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18 de enero de 2022

¿Cómo se pretende financiar la Pensión Garantizada Universal? Las tres medidas que propone el Gobierno

Foto: Agencia UNO

La cartera que encabeza Rodrigo Cerda aspira a recaudar un 0,67% del PIB modificando la tributación de patentes mineras, aplicando un impuesto a bienes de lujo y poniendo fin a algunas exenciones.

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El Ministerio de Hacienda presentó una pila de medidas que permitan financiar la propuesta de Pensión Garantizada Universal (PGU).

Tras largas jornadas de negociación, la cartera finalmente se abrió a distintos mecanismos para respaldar el 0,9% del Producto Interno Bruto (PIB) que cuesta esta política pública.

Según el Diario Financiero, los ajustes propuestos por el Ejecutivo permitirían recaudar cerca de 0,67% del PIB. El ministro Rodrigo Cerda detalló que contemplan modificar la tributación de patentes mineras, aplicar un impuesto a bienes de lujo y poner fin a algunas exenciones.

Patentes mineras

La propuesta de Hacienda implica cambios tributarios tanto a las patentes de exploración como de explotación. En el primer caso, la idea es aumentar el monto de 1/50 a 3/50 UTM por hectárea.

La medida incluye ampliar su plazo de duración de dos a cuatro años. Sin embargo, dicha disposición va aparejada con la idea de eliminar la posibilidad de renovar la patente.

Respecto a la explotación, se aspira a aumentar el valor de las patentes no metálicas, hasta llegar al nivel de la metálica (1/10 UTM), mediante una escala progresiva.

Desde Hacienda advierten que las patentes de explotación ya otorgadas mantendrán su valor en la medida que demuestren su trabajo. En cualquier caso, el plan no modificaría su duración indefinida.

De acuerdo a los cálculos de la cartera, esta medida permitiría que la recaudación aumente de 60 millones a 430 millones de dólares. Es decir, los ingresos para el Estado crecen en más de 300.000 millones de pesos.

Se espera que un 70% de esos recursos pasen al Gobierno Central. El resto será destinado al Fondo de Desarrollo Regional (FNDR) y las municipalidades.

Bienes de lujo para financiar la PGU

Desde Hacienda plantean la idea de aumentar la tasa para propiedades cuyo avalúo fiscal sea superior a los 900 millones de pesos.

La idea es que el gravamen crezca de 0,275% a 0,425%, lo que permitiría recaudar unos 126 millones de dólares, equivalente a unos 103.000 millones de pesos.

También se propone incorporar un impuesto anual del 2% sobre el avalúo fiscal de productos de lujo, que se aplicará de manera adicional al pago de permiso de circulación.

En esta lista se incluyen vehículos de gama alta tasados sobre los 40 millones de pesos. También helicópteros, aviones y yates de uso privado.

Se estima que la recaudación por este concepto podría ascender a los 148 millones de dólares. Esto equivale una cifra que supera los 120.000 millones de pesos.

Fin a exenciones

Otra de las propuestas de Hacienda para financiar la PGU es terminar con algunas exenciones tributarias.

La primera busca poner fin a los beneficios de grandes empresas que declaran renta efectiva mediante contabilidad completa y que tienen derecho a un crédito equivalente al 6% del valor de los bienes físicos de un activo inmovilizado, adquiridos nuevos o terminados de construir durante el ejercicio.

Actualmente, este porcentaje puede disminuir hasta 4%, según el nivel de ventas de la empresa, y en ningún caso exceder las 500 UTM (unos 15 millones de pesos). Se estima que la recaudación por esta materia bordea los 16 millones de dólares (unos 13.000 millones de pesos).

Además, se sugieren eliminar la tributación de excedentes de libre disposición, que actualmente no es gravado por el Impuesto Global Complementario. Su aplicación implicaría ingresos al Estado por 24 millones de dólares (casi 20.000 millones de pesos).

También se propone terminar con los beneficios impositivos para los contratos de leasing. Según Hacienda, esto acabaría con «distorsiones y planificaciones tributarias» de este tipo de acuerdos.

Finalmente, se plantea aplicar un impuesto de timbres y estampillas. Esto podría generar ingresos tributarios que oscilan en torno al 0,1% del PIB para financiar la PGU.

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