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20 de enero de 2022

El ranking de iniciativas populares con más firmas: pensiones, cannabis y aborto lideran la lista

Iniciativas populares de norma

Hasta el momento, son 13 las iniciativas populares que han superado el umbral de las 15.000 firmas, requisito que les abre la puerta a ser discutidas en las comisiones temáticas.Aquí hablamos con algunos de sus impulsores, para conocer con más detalle los proyectos.

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Con el plazo para ingresar propuestas cerrado desde este 20 de enero, son cerca de 1.800 las iniciativas populares de norma que se pueden encontrar actualmente en la Plataforma Digital de la Convención Constituyente.

La idea detrás del mecanismo se basa en el principio de la participación popular. Tal como señala el manual que confeccionó la Convención, cualquier persona mayor de 16 años, de nacionalidad chilena o extranjeros con residencia en Chile, podía presentar un proyecto pertinente al debate constitucional, siempre y cuando no fuera en contra de las obligaciones adquiridas por el Estado en Tratados Internacionales de DD.HH. Otro requisito era que el texto incluyera un posible articulado para la nueva Carta Magna.

Una vez ingresada la iniciativa, esta debía acumular las firmas de al menos 15.000 ciudadanos -cada uno podía patrocinar hasta siete propuestas- para avanzar a la siguiente fase: ser discutidas y votadas en las comisiones temáticas de la Convención. Y luego, en caso de superar esa etapa, ser tratadas en el pleno, el último paso antes de plasmarse en la Constitución.

Aunque el proceso para captar firmas se acaba el 1 de febrero, al cierre de esta nota, 13 iniciativas populares habían superado el ansiado umbral de 15.000. Estas tratan problemáticas de lo más variadas y, a veces, postulan miradas contrapuestas. Por ejemplo, son dos los proyectos relativos al aborto; uno a favor, y otro en contra. Asimismo, hay iniciativas populares sobre el sistema de pensiones, la nacionalización de las empresas de la gran minería del cobre, la legalización del cannabis, y la declaración de los animales como “seres sintientes”, entre otras.

Sin embargo, la directiva de la Convención está optimista y cree que hasta la primera semana del mes que viene muchas otras iniciativas populares superarán los 15.000 apoyos. «Lo más probable es que tengamos la última semana un gran aumento de patrocinio en las iniciativas populares de norma», dijo en una reciente entrevista con The Clinic el vicepresidente de la Constituyente, Gaspar Domínguez.

Aquí, entregamos una recopilación, con las voces de algunos de sus impulsores, de las 13 iniciativas populares que podrían llegar a transformarse en artículos constitucionales.

Con mi plata no – Defiende tus ahorros previsionales

Organización patrocinante: Con mi plata no
Firmas al 20 de enero: +38.000

Con mi plata no, relacionada al sistema de pensiones de Chile, es hoy por hoy la iniciativa con mayor cantidad de firmas acumuladas. Según el documento que subieron al portal de la Convención, el grupo se articuló en redes sociales, para después materializar la propuesta mediante “un esfuerzo colectivo”. “Somos personas comunes y corrientes. Aquí no hay organizaciones, más bien mucha convicción. Sentimos que está en juego el esfuerzo de una vida de trabajo, los ahorros previsionales y las pensiones”, dice Macarena Letelier, abogada y una de las integrantes de la iniciativa.

El articulado que postula Con mi plata no se basa en cuatro pilares fundamentales, contrarios a la idea de socializar los fondos de pensiones. Estos son: que se garantice la propiedad personal de cada trabajador de sus fondos actuales y futuros, y que éstos sean heredables; que se consagre la libertad de los cotizantes elegir entre instituciones públicas y/o privadas para administrar sus fondos; que el Estado vele porque hombres y mujeres reciban igual pensión a igual monto ahorrado; y que se garantice una pensión básica universal a todos los chilenos, financiada a través de impuestos generales.

Para dar con una explicación de por qué es la iniciativa con más firmas, Francisco Orrego, otro integrante de Con mi plata no, comenta que “el tema pensiones lleva mucho tiempo siendo una de las principales preocupaciones de los chilenos. Por eso, la causa moviliza”. Francisco añade que “hasta ahora, nuestro mayor acercamiento ha sido hacia la ciudadanía”, pero que, aun así, “hemos pedido reuniones por lobby con diversos convencionales”. Sin especificar, señala que “algunos se han mostrado dispuestos a recibirnos, pero otros no. De todas formas, seguimos siempre dispuestos a conversar con quien quiera escucharnos”.

