Las diferentes posiciones frente a la propuesta del observatorio judicial

Tanto el gobierno del presidente Sebastián Piñera como la candidata de la Alianza, Evelyn Matthei, han entregado la idea de crear un “observatorio jurídico”. Este propone el crear un organismo, entregado a una universidad, que ayude a transparentar las diferentes resoluciones de los magistrados para luego hacer pública esta información.

“Toda la información es pública. Es público cómo falla el juez, es público todo. Por lo tanto que una universidad recopile información que es pública, la sistematice, la ordene y la dé a conocer no veo qué puede tener de inconsitucional”, aseguró la ex ministra del Trabajo.

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, comentó que esto nace solo como la preocupación “de que los chilenos tengan una mejor seguridad pública y que podamos combatir con mayor eficacia la delincuencia”. Además, aseguró que “en democracia la transparencia bienvenida sea, la evaluación de la ciudadanía del trabajo de los tribunales, bienvenida sea”.

Respecto a la constitucionalidad de este proyecto, es decir, que no afecte (entre otros puntos) a la separación e independencia de los diferentes poderes del Estado, habló el fiscal nacional Sabas Chahuán. Este aseguró no tener “problemas” con el proyecto mientras no afecte la “independencia y la autonomía” del poder judicial. De lo contrario, consideraría que esto es “ilegal e inconstitucional”.

Camilo Escalona, senador del Partido Socialista, tiene una mirada similar. En una columna, el ex presidente del PS afirmó sin duda que este proyecto es inconstitucional ya que “viola la irrestricta independencia que debiese existir entre los diferentes poderes del Estado, que es consustancial a un régimen democrático”.

Luego agregó que “es mi absoluta convicción que figuras tradicionales de la derecha, como Jorge Alessandri o el propio Jaime Guzmán, reaccionarían no sólo con vergüenza sino que con espanto frente a tan temerario propósito que viola y atropella principios básicos del pensamiento, los valores y conductas democráticos”.

La Corte Suprema también se mostró preocupada por la constitucionalidad del proyecto. El presidente (s) del organismo, Milton Juica, dijo tener “muchas dudas respecto de la procedencia, legalidad y casi hasta de la constitucionalidad de un observatorio que, como dice la prensa, trata de fiscalizar a los jueces”, indicando también que “el tema de la seguridad se saca siempre en épocas electorales”.