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La que explica se complica: por qué el Olivazo 2.0 podría terminar con una investigación de Fiscalía

Una vez conocida la millonaria rendición de gastos electorales en la campaña a la gobernación de la RM -$137 millones para siete asesores-, la actual candidata al Senado por la RM difundió un "Comunicado Público", sumando una ronda de entrevistas en los medios. Ahí profundizó en dos puntos complejos: eventuales gastos fuera del plazo legal de campaña y presunta emisión de boletas ideológicamente falsas. "Vamos a investigar y haremos las denuncias al Ministerio Público", dijo el presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle.

Luego que un reportaje de Ciper revelara abultados pagos a siete asesores de la campaña de Karina Oliva (Comunes) a la gobernación de la Región Metropolitana, la actual candidata al Senado por la RM salió la mañana del 18 de Noviembre a dar una serie de declaraciones -tanto en las redes sociales como en medios de comunicación- que no ayudan precisamente a su defensa.

Esto, ya que en entrevistas y tweets que la candidata ha hecho para aclarar el escándalo, al que arrastró su partido y que provocó la renuncia de Jorge Ramírez a la presidencia de la colectividad, en sus declaraciones la aspirante a la Cámara Alta ha dejado tras de si una estela de irregularidades asociadas al financiamiento de su primera aventura electoral, en la que se impuso en una primaria a Sebastián Depolo (RD), pero que terminó derrotada por Claudio Orrego (DC)

Mientras, las consecuencias del escándalo no han parado en el Frente Amplio, conglomerado que integra Comunes. De hecho, en una actividad de campaña en la comuna de Lo Espejo, el abanderado presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (CS), dijo que tras las recientes revelaciones, Oliva ya no cuenta con su apoyo en su camino hacia el Senado.

A esa quitada de piso también se suma la libertad de acción que la “dirección transitoria” de Comunes decretó para sus militantes en la elección senatorial en la RM donde, a pesar de todo, Oliva seguirá figurando en la papeleta este domingo 21 de Noviembre.

¿Fuera del plazo de campaña?

El primer tropezón en la defensa de Oliva vino precisamente con el primer esbozo de defensa que emitió la candidata al Senado.

Esto, ya que luego que se publicara el reportaje de Ciper durante la tarde del miércoles 17 de Noviembre, y al cabo de unos minutos de silencio por parte de la colectividad a la que pertenece, Oliva rompió el silencio y difundió una declaración que lleva por título “Comunicado Público”.

“El equipo se conformó apenas terminada la primaria de Gobernadores en el mes de Diciembre del año 2020, cuando Tricel proclamó nuestra candidatura de gobernadora, por lo que este equipo prestó servicios durante 6 meses por un monto de $2.500.000 mensuales”, reza el documento.

“Esto nos permitió sostener la campaña durante seis meses, sin contar durante ese tiempo con los recursos para realizar dichos pagos de manera inmediata. Tal como es de conocimiento público, el reembolso demora alrededor de ocho meses si es aprobado y cumple con todos los aspectos legales que exige la ley y que nosotros cumplimos”, continúa la defensa.

Con esto, la candidata reconoce que su campaña duró seis meses, plazo que excede el período legal para declarar los gastos de las campañas electorales, según la Ley 19.884, en cuyo artículo 3 declara: “Para la determinación de los gastos electorales, se entenderá por período de campaña electoral aquél comprendido entre el día que venza el plazo para declarar candidaturas y el día de la elección respectiva”.

Así las cosas, sumaría tres meses si se considera que el plazo en el que venció la declaración de candidaturas para las elecciones de gobernadores terminó el 27 de Julio del 2020, mientras que la elección -en primera instancia- debía realizarse el 25 de Octubre del mismo año.

El día de la elección, sin embargo, fue modificado debido a la Pandemia, por lo que la fecha de los comicios fue postergada hasta el 4 de Abril del 2021. Finalmente, y como esa fecha topaba con las celebraciones de Semana Santa, se decidió aplazar las elecciones para el fin de semana del 15 y 16 de Mayo de este año, fecha en la que se realizaron dichos comicios, en conjunto con las elecciones para convencionales constituyentes, alcaldes y concejales.

A juicio del académico de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central, Alejandro Usen, las explicaciones de Oliva no admitirían matices con respecto a la normativa. No obstante las contingencias sanitarias, la rendición de gastos al Servel sólo debe comprender el plazo legal: tres meses.

“El período electoral de campaña es una materia y, al parecer, lo que está tratando de explicar la candidata Oliva, es que ella dispuso de estos asesores por un tiempo más largo que lo que permite el plazo legal de campaña. De ese modo estaría tratando de justificar los pagos en exceso”, afirma el abogado, quien también tiene un duro juicio con respecto a estas justificaciones.

Indudablemente que esta es de las peores de las explicaciones, puesto que la lógica de la ley electoral está planteada en términos bastante absolutos, no tiene matices: la rendición de gastos de campaña corresponde al período legal de campaña. Punto. No hay matices en ese capítulo de la ley”, finaliza Usen.

¿Primarias financiadas con platas fiscales?

Esta declaración de Oliva sobre el cronograma de su campaña topa con la fecha en la que se realizaron las primarias para gobernadores, donde los conglomerados escogieron a sus candidatos definitivos para la elección del mes de Mayo.

Así, las primarias en las que Oliva compitió contra el abanderado de Revolución Democrática y actual secretario general de la tienda y candidato al Senado, Sebastián Depolo, y la precandidata del Partido Liberal, María José Cumplido, se realizaron el domingo 29 de Noviembre del 2020.