Cannabis a la Constitución Ahora

Organización patrocinante: Activismo Cannábico Chile
Firmas al 20 de enero: +37.000

Esta iniciativa rompió todos los récords, al conseguir las 15.000 firmas requeridas en 9 horas desde que fue ingresada a la plataforma. El proyecto emanó de “43 organizaciones, movimientos, asociaciones y emprendimientos” -entre ellos la Fundación Daya y la revista Cáñamo- que defienden “el respeto a derechos fundamentales en torno al uso de sustancias con fines recreativos, terapéuticos y/o espirituales”, según explicitan en el documento.

Con una crítica dirigida a la criminalización del Estado contra los usuarios de cannabis, la iniciativa propone en su articulado que “el Estado no podrá restringir las vías para el desarrollo personal, garantizando el acceso funcional a herramientas enteógenas disponibles para nuestra evolución”, afirmando de paso que se deberá respetar “el libre desarrollo de la personalidad, la privacidad y la búsqueda de bienestar, placer y salud integral, incluyendo los usos de cannabis y otras sustancias psicoactivas de origen vegetal o sintético”.

“Fue bien impresionante. Nosotros estábamos seguros de que íbamos a conseguir las 15 mil firmas antes del plazo final, pero nunca imaginamos que lo íbamos a lograr en 9 horas”, señala la diputada electa por el distrito 12, Ana María Gazmuri, quien ingresó la iniciativa. “Lo que esto demuestra es que aquí hay una inmensa comunidad que ha sido invisibilizada y desoída, y que hoy se manifiesta, al tener la posibilidad de participar y hacerlo”, añade la también exdirectora ejecutiva y fundadora de la Fundación Daya.

Ana María explica que “aquí hay un gesto político importante”, con “una comunidad que se siente vulnerada por el Estado de Chile”. En ese contexto, asegura que “Chile es un país cannábico”, donde habría más de 4 millones de personas que utilizan la planta para fines médicos o recreativos.

Proyectando hacia lo que viene ahora, dice que “hemos tenido un gran apoyo de los convencionales (nombra a Manuela Royo)”, aunque “entendiendo que, en el debate, puede que no necesariamente la palabra cannabis quede plasmada (…). Pero sí va a quedar claro lo del derecho de libre desarrollo de la personalidad”, abriéndose la vía a la despenalización.

“Yo creo que nos va a ir bien”, augura. “Esto algo muy transversal, en el mundo entero se va avanzando en esta dirección”. Incluso, señala Ana María a The Clinic, piensa que la iniciativa “eventualmente” contaría con el apoyo de convencionales de derecha. “Hay toda una derecha más liberal que tienen claridad con esto”, finaliza.

Será Ley – Iniciativa relacionada al aborto libre y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres

Organización patrocinante: Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto
Firmas al 20 de enero: +26.000

Fue la primera iniciativa en superar la barrera de las 15.000 firmas, surgida a raíz de “un llamado de alerta” que hicieron la Red Chilena de Profesionales por el Derecho a Decidir, la Red Con las Amigas y en la Casa, y Corporación Humanas, luego de que la Cámara de Diputados, en agosto de 2021, rechazara un proyecto de ley que despenalizaba el aborto hasta la semana 14 de gestación. Más de 30 organizaciones respondieron a ese llamado, conformándose lo que sería la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto.

La propuesta plantea en su articulado cuatro principios clave que, en general, buscan defender la decisión de las mujeres en cuanto a sus derechos sexuales y reproductivos, pavimentando el camino hacia el aborto libre. Estos son “autonomía”, “libertad”, “dignidad” e “igualdad sustantiva”. En concreto, aboga por que la Carta Magna incluya una cláusula sobre “el derecho al aborto sin interferencia de terceros, instituciones o agentes del Estado”, reconociendo “el derecho de las personas a tomar decisiones libres y autónomas sobre sus cuerpos”.

El éxito en la recopilación de firmas de Será Ley sería una señal “de que los movimientos sociales y feministas tienen una fuerza enorme”, y que particularmente “somos uno de los movimientos sociales más grandes en Chile”, dice a este medio una de las mujeres que integra el equipo de la iniciativa. “Nosotras comprendimos que se trata de un tema de derechos, no valórico ni religioso”, y añade que “con o sin ley, las mujeres seguirán abortando. Lo que ahora queremos es que el Estado garantice un derecho”.

