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Poder

3 de Diciembre de 2012

SII ordena pagar 220 millones de dólares al clan Ossandón Larraín por evadir el pago de impuestos a la renta

La decisión del organismo -a la que accedió The Clinic Online- se instala como la "liquidación" más grande de la historia de Chile, sentando un precedente que podría extenderse a otros millonarios nacionales. La cifra específica acreditada en pesos chilenos por la entidad, asciende a -sí, lea bien- $ 105.510.016.214. Sólo a modo de ejemplo, la suma constituye casi la totalidad del presupuesto anual del Ministerio Público, institución que investiga a esta familia de la elite política, económica y religiosa, por delitos de estafa y apropiación indebida.

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El Servicio de Impuestos Internos (SII) le ordenó al clan Ossandón Larraín pagar de más de 220 millones de dólares (unos 105 mil millones de pesos), luego que descubriera que a través de una serie de movimientos ilegales evitara ingresar a las arcas fiscales dicha carga impositiva.

La decisión del organismo se instala como la “liquidación” más grande de la historia de Chile, sentando un precedente que podría extenderse a otros millonarios chilenos.

El documento, firmado por el subdirector de fiscalización del SII Iván Beltrand al que accedió The Clinic Online, establece que esta evasión se realizó a través de la sociedad Real State Golden Investment (RSGI), constituida en Panamá, cuyo espejo se encuentra en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes, bajo la figura de la Fundación Educacional BLV, con acciones al portador.

“En el marco de un proceso de fiscalización llevado a cabo por la Oficina de Casos Especiales de esta subdirección, se determinó que el contribuyente, sociedad Real State Golden Investment, Inc., sociedad extranjera no domiciliada y no residente en Chile, ha incumplido con su obligación de declarar y pagar los impuestos que establece la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenidos en el D.L. Nº 824, de 1974, con motivo del incremento de patrimonio que obtuvo producto de la adquisición de cuentas por cobrar que la hicieron acreedora de saldos de precios, que tuvieron su origen en la enajenación de derechos sociales sobre el capital y utilidades de sociedades domiciliadas en el país, y que fueron acordadas entre contribuyentes domiciliados o residentes en Chile”, señala la liquidación.

El SII acreditó que Bernardo Ossandón Larraín, nieto heredero del político y empresario Bernardo Larraín Vial, es el responsable de los hechos, ya que figura como uno de los representantes legales de RSGI.

Junto al anterior, aparecen también dentro del tinglado el abogado y dirigente de Renovación Nacional (RN) Roberto Ossandón Irarrázaval. Su suma el jurista Marko Jürgensen Kroneberg y el gerente de Gestión Global de la corredora de bolsa Larraín Vial, Daniel Maldonado Andrade.

De acuerdo a la “liquidación” que hizo el SII, el clan Ossandón Larraín dejó de pagar impuestos al fisco por más de 51 mil millones de pesos. A esto el organismo le sumó un reajuste de 3.970 millones, 33 mil millones más por los intereses y 16 mil millones en multas por querer pasarse de listos. La cifra específica, pesos más pesos menos es -sí, lea bien- $ 105.510.016.214 que no ingresaron a las arcas del Estado. Sólo a modo de ejemplo la suma es casi la totalidad del presupuesto anual del Ministerio Público.

Luego de la “liquidación” comenzará el juicio tributario en contra de este clan emparentado con los políticos de RN y la UDI, como también con el empresario Bernardo Larraín, una de las mayores fortunas de Chile y mencionado en el ranking de la revista Forbes.

Un cuento chino

Para determinar la cifra, el SII consignó en su fiscalización la “reorganización tributaria” hecha en 2009 por Bernardo Ossandón Larraín, mediante la cual vació una serie de sociedades, traspasando dichos activos a RSGI, violando con esto la Ley de Impuesto a la Renta.

La revisión de estos estados financieros comenzó el año pasado, luego que Manuel Ossandón Larraín, hermano de Bernardo, lo denunciara ante el organismo, donde cuestionó la “reorganización tributaria”, señalando que fue engañado para firmar la cesión de derechos, privándolo así de su patrimonio de 200 millones de dólares.

De acuerdo a las escrituras obtenidas por este diario y los estatutos de BLV (http://www.youblisher.com/p/306232-Ossandon-Larrain-en-los-paraisos-fiscales/), Manuel Ossandón Larraín y su esposa nunca podrán administrar en vida los bienes familiares y sólo cuando mueran, sus hijos podrían ejercer esa función sobre el patrimonio. Además, de no existir ningún miembro del clan con vida, los dineros serían donados al Opus Dei.

Esta liquidación del SII que afecta a los Ossandón Larraín no es la única que debe realizar en su contra el “tata fisco”. De hecho, falta otra relativa a distintas sociedades del clan. A ello se suma una investigación por “fraude tributario” que aún se mantiene abierta. De hecho el SII sólo el último día hábil de abril pasado de este año abrió la revisión, de lo contrario habría operado la prescripción (http://www.theclinic.cl/2012/04/27/sii-tiene-hasta-el-lunes-para-cobrar-120-millones-de-dolares-a-familia-ossandon-larrain/), no sólo del pago, sino también de los eventuales delitos.

Junto a lo anterior, la Fiscalía Centro Norte tramita una indagatoria por los delitos de estafa, apropiación indebida y prevaricación de abogado en contra de Bernardo Ossandón Larraín y los juristas Marko Jürgensen y Rodrigo Ruiz Tagle, a cargo de la perseguidora de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, Macarena Cañas, luego que Manuel presentara una querella criminal.

Recientemente se agregó una nueva arista judicial, luego que Manuel Ossandón Larraín solicitara al Tercer Juzgado Civil de Santiago, la interdicción de su hermana María Soledad, por problemas de salud mental. Ello con el fin de revocar las cesiones de derechos que hizo la mujer a Bernardo que implicaron, entre otras operaciones, la venta al colegio Tabancura del Opus Dei de un terreno en la zona oriente para que construya la nueva sede que costará más de 30 millones de dólares.

Esta venta es indagada por la fiscal Cañas, ya que el precio pagado por la corporación educacional de 250 millones de pesos, era sólo el 5% de los 97 mil millones del costo total del terreno. El resto sería cancelado a diez años sin reajustes, intereses ni la hipoteca, documento que permite asegurar el pago. De allí que el Ministerio Público indague si se trató de una donación encubierta, ya que la fórmula usada permitió que ninguna de las partes pagara los impuestos respectivos.

Hay que recordar que a raíz de la indagatoria de la fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) designó a dos abogados para evaluar la presentación de una querella criminal, situación que aún no está resuelta, como tampoco la decisión del SII de presentar una acción legal por fraude tributario.

Este diario intentó obtener una versión de parte de los abogados patrocinantes de Manuel Ossandón Larraín, pero declinaron comentar la decisión del SII. Igual situación sucedió con los representantes de Bernardo Ossandón Larraín.

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