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Columna de Crescente Molina: Boric vs Kast: cómo hacer frente al problema de la polarización política

La polarización de la élite política se transporta fácilmente a la élite cultural (académicos y periodistas) y finalmente a la ciudadanía, especialmente en época electoral. Y, seguidamente, esto daña la cohesión social; que es sin duda fundamental para la convivencia pacífica y el progreso social. ¿Qué podemos hacer?

Para una parte significativa del electorado nacional, ambos candidatos representan un serio peligro. Para algunos, Boric es un ideólogo revolucionario que nos llevará al descalabro económico y la desintegración nacional. Para otros, Kast es un neofascista reaccionario que impondrá un capitalismo desenfrenado y una moral premoderna. Cualquier ciudadano medianamente informado y de buena fe sabe que ambas caricaturas son, obviamente, falsas. Sin embargo, es cierto que las élites políticas occidentales —por varias razones que no analizaremos acá—están produciendo líderes más histriónicos en su retórica, más ideológicamente comprometidos, y con agendas programáticas (al menos aparentemente) más radicales que las del pasado reciente —piense en Trump, Bolsonaro, Ocasio-Cortez, López Obrador, Zemmour, o Vox y Podemos—. En ciertos casos, esto puede no ser un problema, pues quizás sí necesitamos políticas radicalmente diferentes a las actuales en ciertas materias. Sin embargo, este giro conlleva algunos riesgos.

En vez de ser fundamentadas en el bien común del país, la excesiva polarización de los dirigentes políticos hace más probable la adopción o rechazo de políticas públicas por razones puramente antagónicas (i.e., “no apruebo tal política pública, pues es de derecha/izquierda”), o por meros ideologismos (i.e., el “anti-neoliberalismo”, “la unidad de la nación”, “la guerra contra el terrorismo”, etc.,). Además, la polarización de la élite política se transporta fácilmente a la élite cultural (e.g., académicos y periodistas) y finalmente a la ciudadanía, especialmente en época electoral. Y, seguidamente, esto daña la cohesión social; que es sin duda fundamental para la convivencia pacífica y el progreso social.

En vez de ser fundamentadas en el bien común del país, la excesiva polarización de los dirigentes políticos hace más probable la adopción o rechazo de políticas públicas por razones puramente antagónicas (i.e., “no apruebo tal política pública, pues es de derecha/izquierda”), o por meros ideologismos (i.e., el “anti-neoliberalismo”, “la unidad de la nación”, “la guerra contra el terrorismo”, etc.,)

¿Qué podemos hacer para evitar, o al menos hacer menos probable, la excesiva polarización de nuestros dirigentes políticos? Por suerte, tenemos disponible una herramienta: la Convención Constitucional. La Convención debe anticiparse a este problema, característico de las democracias occidentales del siglo XXI, y consagrar en nuestra nueva constitución mecanismos institucionales que establezcan incentivos fuertes para la creación de una clase dirigente menos vulnerable a la polarización y excesiva ideologización. Hay muchas formas a través de las cuales podría alcanzarse tal objetivo. Pensemos en dos.

Una medida consiste simplemente en quitarle poder a nuestros representantes estableciendo mecanismos de democracia directa como complemento a la democracia representativa, tales como los que existen en Suiza y Uruguay. No sorprende que precisamente Uruguay y Suiza sean los países más estables y menos políticamente polarizados de sus respectivas regiones. Dado que la ciudadanía siempre podría tanto revocar una ley existente como proponer una nueva, los aspirantes a cargos de representación política tienen menos incentivos para proponer políticas radicales o polarizadoras, pues durante su mandato los ciudadanos disidentes podrían simplemente organizarse y lograr una mayoría suficiente para revocarlas. Y, como es evidente, el hecho de que los rivales políticos tengan finalmente menos poder para ejecutar su voluntad en caso de alcanzar el poder hace que las ‘campañas del terror’ sean simplemente menos creíbles, y así menos probables de ser utilizadas en la carrera por el poder; reduciendo esto, naturalmente, la polarización de los contendores políticos y finalmente de la ciudadanía. Por suerte, movimientos ciudadanos como vinculante.cl ya han advertido a la Convención de los beneficios de los sistemas suizo y uruguayo de democracia directa.

Una segunda medida consiste en establecer un poder ejecutivo de carácter colaborativo y no partisano. Usted y yo, y la mayoría de los ciudadanos, trabajamos día a día con grupos de personas de distintas ideologías, carácter y visiones de mundo, y aun así logramos ejecutar colaborativamente tareas complejas tales como trabajar en una empresa, en una universidad, en un medio de comunicación, o administrar una familia. ¿Por qué nuestros representantes políticos no pueden hacer lo mismo? ¿Son acaso los problemas que nos apremian a nivel político (e.g., los problemas en pensiones, delincuencia, y salud) tan difíciles que no pueden ser resueltos de manera más rápida y efectiva? No. Los seres humanos tenemos la capacidad de trabajar colaborativamente para solucionar problemas aún mucho más complejos que estos. El problema es que el diseño institucional del poder político en la mayoría de los gobiernos occidentales está estructurado precisamente bajo una lógica partisana y competitiva, y no colaborativa. Hay formas, sin embargo, de evitar este problema.

Por ejemplo, en vez de un poder ejecutivo partisano y unipersonal, podríamos tener un poder ejecutivo constituido por 12 personas, de las cuales 7 sean electas democráticamente de manera directa por la ciudadanía (las 7 primeras mayorías a nivel nacional) y 5 sean elegidos por azar. Quienes se presenten como candidatos no tendrían, por supuesto, mucho incentivo a la polarización, pues tendrán que finalmente gobernar en conjunto con varios de sus contendores (pues los miembros de este órgano colegiado serían conjunta y no individualmente políticamente responsables por sus aciertos y fracasos). Además, 5 de los integrantes simplemente no estarán sujetos al vaivén electoral, haciendo así más probable su independencia política. ¿Es el hecho de que no sean electos alguno de nuestros representantes en el poder ejecutivo (en todo caso, la minoría) antidemocrático? Pues no. La forma más vieja de democracia (la ateniense) fue precisamente una democracia por sorteo, y no por votaciones. Y algunos expertos contemporáneos como Hélène Landemore ya proponen precisamente el sistema de sorteo para solucionar algunos de los problemas de la democracia actual. Además, si complementamos este sistema colaborativo de gobierno con los mecanismos sugeridos de democracia directa, de todas formas tendríamos un sistema de gobierno sustancialmente más democrático que el actual.

La forma más vieja de democracia (la ateniense) fue precisamente una democracia por sorteo, y no por votaciones. Y algunos expertos contemporáneos como Hélène Landemore ya proponen precisamente el sistema de sorteo para solucionar algunos de los problemas de la democracia actual

Estos son sólo dos posibles propuestas y, por supuesto, de ser implementadas habría muchos detalles que afinar. Sin embargo, es importante recordar que nuestras instituciones políticas son relativamente nuevas—200 años, en la historia política de occidente, no es mucho—y es un error pensar que están escritas en piedra y que durarán para siempre. Nuestros sistemas políticos actuales surgieron, precisamente, para superar problemas de sistemas políticos del pasado. La polarización y excesiva ideologización de la política occidental, y la incapacidad de nuestra política para ofrecer soluciones efectivas a nuestros problemas (en parte causada por la lógica de la contienda electoral competitiva y no colaborativa), son quizás los problemas centrales de nuestros sistemas políticos actuales. Por suerte, la Convención tiene una oportunidad —quizá única en un siglo—para crear una institucionalidad que les haga frente.

*Crescente Molina es abogado, doctor en Derecho e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard.

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