adecuado en esta materia y se determinaron temas coherentes con un número apropiado de convencionales, permitiendo que vayan pasando de distintas comisiones a otras con facilidad”.
Para el académico de la U. Diego Portales, Domingo Lovera, estos reglamentos dan pistas de cómo podría ser la nueva Constitución. “Muchas de las comisiones avanzaron, más que a discutir cuestiones procedimentales, ya a discutir cuestiones sustantivas que quedaron plasmadas en principios rectores y directrices de funcionamiento que permiten avizorar cómo estaría quedando una nueva Constitución. Va a ser una Constitución con un fuerte enfoque de género, probablemente plurinacional, eco sensible a las crisis ambientales que estamos atravesando y probablemente también con énfasis en reclamos identitarios”, dice Lovera.
En relación con los mecanismos de participación, “el rol de la ciudadanía va a ser trascendental. No solamente va a escuchar los debates y participar en el plebiscito final, sino que va a tener una participación activa. Desde la perspectiva del control, los convencionales se sujetaron al principio de transparencia y su información está disponible para todos. Al mismo tiempo, va a participar desde la perspectiva de la creación del contenido constitucional. La iniciativa popular de normas constitucionales es, tal vez, el principal mecanismo en este sentido. También el plebiscito dirimente y las audiencias públicas, un mecanismo bastante importante”, destaca el abogado Gaspar Jenkins.
Sobre lo que se viene, en los próximos días “la Mesa debería publicar el cronograma general de la Convención, que es el primer hito relevante. Una vez fijado, las comisiones van a poder armar sus cronogramas internos. Después, vienen las instancias de presentación de normas constitucionales por los convencionales y de recepción de iniciativas populares”, señala Jenkins. Domingo Lovera agrega que esta etapa “va a ser súper interesante, porque vamos a ver la presentación de mociones de convencionales, centros de estudio, grupos de interés, la ciudadanía y pueblos indígenas, permitiendo además que las mociones constituyentes populares puedan ser presentadas por niños, niñas y adolescentes”.
El reglamento interno de la Convención Constitucional incluye conceptos como el plebiscito dirimente, negacionismo, los discursos de odio y el quórum de ⅔, temas que marcaron el debate de la Convención durante las últimas semanas. A continuación, en este diccionario preparado por The Clinic, se explica en qué consisten los principales conceptos establecidos en los reglamentos y su rol en el funcionamiento del organismo.
Diccionario constituyente
Accesibilidad
Uno de los aspectos clave del proceso constituyente es la disponibilidad de la información para la ciudadanía. En relación con el material de difusión de las actividades de la Convención, el reglamento establece que toda “información, folletos, cartillas, revistas, trípticos y memorias, de carácter digital o impreso, debe ser accesible para personas en situación de discapacidad de origen visual”, con el fin de garantizar la inclusión todas las personas.
Asignaciones
A diferencia del sueldo de los constituyentes (alrededor de $2,5 millones), las asignaciones son recursos públicos administrados por el Comité Externo de Asignaciones, que van destinados al cumplimiento de la labor constituyente de los convencionales. Estas se regirán en base a cinco principios: Probidad; Transparencia; Austeridad; Participación y Trabajo Territorial; y Equidad para escaños reservados.
El monto máximo mensual de las asignaciones es de 77 UTM ($4 millones aproximadamente). Estos fondos contemplan tanto al personal de apoyo a la función constituyente como los gastos de manutención y gastos operacionales.
Cabildos comunales
Con el fin de asegurar la participación popular en el proceso constituyente, el Reglamento de Participación Popular define diferentes mecanismos e instancias de diálogo. Uno de ellos son los cabildos comunales, instancias que, a través de convenios con Municipalidades, permitirán que “quienes residen en un territorio determinado tengan la oportunidad de discutir y deliberar sobre el proceso constituyente”.
Comisiones
El Reglamento General de la Convención determina el funcionamiento de siete comisiones, las que trabajarán en torno al estudio, deliberación y aprobación de “propuestas de normas constitucionales y disposiciones transitorias que serán sometidas para su discusión y aprobación por el Pleno”. Las comisiones son las siguientes:
1. Comisión sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral
2. Comisión sobre Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía
3. Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal
4. Comisión sobre Derechos Fundamentales
5. Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico
6. Comisión sobre Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional
7. Comisión sobre Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios
Conflicto de interés
En el caso de los convencionales constituyentes, existirá conflicto de interés cuando en el ejercicio de su función pública confluyen el interés general con un interés particular “de carácter económico”. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Ética, es deber de los constituyentes advertir los conflictos de interés que pudieran afectar el desempeño de su función.