Acerca del apoyo que gozan en la Convención, señala que cuando presentaron la iniciativa, estuvieron presentes en el acto las convencionales “Bárbara Sepúlveda, Alondra Carrillo, Alejandra Pérez y Giovanna Grandón”, entre otras.

Esta integrante de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto pronostica que “el debate (en la instancia) va a estar a nuestro favor, pero que igualmente va a estar intensa la discusión (…). Hay diferencias en poner o no la palabra ‘aborto’ en el texto constitucional”. Concluye destacando que “tenemos que seguir metiendo más firmas, porque ese empujón de la calle, de los movimientos sociales, tiene que tener un eco en la Convención”.

Confesiones religiosas: sobre la Libertad Religiosa y de conciencia en nueva Constitución

Organización patrocinante: Confesiones religiosas en Chile
Firmas al 20 de enero: +22.000

Para proteger la libertad de conciencia y de religión, diversos credos que se practican en nuestro país encauzaron sus esfuerzos en una iniciativa popular. Esta cuenta con la firma de representantes de la iglesia católica, ortodoxa, anglicana y varias evangélicas, además de líderes de la comunidad musulmana, judía, mormona e incluso personeros de pueblos originarios.

Entre sus postulados está la libertad para ejercer, profesar y conservar creencias, tanto en el ámbito público como privado. Menciona también que las confesiones religiosas podrán “erigir templos, dependencias y lugares para el culto, los cuales estarán exentos de toda clase de contribuciones”, mismo beneficio que aparece en la Constitución actual. Además, destaca en su articulado que los padres tienen “derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa” según estimen conveniente.

Que la iniciativa haya superado el umbral de las 15.000 firmas “responde a la necesidad que han tenido desde siempre los seres humanos de poder expresar lo que piensan, creen o no creen respecto a las respuestas fundamentales”, opina el reverendo Francisco Javier Rivera, Obispo Presidente de la Iglesia Encuentro con Dios, y uno de los líderes religiosos que patrocinan el documento. “Es de sentido común, avalado por la historia, que si privan al hombre de su libertad de conciencia o creencia provocan una violencia interior tan fuerte que se traduce en inestabilidad e incertidumbres, frustración, tensiones y desencantos”, agrega.

Francisco Javier Rivera reconoce que “nos hemos reunido transversalmente con convencionales de los distintos colectivos haciendo conciencia de este tema”, y que “esperan que el sentido común impere” al momento del debate. “Confiamos que los convencionales debieran tener el criterio suficiente que no sería justo ni inclusivo dejar de oír a 3,5 millones de cristianos evangélicos, a más de 8 millones de católicos, además de quienes profesan las espiritualidades originarias y otras confesiones de fe en total una extensa y abrumadora mayoría nacional”, concluye el obispo.

Banco Central Autónomo

Organización patrocinante: Banco Central Autónomo
Firmas al 20 de enero: +21.000

Tal como plantea el nombre de la organización patrocinante, esta iniciativa propone asegurar la existencia de un Banco Central autónomo en Chile. Según el documento ingresado por el grupo a la Convención, “nuestra plataforma está alejada de intereses partidarios o de grupos empresariales. Todas las personas fundadoras no poseen militancia política alguna ni poseen propiedad en instituciones financieras para evitar conflictos de interés”, gestada mediante “convocatorias masivas por redes sociales y el envío de mails”.

El ingeniero Andrés Larraín, quien representa la iniciativa, complementa explicando que el grupo se originó a fines de 2020, y que nunca hubo cargos definidos: “Siempre fue todo súper horizontal”.  “Luego, empezamos a convocar a un panel de asesores expertos, que cumplen un rol de asesoría, sin poder de veto ni siendo dueños de la causa”, puntualiza. En ese panel están figuras de renombre, como el ex ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, y el ex presidente del Banco Central, Vittorio Corbo.

En su articulado, la propuesta establece un marco para que las políticas del Banco Central no dependan del gobierno de turno, además de la prohibición de que la entidad otorgue créditos al sector público -similar a la experiencia alemana-, entre otros puntos.

