Nacional
26 de Enero de 2022Rechazo en bloque genera ley sobre entrega de datos personales a Fiscalía sin orden judicial
Agencia Uno
Industria, académicos y activistas criticaron la modificación al Código Procesal Penal que avanza en el Congreso.
Un transversal rechazo ha generado una ley tendiente a facultar al Ministerio Público a solicitar datos personales sin orden judicial. Esta vez, la industria, académicos y activistas criticaron la modificación al Código Procesal Penal aprobada por una comisión mixta en el Congreso.
Se trata de una actualización de la ley de Delitos Informáticos que pondría a Chile a la par del Convenio de Budapest, según informó Diario Financiero. La normativa data de 1993 y también “busca poner al día algunas materias para perseguir” este tipo de infracciones.
Con ella, la Fiscalía podría “solicitar datos personales a cualquier ciudadano a todo proveedor de servicios, sin orden judicial previa, mecanismo de transparencia ni de rendición de cuentas que permitan controlar el uso de una herramienta de vigilancia”, señala la declaración pública que lidera la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información (ACTI).
La ley “puede ser utilizada para la investigación de cualquier delito, incluidos delitos menores o de bagatela”, agrega el documento al que suscribieron también la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) y el Centro de Estudios de Derecho Informático de la Universidad de Chile, También fue respaldado por la Sociedad Chilena de Derecho a la Información (Sochisi), Datos Protegidos, Derechos Digitales de América Latina y el capítulo chileno de Internet Society.
Deber secreto con la entrega de datos personales a la Fiscalía
“La norma aprobada, además, impone un deber secreto que hará imposible conocer con certeza el despliegue de intrusiones estatales que podrían afectar no solo el derecho a la privacidad de los ciudadanos”, añade. Para los firmantes, también afectaría “la labor de periodistas y sus fuentes, medios de comunicación, organizaciones y movimientos sociales”.
“Vemos con preocupación la ambigüedad del texto legal al establecer como único requisito la existencia de una ‘investigación en curso’, sin siquiera exigir una especificidad individual, abriendo un amplio margen para solicitudes genéricas e indefinidas”, complementa. Según las siete entidades, “el texto carece de garantías de respeto y protección de derechos fundamentales que nuestro sistema jurídico exige para permitir el acceso a los datos personales de los ciudadanos”.
De acuerdo con el texto, la modificación del Código Procesal Penal es una “normalización de la vigilancia estatal (que) vulnera el derecho a todo ciudadano a no ser objeto de intrusiones gubernamentales injustificadas”. Al tratarse de “uno de los pilares básicos de toda democracia (…) sin él resulta imposible el ejercicio de otros derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de informar y ser informado, entre otros”.
Quienes rechazan la entrega de datos personales a la Fiscalía consideran que “la separación y el control de los poderes de los organismos del Estado (es) un eje central de todo sistema democrático”. Por lo mismo, dicen esperar que el Congreso “rechace cualquier norma que pretenda dotar al Estado de mayores herramientas de vigilancia sin contemplar los mecanismos necesarios para el control de su uso”.