Deliberación informada
Como uno de los principios rectores del Reglamento General, la deliberación informada exige que los constituyentes estén lo suficientemente informados con respecto a los temas que se discuten en el marco de la Convención. Esto, con el objetivo de que los debates “se efectúen de manera ordenada, circunscrita, reflexiva, conducente y no de un modo puramente expresivo o declarativo”.
Descentralización
Como otro de los principios rectores, la descentralización busca asegurar el traspaso de las competencias y recursos desde el nivel central a los diferentes territorios del país, considerando también a los territorios indígenas. De la mano de la descentralización, el principio de equidad territorial busca garantizar la integración, participación incidente y efectiva de las personas que habitan todos los territorios del país durante el proceso constituyente.
Discursos de odio
En medio de las polémicas declaraciones por parte de algunos convencionales constituyentes durante las sesiones del Pleno, en el Reglamento de Ética se incluyeron los discursos de odio como una infracción a los principios de ética en el ejercicio del cargo.
Dicha infracción, la que implica proferir cualquier discurso de odio, se define como “toda comunicación, expresión verbal o de cualquier tipo, que sea un ataque o utilice lenguaje discriminatorio en relación con una persona o un grupo en razón de su origen étnico, raza, color, ascendencia, nacionalidad, credo, religión, espiritualidad u otro factor de identidad, que tenga la entidad suficiente para incitar a la discriminación, la hostilidad o la violencia”.
Desinformación
Esta es una más de las infracciones a los principios de ética. Consiste en cualquier expresión, a través de medios físicos o digitales, de un hecho que se presenta como real, sabiendo que en realidad es falso.
Enfoque de género y perspectiva feminista
Este principio tiene como objetivo la utilización de herramientas, procesos y medidas en vías de erradicar la violencia de género, incluyendo la invisiblización y exclusión histórica de las mujeres, diversidades, disidencias sexuales y de género. Según el reglamento, “la comunicación con perspectiva de género, feminista y no sexista posibilita interacciones comunicativas tendientes a promover la igualdad de género y la no discriminación de sectores históricamente excluidos, con el fin de asegurar las condiciones que permitan una educación cívica real y efectiva”.
Enfoque de niñez y adolescencia
Por medio de la Secretaría Técnica y la Comisión de Participación Popular, la Convención reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y actores relevantes en el proceso constituyente, asegurando su derecho a la participación con el objetivo de integrar en la discusión sus intereses e inquietudes.
Fuero e inviolabilidad
El artículo 25 del Reglamento General establece que los convencionales constituyentes son inviolables por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de sus funciones. Además, ningún convencional puede ser acusado o privado de libertad, “salvo el caso de delito flagrante”. En tal situación, el convencional constituyente será puesto a disposición del Tribunal de Alzada. Si se declara haber lugar a formación de causa, el constituyente será suspendido de su cargo y “sujeto al juez competente”.
Iniciativa popular de normas
Este mecanismo de participación popular permite que una o más personas puedan presentar hasta siete propuestas de normas constitucionales a la Convención Constitucional dentro de los plazos establecidos por la Comisión. Para que estas propuestas se considere, es necesario contar con al menos 15 mil firmas de, por lo menos, cuatro regiones diferentes. En caso de contar con las firmas, las propuestas serán discutidas y votadas por la Convención.
Interculturalidad
Como una forma de reconocer la diversidad de culturas y formas de concebir el mundo, este principio busca impulsar el diálogo horizontal, “reconociendo la diferencia y las particularidades, especialmente de los pueblos presentes en Chile”.
Jornadas nacionales de deliberación
Esta iniciativa es otro de los mecanismos de participación popular que se definen en el Reglamento de Participación Popular. Las jornadas nacionales se llevarán a cabo de forma simultánea en todo el territorio nacional y estarán abiertas a cualquier persona, previa inscripción, con el objetivo de discutir sobre un tema propuesto por la Convención.
Lenguaje claro e inclusivo
Los textos que sean aprobados por la Convención Constitucional, en especial la nueva Constitución, deberán estar escritos en un lenguaje claro “para facilitar su comprensión y accesibilidad”. Además, se debe utilizar un lenguaje neutro “que permita la inclusión y, en lo posible, evitar la utilización de duplicaciones (…) así como el uso de signos impronunciables en el lenguaje oral”.