Entendiendo que la regulación del Banco Central es “un tema mucho más técnico y árido”, Andrés Larraín considera que el éxito de la iniciativa -en la recolección de firmas- se debe a cómo se organizó el grupo, en un tono de participación y diálogo que logró ser traspasado a quienes los apoyan: “La propuesta fue haciéndose con un Drive compartido, para luego ser llevada a personajes más connotados que hacían una revisión”. Resalta también que “hemos tratado de llevar el debate en forma simple: a la gente le ha hecho sentido la importancia que tiene la inflación. De cómo la inflación es un drama social”.

Por último, el ingeniero cuenta -sin dar nombres- que han “tenido acercamientos con muchos convencionales, de todo el arcoíris. En general, hemos tenido muy buena recepción”. No obstante, habrían “algunos grupos conservadores, que están mucho más reacios a la evidencia empírica que existe respecto a los temas. Son los menos”. “Esperamos que el debate sea con apertura, para abrirse a la evidencia. Hay posturas ideológicas, pero también mucha evidencia”, sintetiza.

Derecho a la vida

Organización patrocinante: Siempre por la Vida
Firmas al 20 de enero: +20.000

Al contrario de la iniciativa “Será Ley”, esta propuesta busca que el “derecho a la vida” se consagre en la Constitución “desde el momento de la concepción”. El grupo detrás de la idea es Siempre por la Vida, parte de la Fundación Chile Siempre, reconocible por sus poleras de color rojo, con una mano blanca en el centro. Siempre por la Vida ha organizado una serie de protestas a lo largo del tiempo, cuestionando, por ejemplo, la aprobación del proyecto de aborto en tres causales que se promulgó en 2017.

En su proposición de articulado, lo central está en la frase “la dignidad de todo ser humano es inviolable desde el instante mismo en que inicia su existencia natural, que se produce en la concepción. Respetarla y protegerla es deber de los órganos del Estado. La ley protege la vida del que está por nacer”.

“Logramos juntar rápidamente el mínimo de 15.000 firmas, y hoy tenemos más de 20.000, porque hay un grupo importante de chilenos que está comprometido con la defensa de la vida. También porque nuestra propuesta se sustenta en una realidad de sentido común: todo ser humano merece respeto a su vida e integridad”, opina Bernardita Silva, actual presidenta de Siempre por la Vida.

Reflexionando sobre la iniciativa Será Ley, Bernardita dice que “están en juego dos posiciones antagónicas frente a la protección de derechos humanos”, y apunta a que “es entendible que exista controversia. Pero decidir en uno u otro sentido puede implicar ayudar a muchas mujeres y salvar muchas vidas, o no hacerlo”. Por lo mismo, “ahí puede radicar el interés de tantos”.

Acerca del apoyo que tienen en la Convención, Bernardita sostiene que “hay muchos convencionales que han manifestado ser partidarios del derecho a la vida”. Estos son, sobre todo, representantes del ex conglomerado Vamos por Chile, como Katherine Montealegre y Manuel José Ossandón, entre otros. De hecho, ellos ingresaron a mediados de diciembre una propuesta similar.

Además de ese sector de convencionales, Derecho a la vida cuenta con el soporte de “muchísimos grupos de la sociedad civil y fundaciones, como Chile Unido, Proyecto Esperanza, el Instituto Res Publica y el Movimiento Gremial UC”, comenta Bernardita.

Primero las Víctimas – El derecho a la seguridad ciudadana

Organización patrocinante: Primero las Víctimas
Firmas al 20 de enero: +20.000

“Somos ciudadanos comunes y corrientes. Hemos sido víctimas de la violencia en sus diferentes formas y motivaciones: homicidios, robos, asaltos, atentados, vandalismo, violaciones, abusos, amedrentamientos, amenazas y terror”, afirma esta iniciativa, que se presenta, sin entregar mayores detalles, como una plataforma ciudadana.

En líneas generales, su articulado establece el “derecho a la seguridad ciudadana”, que debe ser garantizado por el Estado, “frente a situaciones que constituyan privación, perturbación o amenaza para la integridad física y psíquica de las personas, sus bienes, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes”. Asimismo, estipula que “el Estado será responsable de resarcir todos los daños” de los afectados por este tipo de circunstancias.

Derecho a la Educación, Derecho y Deber Preferente de los Padres, y Libertad de Enseñanza

Organización patrocinante: Acción Educar
Firmas al 20 de enero: +19.000

La iniciativa, ingresada el 9 de diciembre de 2021, es impulsada por Acción Educar, el centro de estudios fundado por Raúl Figueroa, actual ministro de Educación en el gobierno de Sebastián Piñera. Entre sus consejeros, Acción Educar también cuenta con Jorge Rodríguez Grossi, exministro en los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet.

