En la edición pasada de The Clinic les contamos cómo un grupo de contadores y abogados revivieron cerca de 20 sociedades con pérdidas del ex grupo BHC -del empresario Javier Vial- que ayudaron a los grandes grupos económicos a no pagar impuestos durante cuatro años. En el 2004, el Servicio de Impuestos Internos (SII) los llamó para cobrar. La cuenta era abultada: debían $24.521.682.331 (veinticuatro mil quinientos veintiún millones seiscientos ochenta y dos mil trescientos treinta y un pesos).

La cifra aparece en un informe al que The Clinic tuvo acceso y que responde al Memo N°93, del 10 de septiembre de 2004, remitido por la Dirección de Grandes Contribuyentes del SII. Allí se recopilaron todos los antecedentes de las artimañas que se usaron para revivir a las empresas “zombis” del BHC.

Se identifica, también, a los compradores y a los vendedores. Por estos últimos estaban los abogados Alberto Coddou, Aníbal Correa y Alfredo Farías; los contadores Raimundo López y Arturo González; y las auditoras Deloitte, Arthur Andersen y Price Waterhouse Coopers.

En la lista aparecen dos familias que están en el negocio del retail y que compraron las empresas con pérdidas del ex grupo BHC: los Calderón (que en ese tiempo eran dueños de Johnson’s y Ripley) y los Solari (dueños de un porcentaje de Falabella).

Las estrategias de los clanes para hacerle el quite a los impuestos fueron distintas. Mientras los Calderón usaron la pérdida para no pagar $11.165.511.979 en Impuesto de Primera Categoría -entre Ripley y Johnson’s-, los Solari pidieron la devolución de $1.211.435.413, de pagos provisionales de impuestos. Sin embargo, según la versión del SII, las cosas se arreglaron a la buena. Las devoluciones no se pagaron y las empresas cancelaron los impuestos, sin que hasta ahora se sepa exactamente el monto de lo que pagaron. No hubo multas ni juicios, pese a que se les acusaba de “evadir” impuestos.

El informe del SII al que tuvimos acceso permite, al menos, saber cuánto debían.

RIPLEY

La multitienda, de propiedad de Alberto Calderón Crispín, uno de los hermanos de la familia, fue la que más dinero dejó de pagar al SII. Lo hicieron a través de las pérdidas de la sociedad Comercial Centro Limitada, que se había constituido en julio de 1972. Esta compañía quedó en una difícil posición financiera cuando la dictadura intervino el Banco de Crédito Hipotecario y el Banco de Chile. El 18 de febrero de 1983, los ejecutivos de Comercial Centro Limitada firmaron un convenio extrajudicial preventivo de quiebra con sus acreedores. Pusieron a disposición sus escasos bienes para que la junta liquidadora pagara parte de los créditos. Desde 1986 en adelante la empresa no realizó ninguna operación con su giro, quedando en una especie de estado vegetal: legalmente existía, pero no tenía actividad.

El informe del SII consigna la situación de abandono de la sociedad: “los registro contables del libro de inventarios y balances, desde 1982 a 1999, fueron confeccionados recién en el año 2000”.

El 20 de agosto de ese año, en la Notaría de René Benavente Cash, Javier Vial traspasó la compañía Comercial Centro Limitada, cuya propiedad mantenía a través de tres sociedades de inversiones que también habían quebrado en 1983. Un 70% fue a parar a la Sociedad Agrícola y Comercial O’Brien S.A. –también de propiedad de Javier Vial-, y el 30% restante a Longitudinal S.A. -del empresario panameño Rolando Candanedo, vinculado al abogado Aníbal Correa. El precio de la transferencia fue simbólico: $5.000.

Ese mismo día, esta vez en la Notaría de Eduardo Pinto Peralta, la Sociedad Agrícola y Comercial O’Brien S.A. y Longitudinal S.A. vendieron el 100% de Comercial Centro Limitada, que habían adquirido horas antes. Los hijos y la esposa de Alberto Calderón fueron los compradores: Lázaro Calderón Volochinsky, Andrés Calderón Volochinsky, Michel Calderón Volochinsky y Patricia Volochinsky Pimsteim, cada uno con un 12,5%, y Kingsdale Trade Co. Inc. Agencia en Chile con el 50% restante.

Los Calderón pagaron $200.000.000 por los $147.637.909.735 (ciento cuarenta y siete mil seiscientos treinta y siente millones, novecientos nueve mil setecientos treinta y cinco pesos) de pérdidas que tenía la sociedad. Ni en la peor inflación uno podría imaginar que lo que valía tan poco en la mañana costara tanto unas horas más tarde.

En la misma escritura quedó consignado el cambio de nombre de la sociedad por el de Inversiones Centro Limitada. El 29 de diciembre del 2000, el último día hábil del año, la empresa presentó las 11 declaraciones anuales de renta (Formulario 22), en la sucursal Santa María del Banco de Chile. Iban firmadas por Arturo González Pérez, representante legal y uno de los contadores que estaba a cargo de revivir y actualizar las pérdidas de estas empresas.