En tanto, sobre el financiamiento de las campañas primarias, el Servicio Electoral es claro: “Para elecciones primarias no existe financiamiento fiscal, es decir, no hay anticipo fiscal ni reembolsos”, reza un apartado publicado en el sitio web de la institución y que detalla las normas electorales incluidas en la Ley 20.900, promulgada en el año 2016, referentes al financiamiento electoral.

En esta línea, en la opinión de Alejandro Usen, Oliva “estaría infringiendo la ley electoral en términos puros y duros”.

“Estas explicaciones de ‘que trabajaron conmigo más tiempo o que trabajaron conmigo en un proceso de selección interna de las candidaturas’, no es oponible al Servicio Electoral, no es una justificación ni tienen un sentido mínimo de las eventuales infracciones que se hubieren cometido en el contexto de la Ley”, comenta el abogado.

¿Boletas ideológicamente falsas?

Dentro de la ronda de entrevistas que la candidata al Senado realizó durante la mañana de este jueves 18 de Noviembre, Oliva señaló en Tele 13 Radio que los sueldos para sus asesores, divididos en los meses que duró su campaña, bordean los $2,5 millones de pesos.

Esto, sin embargo, contrasta con la información publicada por Ciper, en donde se indica que el jefe de campaña de la actual aspirante a la Cámara Alta, Martín Miranda Sepúlveda, cobró $40 millones de pesos en los cinco meses de campaña legal.

Así, el sueldo de $8 millones de pesos mensuales que Miranda tuvo en la campaña de Oliva se justificó -según señala la publicación- porque fue “jefe de campaña en ambas vueltas electorales ($10 millones por cada una), realizó una asesoría de diseño y estrategia comunicacional en la primera vuelta ($15 millones) y fue encargado de despliegue territorial en segunda vuelta ($5 millones)”.

En tanto, Oliva señaló en la estación radial que en el sueldo de su jefe de Campaña, “estaba lo que se le pagaba mensualmente, pero no es que se le pagara mensualmente. Yo adquirí una deuda con él durante todo este período y que se le paga después. Uno declara, la rendición debe estar aprobada, el Servel pide los informes y están entregados y aprobados”, dijo, agregando que Miranda “pagó directamente los servicios de despliegue territorial” para las 52 comunas de la RM.

Junto con esto, la ex candidata a gobernadora declaró que ante la situación de que brigadistas de su campaña no podían esperar ocho meses para recibir sus pagos, -en relación a la demora del Servel en realizar la devolución de los gastos electorales-, Miranda “incluyó los pagos que hacía a las personas (…) no es que le pagara a los brigadistas, sino que desplegaba territorialmente a esas personas y ahí tiene que solventar los almuerzos. Entonces hay distintas cosas que se van acumulando por la cantidad de meses”.

Ante esta justificación para el abultado sueldo de su jefe de campaña, relacionado al pago de brigadistas, Usen comenta: “el nivel de explicaciones que se han dado hasta ahora son de aquellos casos en que la explicación termina por agravar la falta“, dijo.

“Lo que estaría diciendo es que no sólo podríamos estar frente a la posible hipótesis de infracción de las leyes electorales que regulan el financiamiento y los gastos de campaña, sino que podría estar reconociendo una suerte de confesión espontánea, de que se trata de boletas ideológicamente falsas y, por lo tanto, también la pondría en la órbita del ilícito penal tributario”, agregó.

En tanto, Usen recalca la diferencia entre lo declarado ante el organismo electoral, y las explicaciones que dio la candidata en la entrevista radial.

“Di lo que Oliva quiere decir es que los números parecen abultados, pero en realidad no son tal porque la destinación que se le dio a esos fondos fue uno diferente a lo que está puesto en las glosas descriptivas de las respectivas boletas, estamos hablando entonces de boletas ideológicamente falsas. En ese caso, podemos estar en el límite del delito tributario“.

“Lo que estaría diciendo es que no sólo podríamos estar frente a la posible hipótesis de infracción de las leyes electorales que regulan el financiamiento y los gastos de campaña, sino que podría estar reconociendo una suerte de confesión espontánea, de que se trata de boletas ideológicamente falsas”, afirma el abogado Alejandro Usen.

En la entrevista, y en contraste con lo señalado por el medio que destapó el escándalo, Oliva aseguró que esas actividades sí fueron incluidas en las boletas efectuadas por Miranda.

Con todo, el presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, abrió la posibilidad de que el organismo electoral ponga los antecedentes a disposición del Ministerio Público.

Vamos a investigar y haremos las denuncias al Ministerio Público como corresponde respecto con la ley, tanto al administrador, como al candidato”, dijo Tagle, aunque también adelantó dos criterios: el gasto anterior a la campaña no corresponde rendirlo, así como la figura del “subcontrato” (léase pago a brigadistas) no aplicaría en esta pasada.

“Vamos a revisar de nuevo esos informes respecto a las declaraciones, pero las dos cosas corresponden a una irregularidad. Los gastos anteriores a la campaña no son parte del gasto legítimo que se debe incluir en una rendición. Y hay que ver, una persona puede subcontratar a otra, pero tiene que tener la facultad para hacerlo y el instrumento legal de facturar esos servicios. Si se dice que son honorarios solo del trabajo de una persona, no se puede incluir a otra”, afirmó Tagle.

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