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Opinión

17 de enero de 2022

Columna de Camilo Morales Retamal: La niñez al centro de la política

Agencia Uno

Para que el nuevo gobierno pueda comenzar a construir otra relación con la niñez será clave transitar hacia nuevas formas de intercambios entre los niños y los adultos, entre la infancia y las instituciones.

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Uno de los desafíos del nuevo ciclo político, que se proyecta con la elección de Gabriel Boric como presidente de Chile, es la posibilidad de repensar la relación entre el Estado y la niñez. Entender la infancia y los elementos que la constituyen como un eje que tiene la potencia de irrumpir en las formas tradicionales de hacer política -para y con- este grupo de la sociedad. Pero también como la posibilidad de remover los obstáculos que han impedido avanzar en el reconocimiento de su valor social y político.

En un momento de distanciamiento entre la política y la ciudadanía, escuchar y dar lugar a las expresiones de niñas y niños no sólo son gestos de humanidad o empatía, sino que constituyen actos simbólicos orientados a la recomposición del lazo social resquebrajado por la crisis de las instituciones. El reconocimiento de aquellos que han estado en los bordes de la historia oficial es un aspecto clave para la construcción de una comunidad política abierta a nuevos actores. Generar las condiciones para construir otra relación entre la niñez y el Estado es entonces fundamental y urgente.

En primer lugar, porque la niñez ha sido históricamente ubicada en los márgenes de la vida social, recluida principalmente al espacio privado de la familia o es vista como un receptor pasivo de diversas intervenciones y políticas diseñadas -en buena medida- para fijar su lugar en el mundo a través de dispositivos de normalización y adaptación a los valores de la sociedad de turno. En ese sentido, se trata de reconocer su lugar dentro de una comunidad política amplia y heterogénea que les permita desplegar sus repertorios para expresar, actuar, proponer y transformar sus contextos cotidianos de forma individual y colectiva. La posibilidad de vincular a niñas y niños a los procesos cambio que hoy experimenta nuestro país no es despojarlos de la “infancia” sino visibilizarlos como actores sociales que pueden contribuir a la construcción de una sociedad más justa e integrada.

«En un momento de distanciamiento entre la política y la ciudadanía, escuchar y dar lugar a las expresiones de niñas y niños no sólo son gestos de humanidad o empatía, sino que constituyen actos simbólicos orientados a la recomposición del lazo social resquebrajado por la crisis de las instituciones».

En segundo lugar, porque la crisis de legitimidad de las instituciones ha calado profundamente sobre este grupo. En la última década hemos sido testigos de la violencia desplegada por parte de instituciones públicas y privadas en contra de niñas y niños: vulneraciones de derechos en contextos residenciales de protección, violencia contra la niñez mapuche y migrante, violencia ejercida por agentes del Estado durante manifestaciones, etc. En definitiva, la injusticia, la impunidad y la desprotección como elementos que forman parte de la fisonomía de la institucionalidad de protección de la infancia. Comprender las causas y los efectos que produce la violencia que proviene de las instituciones que tienen la responsabilidad de cuidar y proteger es una tarea pendiente, pero que constituye un paso fundamental para devolverles legitimidad. En la actualidad el camino que se ha trazado para resolver este problema ha sido el de fortalecer el control y vigilancia de las organizaciones, sin considerar que también se requiere de nuevas formas de trabajo que permitan el desarrollo de procesos de acompañamiento y de colaboración con el Estado.

«La niñez ha sido históricamente ubicada en los márgenes de la vida social, recluida principalmente al espacio privado de la familia o es vista como un receptor pasivo de diversas intervenciones y políticas diseñadas -en buena medida- para fijar su lugar en el mundo a través de dispositivos de normalización y adaptación a los valores de la sociedad de turno».

Tercero, porque en lugar de avanzar hacia la configuración de un Estado que proteja integral y universalmente a niños, niñas y sus familias se han mantenido -e incluso profundizado- los anclajes asistencialistas, tutelares y neoliberales que caracterizan al actual sistema. La fragmentación y privatización de la protección no sólo han terminado por difuminar el rol del Estado, sino que también ha instalado progresivamente un conjunto de mecanismos orientados a la gestión de la niñez y la familia, como un asunto que se reduce a las capacidades individuales de los sujetos para resolver las demandas que provienen del ámbito del cuidado y la crianza, en condiciones de desigualdad que suelen ser negadas o relativizadas por los operadores del sistema.

«En definitiva, la injusticia, la impunidad y la desprotección como elementos que forman parte de la fisonomía de la institucionalidad de protección de la infancia. Comprender las causas y los efectos que produce la violencia que proviene de las instituciones que tienen la responsabilidad de cuidar y proteger es una tarea pendiente, pero que constituye un paso fundamental para devolverles legitimidad».

Al respecto nuestro país presenta significativas desigualdades sociales, económicas, educacionales y de género para el ejercicio del cuidado y la protección de la niñez, lo que genera una sobrecarga para las familias y, particularmente, para las mujeres limitando sus oportunidades de bienestar, desarrollo y autonomía. La hegemonía de los discursos familistas, que atraviesan buena parte de las políticas públicas en este campo, no se ha traducido necesariamente en acciones políticas que acompañen y sostengan a los grupos familiares considerando sus realidades particulares. Por el contrario, han dado lugar a la configuración de nuevas exigencias y formas de control social que recaen veladamente sobre los niños y los adultos que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad. Sin una mirada colectiva, social y de una política pública que tenga a la base el reconocimiento de los derechos del otro, el cuidado de la niñez seguirá siendo un asunto privado, individual y despojado de su valor público. La protección de la infancia y las políticas de cuidado están íntimamente relacionadas y son centrales en el marco de un Estado que pretenda avanzar en garantizar derechos sociales universales.

Para concluir, pese a que hace poco más de 30 años nuestro país ratificara la Convención sobre los Derechos del Niño sus alcances transformadores se han visto significativamente limitados por una racionalidad política orientada a la focalización y la subsidiaridad. El conjunto de actores que componen el Estado -y donde las fronteras entre lo público y lo privado se vuelven cada vez más difusas– han tendido a conservar un enfoque proteccionista sobre la niñez que produce innumerables obstáculos para consolidar una política de protección que supere las perspectivas que consideran a niñas y niños como sujetos presociales o reducidos a la esfera de la familia o la escuela. Hoy no es posible seguir sosteniendo esta visión a la luz de las transformaciones que está experimentado nuestra sociedad y donde este grupo de la población ha mostrado con claridad su interés por ser protagonistas de los cambios.

Sin una mirada colectiva, social y de una política pública que tenga a la base el reconocimiento de los derechos del otro, el cuidado de la niñez seguirá siendo un asunto privado, individual y despojado de su valor público.

Para que el nuevo gobierno pueda comenzar a construir otra relación con la niñez será clave transitar hacia nuevas formas de intercambios entre los niños y los adultos, entre la infancia y las instituciones. También reconocer el valor de las interdependencias generacionales y se trabaje para crear condiciones formales que permitan el ejercicio de la participación, dando espacio a la diversidad de voces y experiencias de una generación que también ha manifestado su compromiso para contribuir a la construcción de un nuevo proyecto social y político.

*Camilo Morales Retamal es Psicoanalista y académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Estudiante de Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.

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