Los tres pilares que conforman la propuesta se basan en “el derecho a la educación y el desarrollo de un sistema gratuito” para niveles de kínder, básica y media; “la Libertad de Enseñanza y Derecho Preferente de los Padres” para elegir dónde y cómo educar a sus hijos; y un principio de “calidad de la educación”, asegurado por el Estado.

Iniciativa Popular por una Educación Libre y Diversa

Organización patrocinante: Educación Libre y Diversa
Firmas al 20 de enero: +18.000

Un cúmulo de movimientos relacionados a la comunidad escolar –Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, Comunidad y Justicia, Juntos por Chile, CMHNTM, MIES, Mi Derecho a Educar, Secundarios por La Libertad, Ciudadanos Laicos y ASEDUCH– levantaron esta iniciativa, que deberá ser discutida en la Convención.

La propuesta es similar a anterior de esta lista, aunque con algunos matices, como que “la enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna”. Por lo demás, defiende el derecho a la educación, y el derecho a elegir de los padres. También atribuye al Estado la responsabilidad de “estimular la investigación científica”, e incrementar el “patrimonio cultural de la Nación”.

Nacionalización de las Empresas de la Gran Minería del cobre, del litio y del oro

Organización patrocinante: Comité de Defensa y recuperación del Cobre
Firmas al 20 de enero: +18.000

El tema central de esta iniciativa ha estado en lo más alto de la agenda noticiosa reciente, producto de la licitación del litio que impulsa el gobierno de Piñera en sus últimas semanas en el poder. El Comité que patrocina la propuesta está compuesto de varias organizaciones, como la ONG Recuperemos el Cobre de Chile y la Confederación de Trabajadores del Cobre. Julián Alcayaga fue quien ingresó el documento, y hoy opera como tesorero del Comité. El presidente es el exsenador DC Jorge Lavandero Illanes, cuenta Alcayaga a The Clinic.

A través de un sistema intricado de normas, la iniciativa busca concretar la nacionalización “de la Gran Minería del cobre, litio y otros bienes minerales estratégicos”, mediante la expropiación de la propiedad minera de grandes empresas. Asimismo, propone que el Estado tendrá el “dominio absoluto” de “todas las minas” del país. No obstante, permite el otorgamiento de concesiones, pero bajo un esquema distinto al actual.

De acuerdo con Julián Alcayaga, lograron las 15.000 firmas porque es un tema de interés de la población, y porque, además, “son varias las organizaciones que participaron en la elaboración de la iniciativa y la difundieron, y otras organizaciones importantes se sumaron como el Colegio de Profesores y la Confusam”. También gozarían del apoyo “del Partido Igualdad; del ex candidato presidencial Eduardo Artés; del diputado Esteban Velásquez; del diputado electo Gaspar Rivas; y de la figura artística Roberto Márquez de Illapu”, dice Alcayaga.

En la Convención, asegura que han tenido acercamientos con “varios, como Elsa Labraña, Ivana Olivares, María Rivera, Marcos Barraza, Hernán Velásquez”. Y proyectando cómo se dará el debate, Alcayaga señala que en la Comisión de Medio Ambiente “podríamos contar con la mayoría suficiente de 50% más uno”. Sin embargo, “el escollo más importante estaría en el pleno de la Convención Constitucional, donde debe ser aprobada por los dos tercios”. Para cumplir ese objetivo, apuesta por el respaldo de los convencionales del PS y el PC, “por haber sido estos partidos parte fundamental del gobierno del Presidente Salvador Allende que, en 1971, nacionalizó la gran minería del cobre”.

#NoSonMuebles – Incorporación de los Animales en la Constitución

Organización patrocinante: Fundación Vegetarianos Hoy
Firmas al 20 de enero: +16.000

La Fundación Vegetarianos Hoy -fundada en Santiago en 2012- es el motor de esta iniciativa, cuyos orígenes se remontan al proceso constituye que Michelle Bachelet abrió en 2015. Este mismo grupo es el que colocó una llamativa vaca inflable a las afueras del ex Congreso a principios de diciembre, captando los focos de los medios.