Mecanismos autoconvocados
A diferencia de los mecanismos convocados por la Convención Constitucional, como los Cabildos Comunales, las Jornadas Nacionales de Deliberación, los Foros Deliberativos, entre otros, los mecanismos autoconvocados serán aquellos impulsados por personas o agrupaciones fuera de la Convención.
Negacionismo
La discusión en torno a la sanción de conductas negacionistas ha marcado fuertemente a la Convención, especialmente en lo que se refiere a la libertad de expresión. Con la aprobación del Reglamento de Ética, se establecen dos definiciones de negacionismo que se considerarán como una infracción a los principios de ética. En primer lugar, se entenderá por negacionismo cualquier mención que justifique, niegue o minimice las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, además de las violaciones a los derechos humanos posteriores al estallido social de octubre de 2019.
También se entenderá por negacionismo toda acción que justifique, niegue o minimice el “genocidio cultural del que han sido víctima los pueblos originarios y el pueblo tribal afrodescendiente a través de la historia (…)”.
Participación incidente y vinculante
Como uno de los principios rectores del Reglamento de Participación Popular, se busca garantizar que las diversas visiones manifestadas en los mecanismos de participación popular deben tener una incidencia en el debate de la Convención, adquiriendo un rol en la posterior toma de decisiones.
Plebiscito dirimente
Como un mecanismo para resolver aquellos temas en los que no se llegue a acuerdo, la propuesta de plebiscitos dirimentes también causó polémica en el marco de la Convención. Esto, porque en el caso de no conseguir el mínimo de 103 votos de los convencionales, existirá la posibilidad de realizar un plebiscito único, el que va a reunir los temas en los que no se llegó a acuerdo para someterlos a votación de la ciudadanía (siempre y cuando el resultado de la votación previa sea mayor a ⅖, es decir, cuente con más de 93 votos de los convencionales).
Plurinacionalidad
A través de este principio se reconoce la existencia de “pueblos nacionales indígenas preexistentes al Estado”, con el objeto de garantizar su participación en la distribución del poder y respetar “su libre determinación”.
Plurilingüismo
El principio reconoce la existencia de más de una lengua en el territorio nacional y el derecho a expresarse en distintas lenguas: indígenas, de señas, braille, entre otras, con el fin de asegurar una comunicación adecuada con todas las personas, “entendiéndolo como un derecho humano”.
Presidencia
Es la encargada de dirigir y representar a la Convención Constitucional. Entre sus principales atribuciones, se encuentra la celebración de convenios y acuerdos con diferentes actores, la suscripción de las actas de las sesiones, la dirección de las sesiones del Pleno y de la Mesa Directiva, el conceder la palabra a los convencionales que la soliciten, cumplir las decisiones de la Mesa Directiva, entre otras más. Actualmente, la presidenta de la Convención es Elisa Loncon, cargo que tendrá hasta el mes de enero.
La Presidencia es parte de la Mesa Directiva, órgano ejecutivo superior de la Convención. Esta también cuenta con una Vicepresidencia, cinco vicepresidencias adjuntas y dos vicepresidencias adjuntas indígenas de escaños reservados. De acuerdo a lo señalado por el reglamento, los cargos de la Mesa Directiva tendrán una duración de seis meses. Además, “estarán inhabilitados para ser parte de la Mesa Directiva las y los convencionales que hayan sido parte de la misma con anterioridad”.
Principios de probidad y transparencia
El principio de probidad establece que los convencionales constituyentes deberán actuar con rectitud y honradez, de forma intachable y priorizando el interés general por sobre cualquier interés particular. Por otra parte, el principio de transparencia se refiere al conocimiento y publicidad de los procedimientos y documentos de la Convención. Los convencionales constituyentes deberán, asimismo, respetar y promover el acceso a esta información.
Quórum de ⅔
Para la aprobación de las normas constitucionales, se deberá contar con el voto a favor de dos tercios de los convencionales constituyentes, lo que equivale a un 66% de los convencionales (103).
Unidad de Educación Cívica
La Secretaría de Comunicaciones, Información y Transparencia será la encargada de facilitar la educación cívica a través de la Unidad de Educación Cívica. Entre sus principales actividades, estará la creación de un boletín semanal disponible para su difusión a través de diferentes medios, la creación de un personaje institucional de ficción de la Convención (al estilo de Contralorito) y diversos contenidos de carácter informativo sobre los temas a tratar en el proceso constituyente.
