La Corte de Apelaciones de Santiago aumentó hoy las penas de catorce militares, tres de ellos uruguayos, condenados en 2010 por el secuestro y homicidio de Eugenio Berríos, químico y agente de la dictadura de Augusto Pinochet, informaron fuentes judiciales.

El tribunal también confirmó la absolución de otros cinco procesados en el fallo de primera instancia, dictado el 10 de septiembre de 2010 por el juez especial Alejandro Madrid.

Entre los condenados por el secuestro y asesinato de Berríos, ocurrido en 1991 en Uruguay, hay tres generales del Ejército chileno y tres altos oficiales uruguayos.

Eugenio Berríos fue sacado clandestinamente de Chile el 26 de octubre de 1991, bajo el nombre falso de Tulio Orellana, para impedir que declarara en el juicio por el homicidio del excanciller Orlando Letelier, ocurrido en 1976 en Washington.

El agente fue visto por última vez en 1992, cuando se presentó en una comisaría de Uruguay para denunciar que estaba secuestrado, pero fue entregado a unos militares y no se supo más de él, hasta que en abril de 1995 se descubrió su cadáver, que había sido enterrado en una playa de ese país, atado y con disparos en el cráneo.

En un fallo dividido, los jueces de la V Sala del tribunal de alzada santiaguino consideraron que las penas impuestas en primera instancia eran bajas para las circunstancias y características de los delitos y las aumentaron, en algunos casos al doble de años.

La Corte, además, confirmó las absoluciones de los oficiales Enrique Ibarra, Nelson Hernández, Mario Cisternas y Érika Silva y del civil Emilio Rojas y revocó el pago de indemnizaciones por parte del Estado chileno a Fabiola Letelier, hermana del canciller asesinado y a Gladys Schmeisser, viuda de Eugenio Berríos.

Sólo mantuvo la correspondiente a Gonzalo Berríos, hermano del agente asesinado, fijada en veinte millones de pesos (unos 40.000 dólares).

El coronel uruguayo Tomás Casella, condenado antes a cinco años y un día por secuestro y a tres años y un día por asociación ilícita, recibió ahora diez años y un día por el primer delito y cinco años y un día por el segundo.

Eduardo Radaelli, también coronel del Ejército uruguayo, pagará 10 años y un día por secuestro y 800 días por asociación ilícita, tras haber sido condenado en primera instancia a cinco años y un día por el primer delito y a 61 días por el segundo.

El también coronel uruguayo Wellington Sarli, condenado antes a tres años y un día como cómplice de secuestro, recibió ahora cinco años y un día por ese delito y 60 días por asociación ilícita.

En cuanto a los militares chilenos, la pena del exmayor Arturo Silva Valdés, señalado como autor del crimen, pasó de diez años y un día a quince años y un día por el delito de secuestro con homicidio y de tres años y un día a cinco años y un día por asociación ilícita.

Al general retirado Hernán Ramírez Rurange se le subió la pena desde ocho años a diez años y un día por asociación ilícita, mientras el general Eugenio Covarrubias, condenado antes a cinco años por secuestro, recibió ahora diez años y un día por ese delito más cinco años y un día por asociación ilícita.

El general Fernando Torres Silva, exauditor del Ejército, fue condenado a diez años y un día por asociación ilícita en lugar de los tres años de su primera sentencia.

El resto de condenados también vieron aumentadas sus penas.