En pocas palabras, el proyecto apunta a incluir a los “animales no humanos” como “seres sintientes” en la Constitución, que actualmente el Código Civil define como “cosas”, con el estatuto jurídico de “bienes muebles semovientes”. Según la Fundación, este cambio garantizaría la protección y respeto de los derechos de los animales.

Cristian Apiolaza, director legal de Vegetarianos Hoy, comenta que superar las 15.000 firmas “es la muestra de que efectivamente este tema es de mucha importancia para un montón de gente, y que eso se tiene que ver reflejado en que se hable en una instancia tan importante como la Convención Constituyente”. Sobre este punto, cita una encuesta que la Fundación realizó junto a Ipsos, donde un 82% de los consultados sostuvo que las autoridades y la clase política “deben intervenir con el fin de prohibir prácticas crueles y generar normas sobre altos estándares de bienestar animal”.

El abogado explica que han sostenido “reuniones con por lo menos 70-80 constituyentes”, y que contaban con el apoyo inicial de 65. Entre estos estarían rostros como Bárbara Sepúlveda, Jaime Bassa, Fernando Atria, Francisco Caamaño, Cristóbal Andrade y Giovanna Grandón. También cuentan con el visto bueno de algunos influencers, como César Campos y Fran Valenzuela.

Además, antes de las elecciones presidenciales invitaron a todos los candidatos a firmar un compromiso por la defensa de los derechos de los animales. Y el único que suscribió fue Gabriel Boric, dice Cristián Apiolaza. “Estamos esperando que asuma la presidencia, que se conforme el nuevo Congreso, y ahí empezar a trabajar con él de forma súper colaborativa” agrega, calificando de “positivo” que el presidente electo “tenga la disposición” de tratar estos temas. 

Por último, Cristian Apiolaza dice creer que la iniciativa “debiese pasar rápido en la Convención”, ya que han recibido señales auspiciosas de convencionales tanto de centroizquierda como centroderecha. Advierte, sin embargo, que “no nos podemos confiar de eso, y la idea es hacer un buen trabajo fino de incidencia, para asegurar el apoyo a la propuesta”. 

Por el Agua, los Derechos de la Naturaleza y los Glaciares

Organización patrocinante: Articulación por las Aguas, los Derechos de la Naturaleza y los Glaciares
Firmas al 20 de enero: +16.000

Fue la última iniciativa en superar la barrera de las 15.000 firmas, ideada por movimientos que defienden el derecho al agua, como MODATIMA. Según el documento ingresado a la plataforma de la Convención, actualmente “1128 organizaciones sociales de todas las regiones del país, de Arica a Magallanes” apoyan la propuesta.

En un esquema conformado por 15 artículos constitucionales, la iniciativa delinea un marco legal para desprivatizar las fuentes de agua en Chile, además de establecer como un derecho humano el acceso al agua y al saneamiento. En paralelo, postula que el Estado deberá priorizar el uso del agua, “para la regeneración, recuperación y subsistencia de los ecosistemas y los derechos humanos al agua”, entre otros puntos.

También, en su articulado, señala la creación de una “Defensoría de la Naturaleza, organismo técnico, autónomo del Estado y plurinacional, que asuma la representación judicial y extrajudicial de la Naturaleza”.

Nuevas Regiones de Chiloé y Aconcagua

Organización patrocinante: 25 organizaciones aproximadamente
Firmas al 20 de enero: +15.000

Son al menos 25 las organizaciones que acompañan esta iniciativa, que alcanzó las 15.000 firmas durante la madrugada del 20 de enero. De acuerdo con el documento que subieron a la plataforma, “son agrupaciones y personas representativas de sus territorios, tanto del archipiélago de Chiloé como de las provincias de Petorca, San Felipe y Los Andes”.

El objetivo es claro: reconocer la isla de Chiloé como una nueva región del país, con su respectiva unidad política y administrativa. Lo mismo con Aconcagua, donde se agruparían las actuales provincias de Petorca, San Felipe y Los Andes.

En detalle, propone alterar el actual Artículo 10° de la Carta Magna, que trata sobre la organización territorial del Estado.

Como aún quedan días para firmar, es útil saber que hay 7 iniciativas que tienen entre 10 y 15 mil apoyos, entre ellas: Una Educación Feminista para Chile: Laica, pública y no sexista; Derecho a la Seguridad Social; y el Libre derecho sobre la propiedad privada.

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