La imagen muestra a los autores de esta columna frente a una cabina de votación y una electora con discapacidad

Agencia Uno

Columna de Marcela Tenorio y Pablo Marshall: El voto de las personas con discapacidad en Chile no está resuelto

¿Cómo se han hecho cargo los candidatos de presentar sus ideas de una manera accesible para las personas con discapacidad? Por ahora, de ninguna manera. Ninguno de los programas de los candidatos presidenciales tiene una versión en Lectura Fácil, ninguno tiene información apoyada en Lengua de Señas ni Braille, y los lectores de pantalla de apoyo de las personas ciegas tienen dificultades para leer los PDF en los que circulan los programas.

Pronto Chile tendrá un nuevo proceso de votación, en el marco de una agitada agenda de elecciones que hemos tenido desde el estallido social de 2019. Como el resto de los electores, las personas con discapacidad (PcD) también están llamadas a participar en este proceso. Según los datos disponibles, en Chile un 16,7% de la población tiene discapacidad, de las cuales un 5,8% son menores de 18 años. De esta forma, aproximadamente 2,6 millones de PcD son titulares del derecho a sufragio y forman parte del universo de potenciales votantes. La excepción la constituyen las personas interdictas por demencia, que han quedado excluidas constitucionalmente del ejercicio del sufragio, algo que esperamos que la Convención Constitucional pueda remediar en el corto plazo.

Hablar sobre a participación electoral de las PcD supone, sin embargo, varios problemas. Para empezar, todos los datos disponibles sobre las PcD en Chile resultan tremendamente imprecisos e incompletos. Desde la academia se han apuntado las limitaciones de la Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDISC-II; Ministerio de Desarrollo Social, 2015), única fuente estadística sobre esta población, existiendo presunciones fundadas de que la población con discapacidad en Chile podría duplicar lo oficialmente reportado. Se suma a esto que el Registro Nacional de Discapacidad (RND) es una muestra incompleta pues muchas personas tienen miedo de inscribirse o no están de acuerdo con el procedimiento.  A la falta de datos generales, se suma la falta de información detallada y desagregada, y la falta de cruce entre las pocas fuentes de información disponibles.

La consecuencia de esto, en relación a la participación electoral, es que no es posible ni siquiera estimar cuántos son los votantes con discapacidad, de qué forma ejercen sus derechos, y si existen problemas en su participación que podrían ser abordados mediante intervenciones de política pública. Es fundamental tener información sobre su participación electoral: Las personas con discapacidad ¿están votando? De ser así, ¿qué las motiva? ¿Cómo se está apoyando su toma de decisiones? ¿Están operando bien los apoyos en los centros de votación? Sabemos que desde 2007 Chile permite la asistencia en el ejercicio del voto, pero ¿está siendo utilizado? ¿Los vocales de mesa están preparados para responder a las solicitudes de asistencia y apoyo?

Aproximadamente 2,6 millones de personas con discapacidad son titulares del derecho a sufragio y forman parte del universo de potenciales votantes.

Un segundo aspecto sobre el que queremos llamar la atención es la accesibilidad de la información para la toma de decisiones electorales. ¿Cómo se han hecho cargo los candidatos de presentar sus ideas de una manera accesible para las PcD? Por ahora, de ninguna manera. Ninguno de los programas de los candidatos presidenciales tiene una versión en Lectura Fácil, ninguno tiene información apoyada en Lengua de Señas ni Braille, y los lectores de pantalla de apoyo de las personas ciegas tienen dificultades para leer los PDF en los que circulan los programas. A nuestro juicio, hay un trabajo pendiente y debería ser obligatorio, para los candidatos, ofrecer información en formatos accesibles en periodo de campaña.

Desde nuestra posición como académicos, queremos interpelar a los diferentes actores que juegan un rol en este proceso. Consideramos que el Estado debe asumir un papel mucho más robusto. Su tarea no puede ser solo entregar material para el día de la votación y diseñar protocolos de buen trato. Su rol debe incluir iniciativas formales y explícitas, en todas las etapas del proceso de elección, a fin de avanzar hacia la disminución de barreras de participación. Por supuesto que esto debe ir acompañado de un trabajo de organización de parte de las propias PcD. Mediante dicha colaboración, las PcD podrían convertirse en actores políticas relevantes, con la potencialidad de transformar su posición frente a quienes las representan. La participación política es un elemento esencial para el empoderamiento de las PcD.

Hay un trabajo pendiente y debería ser obligatorio, para los candidatos, ofrecer información en formatos accesibles en periodo de campaña.

* Marcela Tenorio es académica de la Escuela de Psicología Universidad de los Andes, Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado (MICARE). Pablo Marshall es académico de la Facultad de Derecho Universidad Austral de Chile.

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