Jorge Breitling Alvo, representante legal de Kingsdale Trade Co. Inc. Agencia en Chile, que era dueña del 50% de la empresa, declaró en el departamento de fiscalización que él, actuando como abogado, sólo había asesorado la compra. La decisión -dijo- la tomó otro.

El 30 de marzo de 2001, la familia Calderón fusionó Inversiones Centro Limitada, su empresa con pérdidas, con Inversiones Car Limitada, una sociedad creada en 1997 y que administra el negocio de las tarjetas de crédito de la multitienda. Los socios mantuvieron el RUT de la compañía con pérdidas, pero le cambiaron la razón social. El nuevo nombre era CAR S.A.

En el mundo real, CAR S.A. era una lucrativa administradora de crédito de la multitienda Ripley, pero en el mundo de las finanzas, la fusión la dejó en un aparente mal estado. Eso le permitía no pagar el impuesto de Primera Categoría por las utilidades que obtenía. Por ejemplo, el 31 de diciembre de 2001, CAR S.A. declaró una utilidad de $12.454.188.789, que fue absorbida por la pérdida de $147.637.909.735 que arrastraba. Con esto –según el informe del SII- evitó el pago de $1.868.128.318 en impuestos, y le quedaron $135.183.720.946 para absorber futuras utilidades.

Para el año tributario 2003, CAR S.A. obtuvo $18.744.218.408 en utilidades, las que nuevamente fueron absorbidas por las pérdidas. Esto le ahorró $2.999.074.945 en impuestos. Al año siguiente se repitió el mismo proceso. Esta vez las pérdidas descontaron $23.230.611.052 de utilidades y se evitó pagar $3.833.050.824 al SII.

Las pérdidas que la empresa de Javier Vial fue acumulando tras 13 años de inactividad finalmente convirtieron a CAR S.A., la administradora de las tarjetas Ripley, en un mejor negocio del que ya era. Los números son elocuentes. La familia Calderón pagó $200 millones por una empresa con pérdidas y en tres años se ahorró $8.700.254.087 en impuestos.

Sin embargo, cuando aún le quedaban casi 100 millones de pesos en pérdidas para descontar, el SII llamó para cobrar. Pese a que se los acusaba de “evasión”, todo se solucionó a la buena. Según han dicho en el SII, el Fisco recuperó lo adeudado, pero aún es un misterio cuánto dinero devolvió la empresa.

JOHNSON’S

Marcelo Calderón Crispín, el otro integrante del clan Calderón siguió el ejemplo de su hermano. Como dueño de la multitienda Johnson’s también ocupó las pérdidas generadas por las empresas del ex grupo BHC para no pagar impuestos.

Lo hizo a través de la empresa Inversiones San Bartolomé, que Javier Vial había constituido en 1980. Al igual como ocurrió con la sociedad Comercial Centro Limitada -que permitió que Ripley se ahorrara $8.700.254.087 en impuestos- esta compañía cayó en desgracia en 1983 y tuvo que firmar un Convenio Extrajudicial Preventivo de Quiebra con sus acreedores.

Desde esa fecha en adelante, las deudas con sociedades relacionadas con las que quedó San Bartolomé sólo generaron pérdidas. Según consigna el informe del SII, los intereses de los créditos impagos se registraron desde 1984 hasta el año 2000, en el Libro de Contabilidad Americana, generando una pérdida tributaria de $111.039.469.015.

El 30 de diciembre de 2000, Marcelo Calderón, a través de las sociedades Johnson’s S.A. e Inversiones Johnson’s S.A., compró Inversiones San Bartolomé. Javier Vial vendió esta empresa también a través de dos compañías. Por un lado estaba la ya conocida Sociedad Agrícola y Comercial O’Brien, con la cual hizo casi todas las ventas de las sociedades con pérdida, y por el otro, Agrícola Llancay, también de su propiedad, cuyo representante legal era Roberto Guerrero del Río, abogado y ex rector de la Universidad Finis Terrae.

La venta la cerró el abogado Jorge Breitling Alvo, el mismo que asesoró a Ripley.
-Yo gestioné, negocié la compra y el precio de acciones de Inversiones San Bartolomé S.A., y en mi calidad de director y representante de las empresas Johnson’s S.A. e Inversiones Johnson’s S.A., decidí adquirir las acciones de esa sociedad. Negocié la compra con Javier Vial Castillo –declaró Breitling a los fiscalizadores del SII cuando iniciaron la investigación.

En el contrato de compraventa, eso sí, se estableció una cláusula condicional, que resguardó los intereses de Johnson’s.
-Se establece como condición suspensiva, para que se devengue el precio pactado, que al día 31 de enero de 2001 el Congreso Nacional no haya aprobado el llamado Proyecto de Ley para Combatir la Evasión Tributaria.

