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22 de diciembre de 2021

Renuncia de Rodrigo Bustos agudiza la crisis de Sergio Micco en el INDH

Foto: Agencia UNO

El director del INDH deberá resolver dos flancos que se le han abierto en este cierre de año: la toma de la sede de Eliodoro Yáñez, que se ha mantenido por más de cinco meses, y los cuestionamientos de funcionarios por el eventual "desmantelamiento" del programa para víctimas del estallido social.

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Una verdadera crisis está enfrentando el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco. A la radicalización de la toma de la sede, que se extiende por cinco meses, se suma una no renovación de contratos masiva de integrantes del programa de asistencia psicosocial a víctimas del estallido social.

A esto se suma la renuncia del abogado Rodrigo Bustos, quien se desempeñaba como jefe de la Unidad de Protección de Derechos del INDH y que en la última década se había perfilado como una de las piezas claves del organismo.

La carta de renuncia de Bustos

Rodrigo Bustos llevaba más de 10 años en el INDH. Paralelamente se desempeñaba como académico de derecho constitucional en la U. Diego Portales.

En una carta dirigida a sus compañeros de trabajo, el facultativo criticó las recientes decisiones del instituto, aunque no las aborda directamente. «Lamentablemente, el INDH ya no es un espacio en el que puedo seguir colaborando», planteó.

Rodrigo Bustos expone en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, 28 de Noviembre de 2019. Foto: Mauricio Méndez/Agencia UNO

El profesional destacó el «rol fundamental» que tuvo el organismo para «dejar en claro que nunca, bajo ninguna circunstancia, son aceptables los actos de tortura y que el Estado tiene el deber ineludible de investigar esos actos, sancionarlos, reparar a las víctimas y avanzar en garantías de no repetición».

En ese sentido, Bustos enfatizó en el desempeño que tuvieron los funcionarios del instituto, quienes «con dificultades y precariedad laboral, han buscado jugársela en terreno, estableciendo un vínculo con las personas que nos necesitan».

“Espero que el INDH redoble los esfuerzos para avanzar en justicia, con personal suficiente y con condiciones para llevar adelante las acciones judiciales dirigidas a esclarecer la responsabilidad de los altos mandos. Espero también que tenga una voz más firme y clara para condenar las violaciones de derechos humanos y hacer ver la falta de reparaciones integrales a sus víctimas”, concluyó.

Programa para víctimas del estallido: el nudo ciego de la crisis

La Asociación de Funcionarios del INDH (Affindh) denunció que los funcionarios del Programa Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición fueron notificados de que sus contratos no serán renovados el 31 de diciembre.

Según el comunicado publicado en la cuenta de Twitter de la Affindh, se está relegando de sus puestos a «más de la mitad de los profesionales, mientras quienes continúan serán vía contrato a honorarios».

En ese sentido, acusaron que existe en curso un proceso de «desmantelamiento» de los equipos que atienden a las víctimas del estallido social. Además, calificaron la medida como «un repudiable retroceso en materia de derechos laborales».

La versión del INDH ante la crisis

Frente a esas acusaciones, el INDH publicó un comunicado en que asegura que el programa no se extingue. Todo lo contrario, será reforzado con más de 1.800 millones de pesos, y que continuará apoyando a sus más de 3.000 beneficiarios.

Sobre las desvinculaciones, aclararon que «en pos de la transparencia y del buen uso de los recursos públicos, en los próximos días se iniciará un proceso de concursos públicos para la selección de estos profesionales».

Sin embargo, los funcionarios calificaron como una «burla» este comunicado. A su juicio, la medida no solo afecta la estabilidad laboral de los colaboradores y la relación que lograron establecer con las víctimas, sino que además «anuncian más recursos y concursos para contratar a otros profesionales en las mismas funciones».

«Esta indolente decisión, provoca afectación a profesionales y víctimas, trunca un proceso psico-jurídico indispensable para la búsqueda de verdad y justicia, ya que muchas regiones no contarán con equipos para dar continuidad a causas judiciales ni dar contención a las víctimas», puntualizaron.

Jefaturas en rebeldía

Pero el incendio no solo se limita a los funcionarios, ya que 15 jefaturas regionales del INDH se rebelaron y declararon su preocupación por la medida.

En un comunicado, manifestaron que esta decisión «debilita el accionar» del instituto y «afecta principalmente a las víctimas más vulnerables y sus familias».

Paralelamente, desde la Affindh, aseguraron que se reservarán las acciones legales y que los funcionarios se mantendrán en estado de «alerta».

La toma del INDH: una crisis que se arrastra hace cinco meses

El 8 de julio, un grupo de estudiantes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) decidió tomarse el inmueble que alberga a la entidad, ubicado en Eliodoro Yañez 832, comuna de Providencia.

El principal objetivo de la ocupación era exigir la libertad de los presos de la revuelta. Desde la agrupación estudiantil cuestionaron el rol de Sergio Micco y lo apuntaron como uno de los responsables de la crisis, debido al rol pasivo que ha desempeñado el INDH en ese tema.

Tras cinco meses de toma, los estudiantes publicaron un nuevo comunicado en que anunciaron que el recinto pasará a estar «bajo control del pueblo». Además, le dieron un ultimátum de 24 horas al INDH para «retirar los archivos que se encuentran en este edificio».

En la misma declaración, reiteraron sus críticas al organismo, señalando que ha sido «cómplice pasivo de las violaciones sistemáticas de derechos humanos» cometidas desde el 18 de octubre.

En medio de la crisis, también cuestionan al propio Sergio Micco, a quien acusan de ser un «cómplice directo» del Gobierno y de llevar al INDH a actuar bajo su misma «línea de impunidad».

Rumores no concretados

Ante ese escenario, comenzaron los rumores sobre la posición que tomaría el INDH. El periodista de Ciper Nicolás Sepúlveda aseguró en sus redes sociales que «la decisión está tomada y que el desalojo es inminente». Sin embargo, la medida no se había concretado al cierre de esta edición.

Horas más tarde, el propio Sepúlveda aclaró que «las denuncias contra la toma de la sede de Providencia están en Fiscalía. Puede que el desalojo no se produzca hoy (martes 21) por la filtración de la información sobre el operativo».

En las primeras horas de este miércoles, desde la ACES emitieron un nuevo comunicado en que recalcaron el ultimátum al INDH. De no responder, aseguraron, decidirán en asamblea qué hacer con los archivos que aún permanecen en el lugar.

Durante la tarde, desde el INDH emitieron una respuesta señalando que los documentos que permanecen en la sede son «sensibles para las víctimas de violaciones a los derechos humanos».

«Frente a cualquier daño a ese material, quienes permanecen en la toma deberán asumir su responsabilidad», advirtieron.

Desde el organismo encabezado por Sergio Micco reiteraron la propuesta planteada el pasado 6 de agosto para resolver la crisis: constituir una «mesa de trabajo» una vez desocupada la oficina central del INDH.


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#ACES#INDH#Sergio Micco

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