Así fue. La ley fue promulgada en junio de 2001 y Jonhson’s comenzó a usar las pérdidas.

Esta vez no hubo fusión. La multitienda usó otro artilugio para evitar el pago de impuestos: crearon una nueva empresa sobre la “la sociedad cascarón” que tenía las pérdidas, y la echaron a andar. Le pusieron Inversiones San Bartolomé S.A. y luego la llamaron Evaluadora de Crédito Veraz S.A., compañía que analiza los riesgos crediticios de los tenedores de la tarjeta “Johnson’s Multiopción.

Durante los años 2001, 2002 y 2003 esta nueva empresa no pagó el impuesto de primera categoría. El detalle es el siguiente:
A diciembre de 2001, la evaluadora había generado utilidades por $2.037.819, que fueron absorbidas por las pérdidas que arrastraba, dejando de pagar –según la declaración del Formulario 22- $305.673 al SII. Al año siguiente, tuvo una utilidad de $1.506.158.662, que nuevamente fue absorbida por las pérdidas. Esta vez se ahorraron $240.985.386 en Impuesto de Primera Categoría. El 2003 ocurrió lo mismo. Las pérdidas absorbieron $13.478.586.869 de utilidades, y se ahorraron $2.223.966.833 en impuestos.

Cuando el cómputo iba en $2.465.257.892 de impuestos sin pagar, llegó la notificación. Tal como le ocurrió a Ripley, el SII reclamó los dineros adeudados y eliminó la pérdida sin utilizar que aún mantenía Johnson’s. El problema se solucionó a la buena, pero tampoco se sabe cuánto pagaron de lo que debían. Hoy Johnson’s ya no pertenece a Marcelo Calderón. En diciembre del año pasado Horst Paulmann se compró la multitienda en US$64 millones.

LOS SOLARI

La familia Cortés Solari, dueña de un porcentaje de la multitienda Falabella también aparece comprando empresas con pérdidas del BHC. Eligieron la Sociedad de Inversiones Quitalmahue S.A., que estuvo en quiebra desde 1983 a marzo de 2001, cuando fue sobreseída. Después de eso, se presentaron las declaraciones anuales de impuesto a la renta que habían dejado de entregarse desde 1987. A esa altura, la sociedad acumulaba una pérdida de $26.320.986.987.

La atractiva cifra fue lo que motivó la compra. En junio de 2001 los abogados del grupo Vial vendieron la totalidad de las acciones de Inversiones Quitalmahue S.A. a Teresa Solari Falabella (una de las tres hermanas dueñas de la multitienda), Juan Carlos Cortés Solari y María Francisca Cortés Solari. El precio fue de $1.044.000.000, de los que sólo se pagaron $280.000.000. El compromiso era abonar el resto cuando estuvieran seguros de que el negocio no tenía problemas. Pero eso no ocurrió.

Juan Carlos Cortés Solari, actual director de Falabella, declaró en el 2004 a los fiscalizadores del SII que ellos usaron la empresa con pérdidas para fusionarla con una sociedad del holding Corso (Cortés Solari), la matriz empresarial de Teresa Solari Falabella. La compañía elegida fue Mocito Guapo, una empresa, que según la página del SII, se dedicaba a la inversión y la compra-venta de inmuebles, que tenía un patrimonio superior a los ocho mil millones de pesos, y que en ese tiempo era dueña del 1,87% de Falabella. Tal como en los casos anteriores, la nueva sociedad continuó sus actividades bajo el RUT de la empresa con pérdidas, pero con el nombre de la que generaba utilidades.

-Se tomó la decisión de reestructurar Mocito Guapo. Opté por comprar Inversiones Quitalmahue como una oportunidad para aprovechar las pérdidas que tenía esta sociedad… mis asesores me explicaron que al unir los FUT positivos con los negativos bajaba la carga tributaria de Mocito Guapo –dijo Cortés.
Para el año tributario 2002, Mocito Guapo (la que resultó de la fusión) declaró su millonaria pérdida. Solicitó, además, que el SII le devolviera $1.211.435.413 por los impuestos que había pagado. Para los años 2003 y 2004 volvieron a pedir lo mismo: $21.144.728 y $217.250.181, respectivamente.

El SII sólo aceptó devolver lo solicitado en el 2003, y objetó el pago de los años 2002 y 2004, argumentando que la pérdida no existía.

Hoy, Mocito Guapo sigue funcionando con el RUT de Inversiones Quitalmahue. Según dijo Iván Beltrand, subdirector de fiscalización del SII, todas las empresas que ocuparon las sociedades del BHC tuvieron que rebajar las pérdidas y ajustar la contabilidad.

Los ejecutivos de Johnson’s y de Ripley no quisieron dar su versión de esta historia. Intentamos, además, contactar a Juan Cortés Solari, pero no respondió.

*En el próximo número de
The Clinic entérese cuál de los tres más grandes empresarios de Chile intentó usar el beneficio de las sociedades “zombis” del ex grupo BHC.